Creado por ley promulgada a fines del año 2009 con la Ley 20.405 en los últimos meses del primer Gobierno de Michelle Bachelet, y entrado en funcionamiento a mediados del 2010 ya con Sebastián Piñera de Presidente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue instituido con el fin de servir de promoción y protección a la vigencia de los derechos establecidos y reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en la Constitución, leyes, tratados internacionales y principios consagrados como tales por la comunidad internacional.

Con algunas funciones análogas a las que en otros países cumplen las “defensorías del pueblo” o “defensorías ciudadanas” o “ombudsman”, pero con un rango institucional inferior (las propuestas de instauración de una Defensoría del Pueblo en Chile duermen en el Congreso desde hace más de una década), el INDH ha cumplido cierto rol en cuanto a la defensa y promoción de algunas materias de Derechos Humanos en el país en estos años. Con facultades acotadas y limitaciones varias en cuanto a su poder efectivo, dotación de personal y presencia regional, aquello no ha sido obstáculo, como era de esperar, para ser atacada de manera recurrente por los sectores más derechistas, que lo ven como un organismo ajeno a sus principios e ideologías. Además, el financiamiento con que cuenta no es menor: para el año 2019 el presupuesto es de  $8 mil 349 millones de pesos, de los cuales 5 mil 708 millones están destinado a gasto en personal (“Situación financiera del INDH”, a abril de 2019), para aproximadamente unas 170 personas a nivel nacional, con alguna parte de trabajadores auxiliares. Una poderosa atracción para las lógicas de cuoteo y concursos amañados desde antes, práctica que es sabido, es extendida en toda la administración pública tal como en el ámbito privado, con el agravante de constituir dinámicas de nepotismo que relativizan y torpedean todo intento de construir un Estado más de todas y todos.

El organismo cuenta con un Consejo que es su órgano de dirección conformado por 11 integrantes: 2 por el Presidente de la República, 2 por el Senado, 2 por la Cámara de Diputados, 1 por los decanos de facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores CRUCH y universidades autónomas, y 4 por las organizaciones vinculadas a los derechos humanos inscritas previamente. El Consejo elige a su Director o Directora. Tras su creación y puesta en marcha entre fines de 2009 e inicios del 2010 (traspaso de mandato presidencial mediante), en la dirección del organismo fue elegida la abogada Lorena Fríes, abogada, militante del PS, cercana a Michelle Bachelet. Posteriormente, su sucesor, Branislav Marelic, fue destituido en enero de 2018 en el marco de cuestionamientos administrativos que él rechazó. Fue nombrada Consuelo Contreras, actual directora, quien proviene de la dirección de la  Corporación Opción, que es el organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores (SENAME) que más dinero recibe del Estado, cuestión sobre la que el director saliente llamó públicamente la atención: “preocupa el conflicto de interés que pueda tener la nueva directora en relación a los derechos de la infancia que el instituto ha asumido defender desde mi gestión (…) para hoy estaba en tabla que se votara la aprobación del informe del Sename realizado por el INDH” (“Destituyen a director del INDH en medio de polémica interna”, enero de 2018, La Tercera).

Así las cosas, el INDH cumple próximamente 10 años desde su creación, y en estos momentos, se discute nuevamente el nombramiento de nuevos directores para la conducción de la institución (se renuevan 6 de sus 11 directores), y a propósito de ello, han surgido ciertos debates en torno a su conformación y la crítica hacia su cooptación y “cuoteo” por parte de las fuerzas de mayor representación en el Congreso y la escena política del país, con llamados a poner fin a la lógica “binominal” con que se ha designado a sus directores (ver “Designación de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, de Carlos Margotta y Juan Domingo Milos).

Pero, además, un escenario interno de no poca tensión, parece desbordarse por estos días: la recurrencia de denuncias de prácticas antisindicales y vulneración a derechos fundamentales de las y los trabajadores de la institución. La Radio Universidad de Chile se hizo eco de esta situación, en nota  “Funcionarios del INDH advierten posible movilización nacional por malos tratos en el organismo”, donde se filtra una carta interna dirigida a la Directora de la Institución, Consuelo Contreras, donde 60 integrantes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH (AFFINDH) hacen ver una preocupante situación laboral interna en el organismo, lo que se arrastra desde gestiones anteriores, y en la que se conmina a las autoridades a ponerle fin, llamando a tomar “las medidas necesarias para prevenir que las jefaturas desarrollen actos imprudentes, reñidos con la libertad sindical y que afectan la imagen pública de la institución”. El medio “El Desconcierto” hizo lo suyo, divulgando algunos detalles adicionales acerca de estos hechos (“Funcionarios denuncian prácticas antisindicales por parte de jefes de unidades del INDH”).

Como respuesta, se ha activado una defensa que pareciera querer aplacar la tensión por la vía de negar los hechos denunciados (Ver comunicado, no firmado, publicado en El Desconcierto, “Respuesta a nota de funcionarios del INDH que denunciaron prácticas antisindicales”). Bajo la lógica de “defender al INDH”, callar situaciones que han involucrado denuncias y condenas contra la institución: Es relevante señalar que el organismo ya cuenta con dos condenas por causas laborales en el 2014, más una a inicios de este año en el que se sentenció a favor de la trabajadora por acción de tutela por vulneración a sus derechos fundamentales, a quién no le renovaron su contrato por su testimonio acerca del maltrato laboral a otras dos trabajadoras.  

El tema tiene una gravedad no menor, no tan sólo por el carácter del organismo donde están sucediendo estas conductas, si no que, además, por ser de notorio y público conocimiento, la integración en su Directorio y en sus jefaturas, de muchas personalidades reconocidas tanto en el ámbito de los Derechos Humanos, como, en cuanto a la pertenencia política, sectores y actores significativos de lo que podría llamarse como “bacheletismo”. Y en este caso, no es sólo que el Estado debiera dar ejemplo en la vigencia de los derechos de sus trabajadores, si no que además, ¿Puede un organismo de “Derechos Humanos” ser parte o tolerar prácticas tan reñidas con la protección y respeto básico de los derechos de sus trabajadoras y trabajadores?

En momentos en que se debate la designación de nuevos consejeros, y en que se hace importante retomar la demanda y anhelo de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, importante que el debate sobre el carácter, conformación, y poder efectivo de la institucionalidad de Derechos Humanos sea abordado e interpelado por las fuerzas de izquierdas y progresistas, y los movimientos y organizaciones sociales y populares del país.