Por Sebastián Soto-Lafoy.

Psicólogo.

Comisión de Infancia y Adolescencia, Frente Amplio Parral.

 

La condición social de las infancias y adolescencias en Chile es, por lo bajo, catastrófica. En el plano internacional, Chile se encuentre en el segundo lugar dentro de los países OCDE con mayor tasa de pobreza infantil. Actualmente la infancia es el grupo social más vulnerado y empobrecido, habiendo 1 de cada 4 niños/as viviendo en pobreza multidimensional, lo que quiere decir que además de que sus familias tengan bajos ingresos, presentan dificultades en el acceso a ciertas áreas básicas como salud, educación, vivienda y redes comunitarias. En los últimos 11 años han muerto 1.313 niños, niñas y adolescentes (NNA) en dependencias del Servicio Nacional de Menores (SENAME). El 50% de los NNA (acorde a un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos) ha manifestado sufrir algún tipo de vulneración en los centros residenciales del SENAME. 133 NNA mapuches han sido víctimas de violencia física y/o psicológica por parte de los agentes represores del Estado en los últimos 7 años. El 10% de los niños, niñas y adolescentes es víctima de polivictimización. Es decir, que han estado expuestos a múltiples expresiones de violencia en sus entornos familiar, escolar o barrial. En promedio, son 14 las ocasiones en las cuales han padecido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas.

 

Los niños, niñas y adolescentes en Chile viven en una estructura social adultocéntrica que los violenta constantemente. Y quienes viven en condiciones de pobreza y segregación socio-económica, padecen una reiterada vulneración de derechos, siendo el rol del Estado insuficiente para disminuir las desigualdades sociales y resguardar la protección de derechos en infancia y adolescencia a través de políticas públicas.

 

La felicidad de Chile, evidentemente, no comienza por sus niños/as.

 

El rol que han asumido las izquierdas –partidos políticos, colectivos, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, feministas, etc.- en el escenario post-dictadura, frente a la realidad social de las infancias y adolescencias más pobres y vulneradas, ¿ha sido de un compromiso militante por sus derechos? ¿Han asumido la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como una lucha igual de importante que el derecho a la educación, salud, vivienda? (1)

 

Creo que el Frente Amplio (FA) está al debe en esta materia, ya que no ha interiorizado significativamente la lucha por los derechos de los niños y las niñas. Esto se puede ver, por ejemplo, en sus pronunciamientos respecto a la situacion del SENAME, los cuales han sido meramente circunstanciales, casi anecdóticos. No van más allá de un hecho mediático.

 

Acciones concretas de parte de las organizaciones y partidos políticos del Frente Amplio –en cuanto a un trabajo político en los territorios-, orientadas a mejorar las condiciones materiales, sociales y subjetivas de los niños, niñas y adolescentes, no constituye una práctica política arraigada. (2)

 

Considero que las prácticas de las izquierdas -y especialmente del FA- en este ámbito no deben limitarse a hacer declaraciones públicas de vez en cuando denunciando la vulneración de derechos de nuestros/as niños y niñas, sino que a transformar la realidad en conjunto con ellos y ellas. Es otras palabras, asumir un compromiso militante por sus derechos.

 

En esa línea, creo que hay ciertos principios básicos que las izquierdas debiesen incorporar en sus prácticas políticas y en el trabajo territorial-comunitario, para de esa manera contribuir realmente en la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 

Lejos de promover una visión cerrada y dogmática, la idea es abrir la reflexión y el debate, y empezar a cuestionar esta idea adultocéntrica que sólo los adultos hacen política.

 

En primer lugar, es necesario comenzar a deconstruir el lenguaje adultocéntrico y utilizar una retórica inclusiva. ¿Qué quiere decir esto?, básicamente que el meta-relato de las izquierdas desde el 2011 en adelante han estado marcados por los “grandes” temas que afectan a la sociedad chilena: Educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones. ¿Y qué ocurre con la situacion del SENAME? ¿La violencia de Fuerzas Especiales y Carabineros hacia la infancia y adolescencia mapuche? ¿El maltrato infantil en los hogares, escuelas, poblaciones? ¿La pobreza infantil? ¿Las violaciones y abusos sexuales hacia niños y –sobre todo- a niñas? Son temas que sólo se abordan a través de una declaración pública por la prensa o en redes sociales cuando ocurre algún hecho mediático. No es una constante. Si se hace un análisis comparativo entre el pronunciamiento sobre educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones, en contraste a temáticas de niñez y adolescencia, esto último aparece como un simple apéndice. (Al parecer este tema actualmente para las izquierdas es de importancia menor).

 

El lenguaje construye realidad, y el no incluir las múltiples vulneraciones de derechos que padecen miles de niños, niñas y adolescentes en la retórica de los derechos sociales y humanos, de manera constante y habitual, es simplemente no escucharlos e invisibilizarlos en su existencia. Es no darles la relevancia que se merecen en la sociedad.

 

En segundo lugar, tenemos la cuestión del enfoque de derechos (3). La concepción de sujeto de derechos ha estado instaurándose en la retórica de las izquierdas. El problema es que esta visión reduce el accionar de los niños, niñas y adolescentes al ámbito técnico-jurídico dejando de lado las dimensiones social y política, lo cual implica el ejercicio de participación en el espacio público.

 

Sujetos sociales porque están inmersos y transitan en un campo social amplio y heterogéneo (plazas, calles, transporte público, hospitales, bancos, estadios, etc.), y no sólo en espacios privados (escuela y familia). Sujetos políticos porque, en tanto ciudadanos y ciudadanas, tienen la capacidad de organizarse colectivamente y resolver problemáticas que atañen al bien común.

