«Licitación del litio: el agua vale más que el Litio» por Ramón Morales Balcázar 

Licitación del litio: el agua vale más que el Litio. 

 Por Ramón Morales Balcázar  (*) 

 En un contexto de crisis marcado por el calentamiento global, la emergencia de una agenda climática corporativa basada en el reemplazo tecnológico esconde las profundas e irreversibles consecuencias que los mercados verdes tienen sobre territorios indígenas y rurales del Sur Global. En nuestro país, la expansión de la minería del litio que resulta del desarrollo de la industria de la electromovilidad ha profundizando las condiciones de injusticia socioambiental y las desigualdades entre los habitantes de los salares de Atacama y Maricunga.  

Con la licitación internacional de 400.000 toneladas de litio chileno, estas dinámicas amenazan con reproducirse en los cerca de 60 salares ubicados dentro del territorio nacional. En este sentido resulta necesario comprender, desde una mirada situada y en diálogo con los actores sociales del territorio, el complejo modelo de despojo que se consolida en los Salares de Atacama y Maricunga a la luz de una transición energética promovida por los países más poderosos y contaminantes del planeta.  

Esta agenda climática de mercado encuentra eco en los planes de crecimiento concebidos con poco conocimiento de los territorios sometidos al sacrificio socioambiental de un modelo de (mal)desarrollo dependiente de la exportación de materias primas para la reproducción de modos de vida bajos en emisiones tan ajenos como lejanos.  

En efecto, el optimismo del consenso verde extractivista contrasta radicalmente con la preocupación de pueblos indígenas, comunidades locales y no pocos científicos y activistas que ven en la minería del agua una amenaza a la sustentabilidad de socio-ecosistemas tan frágiles como valiosos.  

En la minería del litio se materializan de las contradicciones de un modelo de desarrollo que, más allá de décadas de promesas, beneficia a unos pocos en forma burdamente desigual y cuyos impactos acumulados, presentes y futuros han sido sistemáticamente negados e invisibilizados.  

 Pero qué pasa y que no pasa con el litio en Chile va más allá de las cuestiones de la propiedad y distribución de las rentas mineras, y ciertamente más allá de lo socioambiental. Conocida es la historia de SQM y de cómo esta fue entregada en dictadura al entonces yerno de Pinochet, Julio Ponce. Conocidos son también los vínculos del segundo hombre más rico de Chile a casos de corrupción, fraudes al fisco y financiamiento ilegal de la política que dejaron al país, una vez, con un amargo sabor a impunidad. En 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente abre un proceso sancionatorio – aun en curso – por faltas graves y gravísimas de la empresa que de acuerdo a las sanciones contempladas en el Artículo 39 de Ley Orgánica de la SMA constituían mérito suficiente para anular la Resolución de Calificación Ambiental la empresa. Sin embargo, en enero de 2018 y justo antes de la salida de Michelle Bachelet, se firmó el convenio CORFO-SQM otorgando 180.000 toneladas de litio a cambio de la salida de Ponce, dinero para I+D (de donde surge polémica licitación del Instituto de las Energías Limpias) y de regalías para municipios y comunidades atacameñas que ascienden a entre USD10-15 millones.  

En aquel entonces, la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños interpuso un recurso de protección que fue desestimado por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema. Un par de años mas tarde, el convenio se encuentra totalmente vigente y las entregas de dinero para desarrollo comunitario se materializan gradualmente.  

 Cuatro años más tarde, el turno fue de Sebastián Piñera. Poco antes del término de su mandato y de espalda al país, decide unilateralmente entregar 400.000 toneladas de litio a través de una licitación internacional, recordándonos inevitablemente lo que sucediera años atrás con el Convenio CORFO-SQM.  

