«El caso Eco Egaña revela cómo funcionaba la red de corrupción. La inmobiliaria Fundamenta tenía intereses millonarios en destrabar permisos y contrató a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes facturaron cientos de millones de pesos. Tras la salida de Muñoz, la jueza Ángela Vivanco asumió la sala que debía revisar el recurso de casación de Fundamenta, aceleró el fallo y destrabó el proyecto a favor de la inmobiliaria, demostrando cómo los jueces “flexibles” pueden ser utilizados para fines privados mientras los incorruptibles son sacados del juego. Vivanco, a diferencia de Muñoz, era maniobrable y dispuesta a favorecer intereses económicos poderosos.»

Por: Nicolás Romero Reeves

En la antesala de los giros autoritarios existen una serie de golpes a la democracia, que van cimentando el avance de posiciones fascistas y anti democráticas. La operación para sacar del juego al juez Sergio Muñoz constituye un verdadero pre golpe judicial y logró consolidar una red de corrupción que involucra a altos jueces de la Corte Suprema, al Ex Director de la PDI y al Fiscal Nacional entre otros altos cargos. En un eventual gobierno de derecha, estas tendencias se consolidarán en un verdadero régimen autoritario, planteando la pregunta, ¿Si lo vimos venir por que no hicimos nada para detenerlos?

Sergio Muñoz construyó su trayectoria como un juez comprometido con la justicia. Durante años defendió derechos humanos post dictadura, protegió el medio ambiente frente a proyectos inmobiliarios y aseguró que los fallos de la Corte Suprema se adoptaran con criterios legales y éticos, incluso cuando esto incomodaba a los poderosos. Muñoz representaba la integridad en el Poder Judicial: un juez incorruptible, capaz de resistir presiones políticas y económicas.

Su firmeza convirtió a Muñoz en un objetivo central del lawfare. La acusación constitucional de 2025, centrada en su hija y en el proyecto inmobiliario Eco Egaña, sirvió como instrumento para removerlo del sistema judicial. Se le acusó de anticipar fallos y omitir control disciplinario respecto de su hija, quien ejercía funciones judiciales desde Italia. La evidencia muestra que estos cargos fueron mínimos, construidos ad hoc para justificar su remoción y neutralizar al juez que representaba un obstáculo real para intereses empresariales. Al igual que en el denominado «Caso Jadue» que involucra a los abogados Vargas y Lagos, la validez de las acusaciones se sostiene en una declaración jurada de una dependiente de la inmobiliaria quien afirma que el juez facilitó información privilegiada a su hija. La conbinación adecuada entre show televisivo, montaje judicial y show parlamentario permitió empatar la salida de la corrupta jueza Vivanco, con el golpe judicial expresado en la remoción de juez Muñoz.

El caso Eco Egaña expone cómo funcionó esta red de presión: la inmobiliaria Fundamenta, con millonarios intereses en destrabar permisos, contrató a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes facturaron cientos de millones de pesos, incluyendo pagos directos relacionados con la recusación de Muñoz. Tras su salida, la jueza Ángela Vivanco asumió la sala que debía revisar el recurso de casación, aceleró el fallo y destrabó el proyecto a favor de Fundamenta, demostrando cómo los jueces “flexibles” fueron utilizados estratégicamente para los intereses de grandes empresas mientras se eliminaba del juego a los incorruptibles.

La votación conjunta de Muñoz y Vivanco en el Congreso, impulsada por Karol Cariola y el secretario de la Cámara, ignoró la independencia de hechos y responsabilidades. Actores que se presentaban como defensores de la justicia, como Musante y Chicardini, contribuyeron a sacar del juego a un juez que representaba integridad y resistencia frente a la coaptación empresarial del Poder Judicial.

Para Sebastián Piñera, la caída de Muñoz era una obsesión. Diversas empresas grandes, que veían en Muñoz el último obstáculo para una captura total del sistema judicial, presionaron y demandaron su remoción. La combinación de intereses empresariales, coordinación política y maniobras judiciales evidencia que su salida no fue un juicio ordinario, sino un avance decisivo en la consolidación de un Poder Judicial al servicio de la acumulación económica de las élites.

El caso Muñoz confirma que la clase dominante chilena, liderada por Piñera, actuó para «perfeccionar» el Estado como un instrumento de sus intereses de acumulación, validando la tesis de Marx sobre cómo las instituciones estatales se subordinan a la defensa de la propiedad y el capital. La eliminación de jueces incorruptibles como Muñoz demuestra que la justicia independiente se volvió incompatible con un sistema judicial cooptado, donde las grandes empresas y sus aliados políticos dictan la legalidad y el destino de los tribunales.