Por Felipe Oscar Lagos Díaz

Las políticas económicas y sociales aplicadas en Chile y los parámetros que rigen las relaciones laborales desde 1990 a la fecha, se caracterizan por la desregulación progresiva del mercado; esto vale para todos los gobiernos, de Aylwin, Frei, Lagos y Piñera, cuya tarea consistió en una actualización del neoliberalismo instaurado en Dictadura. Del mismo modo, las reformas supuestamente progresistas aplicadas en los gobiernos de Bachelet no buscaban un cambio estructural sino un saneamiento de los elementos resquebrajados del modelo y la contención de los movimientos sociales, ambos con el objetivo de conservar la gobernabilidad.

A diferencia de los proyectos de la Concertación/Nueva Mayoría, una reforma profunda conlleva el cuestionamiento de los principios que inspiran la construcción del neoliberalismo, un nuevo tipo de políticas sociales para Chile y modificar sustantivamente las prioridades y objetivos de los poderes del Estado.

Un giro de esta envergadura no sólo implica el actuar del Gobierno, sino de toda la sociedad. Por lo que es una tarea prioritaria asumir la defensa y promover el protagonismo de las clases populares frente a la trama que articula a la casta política, coludida con los grandes empresarios, los medios de comunicación y (como ha quedado en evidencia estos últimos días) las fuerzas armadas.

Podrá argumentarse que Chile ha vivido un inédito proceso de modernización. Sin embargo, esto se ha logrado bajo un alto costo social y cultural, siendo el endeudamiento y el consumismo las principales formas de sociabilizar el modelo. Aspectos sensibles para el bienestar de la ciudadanía se encuentran desgastados, ya sea la educación, la salud, la vivienda, el empleo, las jubilaciones, o los vínculos sociales, la democracia y la seguridad entendida como la capacidad de ser protagonista de la propia vida y tener un proyecto de futuro.

Por ejemplo, es indudable que la precariedad laboral, el excesivo horario de trabajo, los bajos sueldos y la nula capacidad de ahorro, han deteriorado enormemente la calidad de vida de chilenas y chilenos, quienes asisten cada día más a la degradación sistemática de sus condiciones de vida y de trabajo.

Y es que en Chile existe un enorme déficit de soberanía y democracia. Soberanía tanto de la nación, que sigue siendo dependiente de la explotación de los bienes naturales y de las alianzas internacionales comandadas por los intereses de Estados Unidos, así como soberanía de las propias personas y comunidades (especialmente las indígenas), absorbidas por un modo de vida y por instituciones que no permiten tomar en sus propias manos las decisiones. Y déficit democrático, tanto porque en Chile pareciera ser que quienes toman las decisiones más significativas son aquellos que no han sido electos por nadie −los Luksic, Paulmann, Saieh, Matte, Solari y Angelini−, y porque es indudable que, cuando no se trata de corrupción, existe una colusión entre la casta política y los grandes empresarios.

Tanto la desregulación del mercado, la depreciación de la calidad de vida y los vínculos sociales, como el déficit de soberanía y democracia, han generado un movimiento de búsqueda de protección y seguridad, ya sea en dirección hacia un horizonte progresista y democratizador como los que representan los movimientos sociales y el Frente Amplio, o involución hacia una sociedad reaccionaria y conservadora, como la expresada por el Movimiento Social Patriota, el encuentro Kast–Bolsonaro y algunas comunidades evangélicas cada día más masivas.

La izquierda, por su lado, no ha estado contribuyendo lo suficiente a que la orientación que se esté tomando sea la progresista y democratizadora. Los partidos políticos de la otrora Nueva Mayoría insisten en planes elitistas de administración del neoliberalismo, con lo que sólo aumentarán aún más las frustraciones y rabia de la gente.

Ese desprecio a las mayorías sociales y elitismo, también ha contagiado a una izquierda autodenominada “transformadora”, que por muchos años prefirió mantener prístinas sus ideas y convicciones a cambio de la marginalidad, testimonialidad e ineficiencia política.

No obstante, tras las enormes limitaciones que encontraron los movimientos sociales para construir una alternativa al modelo, el surgimiento del Frente Amplio se presenta como un complemento político e institucional necesario. Frente Amplio y movimientos sociales (sindicales, estudiantil, socioambiental, feminista, mapuche, territoriales) son indisociables si lo que se busca es la creación de una plataforma programática contra el neoliberalismo en todos sus aspectos: económicos, culturales y políticos.

Para esto, el Frente Amplio debe apelar a una amplia coalición social, entre clases populares y estratos medios, lo que implica, ciertamente, una articulación compleja y contradictoria.

Es cierto: el Frente Amplio puede tener un proyecto contradictorio, vinculando a sectores tan disímiles como el Partido Igualdad y el Partido Liberal; con un bloque social con relaciones complejas, como el existente entre las clases populares endeudas y el estrato medio de profesionales, algunos también endeudados, otros privilegiados. Pero esta diversidad no sólo es parte del desafío de asumir la responsabilidad contra los proyectos reaccionarios y conservadores que hoy emergen, sino también una potencialidad inédita.

El Frente Amplio debe contribuir a una gran alianza político-social que encause la rabia y frustraciones acumuladas por la gestión neoliberal, hacia un nuevo proyecto antineoliberal de mayoría.

En definitiva, puede que sea cierto que el Frente Amplio es un espacio en disputa, pero si lo es, se trata de una disputa secundaria ante la verdadera contienda: acabar con el neoliberalismo en Chile y construir una alternativa de mayor vocación social y popular.

Es verdad que de nada sirven los esquematismos de intelectuales orgánicos, alejados de las condiciones reales de vida de las personas y empeñados en conducir el debate político hacia quién es más de izquierda o no. Pero tampoco son útiles las descalificaciones o el desprecio de compañeras y compañeros de ruta que todos estos años han combatido el sentido común dominante, manteniendo la voluntad y espíritu de lucha. Asimismo, tampoco sirven las interpretaciones retoricas de los procesos como el de un supuesto “pragmatismo popular”.

Es fundamental ser pragmáticos en cuanto a las tácticas, pero cuando se trata de estrategia, el pragmatismo ha sido el estandarte elitista de la Concertación/Nueva Mayoría. En cambio, lo que el Frente Amplio debe impulsar es la movilización social para exigir más derechos, democracia y servicios sociales, la mejora de las condiciones de vida y defender la soberanía de las personas y comunidades; exigir protección, seguridad y futuro para las clases trabajadoras, que, como expresa la tragedia de Quintero y Puchuncaví, está expuesta a la fragilidad ante la monstruosidad de los intereses de la trama entre políticos y grandes empresarios.

La alternativa real no es el “pragmatismo popular”, sino un proyecto claro que articule soberanía popular y democracia, para hacer frente y extirpar el modelo neoliberal; un proyecto y un programa que defienda a las personas, familias y comunidades contra el capital y el mercado desregulado, que profundice los derechos y vínculos sociales y haga a la gente protagonistas de su propia vida.

Puente Alto, 18/10/18.