Esta vez, sin embargo, la operación no beneficiaría solamente a la empresa de Ponce, sino que también a Albemarle – de origen estadounidense y también presente en el Salar de Atacama-, a la china BYD Chile y a dos empresas controladas por el Grupo Errázuriz: Cosayach Caliche y Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Este grupo es conocido por el Proyecto NX1 de Peine y una larga disputa con SQM en el Salar de Atacama, así como por su participación en el Proyecto Sales de Maricunga en el Salar del mismo nombre de la Región de Atacama, en territorio ancestral del pueblo colla.  

 Las reacciones a esta licitación no tardaron en llegar y se hicieron mas visibles en la medida que se acercaba el plazo de cierre. Mientras en Santiago se llamaba a una manifestación por la recuperación del litio en Plaza de la Dignidad, organizaciones de la sociedad civil y movimientos en San Pedro de Atacama realizaron una caminata y un acto cultural por la defensa del agua y la vida los salares.  

Si bien es muy posible que las nuevas cuotas no provengan del Salar de Atacama, a este llamado no tardaron en sumarse comunidades reunidas en la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, principal plataforma de representación para el pueblo atacameño o lickanantay del Salar de Atacama y cuyos miembros, sin embargo, mantienen relaciones con las dos mineras de litio operando actualmente en el Salar SQM y Albemarle. Más allá de estos contrastes que nos hablan de la confluencia de al menos dos grandes perspectivas en torno a este tema, queda abierta la gran pregunta acerca de las posibilidades concretas de detener el proceso de licitación, la que podría encontrar una respuesta en el proyecto de ley presentado recientemente por la bancada PC 

 La problemática del litio es un problema de soberanía, de equidad, de derechos humanos, de ciencia y conocimiento, de transparencia de justicia epistémica, ambiental y climática, todo a la vez. Es por ello que necesitamos abordarla sin demora desde un enfoque que permita la suficiente amplitud y profundidad para no reproducir un modelo de desarrollo que entiende a los pueblos, a los trabajadores y a la propia naturaleza como mercancías cuya destrucción es económicamente compensable.  

En este sentido, nos preguntamos si la promesa del futuro gobierno de Gabriel Boric de terminar con las zonas de sacrificio en Chile será compatible con el extractivismo en los cerca de 60 salares cuyas poblaciones humanas y no humanas podrían verse afectadas por futuros proyectos mineros y los impactos del cambio climático que se acentúan cada año. El desafío de llevar los discursos ambientalmente amigables a la práctica concreta en medio de una crisis climática será necesariamente el desafío de elegir con quienes dialogar, y con quienes tomar decisiones clave para el futuro de los territorios, los trabajadores y el país. 

 En este sentido, la Convención Constitucional se ha convertido en un espacio privilegiado para oír a actores y actrices sociales, así como a los propios constitucionales que en casos como el de Cristina Dorador – miembro de OPSAL – ha llevado a la palestra el problema urgente que presenta la sustentabilidad de los salares andinos. La claridad con que la antofagastina expresó su postura crítica frente a un extractivismo irresponsable en los salares nos lleva a preguntarnos si ello no habrá influido en la resistencia que algunos sectores mostraron frente a la idea de que esta científica del norte pudiera presidir la convención.  

Por otra parte, la Confederación de Trabajadores del Cobre presentó la iniciativa 5602 para la nacionalización de la gran minería del cobre, litio y oro, que ya cuenta con las firmas necesarias para ser discutida, ampliando con ello el debate en torno a la extracción de este mineral.   

 Frente a un futuro incierto para nuestro salares y humedales andinos, hacemos nuestros esfuerzos por llevar las voces disidentes al régimen extractivista minero y la complejidad socioambiental de los salares a espacios sociales, académicos, legislativos y a la propia Convención. En 2020, miembros de OPSAL realizamos presentaciones en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, llevando un analisis de la situación de vulnerabilidad socioambiental y climática de los agricultores atacameños de la Quebrada de Soncor en el Salar de Atacama, territorio que ejemplifica cómo la falta de medidas adecuadas para enfrentar el cambio climática expone a un grupo importante de los habitantes del salar a una incertidumbre que se profundiza con los expansión de las actividades mineras de litio y cobre. Así mismo, presentamos una serie de recomendaciones para una Política Plurinacional de Litio, Salares y Humedales Andinos basada en criterios de justicia socioambiental y climática:  

