Conversamos con Sebastián Mosalve, doctor en Estudios Internacionales, miembro de GADFA (Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas) y coordinador del Programa Internacional y de Defensa del Instituto Igualdad (creando por el Partido Socialista), sobre el rol de las FFAA en el proceso constituyente, la militarización del orden público que pretende llevar a cabo la derecha, sus eventuales efectos al interior de las FFAA, su afección al modelo y sus vínculos con la oligarquía chilena.

#RDF: ¿Cuál debería ser -y cuál no- el rol de las FFAA ante el proceso constituyente en curso?

#SM: Las FFAA, como instituciones, no deberían cumplir ningún rol en particular más allá de prestar cooperación en materia de seguridad de los recintos electorales. El proceso constituyente es esencialmente una instancia de deliberación política, es un momento extraordinario en el que la ciudadanía decide sobre el modelo de Estado que soberanamente quiere darse, es una discusión política en la que las FFAA no les corresponde deliberar, solo les corresponde aceptar su resultado (lo que obviamente también se aplica a otras instituciones estatales).

No faltarán quienes sostengan que las FFAA deberían ser escuchadas porque es un proceso en el que se pueden ver “afectadas” por lo que ahí se determine. Sin embargo, el principal cambio es lograr que en la nueva constitución no estén incluidas la FFAA. Todos los otros cambios que se quieran hacer a su institucionalidad se podrán debatir posteriormente en el Congreso, con la calma necesaria y escuchando a quienes haya que hacerlo. Este es un paso imprescindible e irrenunciable para lograr avanzar en la democratización de las FFAA.

#RDF: El gobierno ha tenido una clara política de militarización del orden público y hay varios proyectos de ley en carpeta que profundizan esa línea. ¿Cuál es la lectura que uds hacen de cómo las FFAA asumen esta intervención cada vez mayor en asuntos internos?

#SM: En primer lugar, es evidente que la derecha está muy interesada en involucrar a los militares en asuntos de orden interno. Esto refleja la irresponsable gestión del ministro Espina, quien en vez de preocuparse de los asuntos de la Defensa prefiere instrumentalizar a los militares con meros fines de marketing político para responder a las exigencias de ciertos sectores de la derecha.

Pero aquí hay que marcar una diferencia importante. Una cosa es que las FFAA asuman, de forma extraordinaria y transitoria, algún rol dentro de las fronteras nacionales (por ejemplo, en los desastres naturales) y otra es que se les asignen roles permanentes, que normalizan la acción interna de los militares. Es en esta línea que apuntan los proyectos de ley del gobierno respecto a la reforma del Sistema de Inteligencia del Estado y el de Infraestructura Crítica.

Pero, no son solo estos proyectos de ley, sino que también lo ha hecho a través de políticas públicas que no pasan por ninguna instancia de discusión pública como, por ejemplo, el “Plan Frontera Segura”, que acaba de ser extendido un año más. Estas son medidas engañosas porque se plantean como transitorias pero que, en la práctica, al no solucionar el problema que las justifica, pasan a constituirse en permanentes, ¿alguien cree realmente que la entrada de drogas por el norte de Chile va a acabarse solo por la presencia militar? ¿No se está alentando simplemente a buscar otros puntos de entrada? ¿Y si es así, vamos a terminar militarizando toda la frontera chilena? Como son políticas que no van acompañadas de las medidas que permitan eventualmente retirar a los militares de tales tareas (potenciar a las policías en frontera o a Conaf en los incendios forestales), lo que se presenta como “medida parche” en realidad apunta a una medida permanente.

Como el GADFA ha planteado en sus declaraciones y cartas abiertas, esta política del gobierno es peligrosa porque involucrar a las FFAA en acciones permanentes de orden público y desnaturaliza la función militar, confundiéndola con la policial. Que las FFAA se dediquen a apagar incendios forestales o ayuden a Carabineros a patrullar la frontera puede parecer políticamente inocuo, pero obliga a preguntarse cuál es el límite y quién y cómo debe fijarlo. Qué pasaría si el gobierno, bajo la misma lógica de ayudar a Carabineros, decide involucrar a los militares en el conflicto mapuche, no supondría acaso la reinstalación de la lógica del “enemigo interno” que tanto daño causó a toda la sociedad chilena.

Ahora bien, respecto a la forma en que las FFAA están asumiendo estos roles internos hay que tener en cuenta algunas condicionantes importantes. En primer lugar, que como instituciones estatales deben obedecer las instrucciones que da el Ejecutivo (siempre y cuando la orden sea legal) porque de lo contrario sería una insubordinación militar, lo que tampoco es una situación deseable. Por otro lado, en las últimas décadas las FFAA han estado muy atentas a mantener una buena imagen ante la opinión pública.

