#NarcoDerecha// «Mientras impulsan Escudo para enfrentar al crimen trasnacional persiguen a fiscales que buscan procesar al narcotraficante de Cerimedo» Por: Nicolás Romero Reeves
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La revocatoria de visas contra fiscales bolivianos que investigan a Fernando Cerimedo abre una nueva arista en una investigación que conecta denuncias de narcotráfico, poder político y redes de la derecha latinoamericana. Mientras Washington acusa al fiscal general Roger Mariaca de corrupción, en Bolivia sostienen que la medida busca frenar una investigación cuyos alcances podrían comprometer a figuras y gobiernos aliados de Estados Unidos en la región.
Por: Nicolás Romero Reeves
El fiscal que no debía investigar
Roger Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia en octubre de 2024 por el Legislativo dominado entonces por el MAS. Durante su gestión, impulsó dos investigaciones que lo pusieron en la mira: la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el procesamiento del consultor argentino Fernando Cerimedo por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito.
El lunes 28 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado anunció la revocatoria de visas para 21 ciudadanos bolivianos, incluidos Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. La acusación oficial: “abusó de sus posiciones públicas solicitando y aceptando sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a los delincuentes violentos a evadir la justicia”.
Mariaca respondió esa misma noche. Calificó la medida como “interferencia” y vinculó directamente la sanción con las investigaciones que su despacho lleva adelante, incluido el caso Cerimedo. “En la investigación del caso Cerimedo no voy a retroceder ni un centímetro”, había declarado días antes.
El miércoles 30 de septiembre, cuando regresaba de Sucre a Santa Cruz, fue detenido junto a Zeballos. La Fiscalía General denunció la aprehensión como “ilegal” y “secuestro”, señalando que no existía orden judicial. Ese mismo día, la policía allanó la sede de la Fiscalía en Sucre.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, justificó la detención: “Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración”. En total, 14 personas fueron detenidas, incluyendo fiscales, un mayor de policía y seis funcionarios acusados de intentar sustraer documentación de la casa de Mariaca.
La red de Cerimedo: el consultor que se convirtió en narco
Fernando Cerimedo no es un consultor cualquiera. Es el “cerebro digital” que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada en 2023, el hombre que difundió la tesis del fraude electoral en Brasil tras la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, y el asesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz.
Su detención en agosto de 2026 por el ataque a tiros contra su expareja, Nadia Beller, abrió la caja de Pandora. Beller sobrevivió a tres impactos de bala y desde el hospital señaló directamente a Cerimedo como responsable. Pero fue su testimonio posterior el que desencadenó la investigación por narcotráfico.
Según Beller, Cerimedo utilizaba como fachada la instalación de GPS y radares en avionetas para, en realidad, garantizar que los vuelos con droga pudieran operar sin ser interceptados. “Su excusa era que liberaba las avionetas para ponerles radar y luego bajarlas. Nunca me aceptó que recibió dinero por corrupción, sino de manera disimulada para ponerles radar”.
El fiscal de Beni, Alexander Mendoza, confirmó la línea de investigación: “Se estaría dando cobertura a avionetas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas”. Y el fiscal general Mariaca añadió un detalle clave: los transpondedores nunca se colocaban, los tripulantes no quedaban detenidos y las avionetas no volvían a ser retenidas.
El audio que lo cambió todo
El 30 de septiembre, el vicepresidente boliviano Edmand Lara presentó en televisión un audio que se convirtió en la prueba central. En la grabación, Cerimedo negocia con una mujer no identificada el precio por proteger vuelos:
— “Me tienes que decir. Ellos ya quieren hacer los arreglos. Pagan 15.000 (dólares) por carro (avión)”.
— “Dame dos horas y te contesto”.
— “Ellos pueden llegar a San Lorenzo (de Moxos) y a Santa Rosa (de Yacuma). 10 carros (aviones) a cada uno. (…) En total pueden mover 45 carros”.
— “Sí, sí. Lo arreglamos. Dejame hablar con (Franz) Cabrera y en dos horas hablamos otra vez”.
