Por Sebastián Soto-Lafoy

En las últimas semanas se reveló información que hasta el momento había estado oculta, y que no dejó indiferente a nadie: Hablamos del fallido “convenio de colaboración y coordinación” del Servicio Nacional de Menores (SENAME) con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) denunciado por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores/as del SENAME (SINTRASUB), el cual generó un rechazo transversal en la opinión pública, que tuvo como efecto su disolución desde el Ministerio de Justicia, y la reciente renuncia de la ex directora del organismo.

La Defensoría de la Niñez y SINTRASUB manifestaron en su momento que el Estado con este convenio no estaba cumpliendo sus obligaciones básicas de protección y cuidado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (de los sectores más segregados y precarizados de la sociedad) que están bajo su custodia. De hecho, vulneraba sus derechos pasando por alto la Convención de Derechos del Niño, en cuanto al derecho a la privacidad y no estigmatización y no criminalización. El Estado utilizaba el SENAME como base de información para controlar y perseguir a la población más vulnerada. Una contradicción que perpetúa la lógica perversa y sistemática del Estado chileno de no garantizar los derechos de la niñez, sino que de violarlos.

¿Cuál era la finalidad real de este “acuerdo de colaboración” entre dos organismos públicos dependientes de ministerios distintos, con objetivos tan disimiles? ¿Por qué se daba lugar a asociar las niñeces y adolescencias –pobres- con grupos criminales? ¿Acaso para el SENAME los y las adolescentes que han infringido la ley penal son potenciales terroristas? Todo parece indicar que el objetivo de ese acuerdo no era técnico, sino que político: criminalizar, perseguir y castigar a los presos políticos y presas políticas de la revueltasocial iniciada el 18 de octubre del año pasado, que estuvieron, están o estarán en centros del SENAME, poniendo en juego lógicas institucionales adultistas y fascistas propias de un Estado autoritario. Lamentablemente, no se puede esperar mucho de un gobierno heredero del pinochetismo, que no conoce otras formas de gobernar que no sea por medio del control, vigilancia, castigo, persecución, estigmatización, y un largo etcétera.

Ahora, más allá de este acuerdo fallido, cabe preguntarse una cuestión más profunda: ¿Qué ha hecho concretamente este gobierno en sus 2 años de mandato en cuanto a reformas estructurales del SENAME? ¿Ha mejorado la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en hogares del SENAME? ¿Han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras?  ¿Ha habido una participación de los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones DDHH, colectivos estudiantiles, en las propuestas y cambios en la estructura del sistema de protección social de la niñez? ¿Han estado realmente los niños y las niñas en el SENAME «en la primera fila»? En definitiva, ¿Cuál ha sido rol del Estado en cuanto a políticas públicas de niñez y adolescencia durante este gobierno? Considero que ese es problema central en esta coyuntura. Esto porque enfrentamos una crisis institucional del sistema de protección social de niñez que se arrastra hace años, y que después del 2017, la crisis del SENAME no ha estado presente en la opinión pública y la agenda política con tanta fuerza como lo estuvo en ese año.

La información más reciente sobre el accionar del gobierno se puede ver una entrevista dada a Susana Tonda, ex directora del SENAME, en la radio Pauta el 15 de marzo del presente año. En dicha entrevista afirma lo siguiente: “Respecto al fin del servicio, Tondaespera que se concrete el próximo año y explica que se está avanzado en los proyectos de ley que permitirán el proceso de cambio hacia una nueva institucionalidad, donde el actual sistema será reemplazado por dos nuevos servicios públicos: el Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Servicio de Reinserción Juvenil. No es solo un cosmético de ley. […] Como lo que se va a traspasar al Ministerio de Desarrollo Social son todos los programas de protección, rediseñados y en curso, sí vamos a poder decir ya no existe el Sename». Si para el gobierno durante su campaña puso tanto énfasis en la consigna “los niños primero”, ¿Por qué recién el próximo año (en el penúltimo año de mandato del presidente), recién será enviado los proyectos de ley para remplazar el SENAME? ¿Qué asegura que ese cambio de nombres no sea netamente de carácter netamente administrativo-burocrático? Si ya hasta marzo del año pasado han muerto 32 personas (15 niños/as y adolescentes y 17 jóvenes mayores de edad que no pudieron abandonar los centros), quiere decir que no ha cambiado mucho la realidad en los centros de este organismo.