En ese marco, las FFAA llevan años promoviendo (junto a una parte de la comunidad académica) la redefinición teórica de los roles militares (por ejemplo, bajo el discurso de las “nuevas amenazas” o de las “guerras híbridas”) y en consecuencia asumen, al parecer muy gustosas, el desempeño de ciertas funciones internas como es participar en el combate al narcotráfico o en la contención de los incendios forestales. Son roles que, sin exigirles un gran despliegue de recursos, les garantizan una “buena prensa”. Ahora bien, hasta el momento no están reorientándose hacia el ámbito interno y renunciando su orientación hacia los conflictos exteriores, que son los que concentran las principales inversiones en armamento. Por eso vemos hoy en día a las FFAA asumiendo una postura que puede parecer ambigua, con un ansia por involucrarse en muchas de actividades en el ámbito interno, pero con una lógica instrumental: lo hacen en la medida en que no les cause problemas.

Esta “estrategia” les ha funcionado durante las últimas décadas porque en realidad no han tenido que enfrentar grandes conflictos sociales. Por eso, lo que sucedió durante el Estallido, con los militares en las calles para imponer orden (más que “ayudar” a las personas) marcó una diferencia importante con todas las otras acciones internas que han tenido las FFAA en las últimas décadas. Incluso, a pesar de los esfuerzos comunicacionales por bajar la tensión (recuérdese al general Iturriaga y su frase de “yo no tengo enemigos”) la reacción de rechazo de la gente (ataques a cuarteles, “desprecio” ciudadano en las calles, bajo apoyo en las encuestas, etc.) fue un golpe muy duro a este posicionamiento social de las instituciones castrenses. Algo se ha recuperado con su actuación durante la pandemia, pero es claro que lo sucedido el año pasado es una advertencia de que el apoyo de la opinión pública no es una carta blanca para llevar a cabo cualquier tipo de acción interna, una cosa es apagar incendios forestales o ayudar en caso de desastres naturales y otra muy distinta es pretender involucrarse en los conflictos sociales del país. El Estallido de octubre demostró que los buenos resultados en las encuestas son frágiles y se pueden perder rápidamente, echando por la borda años de trabajo para reconstruir la imagen de unas FFAA modernas y democráticas. Pero hay que ver más adelante, según continúe la tensión social, si las FFAA han aprendido esta lección o no.

#RDF: ¿Creen que este proceso de intervención en el orden interno generará diferencias al interior de las FFAA, roces con el gobierno y la derecha por la exposición que han tenido en el último tiempo o implicará un retroceso homogéneo respecto del respeto a los DDHH al interior de las filas castrenses?

#SM: Como decía, para las FFAA su imagen pública es muy importante, por lo que no sabemos cómo reaccionaran si se las obligara a ponerla en peligro. Por otra parte, también hay que tener en cuenta el impacto en la cohesión interna que pueden tener el involucrarse en los conflictos sociales.

Sin embargo, hay que reconocer que no sabemos a ciencia cierta lo que está sucediendo dentro de los cuarteles militares. Podemos tener ciertos indicios por algunas declaraciones institucionales, pero en realidad carecemos de un conocimiento sistemático de lo que se está viviendo dentro del mundo militar hoy en día. Por ejemplo, no sabemos cómo han calado en los suboficiales y oficiales de baja graduación los casos de corrupción del alto mando o cómo se está interpretando un caso tan polémico como el del capitán Harvey. ¿Hay rabia, vergüenza, indiferencia o se mantiene incólume el apoyo al alto mando? Por otra parte, cuando uno ve esas imágenes del Estallido de octubre, con jóvenes gritándole a la cara a un soldado, se pregunta qué pasa por la mente de ese soldado (no del general que lo mandó allí). Qué está pensando ese soldado, ¿quería irse de ahí o sumarse a la marcha…o en realidad quería golpear a quien le estaba gritando? ¿Por qué ese soldado mantuvo la compostura o los del cuartel de Iquique no dispararon a la gente? ¿Acaso fue porque respetaban el derecho a la protesta ciudadana o solo porque sabían que estaban siendo observados por la prensa? Podemos especular, interpretar gestos o suponer ciertas racionalidades, pero estrictamente no lo sabemos y eso debería preocuparnos.

Lo que sí hemos aprendido, especialmente a través de la historiografía, es a tener en cuenta que en Chile las FFAA no son instituciones homogéneas, en términos ideológicos y sociales. Hay diferencias importantes tanto entre las tres ramas como también dentro de cada una de ellas. Por lo tanto, la participación en el orden interno se puede asumir de forma diferente según los distintos intereses y perspectivas que hay en el mundo militar.

#RDF: Gabriel Salazar en su libro sobre el Ejército de Chile esboza una tesis histórica en la cual afirma que existe, desde la transición, un acuerdo entre las élites políticos y militares de apoyo y defensa al modelo neoliberal. ¿Creen que las FFAA tienen algún grado de compromiso con el actual modelo o con la élite chilena?

