«Quinta Semana de la Convención Constitucional» Por Javier Pineda

Por Javier Pineda Olcay

Esta semana se realizó un balance sobre el mes de funcionamiento de la Convención Constitucional; se aprobó la integración del Comité Externo de Asignaciones y el Reglamento de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados para sancionar conductas de las y los constituyentes mientras no se apruebe el Reglamento de Ética definitivo de la Convención y las comisiones siguieron trabajando. Además, la plurinacionalidad se hizo presente a través de una ceremonia de pawa, de agradecimiento a la Pachamama, organizada por los Pueblos del Norte, mientras que la diversidad de quienes integran la Convención, estuvo simbolizada a través de banderas de distintos territorios, pueblos y luchas.

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A pesar del Gobierno y gracias al compromiso de funcionarias y funcionarios públicos la Convención Constitucional cumplió un mes de trabajo. Se instaló una Mesa Directiva Ampliada y también las ocho comisiones pre-reglamentarias y ellas han ido consolidando su trabajo, aprobando normas internas de funcionamiento, convocando a audiencias públicas y estructurando su trabajo, lo cual en muchas de ellas ha sido a través de la creación de subcomisiones.

La Mesa Directiva destacó los acuerdos y convenios de colaboración con distintas instituciones públicas nacionales e internacionales, como la Contraloría General de la República, Consejo para la Transparencia, Cámara de Diputadas y Diputados, Senado, Sistema de Naciones Unidas en Chile, Universidades del Estado, Unión Europea, entre otras.

Se consolidan como criterios y principios orientadores del funcionamiento de la Convención la descentralización, plurinacionalidad y paridad como mínimo, no como techo de la participación de mujeres.

Este ciclo de un mes coincidió, además, con la realización por parte de los Pueblos del Norte de una pawa, ceremonia de agradecimiento a la Pachamama. La participación en esta ceremonia fue transversal, pero aún cuando la derecha demostró respeto durante la ceremonia, los ataques contra la Convención no han cesado.

Ceremonia de Pawa realizada en la Convención Constitucional el miércoles 4 de agosto de 2021.

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La derecha insiste con su estrategia de desprestigio de la Convención Constitucional, incluyendo ataques sistemáticos contra las figuras de liderazgo simbólico y político de las fuerzas transformardoras, como lo son la Machi Francisca Linconao y la lamgen Presidenta Elisa Loncon.

Esta semana los ataques se iniciaron contra la lamgen Presidenta, a quien responsabilizaron de incitar a la violencia por no condenarla en una entrevista que dio a El Mercurio, donde señaló que “Yo no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas, creo que el Ministerio Público tiene que investigar, el gobierno tiene que dar señales de participación”.

Esto fue suficiente para una acción coordinada desde el gobierno, que a través del vocero Jaime Bellollio señaló que “Alguien dijo por ahí que ella no tenía el estándar de Mandela. No, no se requiere el estándar de Mandela, se requiere el estándar democrático básico para decir que la violencia no cabe en una democracia y siempre se tienen que deponer las armas”. El Ministro que es parte de un partido que justificó la toma de las armas y golpe de Estado de 1973, pretende dar lecciones de democracia.

La lamgen Presidenta aclaró que sus dichos decían relación con su rol: “Yo soy la Presidenta de la Convención, no soy la presidenta de Chile, tengo un tiempo acotado de un año para cumplir el mandato del pueblo de escribir la Constitución”. Palos porque bogas, palos porque no bogas. Críticas cuando habla sobre coyuntura, críticas cuando no se pronuncia sobre la misma. Este es el accionar sistemática de la derecha política y mediática, quienes saltan de un ataque a otro.

El segundo ataque de la semana sería contra las constituyentes Machi Francisca Linconao y Manuela Royo, ambas de la Comisión de DDHH. Luego de los cuestionamientos a Jorge Arancibia, ex edecan de Pinochet y Almirante de las Fuerzas Armadas, la derecha mediática a través de El Mercurio y la constituyente Ruth Hurtado, han salido a equiparar a un cómplice de las violaciones a los DDHH durante la dictadura con dos luchadores sociales.

En el caso de Hurtado, las acusaciones han sido directamente calumniosas, pues aun reconociendo la absolución de la Machi Francisca en los tres juicios en su contra, ha tratado de sostener que fue responsable del crimen contra el matrimonio Luckhsinger-Mackay. Asimismo, la constituyente Carol Bown, acusó a Manuela Royo de ser defensora de terroristas, aun cuando en todos los juicios por acusaciones de terrorismo en que ha intervenido Royo como defensora, sus representados han sido absueltos de estos delitos. Estas conductas fueron rechazadas transversalmente por la Comisión de DDHH y por el resto de constituyentes, con la excepción de la derecha.

Probablemente se presenten denuncias ante la Comisión de Ética, pues en plenario de esta semana se aprobó que todas las denuncias que sean recibidas a partir del martes 3 de agosto de 2021, serán registradas por el Comité de Ética para ser derivadas al órgano correspondiente que cree el Reglamento, el cual estará facultado para aplicar sanciones. Hasta la aprobación del Reglamento de Ética de la Convención, se utilizará el Reglamento de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados.

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Las discusiones presupuestarias han sido una de las más polémicas. La derecha instala el discurso de que las y los constituyentes serían privilegiados y que solo buscan aumentar sus asignaciones, mientras que guardan silencio con la inoperancia de su propio gobierno a través de la SEGPRES y la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, cuya encargada – Catalina Parot – tiene un salario superior a los 7 millones y medio de pesos.