 1. Respetar y garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y de comunidades locales sin discriminación.  

 Ninguno de los proyectos de litio existentes en Chile al presente han sido sometidos a consulta indígena y, en lugar de ello, el Estado y las empresas han propiciado acuerdos que han operado en favor de la obtención de los permisos ambientales necesarios para la expansión del extractivismo. Por lo tanto, toca a los gobiernos exigir y fiscalizar, y toca a las empresas “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) además reconoce los derechos, culturas y tierras de los pueblos indígenas y requiere “la realización de estudios en conjunto con las gentes a quienes concierne, a fin de evaluar el impacto social, espiritual, cultural y ambiental que habrán de enfrentar a raíz de actividades planificadas de desarrollo”. 

 Los y las indígenas que por algún motivo no pertenecen a las comunidades indígenas reconocidas por el Estado de Chile, así como los y las pobladoras no indígenas que ven en el extractivismo minero una afectación a sus modos de vida y una vulneración a sus derechos, deben ser tomados en cuenta sin discriminación en procesos de participación popular y vinculante.  

 2. Incorporar y dar prioridad a ciencia indígena y campesina en torno a ecosistemas locales. 

 El sector del litio ha aplicado prácticas empresariales convencionales en el campo de la mina industrial, pero dichas prácticas dependen de los mercados locales y de décadas de experiencia adquirida a través de proyectos en otras partes del continente o del mundo. Dicha táctica hace caso omiso de las necesidades locales y los milenios de experiencia adquirida por los pueblos que han desarrollado un conocimiento profundo del área, sus recursos naturales y cómo utilizar dichos recursos de manera sustentable. Las actuales prácticas de la industria ignoran y minimizan las contribuciones del conocimiento ecológico tradicional. Tanto las empresas como los gobiernos deberían hacer lo contrario: dar prioridad a aprender de los pueblos indígenas y darse verdaderamente a la tarea de incorporar dichos conocimientos como parte esencial de sus prácticas usando como referencia, por ejemplo:    

  • La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular, el derecho a consentimiento libre, previo e informado en torno al uso de tierras, territorio y recursos. 
  • La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, la cual sugiere que las prácticas agrícolas, pastorales y ganaderas tradicionales han de protegerse como medios de soberanía y seguridad alimentaria.  

 3. Crear estándares ambientales más estrictos para la mina y supervisar toda actividad.

 Los expertos y movimientos en la Puna de Atacama sugieren además que la supervisión ambiental de la zona es tan necesaria como posible, mediante una combinación de métodos participativos, teledetección, testimonio oral y etnografía, entre otro. Dichas técnicas podrían ayudar a identificar cambios en la capa freática, fluctuaciones en las dinámicas poblacionales de plantas y animales locales, y otros factores ambientales claves. Cualquier supervisión debe ocurrir de forma que inspire confianza a nivel local y nacional y que produzca datos interpretables y categóricos que tanto los pueblos como individuos puedan utilizar para fiscalizar y responsabilizar a las compañías mineras. Para ello, es necesario que el financiamiento de dichos esfuerzos, a diferencia de lo que ocurre actualmente en el Salar de Atacama, sea totalmente  transparente e independientes de intereses corporativos extractivistas y asegurar la participación popular sin discriminación.  

4. Reglamentar y supervisar el uso deagua dulce y salmuera; hacer pública toda estadística sobre recursos de agua disponibles. 