La denominada “crisis del SENAME” viene de hace años. Con el asesinato de la niña Lissette en un Cread Galvarino el año 2016, que comenzó a ser investigado por Fiscalía al año siguiente, abrió y visibilizó innumerables denuncias por cientos de casos de violencia, abuso sexual, violaciones, maltrato físico y/o psicológico y muertes de niños, niñas y adolescentes al interior de centros del organismo, ya sean residenciales o ambulatorios, en todo el país. Las últimas cifras oficiales del año 2017 datan de 1.313 NNA muertos en el período 2005-20016. Posiblemente, hoy en día, son más.

En este punto quisiera introducir una breve reflexión sobre la denominada crisis del SENAME, a propósito de este acuerdo diluido la ANI, que daría cuenta de una crisis másestructural y sistémica sobre el carácter de la protección social estatal a los niños y las niñas más vulnerables del país.

En el año 2017, a propósito de la muerte de Lissette, el psicoanalista Matias Marchant publicó una columna de opinión en CIPER en la que sostiene que no es la crisis del SENAME la que estamos afrontando, institución a la que se dirigen todas las críticas y acusaciones por la violencia ejercida hacia los niños y las niñas, sino que, en términos generales, es una crisis de carácter social y cultural sobre las representación de la niñez, que incide en la institucionalidad – sistema de protección social de niñez- en lo que respecta a sus prácticas y lógicas de abordaje, ya sea en el trato humano e interpersonal, como en las intervenciones profesionales (psicológicas, medicas sociales) con los NNA. Asimismo apunta a las profundas desigualdades del país, y a la falta de acceso a derechos sociales básicos: educación, salud, vivienda, trabajo.

Derechos que sabemos que en nuestro país no son garantizados por un Estado subsidiario. Quisiera aquí agregar a la reflexión de Marchant, otra perspectiva sobre el rol del Estado en esta violencia estructural hacia las niñeces y adolescencias, en vista de profundizar el análisis que lucidamente realiza: la crisis del Estado adultocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? El adultocentrismo, en tanto sistema sociocultural hegemónico que establece una figura idealizada de la adultez, impone una visión de la vida desde el mundo adulto a las personas “menores” (niños, niñas y adolescentes) y “mayores” (adultos/as mayores). Construye socialmente una división de las edades, en la que se distribuyen ciertas tareas, deberes, derechos, en función de las mismas, configurando así clases de edad. De esta manera, se legitima una jerarquización entre grupos etarios, habilitando relaciones intergeneracionales desiguales y subordinadas. Talcomo se sostiene desde la sociología, las clases de edad al ser una construcción socio-histórica, variable a la época, sociedades y culturas determinadas, también se configuran imaginarios y representaciones sociales de los distintos grupos etarios, que se reproducen desde distintos ámbitos, lugares e instituciones. El Estado chileno en esto ha cumplido un rol fundamental en lo que respecta a reproducir esos estereotipos, criminalizando yestigmatizando a la población infanto-juvenil de los sectores populares. Éstos/as son el foco de los discursos políticos de las autoridades gubernamentales y municipales que tienden a discriminarlos despectivamente, utilizando adjetivos como “delincuentes” , “inmaduros” e incluso “terroristas”, sobre todo en situaciones que alteran la normalidad cotidiana, como las protestas estudiantiles. A partir de prejuicios y estereotipos del mundo adulto, se va configurando un imaginario social del “adolescente problema” o “adolescente revoltoso”,proclive a “meterse en problemas”, como si fuera una condición biológica inherente a esa edad. Desde esa lógica, no extraña que haya habido un acuerdo de cooperación inter-institucional -por mas aberrante que sea- entre ANI y SENAME. Porque el razonamiento gubernamental que asocia delincuencia con la población infanto-juvenil de un determinado estrato socioeconómico, es parte de la lógica adultocéntrica que sustenta, promueve y reproduce el Estado. Clases de edad y clases sociales son dos aspectos que se articulan y profundizan las prácticas de domesticación y control social adulta.

