Nuevamente se ha decretado Emergencia Ambiental en la comuna de Quintero, localizada en la zona de sacrificio ambiental que abarca además a la comuna de Puchuncaví («Decretan emergencia ambiental para Quintero por peak de dióxido de azufre«). En particular, esta vez se debe por un nuevo «peak» de emisiones de Dióxido de Azufre, contaminación directamente proveniente de las Centrales Termoeléctricas localizadas en el área, además de las emisiones de la minera estatal CODELCO, Fundición Ventanas. Esta vez, los indicadores arrojan una concentración de ese elemento contaminante en niveles de un 300% por sobre el límite puesto por la Organización Mundial de la Salud. En Mayo pasado se dictaron 14 alertas, 4 preemergencias y se superó 73 veces el límite de dióxido de azufre en el aire. En el mes de Julio, hubo 26 episodios críticos.

A raíz de esto, y debido a su rol como actual «Alto Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU», aquí detallaremos en particular la acción del primer Gobierno de Bachelet (2006-2010), que en el último día del 2009, modificó la normativa relativa al ordenamiento territorial (la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC), y en sus últimas semanas de Gobierno en el verano del 2010, a paso apresurado y tras comprobadas reuniones de autoridades de su Gobierno con el Embajador de Estados Unidos en Chile, le abrió paso a la instalación de la «Central Campiche», de propiedad de la transanacional estadounidense «AES Gener».

La zona de sacrificio de las comunas de Quintero y Puchuncaví en la Región de Valparaíso

Es sabida la alta contaminación presente hace ya muchos años en la zona de las comunas de la Región de Valparaíso: Quintero, Puchuncaví, Ventanas. Desde hace décadas, la zona ha ido copándose de actividades industriales de alta generación de contaminación, generándose un copamiento que los sucesivos gobiernos han ido, uno tras otro, avalando con acciones y omisiones varias. Así, industrias de las empresas ENDESA, COPEC, Shell, EPOXA, ENAP, GNL, GASMAR, OXIQUIM, CODELCO, Cementos Bío Bío, Puerto Ventanas, se encuentran emplazados en unos pocos kilómetros, junto a cuatro complejos termoeléctricos: las Centrales Termoeléctricas Ventana I y Ventana II (iniciadas en los años 1964 y 1977 respectivamente), Nueva Ventanas, y Campiche.

Estas dos últimas, ambas de «Aes Gener», consiguieron su aprobación durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, que contó además con el negativo récord de nada menos que 42 centrales termoeléctricas aprobadas durante su gestión, superando la ya alta cantidad de 39 termoeléctricas aprobadas por el Gobierno de su antecesor, Ricardo Lagos (Ver cifras de proyectos aprobados en gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera, en «Gobierno de Michelle Bachelet, record en plantas termoeléctricas: Un total de 42 centrales aportó al sector«).

Este denso mapa industrial tiene una larga data de instalación, con algunas industrias instaladas desde hace décadas. Sin una decisión explícita ni un ordenamiento territorial sistemático, lo cierto es que los sucesivos gobiernos han decidido transformar la zona en aquello que se conoce como una «zona de sacrificio ambiental», hasta el día de hoy. Pero esta extensa historia agrava las decisiones de los últimos gobiernos, los que, además, debiesen regir su actuar conforme a una regulación medioambiental con la que se ha intentado abordar entre otras materias, la de aquellas zonas de alta saturación de contaminación, como ocurre en este caso.

La historia de la instalación de la Central Campiche

En Agosto de 2007, AES Gener ingresó el proyecto de la Central Campiche al «Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)», la instancia en la que se procesan las solicitudes de proyectos de incidencia ambiental conforme a la normativa vigente por entonces, básicamente, en ese entonces, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente del año 1994 n°19.300, que hacía recaer la decisión en la «Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA» (esta normativa luego sería modificada por la Ley 20.417 del año 2010, que modifica la institucionalidad ambiental, creando el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación ambiental, y la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales).

Era ya la cuarta Central Termoeléctrica de AES Gener en la zona, tras Ventanas I y II, y «Nueva Ventanas», esta última, también aprobada a inicios del Gobierno de Bachelet.  En Mayo de 2008, la empresa consigue la aprobación para la nueva Central Campiche. Esta instancia, la CONAMA, tiene una directa dependencia del Poder Ejecutivo, y desde el 2007 hasta el 2010, estuvo presidida por Ana Lya Uriarte, militante del PS y que, como es sabido, es amiga cercana de Michelle Bachelet, y quien fuera su Jefa de Gabinete en su segundo mandato presidencial.

