Columna de Mario Mandiola, Secretario Nacional de la Fenpruss

(Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud)

El crecimiento del presupuesto total del país según el gobierno alcanza a un 9,5%. El de salud un 8,9%, dejando en claro que no es una prioridad. 

No obstante, y a diferencia de lo que declara el equipo comunicacional del gobierno, hay una disminución de un 3,25% si consideramos los valores reales. El presentado para el año 2020 ascendía a $10.216.626 millones y el que se presenta para el 2021 a $9.884.796 millones

LA CONTINUIDAD DEL PRESUPUESTO

Los énfasis del presupuesto están puestos en una ampliación del gasto hospitalario. Este no se ve afectado con la disminución general del presupuesto, donde existe un aumento de fondos disponibles para los ítems de gasto en personal, bienes y servicios de consumo. Lo cual es inevitable dado que muchos de estos gastos son gastos fijos, difícilmente reducibles.

El aporte para la Atención Primaria tiene un incremento marginal. La propuesta del gobierno considera un presupuesto per cápita para la atención primaria de $7.211 por persona, es decir $ 162 en relación al año anterior (un incremento de 2,3%).

La inversión sectorial en infraestructura y adquisición de activos (equipos, mobiliarios, etc.) para el sector público de salud, en sus diferentes niveles, hospitalario, atención primaria y autoridad sanitaria, tiene una caída de 16%, en comparación con el presupuesto inicial 2020, lo que se traduce en 145.749 millones de pesos menos.

Además, se contemplan tres fondos extraordinarios en salud:

Fondo para Vacunas Covid: $ 153.400 millones para otorgar recursos para el financiamiento de vacunas para el COVID-19.

Fondo de $ 114.855 millones para acelerar Listas de Espera acumuladas a raíz de la emergencia del COVID-19.

Fortalecimiento Programa de Salud Mental de $10.000 millones orientado a los tres niveles de atención como la iniciativa saludable-mente

QUE SIGNIFICA ESTO EN LA PRÁCTICA

Sabemos que la salud pública está en una crisis de arrastre que se mantiene por años, lo que se traduce en las ya conocidas urgencias colapsadas, falta de camas, falta de especialistas, listas de espera auge y no auge, déficit o brecha de recursos humanos e infraestructura insuficiente. 

El presupuesto anunciado solo se puede considerar como un presupuesto de continuidad. Es decir, mantiene la precariedad enunciada, con la agravante de que la pandemia (aún no controlada) ha ahondado las brechas existentes: hay cientos de miles de prestaciones no realizadas el 2020 dado que los recursos se concentraron en el Covid 19, así como el desgaste del personal de salud, mermado por turnos inacabables y por cubrir las ausencias de aquel personal en condición de riesgo o contagiados. 

En el sistema centralizado hay casi 27.000  funcionarios contagiados, principalmente del área clínica. El confinamiento ha impedido el control de enfermedades crónicas y la agudización de estilos de vida no saludables, todo lo cual impacta en mayores requerimientos al sistema, ya estresado con la necesidad de financiar un mayor número de atenciones, contar con nuevos médicos especialistas y cargos, continuar la ejecución de proyectos de infraestructura hospitalaria, financiar los programas de apoyo a la salud mental, entre otros.

En resumen, la salud de los chilenos y chilenas seguirá en una eterna lista de espera.