El Primer Tribunal Ambiental confirmó la clausura total y definitiva de proyecto minero Pascua Lama de y mantiene multa por más de 7 mil millones de pesos a la minera transnacional Barrck Gold. Un motivo de alegría, para las organizaciones ambientales que mantuvieron esa lucha por más de una década y media, para el conjunto del pueblo del Valle del Huasco, para todo el país y para las futuras generaciones. Queda por verse, si la empresa recurre a la Corte Suprema.

🔴[AHORA] Se confirma clausura total y definitiva de #PascuaLama de @BarrickChile y se mantiene multa por más de 7 mil millones de pesos. pic.twitter.com/CsyvPl4GSc

— Primer Tribunal Ambiental (@1TAmbiental) September 17, 2020

Sin embargo, de todos modos queda en el aire el cómo estuvo funcionando todo este tiempo destruyendo 2 glaciares entre otros daños ambientales graves e irreparables. Más reprochable aún se hace la actitud complaciente y cómplice de parte de los gobiernos de la Concertación, que desde sus inicios en 1990, tuvieron una actitud de cercanía y alianza estratégica con la minería transnacional en general, y con la transnacional canadiense – estadounidense «Barrick Gold» en especial. La serie de irregularidades e ilegalidades que hoy ha confirmado el Primer Tribunal Ambiental ha señalado, es una sentencia también contra esas prácticas y complicidades de los gobiernos de la Concertación implicados en el proyecto.

 

 

Una larga historia: Las políticas privatizadoras de las riquezas mineras de los Gobiernos de la Concertación

Esta historia es de larga data. El magnate David Rockefeller es uno de los dueños del grupo de inversiones «JP Morgan», que es uno de los principales propietarios de la empresa minera transnacional «Barrick Gold», inscrita en Canadá por la permisiva legislación que ese país otorga a actividades de empresas mineras en otros territorios, pero que tiene un sinnúmero de propietarios cuyos capitales están principalmente situados en Estados Unidos.

El grupo Rockefeller, junto al grupo Rotschild, eran propietarios en Chile de la minera «Anaconda Copper Minning Company», una de las dos principales mineras en Chile, que fueron nacionalizadas con la «Chilenización del Cobre» impulsada durante el Gobierno de Frei Montalva, y luego de manera definitiva con la Reforma Constitucional de 1971 impulsada por el Gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende. Como es sabido, esta nacionalización motivó variados movimientos entre los grandes grupos económicos transnacionales y el Gobierno de Estados Unidos, para derrocar al Gobierno de Allende y la UP. Tras el Golpe de Estado, y dados los numerosos juicios que las mineras extranjeras pusieron ante tribunales arbitrales internacionales contra el Estado de Chile, la Dictadura pagó unos 250 millones de dólares de la época a Rockefeller y Rothschild. Años más tarde, los grandes grupos trasnancionales «le bajaron el pulgar» a la Dictadura de Pinochet, y consta con numerosas pruebas, de que tanto ellos como la CIA, mediante diversas vías, comenzaron a apoyar a los sectores «moderados» de la oposición, esto es, a la Concertación.

Dos semanas después de asumir, el Gobierno de Patricio Aylwin dictó una serie de normativas que iniciaron un proceso de re-privatización minera. Si bien la Dictadura inició este proceso con la dictación de la Ley n° 18.097 (Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones  Mineras), fueron los gobiernos de la Concertación, no la Dictadura, quienes dieron curso a este nuevo proceso de privatización de los recursos minerales del país. Esto, a contrapelo de todo lo señalado en el «Programa Fundacional de la Concertación», donde se señalaba: «El derecho y el deber de aplicar una política chilena del cobre para el desarrollo del sector», y el obtener «mayores recursos fiscales preservando la autonomía y soberanía nacional en el manejo de los recursos». 

Como planteamientos específicos el ‘Programa Fundacional de la Concertación’ señalaba lo siguiente: «1. La defensa del patrimonio minero nacional; 2. Preservar la autonomía y soberanía nacional en el cobre; 3. La regulación del ritmo de la expansión de la producción chilena de cobre; 4. Estabilización del precio del cobre en los mercados externos; 5. La búsqueda del grado de elaboración más adecuado de los productos mineros; 6. El desarrollo dinámico de Codelco;  7. El reforzamiento de Enami para atender a pequeños y medianos mineros; 8. La inversión extranjera debe ser adecuada a los requerimientos del desarrollo nacional».

Pero desde un inicio, se hizo todo lo contrario. Se perfeccionó el régimen de «Concesión Plena» para la minería privada. Se aprobaron disminuciones de impuestos a las empresas mineras y modificaciones que disminuyen la base tributable. Leyes que facilitaban la venta de los yacimientos entre empresas privadas y autorizaciones a Codelco para traspasar a las empresas privadas los yacimientos no explotados y que permanecían como reservas futuras de Codelco. En el Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos se detallaron las normas del TLC con Canadá, reconociéndose como parte de la inversión extranjera, los yacimientos chilenos de cobre, oro y otros minerales, pudiéndose descontar como desgaste de capital, el desgaste del yacimiento, para bajar las utilidades tributarias. La discusión de este tratado se inició en el gobierno de Aylwin, continuó en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, se aprobó por el Congreso y fue promulgada en el gobierno de Lagos.

