Esta semana, la Cámara Chilena de la Construcción lanzó la propuesta de modificar la legislación para que el Estado pueda concesionar a privados terrenos fiscales para la construcción de viviendas sociales a arrendar. Esta idea surge cuando en la Cámara de Diputados se discute el proyecto de ley de integración social y urbana.

La idea de la gremial considera un cambio en la normativa para favorecer el arriendo: “el Estado tiene terrenos bien localizados, podría ponerlos a disposición para que en esos terrenos se desarrolle un proyecto bajo este mecanismo, que lo financie un privado, y el Estado, en la medida de asegurar un otorgamiento de subsidios a largo plazo, lo va financiando», señaló a La Tercera el líder de la CChC, Patricio Donoso.

La propuesta recibió el rechazo inmediato de las organizaciones sociales en lucha por el derecho a una vivienda digna. El vocero de FENAPO, Rafael Soto, le señaló a #DeFrente que esto sería un enorme retroceso, ya que se trata de «un sistema en el cual se le entregan suelos del Estado y recursos del Estado al sector privado, para que ellos se hagan responsables del uso de la ciudad».

El dirigente recordó el caso COPEVA: «la responsabilidad que se le entregó a la familia de Pérez Yoma para construir las casas de nylon, que también generaron una gran tragedia (…) Cuando se le entrega la responsabilidad al Estado totalmente, ellos sólo piensan en unidad de vivienda. Son techistas, cementistas, casistas. Personas, que piensan solamente en la casa, sin importar donde la instalen, ni las condiciones de vida que van a generar a la gente”.