«Lula visita a Cristina// «También intentaron callarlo y volvió con el voto del pueblo»
«En una declaración en redes sociales, Cristina agradeció la visita de Lula y recordó que él también fue perseguido, encarcelado e intentaron callarlo sin éxito. “Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, escribió. “Por eso, su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”.
Por: RDF
Lula visita a Cristina Kirchner: un acto de solidaridad frente al lawfare
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó hoy a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio del barrio Constitución, donde cumple arresto domiciliario tras una condena judicial por presuntos hechos de corrupción. La visita, autorizada por la Justicia y celebrada tras la cumbre del Mercosur, fue calificada por Cristina como “un acto político de solidaridad” en un contexto marcado por la persecución política y la degradación institucional.
En una declaración en redes sociales, Cristina agradeció la visita de Lula y recordó que él también fue perseguido, encarcelado e intentaron callarlo sin éxito. “Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, escribió. “Por eso, su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”.
La expresidenta aprovechó el momento para denunciar las condiciones en que cumple su arresto, señalando que el tribunal que controla su situación no solo limita sus derechos políticos, sino también los más básicos derechos civiles. En otro mensaje difundido este miércoles, señaló: “Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”. Denunció que cualquier otro visitante debe presentar una solicitud formal y esperar la autorización judicial, un régimen que calificó de “arbitrario, violatorio de mis más elementales derechos civiles, y que no se aplica a nadie más”.
Cristina fue más allá y denunció que la Argentina vive hoy una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, lo que describió como una forma de “terrorismo de Estado de baja intensidad”. Denunció detenciones arbitrarias contra jóvenes militantes, vigilancia en redes sociales sin orden judicial, restricciones a la libertad de prensa y represión policial como parte de un entramado destinado a disciplinar a la sociedad. “Esta es la deriva autoritaria… Están convirtiendo al país en un experimento continental”, afirmó, comparando el actual modelo con el Chile de Pinochet y su rol como laboratorio de los Chicago Boys. “Hoy quieren que nuestro país sea el banco de pruebas de Milei y los Caputo Boys. Mismo manual: salarios de hambre, privatización total, entrega absoluta al FMI”.
En su mensaje, también advirtió que lo que se vive hoy es un ataque preventivo a la capacidad del pueblo de organizarse, en preparación para las reformas estructurales que el gobierno anunció para después de octubre: previsional, laboral y fiscal. Aun así, expresó confianza en la resistencia popular: “No les va a salir bien. Si el pueblo habla, si se organiza, si se defiende… no van a poder. Lula lo demostró en Brasil, y nosotros también lo haremos”.
Antecedentes
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el lunes 10 de junio la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. La causa, conocida como «Vialidad», se convirtió en la piedra angular de una avanzada judicial que, desde hace años, ha buscado erosionar su figura política y neutralizar su peso electoral.
La sentencia se produce a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas, a las que Cristina había anunciado su intención de presentarse como candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Con esta decisión, queda formalmente proscripta, reforzando las denuncias que desde hace años se vierten sobre un proceso sistemático de persecución política a través de los tribunales: el llamado lawfare.
El caso que hoy se sella judicialmente acusa a la exmandataria de haber favorecido con contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez durante sus gobiernos, entre 2007 y 2015. Aunque no se le atribuyó enriquecimiento personal ni se probó vínculo directo con actos de corrupción, los jueces interpretaron que su rol institucional la hacía responsable del esquema general de adjudicaciones en la provincia de Santa Cruz. Paradójicamente, ninguno de los organismos técnicos del Estado detectó irregularidades significativas en las licitaciones al momento de su ejecución.
La principal referente del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, se dirigió a una multitud de militantes que se congregaron frente a la sede del Partido Justicialista —que ella misma preside— en respuesta a la sentencia dictada por la Corte Suprema. La manifestación, cargada de tensión y expectativa, se daba en un clima enrarecido por la filtración anticipada del fallo en medios alineados con sectores antiperonistas.
“Este triunvirato de monigotes —en alusión directa a los jueces de la Corte— responde a mandos naturales muy por encima de ellos: el poder económico concentrado de la Argentina”, disparó la exmandataria, desatando una ovación entre los presentes. Su discurso combinó denuncia, desafío y una reafirmación de liderazgo en uno de los momentos políticos más críticos para su figura.
La defensa de Cristina Fernández denuncia una “venganza del poder” y prepara ofensiva internacional contra la Corte Suprema
A pocas horas de que la Corte Suprema argentina confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, su abogado Gregorio Dalbón publicó un extenso comunicado que no escatima en calificativos ni advertencias. En un tono firme y combativo, el letrado denunció que lo ocurrido este 10 de junio representa “una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia en 1983”.
Dalbón no solo cuestiona el contenido jurídico del fallo, sino que le atribuye un sentido político explícito: la proscripción de una figura que, según afirma, “transformó la Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica”. Según el abogado, el fallo fue “escrito de antemano”, en el marco de un “proceso que jamás debió haber existido” y que califica como una “venganza del poder”.
La pieza de Dalbón —que rápidamente se viralizó en redes sociales— despliega una crítica severa al funcionamiento del Poder Judicial, al que acusa de actuar “sin independencia ni imparcialidad” y de haber cedido ante “una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla”.
En su argumentación, el abogado afirma con contundencia que no existe ni un solo elemento jurídico que justifique la condena. “No hay delito. No hay prueba. No hay justicia”, repite como mantra. Y va más allá: “No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna. Ni siquiera hay una descripción clara del hecho punible”. Según Dalbón, el fallo se sostiene en “conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente”.
El comunicado también pone el acento en la dimensión internacional del conflicto. Dalbón anunció que la defensa ya inició los trámites para recurrir a organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional. El objetivo es denunciar lo que considera una grave violación de garantías procesales y un retroceso en el Estado de Derecho en Argentina.
La venían persiguiendo
Pero este episodio no es aislado. Desde que dejó la Casa Rosada en 2015, Cristina ha enfrentado más de una docena de causas penales, allanamientos espectaculares, intervenciones judiciales de su espacio político, y campañas mediáticas sincronizadas con resoluciones de jueces federales. En 2016, por ejemplo, fue procesada por la venta de dólar futuro, una causa que fue desestimada más tarde por inexistencia de delito. En 2018, fue imputada en el expediente de los “cuadernos”, donde se utilizaron fotocopias como prueba central. En todas estas investigaciones, la justicia mostró una lógica más asociada al castigo preventivo que a la búsqueda de verdad.
