#NarcoDerecha// «¿Hacia donde apuntan los acuerdos firmados por Kast en Bolivia con presidente acusado de narcotráfico?» Por Nicolás Andrés Romero Reeves
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Los acuerdos firmados por José Antonio Kast en Bolivia abren la duda de si la cooperación portuaria, energética y tecnológica fortalece las rutas del narcotráfico que ya operan en la frontera. En este análisis, Nicolás Romero Reeves examina la incorporación de Chile al Escudo de las Américas de Donald Trump, sus implicancias para la soberanía regional y la disputa con China por la infraestructura y los recursos estratégicos. El libre tránsito por los puertos chilenos, el oleoducto Sica Sica-Arica y el corredor de fibra óptica no son cláusulas neutras: amplían los canales logísticos por donde ya fluye la cocaína boliviana hacia Europa y el Pacífico. El acuerdo no busca combatir esas rutas, sino administrarlas bajo un paraguas cuyo objetivo real es aislar a China y asegurar para Washington el control de los recursos estratégicos y las vías de salida del Cono Sur. La pregunta no es si la retórica antinarcóticos es sincera, sino si estos papeles, lejos de cerrar las rutas del narco, las integran a una arquitectura de poder que beneficia a las redes que dice perseguir.
Por: Nicolás Romero Reeves
La visita de José Kast a La Paz no fue una reunión bilateral más. Fue la puesta en escena de un acuerdo estratégico que trasciende el comercio y la retórica antinarcóticos. Lo que se firmó en el Palacio de Gobierno boliviano es el eslabón logístico que faltaba en una arquitectura continental diseñada desde Washington: el Escudo de las Américas, una alianza de quince países alineados con Donald Trump que utiliza la lucha contra el crimen organizado como coartada para dos objetivos simultáneos: contener a los gobiernos de izquierda y desplazar la influencia económica de China en América Latina. Para alcanzar estos medios, la narco estrategia impulsada por EEUU y materializada en la fachada del Escudo de las Américas, despliega redes y alianzas con actores vinculados a los negocios ilegales a gran escala como el narcotráfico de cocaína boliviana.
Los papeles que importan
Sobre la mesa quedaron una declaración conjunta y cuatro memorandos. El texto oficial habla de integración energética, modernización del ACE 22, cooperación minera y un corredor bioceánico de fibra óptica. Pero hay una cláusula que pesa más que el resto: las “garantías” de Chile para el libre tránsito de mercaderías bolivianas por sus puertos, por donde Bolivia mueve el 70% de su comercio exterior. A eso se suma la reversión del oleoducto Sica Sica-Arica para importar crudo y paliar la escasez crónica de combustibles, y la conexión boliviana al cable submarino Humboldt, que unirá Valparaíso con Australia y atravesará territorio boliviano hacia Brasil.
Cada uno de esos puntos tiene una doble lectura. El libre tránsito portuario es el mismo canal que, según la fiscalía chilena, fue utilizado entre marzo y junio de 2026 para sacar de Bolivia más de 1.000 toneladas de madera impregnada con cocaína y ketamina con destino a Europa, Estados Unidos y Oceanía. El oleoducto que se promete modernizar es la misma infraestructura que las redes de contrabando de combustible —las que aparecen en el expediente Cerimedo— desvían para financiar estructuras criminales. Y el corredor de fibra óptica crea nodos logísticos y de datos que, en manos de redes criminales, sirven para coordinar rutas y blanquear comunicaciones. La infraestructura que se celebra como desarrollo es, en los hechos, la infraestructura del NarcoEscudo.
La cloaca boliviana
El viaje de Kast no se entiende sin el escándalo que sacude al gobierno de Rodrigo Paz. Fernando Cerimedo, su exasesor personal, está detenido por causas de lavado de activos y narcotráfico. El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, lo acusó públicamente de manejar “los tentáculos del narcotráfico” y de coordinar vuelos irregulares en la ruta Beni-Santa Cruz-Brasil a razón de 15.000 dólares por avioneta. La testigo clave, Nadia Beller —expareja de Cerimedo y víctima de un atentado—, vinculó el entramado con el círculo familiar del presidente: la esposa, Bibi Urquidi, y la hija, Catalina Paz, aparecen mencionadas en los testimonios sobre desvío de combustible y contrabando de oro.
La secuencia posterior es reveladora. Días después de que Estados Unidos revocara visas a fiscales bolivianos, el fiscal general Roger Mariaca y el fiscal de Santa Cruz Alberto Ceballos —ambos a cargo de investigaciones contra Cerimedo— fueron detenidos. La tesis que se impone es que la “lucha contra el narcotráfico” invocada en La Paz sirvió como mecanismo de presión política para frenar las pesquisas que salpicaban al entorno presidencial. El NarcoEscudo no combate las rutas: las administra.
