En una nota de La Tercera de anteayer domingo («Los dos tercios en la mira: las dudas sobre el alcance del quórum«), se plantea con mirada conservadora una cuestión que desde un comienzo apuntamos de manera lo más directa y profunda posible (Ver «La trampa de los dos tercios y la continuidad del poder de veto de las derechas y del régimen neoliberal«), y que hemos seguido abordando en respuesta a la opinión de algunas declaraciones de constitucionalistas y cientistas políticos que han salido a defender los términos del documento acordado y firmado entre el Gobierno y las dirigencias de algunos partidos políticos (Ver «La realidad no es una «hoja en blanco» ni la disputa Constituyente se parte en condiciones de igualdad«).

No es ocasión para repetir todos y cada uno de los argumentos y razones allí desarolladas. Pero atendido el silencio que han mantenido estos sectores ante las objeciones frente a sus posturas, aquí insistimos en ellas. Más, cuando, confirmando las aprehensiones antes formuladas, y que se les ha hecho llegar directamente a quienes han suscrito dichas declaraciones desde sectores progresistas (partiendo por los hoy referenciales abogados constitucionalistas Fernando Atria y Jaime Bassa), en la nota de La Tercera y otras similares posiciones públicas y privadas de los sectores de derechas, comienza a asomarse la estrategia jurídica y política que desplegarán con su enorme poder previo acumulado.

En la nota reseñada, se cita la opinión de Tomás Jordán, uno de los abogados constitucionalistas que encabezaron el proceso de redacción del proyecto de nueva Constitución presentado por Michelle Bachelet en marzo de 2018, que, como hemos sabido, quedó como iniciativa inconclusa: «Lo que no está claro es qué pasa si no hay acuerdo. Eso debiera tener un mecanismo de regulación de controversias». La nota continúa con la opinión reseñada, que podríamos llamar como la tesis Atria – Bassa: la idea de que el quórum de los dos tercios no es grave, atendida la combinación de la idea de «hoja en blanco» más el «veto cruzado» y la remisión a la legislación simple posterior. La nota de La Tercera continúa luego (citaremos completo este fragmento del texto):

«Pero entre los constitucionalistas cercanos a Chile Vamos se plantea que dicha mirada no refleja el espíritu de lo concordado. Y apuntan que, así como el detalle de resolución de conflictos no quedó explicitado en el texto, tampoco lo hizo el que la nueva Carta Magna parta desde una ‘hoja en blanco’, más allá de que todos lo reconocen (…) ‘La viabilidad de que este acuerdo produzca una nueva Constitución consiste primero en mantener el clima de los acuerdos para que puedan alcanzarse los dos tercios”, plantea Sergio Verdugo, profesor de la UDD (…) En tanto, José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional de la UC y cercano a Evópoli, señala que ‘el acuerdo debe ser considerado tanto en su texto como su espíritu. Esto último no es otro que bajo el principio de buena fe de todas las partes’” [las negrillas son nuestras].

Y es que habría que ser muy ingenuo políticamente para no pensar en que los verdaderos batallones de abogados y demás «operadores jurídicos» de derechas no comenzaran de inmediato a delinear la estrategia jurídica – política que termine de cerrar aquello que ya prefigura el mal llamado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución»: el control de los poderes constituidos sobre el poder constituyente, el predominio de la legislación previa sobre el anhelo Refundacional mayoritario que ha impulsado esta histórica revuelta popular.

Por cierto, esa parte de los constitucionalistas y cientistas políticos progresistas que han salido a defender los términos de este con los argumentos de la «hoja en blanco» y el supuesto «veto cruzado» y la derivación de los temas que no consigan los 2/3 a legislación simple, aún no han contestado en lugar alguno lo que se les ha interpelado de vuelta: ¿Qué pasará con aquellos temas que sí o sí es esencial que estén en la Constitución? Y en específico: ¿Qué pasará cuando se debatan los quórums legislativos necesarios para reemplazar la legislación vigente y comenzar a crear la nueva?.

