Por Richard Gonzales

La asunción de la presidencia de la República por Martin Vizcarra tras la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, a propósito de su vinculación en el  caso Lava Jato, se da en el marco constitucional neoliberal impuesto a desde la década del noventa, el mismo que da margen al desenfrenado proceso de acumulación capitalista en Perú.

Ningún partido de la ultraderecha se salva, en estos casi treinta años de neoliberalismo y corrupción generalizada en todo el Estado,  en complicidad con empresas privadas, entidades financieras y la burocracia estatal. Fujimori, Toledo, García Pérez, Ollanta Humala (hoy en prisión), PPK, y otros tantos líderes políticos de la misma línea se han visto involucrados, confirmando la estrecha relación entre Estado, clase política, corrupción y grandes grupos empresariales.

Estancamiento de la economía nacional y corrupción, marcan el escenario en el que asume el nuevo gobierno.   A su vez, necesitará demostrar a los poderes fácticos y trasnacionales, su capacidad para alcanzar los objetivos e intereses dentro del marco neoliberal, manteniendo al pueblo a raya. Por ahora cuenta con un consenso temporal de la ultraderecha y la llamada izquierda, quienes le han concedido una tregua durante los 100 primero días con el objeto de que demuestre su capacidad de acción, presente su plan de gobierno y aborde los problemas de contingencia.

¿Lucha contra la corrupción?

En la actualidad,  existen 27 mil denuncias a nivel nacional por situaciones de corrupción que involucran a funcionarios públicos. Bien lo sabe el nuevo gobierno. La impronta “anti corrupción” se expresa en el discurso presidencial de Vizcarra donde señala: “seremos implacables”, investigaremos hasta las últimas consecuencias”, generando así cierta expectativa efímera en la población. Pero a poco andar el discurso hace agua, prontamente se han ventilado denuncias de corrupción respecto al mismo presidente y a su Ministro de Justicia, Salvador Heresi. Los delincuentes  de cuello y corbata junto a los grandes grupos empresariales, siguen impunes en su mayoría. La Corporación Graña y Montero implicada en sobornos a funcionarios en el caso Lava Jato, solo fue sancionada con  semanas de cárcel para algunos directivos. Más grave aún, han vuelto a ganar un contrato millonario equivalente a 353 millones de dólares americanos para la modernización de la refinería de Talara, al norte del país, a través de la empresa COBRA PERU S.A.

La sustracción o robo de fondos a las instituciones del Estado a través  de las modalidades de depósito electrónico, testaferros, offshore, etc. Pero el pueblo a estas alturas se da cuenta de la función que cumple el Estado en este proceso de acumulación capitalista. El cuadro es claro. Para el  pueblo garrote, criminalización, persecución, prisión, hasta asesinatos si es necesario; mientras para los empresarios impunidad, flexibilizaciones de todo tipo, tolerancia a la evasión tributaria, exoneraciones, apropiación de recursos naturales de la forma más ruin y descarado.

Situación económica

En Lima el desempleo se incrementó a 420 mil personas sin trabajo en los tres primeros meses de este año según la INEI. 19,800 el primer trimestre del  2018, es decir, de 401 mil a 420 mil, un alza de 4,.9 %, cifras que evidencian la ausencia de reactivación económica en los rubros más importantes como es la manufactura, comercio, servicios. Hay que destacar que 18.,700 son desempleados mujeres (94%). En definitiva se confirma un escenario de estancamiento.

La crisis de legitimidad  y legalidad del modelo extractivista se ha hecho sentir en la crítica ciudadana, por  los fraudulentos estudios de mitigación ambiental vinculados a la gran minería, en complicidad con las autoridades locales, regionales y nacionales. Ejemplo es el proyecto de las Bambas (una centro minero al sur del país, región Apurímac, Provincia de Cotabambas, Grau). pero existe una larga lista de proyectos más vinculados a este tipo de prácticas. El actual gobierno tratará de resolver y destrabar dichos proyectos mineros a gran escala, dado que su meta radica en reactivar la economía nacional.

¿Cuál ha sido la relación del nuevo gobierno con el pueblo?

Recientemente se realizó una huelga nacional del magisterio nacional, donde se demandaban alzas salariales, en un país donde ser maestro es sinónimo de  ser pobre. El gobierno no tardó en responder con represión.

La protesta social es un derecho fundamental para la defensa de otros derechos y libertades conquistadas en las calles por generaciones pasadas. Hoy se la criminaliza, persigue y hasta se la asesina. A esto se suma la estigmatización a los comunistas y luchadores sociales, o a los presos políticos de la guerra interna (1980-1992), quienes a pesar de cumplir sus penas   de cárcel por décadas, se les sigue enjuiciando, se les acusa de terroristas y no se les libera a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos por el Estado de Derecho. De allí que el nuevo gobierno mantendrá la fórmula: extender el apelativo de terrorista a todas y todos los sectores del pueblo que se opongan al neoliberalismo. ¿Qué sentido tiene hablar de Estado de Derecho cuando no se respeta la institucionalidad que ellos mismos nos impusieron? De allí la relevancia de volver a hablar sobre el Derecho Penal del Enemigo y la extensión de esta forma jurídica de dominación sobre el pueblo peruano y en cada vez de manera recurrente sobre los pueblos de nuestro continente.

Así es como se va manifestando dos caminos en constante confrontación, una del pueblo, por derechos y libertades; y el otro de los opresores y los explotadores, donde la violencia se vuelve una constante para asegurar el “orden neoliberal”.