Ante la presión por un «Royalty» a las ganancias mineras privadas, el Gobierno de Lagos presentó un proyecto que consistió en un simple impuesto adicional a las utilidades de un 5%, disminuyendo el anterior impuesto en un 7%. En realidad, más que la imposición de un «Royalty», se reconocía la legislación privatizadora y se aseguraba en los hechos la propiedad privada de los yacimientos de cobre en manos de las empresas extranjeras, bajo la idea de «propiedad sobre la concesión», atendido a que la Constitución afirmaba expresamente (Artículo 19 n° 24, inciso 6°): «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas». Pero la legislación interna contenida en el Código de Minería principalmente, y la internacional contenida en tratados, sumado a la interpretación de los tribunales, fue reconociendo una especie de propiedad sobre el derecho a la concesiones entregadas, en un subterfugio legal y jurisprudencial que fue dejando sin aplicación la declaración constitucional.

Sabida es, además, la complicidad de la Concertación y el conjunto de la elite política neoliberal, con la minera del estratégico Litio, SQM, ex Soquimich, de propiedad de Julio Ponce Lerou, implicado en el bullado caso de corrupción político-empresarial que tiene en este caso uno de sus más escandalosas muestras.

 

 

La Concertación, la Barrick Gold, Rockefeller y el «Council of Americas»

Una cadena de pasos que recibiría el premio y beneplácito de los grandes capitales extranjeros. Ya en 1993, el «Council of the Americas», presidido por David Rockefeller, condecoraba a Patricio Aylwin en Estados Unidos, donde además, Patricio Aylwin entregó a David Rockefeller la «Orden al Mérito Bernardo O’Higgins».

Luego, vendría otro crucial paso en la entrega de los recursos mineros localizados en la Cordillera de los Andes: El Tratado Minero Chileno Argentino», firmado por los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem, en el año 1997. El tratado creaba una franja territorial prácticamente «liberada» para la inversión privada extranjera a ambos lado de la frontera entre ambos países (Ver «La historia oculta del Tratado Minero»)
.

Luego, el Gobierno de Ricardo Lagos impulsó de variadas formas el proyecto Pascua Lama, tanto con la invariabilidad tributaria que se les otorgó a las mineras, a cambio de un muy bajo «Royalty minero». En el 2005, al igual que Aylwin, el Presidente Lagos recibió en la sede del «Council of the Americas» (Consejo de las Américas), el premio “Gold Insigne”.

 

En el año 2009, lo propio haría Bachelet. Nuevamente, el «Council of the Americas» auspiciado entre otras empresas por la Barrick Gold, premiaba a la Presidenta Bachelet, mientras su Gobierno otorgaba los últimos permisos de funcionamiento para la minera transnacional canadiense – estadounidense, cuestión que motivó nuevamente el rechazo de las organizaciones ambientales que intentaban detener el Proyecto minero Pascua Lama (Ver Declaración pública: Ante la cena a Bachelet auspiciada por Barrick, OLCA). El asunto no podía ser más cuestionable: Mientras la Dirección General de Aguas (DGA) dependiente directamente del Poder Ejecutivo, tramitaba los permisos del proyecto minero, Bachelet era premiada en una instancia empresarial con crucial participación de los dueños de la empresa del gigantesco proyecto.

 

 

Es relevante señalar que, como integrantes chilenos del «Council oh the Americas», se encuentran las empresas Banco de Chile, de la familia Luksic, Celulosa Arauco, de la familia Angelini, CorpBanca, vinculada al empresario Álvaro Saieh, y El Mercurio SAP de Agustín Edwards Eastman. Éste último, además, tenía una estrecha amistad con David Rockefeller (Ver «A los 101 años muere David Rockefeller, el gran amigo americano de Agustín Edwards»).

 

---

 

Más información y enlaces relacionados:

Barrick Gold se pone con cena de Bachelet esta noche en Nueva York, El Ciudadano.

Declaración pública: Ante la cena a Bachelet auspiciada por Barrick, OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

«A los 101 años muere David Rockefeller, el gran amigo americano de Agustín Edwards», Radio Universidad de Chile.

La aprobación de Pascua Lama o un crimen de lesa patria, El Siglo.

Frei y la transnacional Barrick Gold, El Ciudadano.

¿Quiénes están detrás de la Barrick Gold?. Javier Llorens y Lázaro Llorens (Pensa Red), OLCA.

La influencia del último de la dinastía Rockefeller y su estrecha relación con Chile, El Mostrador.

«La historia oculta del Tratado Minero», El Ciudadano.

El premio, el discurso y el brindis de Bachelet con las empresas transnacionales, Julio Frank Salgado, Periodista Digital.

Barrick Gold y la corrupción, VerdeOilivo.