Esta semana, la Comisión de Presupuestos y Administración Interior aprobó una propuesta que será presentada a la plenaria en relación a las asignaciones por constituyentes. Se propone que cada constituyente no pueda gastar más de 40 UTM ($2 millones aprox.) en asesorías; 27 UTM en gastos de manutención (alojamiento y almuerzos); y 10 UTM por gastos operacionales. Además, constituyentes de Pueblos originarios y de zonas extremas tendrán una asignación adicional de 5 UTM.

En total, cada constituyente tendría un máximo de $4 millones en asignaciones, lo cual es mucho menor a las asignaciones de Senadores ($22 millones) y diputados ($13 millones). Está bien que así sea, pues marcará un nuevo criterio de desarrollo de la función pública. Ningún cargo público, después de la nueva Constitución, debiese ganar más de lo que gana actualmente un constituyente.

En plenario del martes se aprobó también el reglamento del Comité Externo de Asignaciones y su integración, quedando compuesto por las siguientes personas: (i) Myrta Vergara, abogada, actual jefa de la Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de la II Contraloría Regional Metropolitana, Contraloría General de la República; (ii) Diego González, sociólogo, Jefe de la Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia; (iii) Jacqueline Jorquera, contadora auditor y pública, Analista de Contabilidad Gubernamental, División de Finanzas Públicas de la Tesorería General de la República; (iv) Claudio Carvajal, contador auditor, profesional de Asignaciones Parlamentarias, Senado; (v) Virginia Carmona, ingeniera comercial, Subdirectora de Asignaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados; (vi) Salvador Millaleo, abogado, Consejero del INDH, representación indígena elegido por la Mesa. Sus perfiles profesionales están disponibles en la Sala Virtual.

Hubo discusión porque Senado y Cámara de Diputadas y Diputados no propusieron terna, sino sólo un nombre. Jaime Bassa dio las excusas por estas instituciones, indicando que la mayoría de funcionarios viven en Valparaíso, por lo cual era difícil configurar terna, pero personas propuestas son completamente competentes. En virtud de esto, constituyentes de la Lista del Pueblo y la mitad de escaños reservados de PPOO votaron contra la propuesta de la mesa (aprobada con 128 votos a favor).

Finalmente, se creó el Área de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención, la cual tendrá por objetivo gestionar la ejecución del presupuesto de la Convención Constitucional, descomprimiendo la carga burocrática que hoy recae en la Mesa Directiva.

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Las ocho comisiones siguieron trabajando. Las comisiones de Ética, Presupuesto y Reglamento recibieron audiencias públicas de casi 200 organizaciones en total. Tan solo la de Reglamento recibió más de 120, donde destaca una amplia participación de organizaciones de hecho pertenecientes al movimiento social y a los territorios. Entre las principales propuestas destaca la exigencia de participación popular, ciudadana, de grupos históricamente excluidos y oprimidos.

Las comisiones de Comunicaciones, DDHH, Participación Popular y Equidad Territorial, Descentralización; Participación y Consulta Indígena liberaron sus formularios, por lo cual a partir de la próxima semana comenzarán a recibir audiencias públicas. La Comisión de Descentralización inclusive se está preparando para sesionar fuera de Santiago.

En la Comisión de DDHH recibieron exposiciones académicas, cuyo objetivo es generar un marco conceptual común que permita abordar el trabajo de la Comisión en materia de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Igual trabajo realizarán en la Comisión de Participación y Consulta Indígena. La próxima semana recibirán audiencias públicas y trabajarán en las tres subcomisiones creadas.

Por su parte, la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia solicitó la exposición de instituciones estatales, públicas y gremiales, tales como Asociación Nacional de Prensa, Colegio de Periodistas, ANATEL, Asociación Nacional de Mujeres Periodistas; Asociación de Radiodifusores de Chile, Archivo Nacional, Biblioteca Nacional, TVN, Consejo para la Transparencia, entre otras.

La Comisión de Participación Popular sesionará en subcomisiones de: (i) Subcomisión de Orgánica y Normas de participación popular y equidad territorial; (ii) Subcomisión de Despliegue y Vinculación Territorial; (iii) Subcomisión de Mecanismos, metodología, sistematización de participación popular y equidad territorial inclusiva; (iv) Subcomisión de Programa de Educación Popular Constituyente. A partir de la próxima semana recibirán más de 200 presentaciones, de las cuales deben garantizar que a lo menos el 50% de ellas sean organizaciones sociales y territoriales; 40% ONGs, centros de pensamiento, academia y Universidades y 10% de personas naturales.

La Comisión de Reglamentos cerró la semana con las propuestas de las propias constituyentes, quienes expusieron este sábado las ideas centrales para el Reglamento de la Convención Constitucional. A partir de este lunes trabajará en tres subcomisiones, las cuales sesionarán en la Casa Central de la Universidad de Chile. Se auguran como temas más polémicos el quórum de la Convención; los plebiscitos dirimentes o intermedios y la conformación de comisiones temáticas y transversales.

 

 

 

La próxima semana debiese estar protagonizada por la discusión presupuestaria en relación a las asignaciones y debiese continuar el trabajo de las Comisiones.

Originalmente publicado en Convergencia Medios

Músico, abogado y defrentista. Vive en Peñalolén, Santiago.

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