Desde aquí respondemos: Estaremos sujetos y condicionados por el poder de veto del 1/3+1, para regular aquellas materias básicas del funcionamiento de los poderes del Estado, incluyendo el muy crucial tema de los quórums legislativos. Intentar derivar esos temas a legislación de quórum simple es o bien una ingenuidad política infinita (déjennos reírnos si creen que la derecha permitirá pasivamente que algo así fuera posible), o bien una complicidad querida o no querida con el continuismo (pues la realidad no es una «hoja en blanco» y la continuidad juega con ventaja frene al cambio), además de una aberración lógica: Derivar la regulación de los quórums a una ley de quorum simple (!!!). ¿En serio que 244 constitucionalistas y cientistas políticos no han pensado en aquéllo, y/o no tienen respuesta ante esta interpelación?.

Esto no es sólo un debate académico ni meramente conceptual, nos estamos jugando muchísimas cosas en esa coyuntura, así que se les llama con ansias y mucha atención lo que proponen al respecto o cómo ven eso POLÍTICAMENTE, porque esto no es una clase de Derecho Constitucional o Ciencia Política, si no que algo infinitamente más importante: un momento histórico en que el Pueblo debe tener la mayor cantidad de elementos para conocer y evaluar la situación.

Desde acá así lo vemos: Lo que contiene el documento aquél derivará en bloqueo, entrampamiento (como en la Constituyente boliviana que tuvo los 2/3 como enorme obstáculo, ver «Los dos tercios en la Constituyente de Bolivia: Un argumento en contra del «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución»«), o peor aún, control y dominio desatado de los sectores conservadores y neoliberales sobre el proceso.

Si aceptamos como «hecho consumado» los términos e itinerario de ese documento mal llamado «Acuerdo», el riesgo de una Constitución continuista y gatopardista es cosa latente y altamente probable. Para peor: Un Proceso Constituyente controlado por un Gobierno como el que tenemos enfrente. Y una «Nueva Constitución» con la firma del Presidente y Ministros de un Gobierno que pasó por encima de su propia Constitución y la leyes vigentes en un tema tan sensible como son los Estados de Excepción, que ha dado pasos decididos y descarados hacia una relativización ya desatada de lo que puede llamarse como «Estado de Derecho» y un camino hacia un híbrido con manifestaciones de Régimen de Facto permanente, y que viene violando grave, masiva y sistemáticamente Derechos Humanos de los más esenciales.

Seguimos y seguiremos esperando, con mucha atención y apertura mental, la respuesta de las y los constitucionalistas y cientistas políticos que, por ahora, no se han pronunciado frente a este argumento, que mucho más que una discrepancia académica o intelectual, hace parte de una disputa política y constituyente histórica y de altísimas consecuencias en la trayectoria y futuro de la nueva etapa histórica que se ha abierto en nuestro país.

Insistiremos: No a los dos tercios. No a esa supervigilancia de una «Comisión Técnica» con una designación totalmente favorable a las fuerzas de derechas y neoliberales. No a la exclusión de las y los compatriotas en el exterior, ni a las y los jóvenes adolescentes que han sido actor central en la historia reciente y presente de nuestro país. No a esa normativa de elección de la instancia Constituyente tan adversa a la vocación de cambio. No a un «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» que no dijo nada sobre la Paz. No a la aceptación como un «hecho consumado», de un Acuerdo suscrito a espaldas de las fuerzas movilizadas.

Sí a una Asamblea Constituyente Soberana y con capacidad para Refundar el país, que es lo que las mayorías anhelan, demandas y exijen. Sí a una Comisión de Verdad y Jusicia que dé garantías de imparcialidad y que vigile las investigaciones y aclare todo sobre las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos durante este último mes. Sí a la Acusación Constitucional contra un Jefe de Gobierno que ha violado de manera grave a la Constitución y las leyes vigentes. Sí a una Nueva Constitución que marque un antes y un después en la historia del país y contenga todo lo que la pluralidad del pueblo quiera poner en ella, sin amarres de los poderes constituidos ni poderes de veto de los sectores privlegiados y dominantes.