La oposición al gobierno de Macri levantó un proyecto de ley donde se solicita al Ejecutivo la prorroga de la «Emergencia Alimentaria Nacional». En una estratégica alianza con movimientos sociales, la oposición apeló a la extensión de la situación de Emergencia Alimentaria, bajo el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.

En 2002, Duhualde declaró a la Argentina en Emergencia Alimentaria Nacional, pero luego la descontinuó. El proyecto en su artículo primero, propone re implementar y sostener hasta el 2022 la prorroga de la categoría de emergencia. Desde 2016 que la Argentina se declaró en Emergencia Social, la cual permite re asignar recursos destinados a alimentación pero no es tan especifica como la declaratoria de Emergencia Alimentaria.

El Artículo cuarto, solicita el aumento de un 50% de los fondos destinados a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Con estas partidas de recursos se verían beneficiados los comedores populares que cada día aumentan en comenzales dada la política del hambre impuesta por Mauricio Macri.

La designación de Emergencia Alimentaria Nacional, agiliza la obtención y asignación de los fondos estatales destinados a la compra directa de alimentos y así suplir transitoriamente la real necesidad de abastecer de alimentos a la nación argentina que llegó al 35% de la población bajo la línea de la pobreza. A pesar de existir fondos estatales para suplir este tipo de necesidades, el Gobierno de Cambiemos no ha gastado la totalidad de las partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas de alimentación y nutrición.

Este es un extracto de los fundamentos que presenta el proyecto.

Señor presidente:

Es un deber indelegable del Estado garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición de la ciudadanía, en cumplimiento con la Constitución Nacional, con los compromisos sociales asumidos internacionalmente por la Argentina en el marco de los tratados y convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional que establece el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y con la legislación vigente.

Con una pobreza y una indigencia en alza que castiga por igual a niños y niñas así como a abuelos y abuelas, la presentación del presente proyecto de ley busca garantizar el derecho a una alimentación adecuada dentro de un marco de seguridad alimentaria internacional que la República Argentina suscribió mediante firma de tratados internacionales con rango constitucional contemplados en Artículo 25° de la “Declaración Universal de Derechos Humanos” y el Artículo 11° del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

No es lo mismo comer bien que no comer bien, porque el hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes por parte del Estado. La alimentación y la nutrición son derechos humanos fundamentales que facilitan el acceso a otros derechos humanos como la vida, la salud, la educación, el trabajo, el progreso y el pleno desarrollo humano integral.

El presente proyecto parte de la convicción que comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina.

(…)

Puedes leer el proyecto completo acá.