Por Gabriel Cardozo.

#DeFrente

 

El sistema de pensiones nunca ha sido un eje central de las políticas públicas en Chile y, si se ha reformado, ha sido en beneficio del mercado de capitales, no de las personas y para que ellas obtengan una vejez digna y segura.

 

En Chile, miles de adultos mayores viven en la precariedad y soledad más absoluta producto del abandono y la trasgresión de derechos por parte del Estado hacia su pueblo.

 

En el artículo primero de la Constitución, se estipula:

 

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

 

Al hacer un simple análisis del texto, podemos interpretar que ninguno de los gobiernos que se instalaron luego del “retorno a la democracia” ha tenido la suficiente voluntad política e ideológica para girar desde una ley de pensiones creada con enfoque de mercado, a una ley de pensiones con enfoque en un derecho social. De esta manera, la trasgresión de los derechos se ha materializado en pensiones miserables, precariedad e inestabilidad laboral producto de un código del trabajo con enfoque empresarial. Todo amparado en una constitución política que ha sido sólo administrada en función del poder y la reproducción de las élites.

 

El Decreto de Ley (DL) 3.500 de 1980, sigue vigente en su estructura base, recta, sin cambios fundamentales y fuertemente atada a la neoliberal Constitución. Las reformas realizadas no abandonan la lógica de mercado. Por el contrario, la profundizaron y, en lo general, predisponen mayores obligaciones al cotizante y se traducen, de alguna u otra manera, en beneficios al mismo sistema y sus administradores.

 

Resumen de algunas de las reformas hechas al DL 3500 de noviembre de 1980:

• Ley 20.210: amplía el límite de inversión en el extranjero para los fondos de pensiones.
• Ley 20.248: reforma en materia de liquidez, innovación financiera e integración del mercado de capitales.
• Ley 20.345: sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros.
• Ley 20.190: introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales.
• Ley 19.768: introduce adecuaciones de índole tributaria al mercado de capitales.
• Ley 19.705: regula ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos.
• Ley 19.301: modifica las leyes de mercado de valores, de administración de fondos mutuos, fondos de inversiones, fondos de pensiones, compañías de seguros.

 

La reforma establecida por la ley 20.255, que creó el sistema de pensiones solidarias y las disposiciones legales en esta materia, podría ser una de las reformas más significativas en la vía de entregar al menos una pensión garantizada al segmento más vulnerable de la población. Sin embargo, llamar pensión a un monto muy inferior incluso al sueldo mínimo, está extremadamente lejos de ser digna y con estándares éticos y morales. El Estado no es capaz de reconocer la ausencia de su rol protector y dio rienda a la legislación que acarreó las miserias que hoy llaman pensiones.

 

El pilar solidario intenta sostener en “algo” a esa tercera edad abandonada, desprotegida y enferma, donde un alto porcentaje de ellos y ellas se gastan la neo pensión en medicamentos. Por otro lado, vemos un Estado vulnerable e incapaz sostener una fiscalización rigurosa y tener el control financiero de sus instituciones. Ejemplos de robos al Estado hemos visto por mayores: Carabineros de Chile y el Ejército en el marco de la ley reservada del cobre, sobresueldos del MOP,  despilfarros de millones en el puente Cau Cau, que ahora resulta que “se puede arreglar”. Existen tantos otros ejemplos de la tan deficiente administración de los que saben, los tecnócratas.

 

En beneficio de un pueblo desprotegido, nadie ha reformado seriamente. No basta con maquillar un sistema mediante leyes acomodadas a las situaciones primeramente financieras y, por rebote, a las personas. Desde la institucionalidad no ha existido -y no existe, según la actual propuesta de ley- la intencionalidad de avanzar en medidas revolucionarias y que devuelvan al pueblo la dignidad de recibir los frutos de su trabajo asegurando la estabilidad y dignidad de su vejez. Actualmente los cotizantes no tienen el derecho de conocer el destino de las inversiones hechas por las administradoras, tampoco pueden elegir dónde y en qué invertir, todo se traduce a la elección de un porcentaje y una letra; los multifondos de Lagos. Las administradoras no se hacen cargo de las pérdidas en las inversiones. Ante tal aberración y desprotección, los gobiernos callaron y no se hicieron cargo reformando desde el ejecutivo, pero tampoco hubo intención de hacerlo desde el legislativo.

 

Mientras el marco regulatorio les sea favorable, las AFP seguirán persiguiendo sus propios intereses y generando reproducción de poderes económicos y riquezas, ampliando los vínculos políticos y dejando los fondos de pensiones al libre albedrío del capitalismo.

 

Es fácil, no es su dinero, qué importa que se pierda, ellos seguirán ganando. Usted seguirá cotizando y, por ley, los fondos seguirán siendo administrados por empresas inescrupulosas, dirigidas por directores que son los mismos que salen y entran desde la institucionalidad: un círculo vicioso, podrido, nefasto, netamente financiero y a fin a unos pocos.

 

Específicamente la reforma propuesta por la administración de Piñera -como es de esperar- no cambia la lógica y la estructura de mercado, por el contrario, hace oídos sordos a la sociedad que clamó y sigue exigiendo el fin de las AFP.

 

Lejos de establecer un avance y obedecer al llamado del pueblo, plantea una reforma -si es así puede llamarse- que una vez más profundiza el rol de los privados, avalando el ingreso de más actores y la generación de más competencia a una estructura de libre mercado. Sube la edad de jubilación y se cuadra con los estándares recomendados por el capitalismo y el nuevo orden mundial.

 

Si bien el detalle de la ley no se conoce en su totalidad, se presume, según los antecedentes presentados, que será una reforma que sigue amparada en el mercado, que entrega mayor dinero para las administradoras y que además para este cuatro por ciento, pagará otra comisión de administración. Será un incentivo a robustecer el mercado financiero. Lejos quedará el beneficio de las personas, la dignidad de un pueblo, la necesidad de recuperar un derecho y la prosperidad de un país cooptado por los intereses de las élites gobernantes.

 

No podemos seguir amparando el atropello de los derechos. Las pensiones son transversales a los pensamientos e ideologías políticas de los trabajadores y las trabajadoras; es una afectación directa, concreta.

 

Es ahora el momento de manifestarse ante tales condiciones. Es ahora cuando debemos tomar las riendas de un país colmado de instituciones administradoras de la miseria. Es ahora cuando debemos apoyar el movimiento popular y social y es ahora cuando debemos más que nunca salir a las calles y exigir fuertemente el fin de las AFP y de las pensiones de miseria.

 

Referencias:

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7147

http://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-95516_recurso_1.pdf

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269892&idParte=0

http://www.iniciativapopulardeley.cl/

http://www.iniciativapopulardeley.cl/wp/wp-content/uploads/2018/06/MATERIAL-IPL-2-Guion.pdf