 

El situar a los niños, niñas y adolescentes en tanto sujetos sociales y políticos, y no únicamente como sujetos de derechos, permite el (re)pensarlos ya no simplemente cómo un conjunto de individuos los cuales tienen ciertos derechos emanados del orden político-institucional y que el Estado debe resguardarlos. El comprenderlos cómo sujetos sociales y políticos, es ir un paso más allá de la noción de sujeto de derechos, y entender que las formas de participación, resistencia y organización colectiva por la defensa de sus derechos, es una actividad política legitima, y que no se restringe al mundo adulto. En ese sentido, los NNA no necesariamente esperan pasivamente que un otro (generalmente un adulto) resguarde sus derechos, sino que también los demandan –ya sea de manera espontánea u organizada- activamente.

 

En tercer lugar, está la participación y protagonismo infanto-juvenil. En este punto hay que tener en consideración que el mundo infanto-juvenil está subordinado a las instituciones adultas, las cuales invisibilizan la participación activa de los/as niños/as. Y cuándo las instituciones habilitan espacios de participación, queda al arbitrio de los adultos. Por tanto, hay una toma de decisiones de los adultos por los/as niños/as y no con ellos/as. Éstas son prácticas adultocéntricas que disciplinan y subordinan a los niños y niñas en una posición de obediencia y sumisión.

 

Bajo ese contexto, la participación y protagonismo infanto-juvenil tiene que ver básicamente con cuestionar el poder establecido que históricamente ha reprimido, castigo e invisibilizado las prácticas sociales y colectivas que signifiquen algún tipo de organización y participación. Los movimientos y colectivos infanto-juveniles asumen la dirección de su propia organización, y se auto-conciben como actores/actrices sociales y políticos capaces de transformar la realidad, sin la necesidad de que los adultos les dictaminen como, cuando y donde tienen que organizarse y participar. No necesitan de las normas del mundo adulto. Cuestionan radicalmente las prácticas adultocéntricas y paternalistas que coartan su libertad, autonomía y autodeterminación. (4)

 

A partir de estas aproximaciones generales, se hace necesario repensar de manera sustancial las relaciones sociales de los adultos con los niños, niñas y adolescentes, y las formas que nos han enseñado de percibirlos. Para eso es importante deconstruir los imperativos socialmente impuestos de las infancias y adolescencias en cuanto a: meras etapas del desarrollo lineales que culminan en la adultez, y que recién tiene un valor en la etapa adulta. Las ideas asociadas a la noción de niño/a en tanto inocente, incompetente, incompleto, vulnerable, moldeable, inmaduro, irracional, a-sexual, a-político, etc. La concepción de objetos de protección/objetos de derechos que reciben pasivamente el cuidado y la protección de sus derechos por parte de las instituciones adultas (familia, escuela, Estado), etc.

 

Si no se reflexiona y cuestiona de manera profunda estos y otros imaginarios sociales (que han contribuido a reproducir ciertas disciplinas del área de la psicología, pedagogía y medicina, y que se han expandido a la opinión pública) difícilmente se puede avanzar en promover y facilitar espacios e instancias de participación y protagonismo infanto-juvenil. O para ponerlo en otros términos, de ciudadanía infanto-juvenil.

 

Tal como plantea Alejandra González (2016), “la ciudadanía no puede ser pensada entonces como una oferta a la cual el mundo adulto invita a participar, sino muy por el contrario como un modo de relación entre los diferentes actores sociales, donde la infancia aparece con su propia capacidad de agencia de movilizar al mundo adulto”.

 

Es decir, que no se trata de que los adultos organicen a los niños y niñas, ni que establezcan  los mecanismos de participación de los cuales tienen que simplemente acatar. Aquí lo fundamental es que los niños, niñas y adolescentes tengan los espacios para organizarse colectivamente, debatir, reflexionar, tomar acuerdos y decidir sobre las temáticas que les afectan en los distintos ámbitos de sus vidas cotidianas (escuelas, barrios, juntas de vecinos, clubes deportivos, residencias, etc.). Los adultos solo asumen un rol de facilitadores, para de esa manera no interferir ni influenciar de manera paternalista en la organización y decisiones de los/as niños/as.

 

Si las izquierdas asumen un compromiso militante por la lucha y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y especialmente de los sectores populares, es necesario que su proyecto político en este ámbito, concretado en un trabajo territorial y sectorial, sea de trasformar la realidad socio-política con los/as niños/as y no por ellos/as.

 

Desmarcarse del paternalismo moderno, incentivar y promover la participación en su propio autogobierno, es entender el carácter político y emancipador del ejercicio de la ciudadanía infanto-juvenil.

 

Citas y Referencias

(1)  Cabe destacar el trabajo territorial-comunitario que han estado realizando hace tiempo las organizaciones y movimientos de educación popular, comunitaria y libertaria, abriendo espacios de aprendizaje colectivo (fuera de las lógicas de la educación bancaria), vida en comunidad y de participación infanto-juvenil.

(2) Podríamos decir que el Partido Igualdad es el único partido que tiene una historia de trabajo y organización social con infancia en sectores populares, a través de jardines autogestionados y escuelas populares.

(3) El enfoque de derechos en infancia y adolescencia alude a la Convención de Derechos del Niño ratificado por el Estado chileno el año 1990.

(4) Ejemplos de este tipo de movimientos articulados lo encontramos en América Latina, como el movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATS).

 

-Alejandra González Celis (2016), El desafío de una ciudadanía critica en la infancia chilena. Revista Desidades, número 11, año 4.  Revisar en: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/desi/v11/es_n11a03.pdf.

 

Fuente de imagen: http://www.laprensa.com.uy/index.php/nacionales/56126-2014-05-20-17-53-24