A fines del 2008, valiéndose de los recursos legales y administrativos de la institucionalidad ambiental chilena, el «Consejo Ecológico de Quintero-Puchuncaví» presentó un recurso contra la construcción de la central Campiche, por una serie de ilegalidades en que se había incurrido por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso (la instancia regional que dependía directamente de la CONAMA de nivel nacional) al entregar la aprobación del proyecto. Los dos principales argumentos eran el haberse autorizado la Central Termoeléctrica en una zona restringida por el peligro para el asentamiento humano, y el haberse intentado cambiar de manera ilegal el Plano Regulador de la Región de Valparaíso, que se regula a su vez, en la normativa de nivel nacional (básicamente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones -LGUC- y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -OGUC-). Lo anterior, pues una parte del lugar de la instalación de la Central, estaba bajo la calificación de «área verde», por lo que no estaría permitida la localización de una actividad industrial, y menos con tal nivel de generación de contaminación allí.

El recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y luego confirmado por la Corte Suprema en junio de 2009, declarándose como ilegal la autorización dada al funcionamiento de la central a carbón por parte de la COREMA de Valparaíso, por conceder el permiso sin que se realizara el cambio de uso de suelo necesario. Esto obligó a la empresa de AES Gener a paralizar las obras de construcción.

La sentencia de la Corte Suprema recogía los argumentos de las organizaciones ambientales: Se trataba de una zona declarada como «saturada» de material particulado y de dióxido de azufre desde el año 1993, se encontraba sujeta a un plan de descontaminación, y la aprobación vulneraba el derecho constitucional a «vivir en un medio ambiente de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente» (artículo 19 n°8 de la Constitución), contrariando, además, la regulación de ordenamiento territorial de la legislación citada. Conforme a esto, la Municipalidad de Puchuncaví ordenó en Septiembre de 2009 la demolición de las obras de la Central Campiche.

Sin embargo, el Gobierno de Bachelet declaró que buscaría las fórmulas para conseguir la aprobación del proyecto. Así, el 31 de diciembre de 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo modificó mediante un decreto supremo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), decreto firmado por la Ministra Patricia Poblete (DC) y el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (DC), con lo que aún habiendo parte de la Central localizada sobre un lugar bajo destinación de «área verde», ésta podía llevarse a cabo. Una reforma reglamentaria hecha a la medida de este proyecto. Tal como se conoció por cables filtrados por Wikileaks, tal decisión fue el producto de un intenso lobby de la Embajada de Estados Unidos, constando múltiples reuniones del Embajador Paul Simons con los ejecutivos de la empresa AES Gener, con el Director Ejecutivo de la CONAMA Álvaro Sapag (PPD), con el mencionado Ministro Pérez Yoma, el Ministro de Energía Marcelo Tokman (PPD), y la mencionada Ana Lya Uriarte (ver «Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener«, CIPER Chile, y «Campiche y la Embajada de Estados Unidos», Patricio Herman).

La Junta de Vecinos de Campiche interpuso un recurso de protección contra las autoridades que dictaron el decreto de modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Ministro Pérez Yoma y Ministra Poblete) y contra el Contralor General de la República por haberlo aprobado (Ramiro Mendoza Zúñiga), acorde al derecho constitucional «a vivir en un medio ambiente libre de contaminación» (artículo 19n°8 de la Constitución de 1980). El recurso fue rechazado.

En Enero de 2010, la empresa vuelve a ingresar el proyecto al «Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental». En tiempo récord, en Febrero de 2010, en las últimas semanas del mandato presidencial de Bachelet, la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso da su aprobación. Con ello, comienza la construcción del cuarto complejo termoeléctrico en la zona, saturando aún más de contaminación una zona donde de manera recurrente se suscitan emergencias ambientales de alta gravedad.

Tras terminar su mandato, Michelle Bachelet pasaría a ser designada como la Directora Ejecutiva o máxima encargada de «ONU Mujeres», la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Ironías de la política, en Diciembre de 2017, fue galardonada como «Campeona de la Tierra», la máxima distinción de la ONU para el Medio Ambiente (ver “Campeona de la Tierra”: Michelle Bachelet es la primera mujer en recibir máximo premio medioambiental de la ONU«). Desde Agosto de 2018, detenta el cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Como es de público conocimiento, los episodios de Emergencias Ambientales, intoxicación masiva, y problemas de salud derivados de la saturación de contamintantes en la zona, no han hecho si no agravarse y repetirse una y otra vez desde entonces. 

• Documental «Aquí se respira lucha», sobre la Crisis socioambiental en Quintero y Puchuncaví: