Por: Nicolás Romero

Para las 12 del medio día se encontraba anunciada la «marcha territorial» ¡¡No al desalojo» con la que las familias de la Toma de San Antonio, buscan detener el anunciado desalojo y una solución habitacional.

Hablamos de Tres mil 900 familias que hoy habitan en terreno de 217 hectáreas que ocuparon en el cerro La Virgen de San Antonio, región de Valparaíso.

La cifra fue arrojada por un catastro realizado por el Ministerio de Vivienda. Además, existe un fallo de la Corte Suprema dictado el viernes pasado que obliga a disponer de un lugar transitorio para acogerlos, entregando un plazo de seis meses para devolver la propiedad a sus dueños.

El dueño del terreno, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A,  piden por el terreno un monto de UF 1.501.046, equivalente a US$ 56,7 millones.

“No queremos que nos saquen del Cerro Centinela, ni que nos trasladen, porque están entregando departamentos muy chicos, donde tú tienes que ver si pones una cama o un mueble. Nadie en el cerro desea esto. Queremos nuestros terrenos, donde estamos luchando, y la radicación”, señaló en su momento la dirigente de la organización Nuevos Aires de San Antonio, Jessica Ávila.

Hemos visto los recientes y lamentables desalojos de campamentos en distintas comunas del gran Santiago, en cumplimiento del criterio de la Corte Suprema, la cual ha dado rienda suelta a la política de desalojos sin solución habitacional. Así cientos de familias, mujeres madres de hogar, niños y niñas, han sido votados a la calle, con la complacencia del gobierno de Gabriel Boric, quien se comprometió durante el periodo de campaña a detener los desalojos sin solución habitacional. Ahí la Ministra de la Mujer no tiene comentarios, se omite convenientemente.

Los desalojos se enmarcan en una arremetida patronal cargada de violencia en contra de los sectores populares en general y de diversas expresiones de los grupos sociales más organizados. Una señal de fuerza que busca castigar a quienes se oponen al actual estado de cosas.