Desde esta perspectiva, el Estado se representa como aquel padre autoritario y violento que busca constantemente vigilar, castigar y controlar cada acto, cada paso, cada palabra de sus hijos/as, imponiendo su forma de ver la vida y habitarla, sin dar lugar alguno al dialogo y la diferencia. Así como el padre autoritario que utiliza distintos métodos de coerción con sus hijos/as, cuándo éstos/as realizan alguna acción que no va acorde a la racionalidad adulta, el Estado chileno utiliza los distintos mecanismos jurídicos e institucionales a su alcance para perseguir a los y las jóvenes que han protestado constantemente durante el estallido social, criminalizándolos y estigmatizándolos. Estas acciones hiper-vigiliantes del Estado solo profundizan aún más la violencia institucional y social hacia el grupo más vulnerable de la sociedad, incumpliendo gravemente su rol de garante de derechos, y de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y también como sujetos sociales y políticos. Cabe destacar que estos dispositivos de intervención estatal en el campo social no son nuevas ni nacen en el estallido social, tienen una influencia histórica de los tiempos de la dictadura que se han mantenido y aplicado hasta la actualidad, con sus transformaciones y perfecciones.

Que el sistema de protección social de la niñez está en una crisis profunda y sistémica hace años, es el reflejo de este Estado adultocéntrico que no solo criminaliza, sino que también es ciego, sordo y mudo frente a los padecimientos de los niños, niñas y adolescentes que están bajo su (en teoría) protección. La pregunta que cabría hacerse, es cuál es la salida posible a esa crisis institucional, que durante los gobiernos post-dictadura (Concertación y Derecha) no han podido mejorar, ni menos solucionar. Evidentemente, al ser una crisis compleja que lleva años, no se puede sostener soluciones ni fórmulas simples. Lo que sí es posible reflexionar, es que en este contexto de estallido o revuelta social, con un proceso constituyente en curso, se abren puertas para iniciar una reforma estructural de las instituciones. Hay dos ideas que me parecen fundamentales plantear: La primera, que en este proceso constituyente de una nueva Constitución, se hace muy necesario que las discusiones y debates en los cabildos, asambleas territoriales, asambleas autoconvocadas, esté presente un nuevo sistema de protección social de la niñez y adolescencia, y que se le dé la misma importancia que a los temas históricos en nuestro país: educación, salud, trabajo, vivienda, pensiones. Ha quedado claro que para la clase política, las políticas de niñez no son su prioridad, por lo que debe serlo para la ciudadanía. Pocas políticas publicas nacen de la “buena voluntad” de dicha clase política, sino más bien de la capacidad de organización y movilización ciudadana con propuestas claras y concretas, sumado a la convicción ideológica por lo que se protesta. Es necesario continuar en la reconstrucción del lazo social desde la solidaridad y la comunidad. No somos seres aislados, vivimos en una sociedad, y aquellos más vulnerables, son aquellos a quienes más debemos cuidar. En ese sentido, la salida es colectiva, no individual. Y en segundo lugar, si bien nuestro rol como adultos y adultas debiese ser de protección con los niños y las niñas, también considero relevante el que se multipliquen y generalicen las instancias de participación infantil en los espacios de cabildos y asambleas (bajo la modalidad de asambleas de niños/as y adolescentes) en el que también tengan voz y voto en el país que quieren construir, y especialmente sobre sus propios derechos. No necesitan de otros/as adultos/as que hablen en representación de ellos/as y de sus derechos.  Esto implica un cambio cultural de empezar a pensar y ubicar, desde el mundo adulto, a los niños y las niñas desde una perspectiva protagónica.

Siguiendo esa línea, ¿Por qué no en este proceso constituyente se habilitan asambleas de NNA en las residencias y centros ambulatorios del SENAME en las que puedan opinar sobre cómo les gustaría que fueran los centros por donde transitan? Sería una forma de facilitar que sus opiniones sobre un nuevo sistema de protección social de la niñez, del cual ellos y ellas forman parte, estén presentes, desde su mirada. Un mínimo gesto de reconocimiento con aquellos más olvidados y violentados de la sociedad.