Prisión Política Mapuche//Héctor Llaitul en riesgo vital tras 42 días de huelga de hambre
Por: Nicolás Romero
«En su huelga, los presos políticos demandan el traslado a la cárcel de Temuco de los 5 comuneros que se encontraban en Valdivia. No obstante existir orden judicial, el Gobierno —que interviene en este conflicto a través de Gendarmería— se ha negado a cumplir esta orden de los tribunales.»
El gobierno de Gabriel Boric ha asumido una política represiva para enfrentar el creciente conflicto histórico político en el Wallmapu. Presionados por la derecha, el progresismo chileno a mantenido durante prácticamente todo lo que va de su mandato un estado de excepción Constitucional en la llamada «Macro Zona Sur» suspendiendo permanentemente los derechos de la ciudadanía y fomentando una política racista y colonial de asimilación de las organizaciones mapuches que recuperan tierras a organizaciones de carácter terrorista.
Antecedentes de la detención. Prisión Política Mapuche
En Agosto del 2022 la entonces Ministra del Interior Izkia Siches amplió la querella en su momento interpuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, para perseguir al líder de la CAM, Héctor Llaitul, invocando la cuestionada Ley de Seguridad Interior del Estado. El artículo aplicado, la letra C del artículo cuarto, el que señala que: «cometen delito contra la seguridad interior del Estado los que en cualquiera forma o por cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil, y especialmente:
c) Los que se reúnan, concierten o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido o a conspirar contra su estabilidad;»
Cómo señaló en entrevista a nuestro medio Rodrigo Román abogado de la CAM, basta con que el gobierno del presidente Boric retire la querella para que la persecución penal se acabe.»
El inicio de la Huelga de Hambre
El 27 de noviembre del 2022 una declaración firmada por los presos políticos mapuche de la CAM Ernesto Llaitul, Héctor Llaitul, Ricardo Delgado y Esteban Henríquez comentaba las razones de una huelga de hambre que ya lleva 42 días y que hace peligrar la vida del vocero del CAM. La declaración señala: «A nuestro pueblo Nación Mapuche y a la opinión púbica en general, los comuneros de la CAM recluídos en el CCP Biobío de Concepción, comunicamos lo siguiente: KIÑE: Que, el día de hoy, 27 de noviembre, nos declaramos en huelga de hambre líquida, asumiendo ésta acción de lucha hasta las últimas consecuencias.»
El sábado 7 de Enero, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul Carrillanca, sufrió un desvanecimiento y bruscos cambios de presión, provocándole una taquicardia. El hecho es el resultado de la huelga de hambre que desde hace 42 días sostiene junto a otros presos mapuche. Debido a esto, tuvo que ser estabilizado en enfermería del recinto penal. Cómo señala El Porteño, Gendarmería no informó a sus familiares en el debido momento de esta situación, pasando por alto que en sus antecedentes médicos, producidos como resultado de su participación en huelgas de hambre anteriores.
Para el historiador Sergio Grez la reivindicación de los presos son del todo legítimas, señalando en una misiva en apoyo a las demandas de los presos políticos mapuche: «Cabe recalcar que las demandas de estos presos no suponen la obtención de ningún privilegio, su cumplimiento por parte de la autoridad tampoco implicaría infracción alguna a las leyes, convenios y normativas vigentes. Muy por el contrario, el Estado de Chile está obligado a respetar sus compromisos internacionales respecto de pueblos originarios, puesto que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 9, numeral 2 establece que «las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia», agregando a continuación que «en este sentido, y dado el especial vínculo de los pueblos originarios con sus comunidades, tierras, territorios y recursos naturales, la privación de libertad debe considerarse de manera restrictiva, en atención al impacto diferenciado que genera desarraigar a quien adscribe a un pueblo originario». Y como para que no queden dudas, el artículo 10 del mismo Convenio dispone que «cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas sociales y culturales», precisando que «deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento».
Las exigencias de los presos políticos mapuche
En su huelga, los presos políticos demandan el traslado a la cárcel de Temuco de los 5 comuneros que se encontraban en Valdivia. No obstante existir orden judicial, el Gobierno —que interviene en este conflicto a través de Gendarmería— se ha negado a cumplir esta orden de los tribunales. El injusto proceder gubernamental pone en riesgo la vida de todos los huelguistas pero especialmente la de Llaitul quien con 55 años, ha perdido más de 20 kilos de peso desde iniciada la huelga lo que ocasionó el episodio crítico del que la familia solo tomó conocimiento al día de hoy.
¿Por que hablamos de prisión política?
Si bien a Héctor Llaitul también se le imputan delitos relacionados al robo de madera (imputación que carece de pruebas como lo señaló su abogado Rodrigo Román en entrevista a Revista De Frente), la principal imputación dice relación con la persecución de lo que el abogado querellante en la causa señaló como «Doctrina de la CAM». Es por eso que el gobierno del presidente Boric tomó la decisión de ampliar la querella por los delitos contemplados en la ley de Seguridad Interior del Estado.
La Ley de Seguridad Interior del Estado , es una ley que tipifica delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, contra la seguridad interior del Estado, contra el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales. Fue promulgada durante el segundo gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo el 2 de agosto de 1958. Durante la dictadura militar, fue objeto de numerosas reformas dirigidas a ampliar las conductas punibles y aumentar sustancialmente las penas, especialmente para los delitos contra el orden público. Esta ley se ajusta a la doctrina norteamericana vigente en Chile y buena parte de la región del «enemigo interno», así esta ley especial permite limitar severamente una serie de garantías procesales que forman parte de un piso civilizacional de respeto a los DDHH. Hablamos de prisión política cuando la persecución penal se orienta como en este caso, a la persecución de las ideas o doctrinas de una persona u organización, sin que este allá cometido delito alguno contra bienes jurídicos protegidos como la vida o la propiedad.
Al respecto, la Comisión Ética Contra La Tortura señaló al respecto luego de la detención de Héctor Llaitul:
«Le recordamos Sr. Presidente que el gobierno de Piñera no pudo perseverar judicialmente en su contra. Hoy al aplicar usted la Ley de Seguridad del Estado, convierte a Héctor Llaitul en un enemigo declarado del Estado que dirige y ciertamente será aplaudido por una derecha que alienta la militarización y represión en tierras mapuche. Con la aplicación de ésta ley, reconocemos consecuentemente a Llaitul como preso político, quien es perseguido por su condición de dirigente social y líder de su pueblo, cuyo único objetivo es castigarlo por no atender el -pseudo- diálogo al que se le ha convocado, buscando condenarlo a altas penas de cárcel por supuestos delitos que por leyes comunes no permitirían ni un día de cárcel.»
La aplicación de dicha ley sumado a la fallida aplicación de la ley antiterrorista en contra de representantes del pueblo nación mapuche por parte del Estado chileno, ha llevado a reiteradas sanciones internacionales y llamamientos a la suspensión de dicha aplicación a casos que involucran acciones reivindicativas de movimientos indígenas.
En 2013, la ONU envió un relator para elaborar un informe que contuviera recomendaciones para el Estado chileno en la materia de conflicto mapuche y ley antiterrorista. Que se adopte una estrategia nacional para manejar el conflicto mapuche “con un objetivo definido y de corto plazo” (con un “viraje importante en la voluntad política”), que se dé fin al uso de la Ley Antiterrorismo en casos que involucren disputas de tierras mapuches y que, sobre todo, se revisen las condenas de aquellos ya sentenciados por testimonios anónimos y que se establezca un nuevo organismo que investigue las denuncias de excesivo uso de la fuerza policial contra miembros de la comunidad mapuche son algunas de las sugerencias del organismo.
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