Por: Nicolás Valenzuela

Fiscalmente responsable. Reacción prudente. Distribución razonable de los costos. Opción amigable. Así catalogó Pablo Paniagua en su columna “La protección del empleo” la ley de mismo nombre impulsada por el gobierno y recientemente aprobada en el congreso en el contexto de la pandemia por el coronavirus. De lo contrario, a su juicio, “las empresas despedi(rían) de forma masiva a sus trabajadores”. 

La propuesta del gobierno vendría siendo la mejor opción -para ellos claro está-, una especie de punto arquimediano entre “no hacer nada por salvaguardar los vínculos laborales -como ha sido hasta ahora la política de Estados Unidos- y, por el otro lado, el apostarlo todo de forma impetuosa y “estatizar los sueldos”, elevando peligrosamente el gasto y la deuda pública -como ha sido el caso de Dinamarca e Inglaterra-”. 

Es una cuestión de eufemismos y prioridades. Fiscalmente responsable es poner al centro de la crisis la continuidad del modelo antes que las condiciones de vida de las y los trabajadores. Reacción prudente es no hacer una reforma tributaria para que los ricos paguen la crisis. Distribución razonable de los costos es que las y los trabajadores, y en subsidio el estado, la paguen. Opción amigable es nuestra opción. No hacer nada como los EEUU es un estupidez, porque las pérdidas, al contrario de las ganancias, hay que socializarlas y los costos judiciales de los despidos, reconoce, serían muy altos.

A la Fundación Para el Progreso, y a tipos como Nicolás Ibáñez, Roberto Ampuero, Mauricio Rojas y Axel Kaiser no solo les preocupa que la crisis pueda ser sorteada sin mover un ápice el modelo de acumulación neoliberal, les preocupa también que no afecte las ganancias del presente.

Con esta ley los trabajadores ven reducidos sus sueldos hasta en un 60%, en muchos casos, más abajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué, ya que hablamos de distribución razonable de los costos, no reducimos las utilidades de las grandes empresas en un 60% para que los trabajadores puedan mantener sus sueldos?

No olvidemos, además, los  más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras informales a los que la ley de protección de la ganancia no les sirve.

Estas circunstancias, sumadas a que el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno implica un número mayor de comunas en cuarentena produce nefastas consecuencias para las y los trabajadores. Por un lado, a quienes trabajan informalmente, los deja sin su fuente de trabajo o sin protección, y a los trabajadores formales los precariza, con sueldos miserables. Esto último, ya le ha pasado con más de 500.000 personas y familias.

En definitiva, y a consecuencia de lo anterior, las paupérrimas condiciones ofrecidas, nos empujan a querer seguir trabajando, aún arriesgando nuestra salud y la de los nuestros. De lo contrario, no se puede vivir. ¿Dirán que es una externalidad negativa?

Mientras tanto, la CPC creó, de la noche a la mañana, un fondo de casi 80 mil millones de pesos, pero chilla ante una reforma tributaria para financiar los sueldos de los trabajadores. Latam, si, la misma empresa que había pedido un salvataje estatal, y Cencosud acaban de repartir millonarias utilidades a la vez que suspenden contratos. Lo que muestra que un ingreso mínimo garantizado pagado por las grandes empresas es una solución necesaria y posible para resguardar la vida y la dignidad de quienes producen la riqueza.

Referirse a las acciones del gobierno en su sola dimensión económica, en esa práctica acomodaticia de diseccionar la realidad en partes sin ver que la totalidad es más que el todo, devela el verdadero interés que mueve a las grandes empresas, los parlamentarios derecha y sus centros de estudios.

Subvertir los términos de la tecnocracia neoliberal consiste en una urgencia y necesidad para enfrentar la crisis y dejar de arriesgar lo que es realmente lo más preciado, la vida y la dignidad.