 El gobierno y los organismos competentes en los salares y humedales andinos deben adoptar leyes y reglamentos que les permitan : 

  • Conocer acabadamente la hidrogeología de los salares y humedales.  
  • Estudiar y medir las aguas subterráneas, tanto dulces como salobres.  
  • Reglamentar la distribución y usos prioritarios de las aguas. 
  • Requerir que toda compañía divulgue cualquier uso de dichos bienes naturales. 
  • Poner toda estadística disponible al público de forma transparente y actualizada. 
  • Crear una institucionalidad e instancias de participación popular  con poderes suficientes para la fiscalización del uso de aguas y salmueras.  

 5. Fomentar, invertir en e implementar alternativas a la mineríaevaporítica de litio. 

 Dada la tasa de uso de agua que conlleva el método de evaporación para la obtención de litio y el irreversible impacto que causa en los salares y humedales, corresponde tanto al sector privado como al público no sólo asignar fondos para investigación y diseño, sino para el lanzamiento de tecnologías que representen verdades alternativas al insustentable método de evaporación. Así mismo, se deben tomar medidas para disminuir la presión global sobre los ecosistemas locales a fin de:  

  • Exigir a compradores y fabricantes alargar  la vida útil de baterías no sólo para transporte, sino para todas las tecnologías que hacen uso de este mineral.  
  • Reciclaje de baterías de litio.  
  • Extracción directa de litio si estudios independientes y en profundidad demuestran su inocuidad.  
  • Disminuir la carga extractiva de otras actividades mineras como el cobre en los salares y humedales. 

 6. Imponer una suspensión a la evaporación de salmuera en el salar de atacama y a nuevos proyectos, valiéndose del principio precautorio.

 Según la Comisión Mundial de Ética en la Ciencia y la Tecnología de la Unesco, “Cuando cualquier actividad humana pueda conducir a daños moralmente inaceptables que sean científicamente posibles pero inciertos, ha de tomarse acción para evitar o disminuir tal daño” Ése es, en esencia, el principio precautorio. Ya que la evaporación de salmuera aparenta exacerbar el agotamiento ecológico en la Puna de Atacama, y ya que los implicados en la actividad se han rehusado a desvelar evidencia inequívoca de lo contrario, hay que tomar medidas precautorias. En este caso, el peso de la prueba recae sobre la industria extractora, quien ha de demostrar categóricamente que la disponibilidad del agua y el equilbrio socioecológco no se ve amenazada por la evaporación de la salmuera, y hasta que así lo demuestre, cesar operaciones en la Puna de Atacama es para el beneficio público de las generaciones presentes y futuras. En este sentido y conforme al veredicto no vinculante del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (2019), se debe imponer una suspensión a la mina de litio mediante evaporación de salmuera en los salares y humedales andinos del país 

 

Así mismo, una Empresa Nacional del Litio debiese: 

 Reconocer que los pueblos tienen Derecho a Decir No. Las comunidades de primera línea se ven obligadas a soportar los efectos de una minería del futuro en un presente cada vez más complejo. Después de una evaluación independiente plenamente informada, los pueblos deben seguir teniendo el derecho legal de negarse a acoger un proyecto minero.  

 Abordar el cambio climático desde una perspectiva sistémica y de justicia ambiental hacia una transformación justa que reconozca a los pueblos locales y a los trabajadores como sujetos activos del cambio. La megaminería es intrínsecamente destructiva, lo que incluye la obstaculización de la capacidad propia de la naturaleza para moderar el clima, la pérdida de valiosa biodiversidad y consecuencias desproporcionadas sobre comunidades y grupos de trabajadores directamente expuestos.  

 Acabar con la impunidad corporativa promoviendo instancias jurídicamente vinculantes sobre las empresas y los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Garantizar derechos no negociables y sanciones legales y fiscales, y hacer cumplir límites normativos suficientes para la protección medioambiental y social según los estándares más estrictos. La corrupción y la captura corporativa del Estado y sus organismos, por cierto, no son económica ni socioambientalmente sustentables.  

 

Ramón Morales Balcázar  

Coordinador Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL 

Doctorante en Desarrollo Rural – Universidad Autónoma Metropolitana 

Twitter: @rmbalcazar 

 

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