
Para comenzar un debate sobre FFAA y proceso constituyente
Por Nicolás Valenzuela Paterakis
Los escandalosos casos de corrupción Pacogate y Milicogate, las tensiones entre el Ejército y el gobierno a propósito de la aplicación de los estados de emergencia constitucional en el marco del estallido social, la intervención de las FFAA en el estado de catástrofe decretado por la pandemia, la brutalidad en el actuar de Carabineros de Chile en los últimos meses e, incluso, el reciente golpe de Estado en Bolivia, nos llaman reflexionar sobre el rol y el papel de las FFAA y de Orden y Seguridad en el actual proceso constituyente.
Esta reflexión debe partir desde un lectura histórica de las FFAA y relaciones cívico militares, debe vincularse con el nuevo proyecto de sociedad y estado que queremos tener y cómo éste se inserta en el actual contexto internacional. Contexto marcado por el cambio climático, la pandemia, la crisis económica, social y política del modelo neoliberal, y la consolidación de un orden multipolar con el ascenso chino y la decadencia de EEUU.
La transición chilena, hecha bajo los términos del consenso de Washington, implicó afianzar el regreso al tutelaje económico, político y militar que los EEUU nos habían impuesto luego de la Primera Guerra Mundial, afinado con la Escuela de las Américas y la Escuela de Chicago, edulcorado con la Alianza para el Progreso y asegurado con el golpe de 1973.
Como lo afirma el historiador Gabriel Salazar en su reciente libro sobre el Ejército de Chile, hay un pacto cívico militar entre las fuerzas de la transición y alto mando de las FFAA por la promoción y defensa de un neoliberalismo transnacional. En efecto, el rol de las FFAA en América Latina luego de derribada la Unión Soviética junto con buena parte del bloque socialista y terminadas las dictaduras y los gobiernos nacionalistas de los 70 y 80, pareciera haberse centrado a proteger dicho modelo, pues por sobre las funciones nacionales más formales -como, por ejemplo, la protección de las fronteras y la integridad del territorio-, el Ejército de Chile y las FFAA velan por la mantención de un proyecto no nacional, en cuya doctrina militar -enseñada en EEUU- el mismo pueblo puede ser concebido como enemigo si se aparta de dichos márgenes.
Teniendo presente lo anterior, desde que se abrió el proceso constituyente el problema está planteado: este debe parir unas nuevas FFAA y mientras tanto las que existen deben respetar al pueblo y su voluntad de cambio, pero las reformas que se espera que ocurran, sea cual sea su envergadura, entrarán en abierta contradicción con el acuerdo cívico militar de la transición y los privilegios que el modelo les ha dado a sus protagonistas.
Éstos harán lo que esté a su alcance con el objeto de mantener y profundizar su poder. En concreto, y solo por nombrar un ejemplo, resulta difícil concebir que la oligarquía chilena y la embajada de EEUU acepten pacíficamente, sin aplicar una draconiana política de bloqueo, desinformación y/o desestabilización, el retiro de los fondos de pensiones capitalizados en sus empresas o en su país. Consideramos que el fin a las AFP es solo uno de los puntos del programa levantado por el campo popular dentro del cual existen muchos otros temas centrales y cuyas modificaciones levantarán enormes resistencias (gran minería, agua, el uso del suelo, educación y salud).
En efecto, la reacción del gobierno patronal de sacar a las FFAA a la calle en vez de buscar una solución política a la rebelión, la reconocida amenaza bajo la cual se consigue el acuerdo por la paz y las constantes advertencias de que nuevamente podrían decretarse estados de emergencia con mayores atribuciones para las FFAA, muestran que buena parte de la oligarquía chilena está dispuesta, como ya es común en nuestra breve historia, a usarlas contra del pueblo para defender el neoliberalismo.
Sin embargo, a diferencia de lo que usualmente se señala al respecto, en este puzzle las FFAA no son simples peones de las oligarquías y de la política institucional. Ciertamente tienen intereses comunes con ellas, pero también tienen intereses y tensiones propias. Son conscientes, como pocas instituciones y actores sociales, del rol histórico que han tenido y el peso determinante de su fuerza.
Las prebendas obtenidas durante la dictadura y mantenidas en la transición -dentro de los cuales están el alto gasto militar, las altísimas pensiones, sueldos y viáticos, un sistema de salud especial, la impunidad para muchos y las cárceles de lujo para otros- les acercan con la oligarquía, pero ahora que el modelo cruje las diferencias sobre estos privilegios y el rol que éstas le obligan a jugar, puede tensar las relaciones entre ellas. Salazar diría que esto es una muestra del rasgo pretoriano que ha predominado en nuestras relaciones cívico militares.
Por ese rol que jugado, buena parte de las FFAA y de Orden y Seguridad saben que el estallido social está dirigido en parte hacia ellos y acuden a la oligarquía para defender sus posiciones. Desde punto de vista, una testaruda presión sobre los puntos en tensión que ofrecen buenas posibilidades para el campo popular puede resultar en un fortalecimiento de la relación pretoriana y un desastre para el pueblo.
Para superar esta aporía aparente no basta con presionar sobre cada punto, hace falta concebir un nuevo proyecto de FFAA, un nuevo proyecto de estado y sociedad, nuevos términos para las relaciones cívico militares y hacerse cargo de la crisis moral que hoy en día las atraviesa. En cada uno de estos puntos éstas deben ser considerados como actores propiamente tales y no meros apéndices de los poderosos. Mucho menos, como partes de una institucionalidad carente de deliberación y apegada irrestrictamente a la legalidad –”porque así lo dice la constitución”-.
Por los desafíos que nos presenta la actual crisis global, regional y nacional, el programa que empieza a construir el campo popular y la compleja correlación de fuerzas en el campo institucional y militar es momento de abrir un debate sobre las modificaciones que debemos realizar a las FFAA y de Orden y Seguridad para que el proceso constituyente y la nueva constitución sean acompañados y no saboteado por éstas.