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«ME-O denuncia que no pudo visitar en prisión al ex presidente del Perú Pedro Castillo»

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«Desde el Grupo de Puebla expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de reclusión del presidente Castillo, sometido a una prisión preventiva cuestionada por amplios sectores del ámbito jurídico y por instancias internacionales.
Las autoridades de Perú deben garantizar que se respete plenamente el derecho del expresidente Pedro Castillo a recibir visitas, incluyendo a representantes institucionales y políticos internacionales. Lo ocurrido hoy es incompatible con los principios básicos de transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos.»

 

 

Por: RDF

El domingo 1 de junio, el político chileno Marco Enríquez Ominami intentó visitar en el penal de Barbadillo (Lima) al ex presidente constitucional del Perú el profesor Pedro Castillo, pero el derecho de visita fue negado sin explicación.

Enríquez se encontraba junto al diputado español Enrique Santiago a quien también se le negó la visita, frente a lo cual señaló en un post de X:

Tras esperar 7 horas en la prisión de Barbadillo para una visita autorizada al presidente Castillo, nos prohibieron la entrada a mí, al congresista @parionasinche y a @marcoporchile). 907 días de prisión arbitraria y nos impiden verle.

Reacciones internacionales: El Grupo de Puebla denuncia impedimento arbitrario de visita al expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo

El Grupo de Puebla denuncia públicamente que el domingo 1 de junio fue impedido arbitrariamente el ingreso al penal de Barbadillo del coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, y del diputado de las Cortes Generales de España y miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Enrique Santiago, quienes acudieron en calidad de visita al expresidente constitucional del Perú, Pedro Castillo.
Ambos contaban con autorización previa para concretar la visita, tramitada conforme a los procedimientos establecidos por la administración penitenciaria peruana. Sin embargo, al momento de su llegada se les negó el ingreso sin entregar razones de fondo, en un acto que representa una clara vulneración a los derechos del expresidente Castillo.
Desde el Grupo de Puebla expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de reclusión del presidente Castillo, sometido a una prisión preventiva cuestionada por amplios sectores del ámbito jurídico y por instancias internacionales.
Las autoridades de Perú deben garantizar que se respete plenamente el derecho del expresidente Pedro Castillo a recibir visitas, incluyendo a representantes institucionales y políticos internacionales. Lo ocurrido hoy es incompatible con los principios básicos de transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos.
El Grupo de Puebla y CLAJUD continuarán vigilando activamente esta situación y reiteran su compromiso con la defensa del debido proceso, los derechos fundamentales y la democracia en la región.

Con posterioridad a la frustrada visita, ME-O conversó con Nicolás Romero sobre el incidente, aquí te lo compartimos.

«Intenté visitar al ex presidente de Perú Pedro Castillo y le negaron derecho a visita» ME-O

Se dijo en #MarcoLive 02 06 2025

Sobre el golpe de Estado a Pedro Castillo

El golpe de Estado contra el presidente peruano Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022, fue un evento que culminó meses de crisis política en el país. Castillo, un maestro rural y líder sindical, había asumido el poder en julio de 2021 tras una elección polarizada, representando a sectores populares y prometiendo reformas en áreas sensibles como la minería, la educación y la redistribución de la riqueza. Sin embargo, su gobierno enfrentó una constante oposición por parte del Congreso, dominado por partidos conservadores, entre ellos el fujimorismo.

El Parlamento, liderado por Fuerza Popular, partido fundado por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, jugó un papel central en la desestabilización del gobierno de Castillo. Desde el inicio de su mandato, la oposición buscó bloquear sus reformas y presentó repetidos intentos de vacancia presidencial (destitución), alegando incompetencia moral y corrupción. Si bien es cierto que el gobierno de Castillo enfrentó dificultades en la gestión y denuncias, muchos analistas interpretan estos movimientos como parte de una estrategia para proteger los intereses de las élites económicas y evitar cambios estructurales, especialmente en sectores como la minería.

Uno de los temas clave en el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso fue la explotación de los recursos minerales, una fuente vital para la economía peruana. Castillo había propuesto revisar los contratos de concesión minera y aumentar la carga fiscal a las grandes empresas del sector, con el objetivo de redistribuir parte de los beneficios hacia las regiones más afectadas por la pobreza y los impactos ambientales de la minería. Este enfoque generó resistencia en el Congreso, donde muchos parlamentarios, vinculados a intereses empresariales, veían en esas políticas una amenaza a la estabilidad de las inversiones.

El 7 de diciembre, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia, argumentando que el Parlamento estaba saboteando su gestión y que era necesario reformar el sistema político. Este intento fue rápidamente calificado como un «golpe de Estado» por sus oponentes, incluyendo el propio Congreso, que respondió con celeridad, destituyendo a Castillo en una votación fulminante y acusándolo de quebrar el orden constitucional. Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió la presidencia tras la destitución.

Un verdadero golpe parlamentario, en el que fuerzas conservadoras, encabezadas por el fujimorismo, utilizaron sus mayorías en el Congreso para bloquear el programa reformista de Castillo y proteger los intereses de las grandes empresas, especialmente las mineras. Así, el desenlace no solo reflejó la fragilidad institucional de Perú, sino también las tensiones de fondo en torno a quién controla los recursos naturales y cómo se distribuyen sus beneficios en un país marcado por profundas desigualdades.

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Chileno, padre. Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Sociología de la misma casa de estudio y Director de Revista De Frente.

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