Por Catbriel Cardozo Silva

Los reiterados atentados a los DDHH, las y los mutilados, las violaciones, los muertos por acciones militares no fueron suficientes ni bastaron. El acuerdo del 15 de noviembre dejó múltiples desafectos desde la forma del acuerdo hasta la composición final de la ley 21.200, una estructura de acuerdo entre poderes sometidos al partidismo irrestricto, negociado dentro de un marco elitario en donde el acceso a dichas posiciones se ha visto condicionado e influenciado por factores como el “donde estudiaste, la familia y la sucesión de poder entre linajes y las posiciones que se tengan dentro de los partidos”, ejemplos hay varios que explican por sí solo porqué el Congreso dejó de ser la casa del pueblo donde se reflejaría la representación que entregó en un mandato, el representado a su representante, transformándose en una estructura cerrada, hoy carente de legitimidad y de objetividad en sus decisiones.

Tomando en cuenta lo anterior, el Acuerdo por la Paz, dentro de una estructura herméticamente cerrada y condicionada al poder constituido, se transforma en una negociación a puertas cerradas que buscó ser una alternativa para poder soltar la presión acumulada durante los años en los constantes abusos contra el pueblo chileno y cuya resolución que, en un hecho innegable le dio aire a un presidente altamente cuestionado, no sólo en liderazgo, sino que también en conducción política de un país llevado a la crisis por extremar y acondicionar la institucionalidad para beneficios de unos pocos. Lejos de traer paz, el famoso acuerdo intensificó la movilización social, la presión aumentó generando mayor inestabilidad en el clima político/social, expresado en los movimientos sociales y en el sentir del y la manifestante que apostaba por una salida del poder de Sebastián Piñera. La crítica en torno a la moral de los acuerdos a puertas cerradas creció sostenidamente, las violaciones a los DDHH no se detuvieron en ningún momento, las policías extremaron los recursos, la institucionalidad bajo presupuestos directos, asignó equipamiento militar bajo el manoseado concepto del orden público y el Estado de Derecho, la solidaridad del pueblo chileno que ha demostrado miles de veces estar a la altura ante la adversidad, fue pisoteado una vez más por el Estado neoliberal herencia de un dictador.

La inmoralidad de los actos políticos, la decadencia de las instituciones, hicieron caer a aquellos “no es la formistas” los horrorizados con los semáforos caídos, el daño estatal medido con una limitada vara y visión del real perjuicio, que es el saqueo y el abuso del poder a través de las cómodas posiciones conseguidas en un asqueroso juego de engaños y promesas vacías, de palabras al viento.

La primera Acusación Constitucional no bastó, los argumentos no fueron suficientes para el mundo político, fue más fácil legislar para fortalecer el orden público, los ojos mutilados no fueron un factor incidente, las muertes en las bodegas de KAYSER, tampoco los abusos sexuales cometidos por agentes del Estado, menos importaron las golpizas a Mario Acuña, tampoco la de Álex Núñez, la muerte de Mauricio Fredes, la de Abel Acuña y el bloqueo a la oportuna atención médica que pudo salvarle la vida, ahora lloramos la pérdida de Denisse Cortés, incansable justiciera en las calles por un Chile más justo.

El abuso ha desfilado constantemente frente a nuestras narices, los muertos circulan en el recuerdo de quienes vivimos de cerca con los y las caídas, nuestro Wallmapu sigue militarizado, una vida sometida a la presencia militar, decretos y decretos, abuso tras abuso, tortura tras tortura.

¿Será que lo obsceno del poder del dinero fue el factor que rebalsó el vaso? ¿será que aquella negociación incompatible y la obscuridad de la negociación superó lo terrible que es perder vidas inocentes? ¿o será que es una buena oportunidad para la política llevar adelante esta Acusación Constitucional?

Por la presión y la fuerza hubo reacción, Piñera debe ser destituido, debe ser inhabilitado y juzgado por los crímenes cometidos, porque la justicia se ha visto tardía y condicionada, porque la institucionalidad no ha dado el ancho por su alta dependencia del presidencialismo, será el pueblo quién se encargue de no dejar vivir en tranquilidad a un siniestro, alguien que jamás debió pisar La Moneda y si la cárcel, de donde zafó pero que nunca debió ser así. El proceso continúa y la lucha también, fortalecer nuestros vínculos territoriales y educativos es una tarea inconclusa, pero no olvidada, para que el nunca más se transforme en realidad, debemos comprometernos con los cambios, desde adentro, con el corazón y la mente, en la crianza, en la educación y en el sentir solidario de nuestro pueblo ante la adversidad y la desolación.