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«Unos presupuestos en España para financiar la guerra y las campañas electorales de los partidos del Gobierno, pero no las necesidades sociales»

Por: Izquierda Castellana, 7 de octubre de 2022

El Gobierno de Coalición, el “más progresista de la historia” según su autovaloración, apoya plenamente la línea de acción de EEUU/OTAN en la apuesta por la guerra global como alternativa, también global, a la crisis estructural del capitalismo, especialmente del angloamericano. Es por ello que los presupuestos que presenta para 2023 son, sin ningún género de dudas, unos presupuestos para la financiación de la guerra.

Unidas Podemos, en complicidad con el PSOE, pretenden disimular tal cuestión. Ello les lleva a presentar las inversiones guerreristas encubiertas bajo diferentes apartados, fuera de los presupuestos del Ministerio de Defensa, tal como reconocía el diario El País.

Diversos colectivos y/o personas que se dedican al estudio de los presupuestos militares señalan que en el Estado español solo entre un tercio y la mitad de las inversiones destinadas a ello son formalmente reconocidas por el Gobierno. Según el Grupo Antimilitarista Tortuga, los gastos militares reales para el año 2021 ascendieron a 37.563 millones de euros. Solo 10.195 millones de euros fueron reconocidos como gastos militares por el Gobierno, es decir, menos de una tercera parte de lo realmente invertido. Según la misma fuente, los gastos militares realizados en lo que va de año 2022 -al margen de los presupuestos en Defensa- ascienden a 10.745 millones.

En esta cuestión se practica una política de engaño similar a la que afecta a los gastos de la Casa Real, sobre los que solo se reconoce una pequeña parte en los PGE (ahora de 8,4 millones de euros), dejando fuera las partidas más importantes, distribuidas entre diferentes ministerios (de la Presidencia, de Defensa, del Interior, de Hacienda, de Exteriores…). Los cálculos sobre los verdaderos gastos de la Casa Real, realizados por diversos observadores, manejan una horquilla amplia y cuantitativamente muy superior, que abarca desde los 30 millones de euros anuales hasta cifras que superan los 100 millones.

Nos encontramos de nuevo ante la mentira sistemática con la finalidad de engañar a la opinión pública. Por supuesto, esa mentira sistemática y estructural en las cuestiones esenciales busca proteger al Sistema, y está apoyada por el conjunto de las herramientas del Régimen, incluyendo entre estas a Unidas Podemos. Si realmente esta formación política está en contra de los presupuestos de guerra, lo tiene muy sencillo: no apoyarlos. Su justificación para no rechazarlos es que ello supondría la caída del Gobierno, lo que abriría la puerta a uno situado más a la derecha. La cuestión no es tener un Gobierno situado formalmente un poco más o menos a la derecha, sino denunciar y oponerse de forma coherente y contundente a la política guerrerista que nos conduce a corto plazo a una nueva guerra global. Es sobre ese eje sobre el que hay que acumular fuerzas populares y, en la medida de lo posible, también institucionales.

Apoyar los presupuestos de guerra que plantea el Gobierno de Progreso no es como apoyar una inversión para crear un nuevo videojuego. La guerra que ha empezado, tal como hemos comentado, está en proceso de globalización, y en su planificación se cuenta ya con la expectativa del uso de armamento nuclear. La guerra es una realidad que causa tremendos desastres -ya lo está haciendo-, no solamente en los campos de batalla con decenas de millares de muertos y heridos, sino también en el ambiente moral de la sociedad, cuestión de la más extrema gravedad.

La violencia contra las mujeres, ya brutal en circunstancias ordinarias, se multiplica de forma exponencial en condiciones bélicas o prebélicas. El escándalo del Colegio Mayor Elías Ahúja se enmarca en el deterioro moral y social que se está impulsando desde el capitalismo en general y desde el Gobierno español en particular. Veremos a qué conclusiones llega la Fiscalía en su investigación sobre los hechos.

Se banaliza la guerra y la barbarie desde los medios de comunicación, incluyendo el uso de armamento nuclear, que ya se da por hecho que se utilizará por ambos bandos. Solo estamos asistiendo al inicio de las profundas consecuencias de esta banalización.

Desde el punto de vista “técnico”, los presupuestos son muy difícilmente creíbles. Las previsiones de crecimiento del Gobierno para el año 2023 son de un 2,1%, cuando las del Banco de España, que suele acertar más en estas cuestiones, lo sitúan en el 1,4%. Esas siete décimas de diferencia suponen 8.000 millones de euros, dado que cada décima de los presupuestos generales del Estado equivale a algo más de 1.000 millones de euros. En ese sentido, las declaraciones del ministro de la Seguridad Social, quitándole hierro a las perspectivas dadas por el Banco de España, son una pura majadería. El FMI hace unas previsiones situando aún más a la baja el crecimiento para el año 2023. Por nuestra parte, nos parecen irresponsablemente optimistas tanto las previsiones del Gobierno como las del Banco de España. En los últimos tiempos no han acertado ni una sola vez en sus previsiones económicas; baste recordar cuando se inició el proceso inflacionario a principios del año 2021 nos decían que la inflación sería un fenómeno transitorio y menor. En los editoriales en los que abordamos el asunto decíamos que antes del verano de 2022 nos acercaríamos a la cifra de dos dígitos; y ahí estamos. La inflación se mantendrá alta, aunque la disimulen con los maquillajes contables acostumbrados, y es muy probable en el 2023 el crecimiento sea negativo, es decir, que haya recesión, especialmente en el Estado español.

No estamos comentando lo que son nuestros deseos, estamos intentando elaborar una información/reflexión responsable sobre cómo creemos que va a evolucionar la realidad, no la ficción progre. En cualquier caso, por aportar un dato significativo sobre la orientación guerrerista de los actuales presupuestos, debe decirse que en el capítulo reservado a Sanidad hay una previsión de un aumento de un 6%, mientras que en el de Defensa se anuncia un incremento del 26% (y esto sobre los datos que aporta el propio Gobierno).

El actual proyecto de presupuestos difícilmente será materializable porque la realidad de la evolución económica se impondrá en los hechos, y muy probablemente veremos cómo se recortan aquellos capítulos orientados al sostenimiento del poder adquisitivo de los sectores sociales más dependientes de los PGE, tal como son l@s pensionistas. Aunque de momento no se ha reformado la Constitución, en el mismo sentido que se hizo para darle prioridad al pago de los gastos de la deuda, no tardaremos mucho en ver cómo hay presiones de todo tipo para que se haga lo mismo en relación con los gastos de carácter militar.

El Gobierno actual tiene la ventaja de que desde su derecha difícilmente se van a hacer críticas para denunciar el carácter guerrerista de los presupuestos generales del Estado de 2023. Ellos están plenamente identificados con esa filosofía y no la van a criticar. Entre las izquierdas soberanistas, desgraciadamente, tampoco nos encontraremos con críticas de fondo a este asunto, a excepción del BNG y las CUP.

La lucha contra estos presupuestos de guerra tiene que desarrollarse esencialmente en la calle. Desde el movimiento comunero estamos comprometidos con ello. Esperamos que para el próximo mes de noviembre se pueda convocar una gran movilización en Madrid en contra de la guerra y sus presupuestos.

 

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