Por: Nicolás Romero

Tiene sentido organizar desde ya, un amplio rechazo a la propuesta de nueva constitución. Frente a quienes dicen que no podemos adelantarnos al debate democrático, respondemos que cualquiera sea el resultado, la propuesta que se presentará al país en diciembre de 2023 es mala para Chile.

1.- La propuesta que se apruebe nace de un proceso ilegítimo, donde por segunda vez la clase política impone un itinerario excluyente. La baja participación en el actual proceso, el rechazo del consejo a realizar una consulta indígena vulnerando el convenio 169 de la OIT, sumado a el alza de la opción «en contra» confirman lo anterior.

2.- El borrador emanado de la «comisión de expertos» consagra un «estado social de derechos» de papel que no garantiza derechos sociales.  Las referencias al «desarrollo progresivo de los derechos sociales «(art 1 número 2 borrador),  con «sujeción al principio de responsabilidad fiscal» y «a través de instituciones estatales y privadas» liquida cualquier posibilidad real de que un ciudadano pueda exigir al Estado el derecho a la vivienda, salud y educación de manera efectiva.

La propuesta busca elevar a rango constitucional una serie de obstáculos a lo que deberían ser derechos consagrados de manera precisa en el texto constitucional, sin entregar vías para que los gobiernos de turno o el parlamento u otra institución limite el ejercicio de estos. La referencia a los actores prestadores  ya sean «privados y estatales» termina de desdibujar el rol del Estado, al colocar en igualdad de condiciones a las funciones sociales del Estado con los privados que capturan fondos públicos para desarrollar prestaciones sociales. Profundiza una tendencia anti Estado y pro transferencia de fondos públicos a instituciones privadas, en la misma línea de lo que hoy la ciudadanía critica en el denominado «caso fundaciones».

3.- En la misma línea, tanto el borrador como las enmiendas de Republicanos, consagran el derecho constitucional de los prestadores privados oligopólicos en salud (Isapres, clínicas, aseguradoras, otras) al consagrar la existencia de prestadores privados y públicos en igualdad de condiciones en un caso, y al consagrar el derecho a elegir el sistema de salud público o privado (con subsidio estatal) en el otro. De aprobarse, las Isapres contarán con una constitución ad hoc para justificar sus prácticas discriminatorias e ineficientes. Lo mismo las AFP, sistema que hoy no cumple su objetivo, esto es, entregar pensiones dignas.

4.- Tanto el borrador como la enmienda de republicanos, implican un retroceso en los derechos de los trabajadores, limitando el derecho a huelga.

5.- Las enmiendas de Republicanos, UDI y RN-Evopoli que buscan consagrar una supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales, vulneran gravemente el derecho internacional de los DDHH y sumado a la iniciativa de norma de dicho sector que busca indultar a los condenados por crímenes de lesa humanidad mayores de 75 años, buscan abrir las puertas para un uso discrecional de la capacidad de fuerza de las FFAA y de Carabineros de Chile en materias de seguridad interna. Lo anterior en voz de ministros de la Corte Suprema transgrede el Estatuto de Roma y constituye un nuevo intento orientado a no asumir las responsabilidades penales que emanan de las prácticas de exterminio aplicadas por la dictadura cívico militar.

6.-La enmienda de republicanos que crea un capítulo propio para las FFAA apunta en el mismo sentido. Bajo el escudo de no ser fuerzas deliberantes y encontrarse subordinadas al poder civil, las FFAA han mantenido una posición privilegiada en el actual sistema institucional. La enmienda apunta a debilitar la subordinación de las FFAA al poder civil y a abrir la puerta a la justificación constitucional de intervenciones golpistas en la política chilena.

7.-A su vez, dichas enmiendas abren paso para un cuestionamiento de los tratados de libre comercio que dicho sector dice son una piedra angular para la integración de Chile en los mercados internacionales. A modo de ejemplo, el TLC con la Unión Europea dentro del que se enmarcan las alianzas de explotación de hidrógeno verde con capitales alemanes y españoles, podrían ser objetados por dichos países invocando cláusula de vulneración y no respeto a tratados internacionales de DDHH.

8.- El borrador  mantiene la fórmula jurídica de los «derechos de aprovechamiento de agua» regulación que permite separar el agua de la tierra y legaliza la concentración de derechos de agua. (Art 16 Número 34 letra I) En plena crisis hídrica se profundiza una fórmula fracasada.

9.-De aprobarse las enmiendas de republicanos, se buscará hacer retroceder la legislación de aborto en tres causales.

10.- Como señalaron los jueces de la Corte Suprema, las enmiendas de Republicanos buscan crear un sistema de justicia paralelo. Esto, en referencia a la enmienda republicana que crea “un tribunal especial con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional para juzgar las causas de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción y demás materias cuyo conocimiento le encomiende la ley”.