#SM: En cierta medida se podría decir que sí, en el sentido de que obviamente obtienen ciertos beneficios del actual orden político. Pero aquí hay que tener cuidado porque esto no necesariamente significa que apoyen ideológicamente al neoliberalismo en sí. Por ejemplo, uno de los grandes beneficios (o privilegios) que tienen las FFAA es su sistema de pensiones, que ciertamente no tiene nada de neoliberal. Podemos suponer que si algo van a “defender” las FFAA son sus pensiones y no al sistema de las AFP.

El punto no solo es preguntarse por el grado de compromiso que tengan las FFAA con el modelo, sino qué entienden por “modelo”, ¿Realmente podemos decir, de buenas a primeras, que las FFAA son “neoliberales” en su estructura valórica institucional o en su concepción del Estado? Más bien, diría que el compromiso de las FFAA no es tanto con el neoliberalismo propiamente tal, sino con el régimen político, esto es, con un sistema democrático que mantenga la paz social y les otorgue altos grados de autonomía institucional, una gran cantidad de recursos y que impida la incidencia de los “señores políticos” en su ámbito profesional. Si eso se logra con una economía desarrollista al estilo cepaliano (por dar un caso), las FFAA no tendrían por qué oponerse, porque en definitiva su preocupación es política, no económica.

Respecto a su relación con la élite, nuevamente, aquí hay que tener en cuenta la diversidad interna de las FFAA, así como también de la misma élite política, lo cual obliga a analizar de forma más compleja esta relación. Primero hay que tener en cuenta que ya desde la Prusianización (fines del siglo XIX) los oficiales del Ejército (pero también extensivo a la oficialidad de las demás ramas) se autoconciben como una nueva élite, encarnadora de la unidad nacional, y que como tal tiene el derecho a establecer relaciones directas, de igual a igual, con las élites políticas y empresariales del país. Durante la dictadura, se consolidó una relación con el “nuevo” empresariado surgido gracias a las privatizaciones de empresas públicas. En este sentido, lo que podemos ver hoy en día es el afán de la alta oficialidad militar de vincularse (al menos simbólicamente) con la élite empresarial, más que con la élite política. Así podemos entender la importancia de ciertos fenómenos como, por ejemplo, el afán de involucrar a grandes empresarios como militares en reserva (Luksic en el Ejército o Ibañez en la Armada) o la incorporación del discurso de la gestión empresarial dentro de la formación de los altos oficiales. Incluso, también podríamos interpretar en este sentido la gran cantidad de gastos suntuosos que están detrás de muchos de los casos de corrupción que afectan al Ejército. Es un reflejo, algo patético, de querer imitar un estilo de vida acorde a la élite con la cual se identifican.

Otra cosa es la relación que mantienen con la élite política. Ciertamente, a partir de la dictadura se estableció una estrecha colaboración entre ciertos sectores de la derecha y algunos sectores de la élite militar en orden a mantener un modelo político que favorecía a ambos (los trabajos de Verónica Valdivia retratan bien este proceso). Sin embargo, todavía está en discusión si la élite política de la Concertación se sumó a esta “alianza” o más bien estableció su propio acuerdo con la élite militar, basado en otros objetivos como, por ejemplo, evitar otro golpe de Estado. De esta forma, con el objetivo de lograr que los militares se mantuvieran “dentro de los cuarteles”, se les habría dado a cambio plena autonomía dentro de ellos, es decir, es un acuerdo político por la estabilidad institucional más que por mantener el modelo económico neoliberal. Como decía, esto es parte de la discusión que debemos tener para analizar lo que fue el proceso de transición, pero antes que eso, la pregunta que deberíamos hacernos hoy es en qué medida esos “pactos” siguen estando vigentes y, si es así, en qué medida son sostenibles en el Chile actual.

Esto exige preocuparnos por no naturalizar la idea de un pacto de convivencia en que participen los militares. Pareciera ser que algunos se han acostumbrado a esa idea y se preguntan cómo se va a dar el nuevo “pacto”. Pero, el hecho de que aún se plantee esa idea da cuenta de que, para algunos, nuestra democracia sigue siendo tan débil que necesita que la clase política (del color que sea) deba sentarse a pactar algo como los militares. En una democracia decente las FFAA no deben ser un actor que ande “pactando” ni con empresarios, ni políticos, ni movimientos sociales, ni iglesias, ni nada. Hay que preocuparse de superar esa idea, sobre todo de cara al proceso constituyente que se viene.

En definitiva, si nos preguntamos si las FFAA estarían dispuestas a defender militarmente (coercitivamente) al modelo neoliberal, por ejemplo, a través de un golpe de estado militar, apoyando un autogolpe del gobierno o, como menciona un exmilitar en una columna de opinión “Si intervienen de alguna forma para ordenar las cosas, será en forma más sutil, menos evidente” , por ahora la respuesta es que no están en esa postura. Saben que ni el contexto político interno ni el internacional son propicios para una aventura de este calibre. En otras palabras, no creemos que las FFAA se inmolen en defensa de las AFP. RDF