El negocio de la cocaína en Bolivia: producción, zonas y rutas de exportación
Bolivia ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en un centro de producción y procesamiento de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la superficie cultivada de coca en Bolivia alcanzó las 36.400 hectáreas en 2025, un 65,5% por encima del límite legal de 22.000 hectáreas fijado por la Ley de la Coca de 2017. Descontado el consumo del mercado legal, la producción potencial de cocaína se sitúa en torno a las 275 toneladas. El exministro de Gobierno boliviano Carlos Romero maneja una cifra aún más alta: sostiene que en Bolivia se procesan al menos 600 toneladas de cocaína, con el argumento de que grandes volúmenes de pasta base procedentes de Perú y Colombia ingresan por la frontera, se cristalizan en laboratorios locales y salen al mercado con sello boliviano. La Fundación Milenio, por su parte, estima la producción anual boliviana por encima de las 300 toneladas, lo que coloca al país en el tercer lugar mundial, solo por detrás de Colombia y Perú.
La geografía de la producción está fuertemente concentrada. El Trópico de Cochabamba es el corazón del negocio: en 2025 registró 17.470 hectáreas cultivadas, muy por encima de su cuota legal de 7.700, y la provincia Chapare concentra la mayor densidad de cocales y laboratorios de cocaína. Esa zona opera desde hace años al margen del control estatal efectivo. El expresidente Evo Morales se encuentra refugiado allí desde finales de 2024 para eludir la justicia, y los sindicatos cocaleros obstruyen las tareas de erradicación: en 2025 solo se铲 eliminaron 2.700 hectáreas, frente a las más de 10.000 anuales de ejercicios anteriores. Ese vacío de gobernanza es, precisamente, el espacio que las redes criminales transnacionales aprovechan para operar con impunidad.
En materia de exportación, el flujo boliviano se despliega en un abanico de direcciones. La Fundación Milenio identifica tres corredores principales: hacia Brasil y desde allí a Europa, por el Atlántico y el Pacífico, y hacia Chile para alcanzar Australia y Oceanía, el mercado donde el precio por kilo es más alto. La ruta brasileña es la más consolidada: la frontera entre el departamento de Santa Cruz y el estado de Mato Grosso do Sul funciona como el principal canal terrestre, y la droga llega a São Paulo o al puerto de Santos, donde se mezcla con cargamentos legales de soja y madera con destino europeo. La ruta chilena depende de los puertos de Arica e Iquique, desde donde la cocaína embarca por el Pacífico hacia Europa, Estados Unidos y Oceanía. A ello se suma el corredor argentino: varios informes oficiales señalan los pasos de Aguas Blancas y Bermejo como vías de tránsito relevantes, y algunas fuentes sostienen que cerca de la mitad de las 400 toneladas anuales que se atribuyen a Bolivia atraviesan territorio argentino.
Chile en la cadena: penetración terrestre y salida portuaria
Chile cumple en esta cadena una doble función: es receptor terrestre de la cocaína boliviana y, al mismo tiempo, plataforma de embarque marítimo hacia los mercados globales.
En el plano terrestre, las grietas de control en la frontera norte han sido explotadas de forma sistemática por las redes criminales. Un caso desarticulado por la PDI en julio de 2026 resulta ilustrativo: tres imputados —dos bolivianos y un chileno— introdujeron 197 kilos de cocaína y pasta base por pasos no habilitados de la Región de Antofagasta, y luego trasladaron la carga hacia el sur de Santiago en vehículos con compartimentos ocultos, donde la droga alcanzaba un valor de mercado cercano a los 3.000 millones de pesos. La ruta “Bolivia–Antofagasta–Santiago” reaparece en múltiples procedimientos, lo que indica que se trata de un modelo operativo estabilizado y no de hechos aislados. Una vez en Chile, parte de la droga sigue otro derrotero: se reacomoda en Santiago y sale por vía aérea mediante correos humanos o equipajes modificados con destino a Asia. La operación “Oriente”, desarticulada en octubre de 2026, mostró a una banda de nacionalidad peruana que ingresaba cocaína por pasos no habilitados del norte, la concentraba en la comuna de Recoleta y la enviaba en vuelos comerciales vía Turquía hacia Hong Kong.
