“No es austeridad, es abandono”: APRUS Sótero del Río denuncia recorte que golpea a pacientes y trabajadores
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La deuda del Hospital Sótero del Río ya supera los 25 mil millones de pesos y trabajadores denuncian precarización extrema, suspensión de prestaciones y un progresivo desmantelamiento de la salud pública. Desde APRUS advierten que el ajuste presupuestario no responde a un problema técnico, sino a una decisión política que favorece la privatización del sistema sanitario.
Por: Revista De Frente
La crisis financiera que atraviesa el Hospital Sótero del Río encendió una nueva alarma dentro de la red pública de salud. Desde la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (FEDEPRUS), Roxana Guajardo Vidal, presidenta de APRUS Sótero del Río y de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, denunció que el recorte presupuestario para 2026 amenaza directamente el funcionamiento del principal hospital público del país.
Según explicó la dirigenta, el presupuesto asignado para este año es incluso menor al presupuesto ejecutado durante 2025 y también inferior a los recursos solicitados por el establecimiento para responder a la creciente demanda asistencial. El resultado es un escenario de déficit permanente que impacta áreas críticas como insumos médicos, medicamentos, equipamiento, reemplazos, suplencias y horas extraordinarias.
“El hospital arrastra una deuda hospitalaria de más de 20 mil millones que pasó del 2025 al 2026 y actualmente supera los 25 mil millones”, señaló Guajardo. La situación, explicó, se agrava por los retrasos en los pagos provenientes de FONASA y por la insuficiencia de flujo de caja para responder a compromisos básicos de funcionamiento.
La crisis ya dejó de ser únicamente administrativa. Durante abril, el recinto vivió una situación crítica con la alimentación de pacientes luego de que proveedores suspendieran entregas debido a facturas impagas y órdenes de compra rechazadas. Trabajadores denunciaron que incluso debieron organizarse para adquirir alimentos y verduras con recursos propios ante el riesgo de desabastecimiento.
Las denuncias también exponen un deterioro severo de las condiciones laborales. Funcionarios afirman que deben comprar de su bolsillo materiales básicos como mascarillas, guantes, toallas de papel y teflones para vías venosas. En algunos servicios, incluso han realizado rifas y colectas para reparar mobiliario deteriorado.
La infraestructura hospitalaria refleja la misma precarización. Filtraciones de agua, baños fuera de funcionamiento, espacios sin mantención y caída de trozos de concreto forman parte de una realidad que trabajadores consideran insostenible. “Hoy día dejamos de normalizar que tenemos que estar trabajando en esas condiciones”, afirmó la dirigenta.
El escenario se vuelve aún más complejo en plena campaña de invierno. La urgencia del Sótero del Río ha permanecido en clave roja durante las últimas semanas, con pacientes ventilados esperando camas críticas y extensas horas de permanencia en condiciones de alta congestión.
APRUS advierte que el problema no puede analizarse de forma aislada, ya que el déficit también golpea a la atención primaria. En comunas como Puente Alto se han suspendido exámenes de sangre y radiografías, lo que deriva más pacientes hacia el hospital y aumenta la sobrecarga asistencial.
La suspensión de prestaciones también incrementó la tensión con los usuarios. Guajardo relató que recientemente fueron suspendidas diez cirugías en un solo día debido a deudas con empresas externas. Aunque las decisiones administrativas no dependen de los trabajadores, son ellos quienes enfrentan directamente el descontento y frustración de pacientes y familias.
Desde APRUS el diagnóstico es claro: el hospital no tiene margen para soportar nuevos recortes. Por el contrario, requiere fortalecimiento presupuestario urgente. “Si el presupuesto 2027 se presenta igual que este año, esto no solo va a colapsar, sino que va a repercutir en vida de personas”, advirtió.
El Sótero del Río es el hospital público más grande de Chile y uno de los centros de mayor complejidad de la red nacional. Atiende a más de un millón seiscientas mil personas y es referente en áreas críticas como trasplante hepático, neurocirugía, traumatología infantil, hemodinamia y neonatología. Reducir recursos en un recinto de esta magnitud implica afectar no solo a la zona suroriente de Santiago, sino también a pacientes derivados desde distintas regiones del país.
La dirigenta sostiene que detrás del ajuste existe una definición ideológica. “Eso no es desconocimiento, no es que ellos no sepan lo que pasa en los hospitales; lo que pasa es que no les importa, porque es un tema ideológico”, afirmó. Desde APRUS existe preocupación por el avance de mecanismos de externalización y compra de servicios privados mientras se debilita la capacidad instalada de la red pública.
“Mientras no hay recursos para comprar o reparar ambulancias, sí aparece la opción de externalizar el servicio”, denunció Guajardo, advirtiendo que el deterioro de la salud pública podría utilizarse posteriormente para justificar la expansión de clínicas privadas y concesiones.
La organización gremial ha impulsado reuniones con asociaciones de funcionarios, dirigentes de atención primaria, parlamentarios y organizaciones territoriales para explicar el alcance real del recorte. También han desarrollado volanteos y actividades informativas dirigidas a usuarios y comunidades.
Para APRUS, la defensa del hospital debe transformarse en una causa nacional. La dirigenta llamó a articular una movilización amplia junto a organizaciones sindicales y sociales para enfrentar el ajuste presupuestario y defender la salud pública como derecho social.
“El diálogo que nosotros hemos hecho localmente también hay que hacerlo a nivel nacional, regional, con las distintas asociaciones y con la comunidad organizada y no organizada”, sostuvo.
La advertencia desde el Sótero del Río trasciende la crisis de un solo recinto hospitalario. Lo que hoy ocurre en el principal hospital público del país refleja las tensiones de fondo sobre el modelo sanitario chileno: financiamiento insuficiente, sobrecarga estructural y creciente presión hacia la privatización de prestaciones esenciales.
Fuente base: FEDEPRUS Metro
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