Por: Nicolás Valenzuela

La corte penal internacional fue fundada en 1998 por el Estatuto de Roma y como organismo entró en vigencia en 2002. Tiene por objeto juzgar personas naturales crímenes de guerra, genocidios, agresión y lesa humanidad, entre otros, cuando los tribunales de los países involucrados no se hagan cargo de aquello, pero solo respecto de hechos ocurridos con posterioridad a la creación del tribunal.

Actualmente, 123 países han suscrito el tratado y, en consecuencia, se han comprometido a someterse a su compentencia. No son parte EEUU, la Federeación Rusa, India, el estado de Israel, el reino de Arabia Saudita y la República Popular de China, entre otros. En el caso de los primeros tres, suscribieron el tratado pero luego lo abandonaron.

Según el artículo 12 del estatuto la jurisdicción territorial de la Corte incluye el territorio, las embarcaciones registradas y las aeronaves registradas de los estados que (1) se han convertido en parte del Estatuto de Roma o (2) han aceptado la jurisdicción de la Corte mediante la presentación de una declaración ante la Corte. Este criterio es interesante, pues, en teoría, habilita a los países débiles a juzgar a los dirigentes de las potencias (aún cuando sea idílico) sin la necesidad de que la potencia firme el tratado. No obstante, según uno de los principios básicos del derecho internacional, nadie puede verse obligado por un tratado ni menos juzgado por un tratado que no ha suscrito.

¿Cómo se resuelve esto? Pura política. Por ejemplo: ¿Ucrania es parte de la Corte Penal Internacional? No lo es. ¿Entonces? Rusia no solo tendría buenas razones para excusarse de la competencia de la Corte en tanto ella no es parte, sino también porque Ucrania misma no lo es. Todos sabemos lo que pasa en Palestina (que desde el 2015 es parte del tratado) y no se ha emitido ninguna orden de detención. Tampoco contra los generales y presidentes de EEUU por lo hecho en Afganistán. Con suerte, para unas investigaciones preliminares que tras las presiones de EEUU y sus amigotes, quedaron en nada.

Pero no solo eso, EEUU, además de no reconocer a la CPI, se autoconfirió la potestad de utilizar todos los medios necesarios en caso de que un ciudadano suyo sea juzgado o detenido por la Corte para ponerlo en libertad. Luego vinieron las medidas de Trump contra los funcionarios de la Corte y mágicamente los jueces decidieron no abrir la investigación, pues, según ellos, seguir adelante no sirviría a los intereses de la justicia (?).

El doble rasero de las instituciones internacionales para obrar, con un sesgo pro OTAN, merma su legitimidad. Lo que hoy necesita el mundo es hablar de paz y terminar la guerra. La Corte Penal Internacional se pone al servicio de la estrategia otanista de desgastar a Rusia, con pocos fundamentos jurídicos. Mal hecho.