Por Laurence Maxwell

Escritor, sociólogo y doctor en literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las próximas elecciones presidenciales en México, que se realizarán el 1 de julio de 2018, van a trazar un destino para la historia de ese país.

Muchos intereses están puestos en movimiento –grandes intereses–, por todo lo que hay en juego: la frontera con EE.UU, las inmensas riquezas naturales, la impresionante presencia del narcotráfico, la extrema pobreza, la gran población indígena, la excesiva violencia, la importancia geopolítica, los numerosos proyectos de extracción minera, etc.

Enrique Peña Nieto ganó las elecciones en 2012 con una serie de irregularidades. Muchos daban por hecho que el verdadero y legítimo ganador de los escrutinios era el contendor Manuel Andrés López Obrador (AMLO). En el decálogo de métodos de fraude electoral se incluyen la compra de votos a través de tarjetas de supermercados, la extorsión, la amenaza, el acarreo de votantes, la adulteración de identidades, la guerra sucia mediática, intimidaciones explícitas a los votantes por candidatos opositores al PRI, el bloqueo y control de municipios por grupos paramilitares, y, uno de los más importantes, la conversión de votos nulos a favor del candidato del PRI en el momento de los cómputos. Se prevé que para las elecciones de 2018 se echarán a andar todos estos mecanismos y algunos nuevos, que aseguren la continuidad de la mafia vinculada al PRI, que ahora lleva como rostro al economista José Antonio Meade, ministro de Hacienda de Peña Nieto hasta hace una semana.

Desde el momento en que Peña Nieto asumió la presidencia anunció una serie de reformas estructurales. No las presentó como un plan orgánico y totalizador, sino, más bien, como reformas aisladas para “mejorar” o “modernizar” algunos sectores de la administración pública. Lo que tienen en común estas reformas es que todas tienden a la privatización y la liberalización de la economía y del aparato estatal. Propuso una reforma a la educación, a los fondos de pensiones, al sistema de salud, al sector energético (lo que significa modificar el estatuto que rige sobre la explotación del petróleo, que es el principal ingreso del país), una reforma fiscal, reforma laboral, e incluso de las políticas de administración del patrimonio cultural. Muchas de esas transformaciones requerían una enmienda de la propia Constitución que rige la vida cívica del país desde 1917; sin embargo, no hubo una consulta para esos efectos, la Constitución se modificó de facto, con la venia del poder legislativo.

Como sabemos, esas mismas reformas estructurales fueron ejecutadas mucho tiempo atrás en varios países latinoamericanos durante las dictaduras. A ese proceso Naomi Klein le denominó Doctrina del Shock o capitalismo del desastre. Lo que significaba, en resumidas cuentas, introducir el modelo neoliberal por la fuerza, con derramamiento de sangre. México, en cambio, no ha tenido dictaduras militares como las del resto de Latinoamérica, convirtiéndose así en un nuevo modelo “ejemplar”, que demuestra que no es necesario ese shock que suspende el Estado de Derecho.

Estas dictaduras “legales” valiéndose de las debilidades institucionales, de la escaza capacidad de reacción de la ciudadanía, de la coaptación de las organizaciones sociales, de la total complicidad de la clase política (que se enriquece a costa de este proceso de enajenación de riquezas, servicios y capitales, sin consideración alguna por las consecuencias), y de la militarización con la excusa de alguna amenaza interna, ponen en práctica “legalmente” lo que antes fue hecho de manera “menos diplomática” (justamente hoy en México se va a promulgar una Ley de Seguridad Interior que confiere nuevas atribuciones a los militares).

Se ha dicho del sistema mexicano instaurado por el PRI que es la “dictadura perfecta”, pues es la combinación equilibrada entre gubernamentalidad y soberanía despótica; la que ha instalado, en lugar (o en yuxtaposición) de las instituciones clásicas, un estado de excepción “legal”, que generan en la población un sentimiento  de ingobernabilidad, de falta de referentes y falta de certezas. En esa situación ambigua los ciudadanos no tienen a quién recurrir para obtener protección, ni hay instituciones fiables donde exigir justicia. Se van cayendo así los velos ideológicos de la modernidad, y va quedando al desnudo el origen violento del derecho. Como ha dicho Derrida, se debe entender a  “la violencia como el ejercicio del derecho y el derecho como el ejercicio de la violencia”. Los grupos que están en el poder en México, y que gozan de sus privilegios, no están dispuestos a dejarlos, y los defenderán a cualquier precio. La hybris actual, la desmesura, es el rasgo característico de esta nueva asonada del capitalismo salvaje, junto a la total indiferencia del poder respecto de las consecuencias de su codicia.

