Por: Joana Salém Vasconcelos

El territorio llamado Wallmapu tiene una larga historia de expropiaciones, usurpaciones y resistencias, con múltiples camadas temporales. Como se sabe, hasta la guerra de la Araucanía (1860 a 1883), todo el territorio al Sur del río Biobío era tierra autónoma indígena. Ni los españoles, ni los chilenos de las primeras décadas de la independencia fueron capaces de vencer la resistencia de estos pueblos hasta el fin del siglo XIX. Luego de muchos intentos mal sucedidos de conquista, la historia del territorio fue marcada por un largo periodo de usurpaciones efectivas (1860 – 1970), seguida de un muy breve momento de recuperación de tierras indígenas durante el gobierno de Salvador Allende (1970 – 1973), y posterior aceleración de una renovada usurpación iniciada con la contrarreforma agraria de la dictadura de Pinochet, y nunca terminada.

La larga usurpación, 1860 – 1970

Según José Bengoa (Historia del Pueblo mapuche. Siglo XIX y XX), en la etapa final de la guerra de la Araucanía (especialmente los años 1880-83), la intencionalidad explícita de sectores del Estado chileno era el exterminio, lo que está documentado en cartas oficiales del generalato. Los militares consideraron que los mapuches eran enemigos más resistentes que los adversarios peruanos y bolivianos derrotados en la frontera Norte (Guerra del Pacífico) y que la posterior “conquista del Sur” sería más dura. Y así lo fue.
No logrado el exterminio étnico, el Estado chileno cambió su estrategia para la colonización, que fue la continuación de la guerra por otros medios. En el fin del siglo XIX y principio del XX, fueron establecidas reducciones mapuches para arrinconar los pueblos resistentes en espacios delimitados. Al mesmo tiempo, fueron financiados los proyectos de colonización y emblanquecimiento del territorio, con colonos de origen alemana y otras nacionalidades europeas.
El historiador Martín Correa (La reforma agraria y las tierras mapuches) explica que la colonización de la Araucanía adquirió una dimensión legal y otra ilegal. Es decir, las mismas tierras reduccionales delimitadas legalmente por el Estado para arrinconar los indígenas (permitiendo la entrega del resto al colono blanco), fueron invadidas ilegalmente por los propietarios expansionistas.
Las dinámicas legales (reducciones/colonización) e ilegales (usurpación) fueron lógicas complementarias de expropiación. Correa también argumenta que el origen de la desconfianza mapuche con relación al Estado se consolidó tras décadas de pacientes intentos indígenas en dialogar con la Justicia para garantizar nada más que sus tierras reduccionales establecidas en ley, denunciando los invasores ilegales. Sin embargo, el sistema judicial sucesivamente no respondía a la ley, sino a los intereses de los usurpadores. Décadas se pasaron hasta que los indígenas desistieron de reivindicar la justicia al Estado, para hacerla con sus propias acciones colectivas.
En resumen, hasta 1970 las tierras de los mapuches fueron usurpadas por tres dinámicas principales: la guerra; la delimitación reduccional y la colonización; y las invasiones ilegales con complicidad del Estado. En los años 1960, muchas comunidades aún tenían en sus manos los documentos oficiales que comprobaban las fronteras originales de sus reducciones, procesualmente usurpadas durante tres o cuatro generaciones. La cohesión generacional de las comunidades mapuches también tiene su origen en la experiencia común de una larga y continua usurpación.

La reforma agraria y la recuperación de tierras usurpadas en el gobierno de la UP, 1970 – 1973