Franz William Cabrera no era un nombre cualquiera. Era el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), destituido recientemente. Los tres aeropuertos mencionados —San Lorenzo de Moxos, Santa Rosa de Yacuma y San Ramón de Beni— están en el departamento de Beni, fronterizo con Brasil.
La ruta de la cocaína: de Beni a Santos
Los vuelos que Cerimedo coordinaba no terminaban en Brasil. Terminaban en Europa, África y Asia.
La ruta documentada por la investigación es clara: las avionetas despegan desde pistas clandestinas en Beni, cruzan la frontera hacia Brasil, y la cocaína se integra a la “Rota Caipira”, el corredor que conecta las zonas productoras bolivianas con São Paulo y Río de Janeiro. Desde ahí, la droga llega al puerto de Santos, el principal hub de exportación de cocaína de Sudamérica.
La criminóloga Gabriela Reyes lo explicó sin ambigüedades: “El puerto de Santos está casi dominado por el PCC y Santa Cruz se ha vuelto un centro de operaciones del PCC. Por lo tanto, mucha de la droga, o casi toda la droga que el PCC envía y mueve por el mundo, es boliviana”. Reyes estima que alrededor del 80% de la cocaína que sale por Santos es de origen boliviano.
El Primeiro Comando da Capital (PCC) no es solo una banda: es la organización criminal más grande de Brasil, con operaciones en más de 20 países. Nació en las cárceles de São Paulo en 1993 y hoy funciona como una empresa descentralizada, organizada en “sintonias” que coordinan territorio, logística y finanzas. Controla desde la calidad de la droga hasta los peajes portuarios: cuando grupos independientes entregan cocaína a compradores europeos a través de Santos, pagan al PCC por el uso del puerto.
Los destinos finales de esa cocaína son Europa (España, Países Bajos, Italia, Bélgica, Portugal), África (Occidental y Oriental, como ruta de transbordo), Asia y América del Norte. En enero de 2026, una operación conjunta de España, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Francia y Portugal interceptó un buque con 10 toneladas de cocaína que había salido de Santos oculta en cargamentos de sal.
Peter Thiel: el arquitecto silencioso
La red de Cerimedo no opera en el vacío. Su infraestructura se conecta directamente con el ecosistema político y tecnológico que sostiene a Donald Trump en Estados Unidos.
El eslabón más visible es Brad Parscale, el exjefe de campaña digital de Trump en 2016 y 2020. Parscale y Cerimedo son socios en Numen, una consultora política con sede en Buenos Aires que asesoró las campañas de Milei en Argentina, el “Rechazo” en Chile, y la de Rodrigo Paz en Bolivia. En diciembre de 2025, The New York Times documentó que Parscale viajó a Bolivia para implementar herramientas de microsegmentación electoral.
Pero el verdadero arquitecto es Peter Thiel.
Thiel no es un simple donante republicano. Es el cofundador de PayPal y Palantir Technologies, y el primer gran patrón de Silicon Valley que apostó por Trump en 2016, cuando nadie más lo hacía. Financió con 15 millones de dólares la campaña al Senado de J.D. Vance en 2022 —la mayor donación a un senador en la historia de Estados Unidos— y lo presentó a Trump en 2021. Sin Thiel, Vance no sería vicepresidente.
Palantir, su empresa, se ha convertido en el brazo tecnológico del Estado de vigilancia de la administración Trump. En febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional firmó un contrato de 1.000 millones de dólares con Palantir para servicios de software e inteligencia artificial, consolidando su rol en la agenda anti-migratoria. El 41% de la facturación de Palantir —1.855 millones de dólares— proviene de contratos con el gobierno de Trump.
La conexión con Cerimedo se articula a través de una red compartida que se extiende “desde el Atlas Network y el Cato Institute hasta Peter Thiel”. Thiel está expandiendo su influencia en Argentina con una mansión de 12 millones de dólares en Buenos Aires, instalándose cerca de Milei. Cerimedo es el operador que llevó a Milei al poder, creando el ecosistema político donde ambos prosperan.
La periodista argentina Soledad Vallejos lo resumió: Cerimedo pasó de organizador de torneos de póker a segundo mayor donante de la campaña de Milei, construyó el medio de desinformación “La Derecha Diario”, y ayudó a organizar la entrevista de Tucker Carlson con Milei en 2023. Todo mientras funcionarios de Buenos Aires ahora dicen no conocerlo.
