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Trabajadores del Hospital Padre Hurtado rechazan condena por supuesta agresión a ex ministro Mañalich y anuncian apelación “donde demostraremos nuestra inocencia”

«Al mismo tiempo, acusan desinformación por parte de algunos medios de comunicación “ya que los hechos sucedieron en el marco del estallido social, pero nuestra manifestación era por las pésimas condiciones laborales y la inseguridad que viven los funcionarios del hospital”.

 

Esta semana se dio a conocer la condena de 541 días de reclusión menor en su grado medio, además del pago de las costas del proceso que afecta a cinco funcionarios del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón, Fernanda Martel, Juan Carlos Santander, Daniel Palma e Isabel Manqueo, por el cargo de “ataque a la autoridad” y Hugo Morales Bennett por “daños agravados” con una condena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo.

Los hechos ocurridos en noviembre de 2019, en medio de una manifestación pacífica de los funcionarios contra las precarias condiciones laborales y de seguridad del Hospital debido a las constantes balaceras que ocurren alrededor del establecimiento llegando, las cuales en diversas oportunidades balas al interior de las salas donde se encontraban pacientes y funcionarios ejerciendo sus labores,  la que se vió alterada por la presencia del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien junto a un fuerte contingente de fuerzas especiales se apersonó en el lugar.

En su declaración los funcionarios de salud afectados por la medida judicial -la que califican como una criminalización del movimiento social- sostienen que durante la manifestación no se realiza ningún tipo de agresión ni maltrato al ex ministro Mañalich, lo que queda demostrado al no presentar ninguna lesión que pudiera considerar ni de mediana gravedad, incluso insiste en su declaración “que ninguna lesión, ni siquiera de mediana gravedad, nada”.

“Apelaremos en todas las instancias necesarias para demostrar nuestra inocencia. Esta medida es persecutoria, represiva y coarta la libertad de expresión” recalcan en su comunicado.

Finalmente, los funcionarios afectados expresan que se ha ejecutado una acción de desinformación y de montaje en la que se han hecho parte algunos medios de comunicación. “Somos funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias de salud que día a día entregamos lo mejor de nosotros a cada paciente. No somos ni delincuentes ni agresores”, concluye el comunicado.

Equipo editorial Revista De Frente

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