En el plano portuario, los decomisos de 2026 pusieron en evidencia la escala industrial que puede alcanzar este comercio. Entre marzo y junio, el Servicio Nacional de Aduanas, la Armada y la Fiscalía de Arica y Parinacota intervinieron 45 contenedores de madera procedentes de Bolivia en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio. La droga no viajaba oculta en compartimentos convencionales: estaba impregnada químicamente en las fibras de la madera, sustituyendo su humedad natural, de modo que los escáneres habituales no lograban detectarla. El volumen total intervenido fue de 1.080,8 toneladas de madera, con un contenido estimado de entre un 10% y un 20% de cocaína y ketamina, es decir, alrededor de 108 toneladas de droga, cuyo valor en el mercado europeo superaba los 8.334 millones de dólares. Los destinos incluían Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y Marruecos, además de varios hubs de transbordo.
Esas dos vías —el goteo terrestre por pasos no habilitados y el envío masivo por contenedor— configuran la posición de Chile como nodo logístico de la cocaína boliviana. Bolivia aporta la producción y el procesamiento primario; Chile aporta la integración logística y la ejecución de la exportación. Las redes de ambos países operan con una división funcional del trabajo: los clanes bolivianos proveen la carga y el transporte interno, los contactos chilenos gestionan la penetración fronteriza, el almacenamiento y la carga portuaria, y las organizaciones transnacionales —PCC, Comando Vermelho, cárteles mexicanos— reciben la mercancía en los mercados de destino. La estabilidad de ese reparto se apoya en una asimetría de gobernanza: del lado boliviano, la ausencia del Estado abre el espacio de producción; del lado chileno, el volumen de comercio exterior y la capacidad portuaria ofrecen cobertura legal para la exportación.
Cuando Kast y Paz firman en La Paz un acuerdo de “seguridad fronteriza”, esa cadena ya lleva años funcionando con esa lógica. Y las cláusulas del memorándum sobre libre tránsito y modernización de infraestructura energética cubren, casualmente, el mismo conjunto de canales físicos de los que depende la salida de la cocaína.
El verdadero objetivo: China
El Escudo de las Américas fue lanzado en marzo de 2026 por Trump y el Comando Sur. Agrupa a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Su propósito declarado es coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional. Su propósito real, según el análisis de especialistas en relaciones internacionales, es otro: legitimar la injerencia estadounidense en la región y frenar la influencia económica de China.
La ecuación es simple. China es el principal socio comercial de Chile, Brasil, Perú y Argentina. Su inversión directa en América Latina alcanzó los 14.710 millones de dólares en 2024, y su hoja de ruta para la región prioriza infraestructura, litio, cobre, telecomunicaciones y energías renovables. El puerto de Chancay en Perú, el ferrocarril que conectará las minas de cobre y litio del centro peruano con ese puerto, y los proyectos de litio en Argentina y Bolivia son la columna vertebral de esa presencia. El Escudo busca revertir esa ecuación: presiona a los países miembros para que revisen sus lazos con Beijing, abandonen la Corte Penal Internacional y alineen su política exterior con Washington. La adhesión de Kast a ese club fue explícita: Chile dejó de ser observador y se integró formalmente a la coalición que, en palabras de diplomáticos reticentes, supone “sacar a China del hemisferio”.
La contradicción como método
El NarcoEscudo no es sólo una alianza contra el narcotráfico. Es una alianza de redes. Varios de sus integrantes arrastran señalamientos que los colocan en una posición incómoda para liderar esa lucha. Javier Milei carga con las investigaciones sobre el financiamiento de su campaña y los vínculos de su entorno con el narcotráfico. Nasry Asfura, en Honduras, hereda el partido de Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por facilitar el paso de toneladas de cocaína —y a quien Trump indultó, en una contradicción que los propios analistas del bloque destacan. Daniel Noboa, en Ecuador, enfrenta las revelaciones sobre el acceso de narcotraficantes balcánicos a los contenedores de su empresa familiar, Noboa Trading.
La visita de Kast consolida ese esquema en el Cono Sur. Los acuerdos firmados en La Paz no son un programa de seguridad: son la instalación de la infraestructura logística y energética que el NarcoEscudo necesita para operar. Puertos, oleoductos, fibra óptica y litio. Rutas para la cocaína, corredores para el contrabando, nodos para el lavado. Y, sobre todo, un mensaje a Beijing: América Latina es el patio trasero de Washington, y sus recursos estratégicos —el litio boliviano y chileno, el cobre, las rutas del Pacífico— no están disponibles para el adversario.
Lo que esconde el viaje de Kast a Bolivia no es un misterio. Es la continuidad de un negocio geopolítico: el Escudo no combate las rutas del narco, las integra a su propia arquitectura de poder. Y la frontera de 861 kilómetros, con sus pasos no habilitados y su trueque de autos robados por cocaína, es la prueba cotidiana de que los acuerdos diplomáticos pueden coexistir —y a veces reforzar— las condiciones materiales del crimen organizado.
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Por Revista De Frente.