El Escudo de las Américas: la coartada perfecta
El 22 de septiembre de 2026, Chile firmó la declaración del Escudo de las Américas, una alianza de 14 países impulsada por Estados Unidos para “combatir” el crimen organizado. El documento identifica 24 organizaciones criminales, entre ellas el PCC, el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
Para Chile, sin embargo, la lista es de 25 organizaciones. La discrepancia es solo el primer síntoma de un documento confuso: el comunicado de Cancillería chilena lo presenta como un “marco de coordinación voluntaria”, mientras Marco Rubio lo proyecta como una “arquitectura hemisférica que amarra bajo un solo puño la seguridad, las inversiones extranjeras, la minería crítica, las redes digitales, la defensa militar y el alineamiento diplomático”.
La inclusión de Bolivia en el Escudo es particularmente reveladora. El gobierno de Rodrigo Paz —asesorado por Cerimedo— firmó el documento, y días después Estados Unidos sancionó al fiscal que investigaba a su asesor. El mensaje es claro: quien investiga la red de narcotráfico que sostiene a los aliados de Trump en la región queda fuera del “escudo”.
Marset: el eslabón que faltaba
El caso Cerimedo no flota en el vacío. Se conecta directamente con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Santa Cruz en marzo de 2026.
Un video difundido por la Policía boliviana muestra a Marset poco después de su captura. En el audio, el narcotraficante afirma haber pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y continuar sus actividades. Y menciona dos nombres: el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y el fiscal general Roger Mariaca.
“Es mi amigo”, dice Marset sobre Mariaca en el video.
Marset permaneció prófugo en Bolivia desde julio de 2023 hasta su captura en marzo de 2026, operando desde Santa Cruz con total impunidad. El ministro Oviedo usó precisamente ese caso para justificar la detención de Mariaca: “Ese es el tipo y el modelo del narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”.
La conexión entre Marset, Cerimedo y el PCC cierra el círculo: Santa Cruz es el centro de operaciones del PCC en Bolivia, y desde ahí la cocaína fluye por la Rota Caipira hacia Santos. Cerimedo coordinaba los vuelos desde Beni; Marset operaba desde Santa Cruz; el PCC controla la salida por el puerto brasileño.
Lo que Washington protege
La secuencia de los últimos días de septiembre de 2026 es un manual de intervención:
Lunes 28: Estados Unidos revoca las visas de Mariaca y Zeballos, acusándolos de corrupción y narcotráfico.
Martes 29: Mariaca rechaza las acusaciones y las vincula directamente con el caso Cerimedo.
Miércoles 30: Mariaca y Zeballos son detenidos en el aeropuerto de Santa Cruz. La Fiscalía denuncia “secuestro”.
Jueves 1 de octubre: El gobierno boliviano anuncia que desmanteló una “organización criminal” en la Fiscalía.
El Washington Post lo dijo sin rodeos: “Cerimedo es el hombre de MAGA en todo el continente”. Y el equipo de Trump no iba a permitir que un fiscal boliviano lo encarcelara por narcotráfico.
La acusación de Washington contra Mariaca —“recibir sobornos para facilitar el narcotráfico”— es la misma que la investigación boliviana dirige contra Cerimedo. La diferencia es que contra Cerimedo hay un audio, un testimonio y una ruta de cocaína documentada. Contra Mariaca, solo hay una declaración del Departamento de Estado y un video de Marset que, casualmente, apareció justo después de la revocatoria de visa.
El fiscal que investigaba la conexión entre un asesor de Trump y el PCC está detenido. El consultor que coordinaba los vuelos con cocaína sigue preso por tentativa de feminicidio, pero la red que operaba sigue intacta. Y el puerto de Santos sigue moviendo el 80% de la cocaína boliviana hacia Europa.
Washington no está combatiendo el narcotráfico. Está protegiendo a quienes lo facilitan, cuando esos facilitadores son parte de su propio ecosistema político. La pregunta no es quién protege a Cerimedo. La pregunta es a quién protege Cerimedo.
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Por Revista De Frente.
