¿Qué alivio no?

Por Miguel Silva

Así pensaban millones de chilenos y chilenas la noche de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 19, cuando perdió Kast, el candidato de los ricos, los racistas y los que odian los cambios que hemos visto durante la gran revuelta desde octubre de 2019.
Ocho millones 300 mil personas votaron, mucho más que los 7 millones 115 mil de la primera vuelta. Incluso más que los votos en el plebiscito hace un año cuando unos 7 millones 527 mil votaron para escribir (o no) una nueva constitución.
Quedó claro que era importante votar el domingo y mucho menos personas abstuvieron.
Cuatro millones 620 mil votaron por Boric mientras 3 millones 649 mil votaron por la nueva derecha radical populista de Kast.
En el plebiscito 5 millones 892 miles votaron en favor de una nueva constitución, mientras 1 millón 635 mil votaron en contra.
Es decir, Kast ha logrado organizar alrededor de él dos millones de personas que votaron por cambiar la constitución y no estaban de acuerdo con la «linea dura» del núcleo pinochetista que rechazó una nueva constitución.
Por otro lado, Boric, quien dirige el Frente Amplio que nació y creció dentro y fuera de los movimientos sociales de la década pasada, recibió votos nuevos de un sector de la población que tenía claro que una victoria de Kast sería volver atrás, a un nuevo período de represión y menos derechos sociales. Sentían que la vida hoy es mejor que aquella de los años pasados.
Son importantes estas cifras porque van a definir la política del próximo gobierno en sus intentos de hacer cambios, sin tener una mayoría parlamentaria.

El «Diario Financiero» publicó en sus páginas, el día dspués de las elecciones, el análisis del grupo financiera JPMorgan sobre la situación política que enfrenta Gabrtiel Boric.
JPMorgan sostuvo que el desafío para Boric es «moderar la agenda política de manera creible para evitar condiciones financieras adversas…Para minimizar los riesgos…el mercado necesitará señales rápidas de moderación real «.
En fin, recalcó que «el gobierno electo no sólo deberá moderar el ambicioso programa, sino también definir proioridades para iniciar las negociaciones de manera rápida y eficiente».
En el Diario Financiero, JPMorgan opina que, teniendo en consideración que las fuerzas del Frente Amplio tienen un mayor poder de articulación en la Convención Constitucional y que se instalarán en la Moneda, pero que no tienen el mismo peso en el Parlamento, existe un riesgo de «…posibles intentos de eludir la falta de mayorías en el Congreso forzando agendas a través de una constitución maximalista». Pero que el presidente electo Boric «podría encontrar un camino para articular y moderar también los cambios más costosos de la Convención».
Sobre la posibilidad de eliminar las AFP por completo, JPMorgan opina que » la distribución de fuerzas en el Congreso hace que sea poco probable que este tipo de reforma se apruebe sin revisiones adicionales».
¡Claro como el agua!

En otras palabras, para ganar una mayoría parlamentaria, Boric tendría que negociar con unos aliados, quienes, por tener politicas distintas a las suyas, van a exigir cambios en el proyecto del gobierno como precio de un acuerdo.
Boric y su gobierno tendrían que elegir entre dos opciones entonces… avanzar en lo que se puede, a través de acuerdos y negociaciones, o avanzar muy poco.
Por supuesto, hay otra alternativa, la alternativa a la movilización social y la presión social. Opción que ni entra en las cabezas de los ejecutivos en JPMorgan. Es la alternativa de la construcción de organización social masiva, del poder popular y la democracia directa desde abajo.
Durante los meses después de marzo, cuando Gabriel Boric asuma la presidencia ¿ cuál combinación elegirá de negociación «desde arriba» y organización social «desde abajo»?
Veremos si el gobierno puede tomar el camino de mayores reformas impulsadas por la presión social, o va a seguir el camino de gobiernos anteriores, es decir de negociaciones que traen pocas reformas.
Y veremos cuantas organizaciones sociales aceptan el ritmo — problemente lento — de cambios propuestos por el gobierno, o si asumen un ritmo propio.