A la violencia económica, que es propia del sistema o modelo global, se le suma en México la espectacularidad de la violencia microfísica, aquella que está a diario en la televisión y que es presentada más como crónica roja que como resultado de una voluntad política. A la conjunción de esas dos violencias la filósofa mexicana Sayak Valencia ha denominado “capitalismo gore”, con el que se refiere “al derramamiento de sangre explícito e injustificado”. Sayak Valencia extrema así el concepto de biopolítica para dar cuenta de lo que se vive a diario en México: Una camionada de cuerpos arrojados en una plaza en Veracruz, fosas clandestinas con centenas de cuerpos encontradas por montones en el proceso de búsqueda de otros desaparecidos, cabezas cortadas dejadas con un mensaje en la entrada de los municipios, rostros desollados, cuerpos mutilados, feminicidios, esclavismo, violaciones, secuestros.

Los zapatistas, en el libro El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista, afirman que han identificado algunos fenómenos nuevos en el capitalismo de los últimos años. Uno de esos rasgos distintivos es el apetito voraz de las grandes transnacionales respecto de cosas que antes le eran indiferentes, como las tierras indígenas, el agua, la biodiversidad. Y otro rasgo que han identificado es el carácter sádico de la violencia empleada. Ya no les basta con desplazar poblaciones, amenazar, explotar, despojar; ahora hay un goce perverso en esa labor, que incluso, en muchos casos, es hecha por los mismos dueños del capital; ellos, por mano propia, ejecutan el trabajo sucio, extrayendo placer en el ejercicio del poder.

Los zapatistas aseguran que la tormenta que se avecina es una guerra contra la humanidad y que, para entender lo que ahí está aconteciendo, es necesario asumir que se trata de la experiencia más profunda de la tendencia de los estados posmodernos a diluirse en el contexto neoliberal, ubicándose en la frontera de la economía y de la política. La nueva clase dirigente, proveniente de la fusión entre política y capital especulativo, administradores, tecnócratas, millonarios, se vinculan con la violencia de manera natural, administrándola y suministrándola.

Los que defienden el antiguo sistema estatal, la antigua clase media, de empleados, profesores e intelectuales, tienden a extinguirse, o se someten al abuso para no caer al barranco de la guerra civil, intentando restablecer por los medios democráticos, cada vez más exiguos, que tienen a la mano, un orden en que el Estado esté al servicio de un capitalismo “moderno”. Esa es la clase y el proyecto que representa Andrés Manuel López Obrador, que no propone realmente abandonar la senda neoliberal, sino reducir la corrupción y limitar la enajenación de las riquezas naturales. Su candidatura se basa en un programa populista del que no se pueden esperar grandes cambios; sin embargo, es hoy la que ofrece una sensación de mayor estabilidad, y genera esperanza en una ciudadanía agobiada.

Por otro lado, frente a la violencia económica y fáctica se han dado en México recientemente experiencias insólitas de organización armada. Las Autodefensas de Michoacán, son grupos de civiles que, cansados de los abusos, se armaron para defenderse del crimen organizado, acabando con el cartel de Los Caballeros Templarios. Las Policías Comunitarias, por su lado, creadas por grupos indígenas de Guerrero, responden a una idea de organización, de justicia y de gobierno que quieren llenar el vacío que deja la displicencia oficial. También está la increíble experiencia de autogestión y autodefensa de los pueblos purépecha en Cherán. Y cada cierto tiempo aparecen nuevos y más grupos armados de autodefensa en distintos lugares del país, los que vienen a sumarse y a replicar la experiencia del EZLN, que ya tiene más de 30 años.

En la película Silencio, de Scorsese, un personaje se pregunta: “¿Cuál es el sitio de un hombre débil en un mundo como éste?”; la respuesta a esa pregunta vuelve a aparecer en la reflexión zapatista. La comunidad es el único sitio. La comunidad organizada y en resistencia. Y en México existen innumerables experiencias de autogobierno, bajo el principio de mandar obedeciendo, ejercitando una ética que sólo tiene sentido en la praxis de la comunidad. Comunidad, sentido y ética son sinónimos. Frente a la violencia sistémica la comunidad es el único lugar seguro.

Hace unos meses las comunidades indígenas mexicanas organizadas, reunidas en el Consejo Nacional Indígena (donde hay representantes de sesenta pueblos), nombraron a la maestra de escuela primaria María de Jesús Patricio como su vocera y candidata a las elecciones presidenciales de 2018, oponiendo al globalizado orden neoliberal una visión de mundo que se sustenta en el respeto a los pueblos y a la naturaleza.

Frente a estas tres tendencias los mexicanos tendrán que decidir en las elecciones. El debate y la recopilación de firmas para las candidaturas ya se ha iniciado; sin embargo, todo indica que la guerra sucia, que en México nunca ha llegado a su fin, se verá intensificada en los próximos meses.

(Fuente de imagen: https://www.lanetanoticias.com/148108/poniatowska-pide-amlo-votar-por-marichuy-en-2018)