Salvador Allende fue el único presidente en la historia de Chile que ha devuelto tierras usurpadas a los pueblos mapuche. La reforma agraria de Eduardo Frei Montalva (ley 16.640 de 1967) nada decía sobre tierras indígenas o reducciones. Sin embargo, el gobierno de Allende respondió de inmediato al alza de movilizaciones indígenas de 1970, conocida como cautinazzo, cuando comunidades mapuches se aliaron a militantes del MIR en las corridas de cerco y retomaron parte simbólica de sus tierras. Gustavo Marín, ex MCR (Movimiento de Campesinos Revolucionarios, frente rural del MIR), recuerda que los indígenas de entonces repetían: “la corrida de cerco es una sola: de la cordillera hasta el mar” – es decir, Wallmapu.
En diciembre de 1970, el ministro de agricultura Jacques Chonchol instaló su oficina en Temuco, desde donde favoreció el proceso expropiatorio de la reforma agraria para recuperar parte de las tierras usurpadas a los mapuches – a pesar de que la ley silenciaba el tema. Para ello, utilizó principalmente el causal de “mala explotación” (artículo 4º de la ley 16.640), incluso para fundos menores que el definido en el margen expropiatorio de causal “tamaño” (artículo 3º, que definía el límite de 80 hectáreas de riego básico). En el segundo mes de gobierno, Allende se trasladó a la Araucanía, donde se reunió con liderazgos mapuches que le entregaron un proyecto de Ley Indígena con sus demandas territoriales: recuperar las tierras usurpadas. Este proyecto al final fue modificado en el Congreso y aprobado en 1972, acomodando el problema por una vía centrista.
Con la herramienta de la reforma agraria el gobierno de la UP devolvió a los pueblos mapuches 130 mil hectáreas de sus tierras en la Araucanía, según calcularon Correa, Molina e Yáñez (La reforma agraria y las tierras mapuches). Fue el único gobierno de la historia de Chile que ha devuelto parte de las tierras usurpadas a sus dueños originales.

La contrarreforma agraria y la usurpación normalizada, desde 1973

¿Y qué pasó con esas tierras en la dictadura?

No fue casual que las confrontaciones de la reforma agraria en el Sur hayan sido más violentas que en otras partes del país. Tampoco es una casualidad que el golpe del 11 de septiembre haya sido anunciado en el 30 de agosto de 1973, en una emblemática invasión militar al Centro de Producción (CEPRO) Jorge Fernández, en la comuna de Neuhuentúe, donde se registró el primer caso de tortura producida por militares. La denuncia fue hecha por la indígena Margarita Paillal a Faride Zerán, entonces periodista de Chile Hoy, liderazgo indígena cuyo rostro apareció en la tapa del último número del hebdomadario antes de su prohibición.
En el CEPRO invadido por militares del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1973 vivían 54 familias indígenas y más de 300 niños. La antigua casa patronal fue escenario de torturas contra liderazgos de la comunidad, sometidos a electrochoque, mientras otros eran amarrados en cuerdas y suspendidos en vuelos de helicóptero, un ensayo macabro de los vuelos de la muerte. El caso fue profundamente investigado por Florencia Mallon (La sangre del copihue: la comunidad Mapuche de Nicolás Ailío y el estado chileno).
Em su último número, la revista Chile Hoy reportó 24 operaciones militares (allanamientos) en Cautín entre 30 de agosto y 2 de septiembre, casi todas en comunidades indígenas formadas por la reforma agraria. El golpe de 1973, por lo tanto, empezó en la Araucanía y fue anti indígena en su grado máximo de violencia.
Como muestra el gráfico, la dictadura ha devuelto 34% de las tierras de la reforma agraria a sus antiguos dueños (correspondientes a 3,2 millones de hectáreas), mientras a parcelado 29% de estas tierras por endeudamiento de los campesinos, transferido a privados por arremate 20% de ellas (2,5 millones de hectáreas), y transferido a organismos públicos 10%, incluyendo sobre todo CONAF y FFAA. En otra oportunidad, he escrito sobre las tierras de la reforma agraria que quedaron con militares (en coautoría con Claudia Urquieta por CIPER, Historia de un despojo I e Historia de un despojo II).

Fuente: SALÉM VASCONCELOS, J. Tierra y derechos humanos en Chile: la contrarreforma agraria de la dictadura de Pinochet y las políticas de reparación campesina. Historia Agraria, 80, 2020, pp. 209-242. Disponible en: https://www.historiaagraria.com/FILE/articulos/RHA80_salem.pdf

En 2003 y 2004, los investigadores José María Bulnes, Sergio Fuenzalida y Víctor Llancaqueo produjeron dos informes para el gobierno Lagos con el registro documental completo de las violencias y procedimientos de la contrarreforma agraria en contra de campesinos y pueblos indígenas. Estos informes fueron encajonados y nunca generaron políticas de reparación, como yo he explicado en el artículo Tierra y derechos humanos en Chile: la contrarreforma agraria de la dictadura de Pinochet y las políticas de reparación campesina.
En estos informes, hay mapas de la contrarreforma agraria producidos por Víctor Llancaqueo, que explican que pasó con las tierras en cada unidad comunal. Abajo está reproducido el mapa de Ñuble, Biobío y la Araucanía.

