Por: Nicolás Romero

El día de hoy, miércoles 15 de febrero, el Grupo de Puebla ha emitido una declaración encabezada por el Presidente Alberto Fernández de Argentina, donde denuncian lo que llaman un lawfare en contra del ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami.

Entre los firmantes de la misiva -además de Fernández-, destacan los nombres de ex jefes de Estado de España, José Luis Rodríguez Zapatero; Ecuador, Rafael Correa; Bolivia, Evo Morales; Colombia, Ernesto Samper y de Panamá, Martín Torrijos. También Baltasar Garzón y 15 destacados juristas suscriben la misiva.

La carta es muy precisa, dura y contundente al momento de cuestionar al poder judicial, en particular a «fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera».

En clara alusión a la dilación del proceso en la causa SQM, la misiva señala: «Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado.»

Las declaraciones del presidente Fernández seguramente abrirán un nuevo capítulo en los conflictos diplomáticos entre ambos países, recientemente tensionados por las declaraciones del embajador Bielsa en relación al proyecto Dominga y por los posteriores audios filtrados desde cancillería donde la canciller Urrejola trata de «idiota» al embajador.

Ya el 1 de febrero el ex presidente de Ecuador Rafael Correa había señalado en twitter su apoyo a Marco Enríquez-Ominami, adelantando la agenda de denuncia al lawfare que hoy se impulsa desde articulaciones del progresismo regional como El Grupo de Puebla : «Un caso brutal de lawfare aunque poco conocido es contra el excandidato presidencial chileno, Marco Enríquez Ominami. Trece causas penales, una más ridícula que otra. Ha vencido en doce. Solo falta una… ¡por hechos del año 2009! ¡Fuerza Marco!»

Un caso brutal de lawfare aunque poco conocido es contra el excandidato presidencial chileno, Marco Enríquez Ominami. Trece causas penales, una más ridícula que otra. Ha vencido en doce. Solo falta una… ¡por hechos del año 2009!
¡Fuerza Marco!✊🏽 https://t.co/1oL7st5le5

— Rafael Correa (@MashiRafael) February 1, 2023

¿Qué es el lawfare?

Como señala Patricia Moreno, El concepto de lawfare hace referencia al uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’. Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho. En definitiva, es el arma política de tratar esas mismas cuestiones por vía judicial. Entre las tácticas más habituales del lawfare están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos.

Guerras jurídicas en Latinoamérica

Las guerras jurídicas han sido habituales en América Latina durante la última década. En 2016, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue condenada en un impeachment o juicio político por manipular los presupuestos del Estado. Un año después, la expresidenta y entonces senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner vio la apertura de múltiples causas judiciales en su contra, la mayoría por corrupción, en un proceso legal que todavía continúa.  El gobierno argentino ha prestado especial atención al estudio y documentación de la práctica del lawfare, el cuál puede ser revisado en el libro «El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos».

Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado por un delito de corrupción también en 2018 y después sería inhabilitado para ocupar cargos públicos.

Ahora bien, quizá el caso más sonado de guerra jurídica es el del expresidente de Brasil Lula da Silva. En 2018 fue acusado y condenado por aceptar sobornos, corrupción y blanqueo de capitales mientras estaba en el poder, pero un juez de la Corte Suprema anuló las sentencias en 2021 por considerar que tanto la fiscalía como el juez no habían actuado de manera imparcial. El expresidente, de regreso a la política, no ha dejado de ser una figura querida en el país; de hecho, las encuestas de intención de voto le dan como ganador en 2022 frente al actual presidente Jair Bolsonaro.

Aquí te compartimos la declaración completa

“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”.

En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones.

Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile.

Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado.

Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso.

Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos.

Como Grupo de Puebla y Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), nos solidarizamos con él y su causa porque estamos seguros de que saldrá adelante.

Grupo de Puebla- CLAJUD, febrero 2023.

Suscriben:

1. Alberto Fernández, Presidente de la República de Argentina.
2. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España.
3. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia.
4. Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.
5. Martín Torrijos, ex presidente de Panamá.
6. Evo Morales, ex presidente de Bolivia.
7. Celso Amorin, ex Canciller, actual asesor internacional del presidente Lula, Brasil.
8. Cecilia Nicolini, Secretaria Cambio Climático, Argentina.
9. Gabriela Rivadeneira, ex presidenta Asamblea Nacional, Ecuador.
10. Daniel Martínez, ex candidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay.
11. Carlos Tomada, Embajador, Argentina.
12. Beatriz Paredes, Senadora, Presidenta Comisión RREE del Senado, México.
13. Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala.
14. Carol Proner, Abogada, fundadora Asociación Juristas por la Democracia, Brasil.
15. Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, Bolivia.
16. Ivan Cepeda, Senador, Colombia.
17. Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador.
18. Karol Cariola, Diputada, Chile.
19. Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador.
20. Camilo Lagos, ex Presidente Partido Progresista, Chile.
21. Jorge Rodríguez, Presidente Asamblea Nacional, Venezuela.
22. Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora, Perú.
23. Hugo Martínez, ex Canciller, El Salvador.
24. Andrés Arauz, ex candidato presidencial, ex Ministro de Economía, Ecuador.
25. Carlos Ominami, ex Senador, ex Ministro de Economía, Chile .
26. Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú.
27. Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.
28. Carlos Sotelo, ex Senador, México.

CLAJUD

1. Baltasar Garzón, Jurista, España.
2. Gerardo Pissarello, Diputado, Jurista, España.
3. Eli Gómez Alcorta, Abogada, ex Ministra de la Mujer, Argentina.
4. Gisele Ricobom, Abogada, Brasil.
5. Silvina Romano, Historiadora y Comunicadora, Argentina.
6. Harold Corréa, Abogado, Chile.
7. Virgilio Hernández, Abogado, Ecuador
8. Damian Loreti, Abogado, Argentina.
9. Larissa Ramina, Abogada, Brasil.
10. Emilio Camacho, Jurista, Paraguay.
11. Charlotth Back, Jurista, Brasil.
12. Adoración Guamán, Jurista, Ecuador-España.
13. Juárez Tavares, Abogado, Brasil.
14. Gisele Cittadino, Jurista, Brasil.
15. Jaime Quiroga, Abogado,Ecuador.