En comparación con otras regiones, la contrarreforma agraria en la Araucanía estuvo entre las que más tierras devolvió a los antiguos dueños – muchos de ellos usurpadores de fronteras reduccionales. Además, el decreto 208 de la dictadura prohibió que militantes de partidos y participantes de huelgas y tomas de fundo fueran receptores de parcelas, lo que atingió miles de mapuches.
La contrarreforma agraria también se expresó en la violencia de las relaciones laborales del campo, cuando la alianza entre patrones y militares afectó la vida de cientos de miles de campesinos, con tierras robadas, sueldos retrasados y nunca cancelados, acoso y humillaciones. Ello victimizó especialmente a los indígenas, que además de la opresión laboral, sufrieron la discriminación étnica protegida y proporcionada por el régimen.
Según el referido informe, 70.277 familias campesinas e indígenas fueron expulsadas de su tierra en la contrarreforma agraria, incluyendo 25 mil familias asentadas de las tierras devueltas a los terratenientes, 5 mil excluidas por el decreto 208 de discriminación política, 20 mil familias por no alcanzar el puntaje determinado por los militares (mientras hubo parcelas entregadas a no campesinos por criterios de puntaje antipopulares) y 20 mil familias de parceleros endeudados, sin condiciones de manutención de su parcela, oprimidos por vecinos terratenientes.
A la CONAF, dirigida por Julio Ponce Lerou (yerno de Pinochet), le entregaron 352 mil hectáreas, que posteriormente beneficiaron a las grandes forestales de las familias más ricas de Chile. Al Ministerio de Defensa fueron destinados 525 mil hectáreas y a carabineros 4,7 mil. A personas jurídicas privadas y sociedades agrícolas, los militares regalaron directamente 71 mil hectáreas.
Lerou ya había trabajado en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de la familia Matte, y mantuvo vínculos con el negocio forestal desde su puesto en la dictadura. Los forestales fueron beneficiados no solo por tierras de la contrarreforma agraria, sino que por el decreto 701 de 1974, que bonificaba los monocultivos de pino y eucalipto, con 75% de los costos de producción – beneficio renovado en 1998 por Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Reparación constituyente y plurinacionalidad

Desde la contrarreforma agraria, la democracia no ha creado ningún mecanismo de reparación a los campesinos e indígenas cuyos derechos humanos fueron violados por la represión en el campo durante la dictadura. Según el informe de Bulnes, Fuenzalida & Llancaqueo, de los 7.685 ex asentados que postularon como exonerados al Estado chileno, solamente 634 fueron aceptos como tal. Afuera eso, nada.
Tampoco hubo una comprensión de la propiedad de la tierra como parte de un derecho humano violado, a ser reconquistado por un proceso de justicia de transición y derecho territorial. Al contrario, episodios como la Operación Huracán (2017) y la persistente militarización de la Araucanía con los estados de emergencia y la criminalización de los mapuches explican como los procedimientos represivos de la dictadura permanecieron activos durante la democracia, en múltiples dimensiones (territorial, militar, informacional, simbólica, cultural, política).
Para que sea verdadera y no de papel, la idea de plurinacionalidad necesita materialidad territorial. La Nueva Constitución puede volverse, en este sentido histórico, el primer mecanismo de reparación de los derechos indígenas, asumiendo responsabilidad sobre la larga usurpación de las tierras mapuches en 1860 a 1970, pero también la usurpación reciente y continua de la contrarreforma agraria, de 1973 hasta hoy.

Sobre la autora: Joana Salém Vasconcelos es Doctora en Historia Económica por la Universidad de São Paulo y autora del artículo Tierra y derechos humanos en Chile: la contrarreforma agraria de la dictadura de Pinochet y las políticas de reparación campesina, ganador del Premio Manuel Ledesma de Historia Contemporánea en España. Disponible en: https://www.historiaagraria.com/FILE/articulos/RHA80_salem.pdf