Por: Nicolás Romero

El golpe de Estado en Perú ha sido una de los más silenciados de la región. El apoyo diplomático de Chile colaboró con la estabilización de un régimen encabezado por un golpe parlamentario/judicial/militar, el que logró defender las regalías pro occidentales en la explotación de riquezas estratégicas como el cobre. Para contener al pueblo peruano han tenido que volver a militarizar la sociedad, autorizando el ingreso masivo de tropas norteamericanas. Lo anterior en un contexto de preparación de EEUU a través del denominado «Comando Sur» dirigido por la generala Laura Richardson, para defender lo que consideran sus recursos estratégicos frente a la amenazante incidencia de China y el mundo multipolar. En esta nueva entrega de «Lawfare en América» hablaremos del caso del presidente peruano Pedro Castillo.

Wilfredo Robles es el abogado de Pedro Castillo, ex presidente del Perú. En su reciente visita a nuestro país, donde aprovechó de reunirse con diversas personalidades que manifestaron su apoyo a la libertad de Pedro Castillo, entregó una carta Castillo dirigida al presidente Gabriel Boric.

«Le ruego que reconsidere su posición respecto a la dictadura existente en el Perú» Presidente Castillo del Perú interpela a Boric

En esta misiva, Castillo le solicitaba a Boric, «reconsidere su posición respecto a la dictadura existente en el Perú, impuesta en base a la violación sistemática de los derechos humanos, no lo haga por mi, hágalo por mi pueblo».  Anteriormente, el Lunes 19 de Diciembre del 2022, a sólo semanas del golpe de Estado, La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la crisis peruana confirmado la tesis de la responsabilidad de Pedro Castillo. “Obviamente, no respetó todas las normas constitucionales y eso es lo que ha señalado nuestra canciller. Nos interesa siempre que se mantenga el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos de todas las personas”, señaló.»

A continuación te compartimos la entrevista realizada al abogado de Pedro Castillo, donde nos adelanta una serie de disputas vinculadas a la incomoda figura de Castillo para la elite limeña, nos adelanta lo que define como una «tupakamarización» de Castillo, «Esto no es más que un juicio político disfrazado de proceso penal. Lo que buscan es dar un escarmiento a las clases populares, utilizando a Castillo como chivo expiatorio. Quieren dejar un mensaje claro: cualquier líder que intente desafiar el statu quo y movilizar al pueblo será perseguido, encarcelado y neutralizado políticamente.»

NR: ¿Qué delitos se imputan al presidente Pedro Castillo?

Wilfredo Robles: Actualmente, la situación del presidente Pedro Castillo, tanto jurídica como políticamente, es la de un preso político. Se le imputan delitos como el de rebelión, pero lo cierto es que no existe ningún hecho concreto que permita configurar este delito en su caso. El delito de rebelión exige como premisa el levantamiento en armas, algo que nunca ocurrió en este contexto. De hecho, no se ha invocado ni presentado prueba alguna que sugiera un levantamiento armado por parte del presidente o de sus seguidores.

Lo que vemos es una clara consigna política de venganza. No hay fundamentos jurídicos sólidos para las acusaciones, y lo que se ha montado es un proceso penal que busca legitimar lo que en realidad fue un golpe de Estado. Recordemos que cuando Pedro Castillo fue detenido, los efectivos policiales argumentaron que lo arrestaban por un delito cometido en flagrancia. Sin embargo, no existe norma legal en el Perú que autorice a la policía a detener a un presidente en flagrancia. Esto fue una invención para mantener a Castillo prisionero y justificar el golpe de Estado perpetrado en su contra. Así se consolidó el actual gobierno de facto.

Lo que tenemos ante nosotros no es más que un disfraz judicial para lo que en esencia fue una conspiración política encabezada por una coalición derechista, integrada por congresistas, empresas mediáticas hegemónicas, cúpulas militares y policiales, fiscales, jueces, entre otros actores. Todos estos grupos, por supuesto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que jugaron un rol crucial en la deposición de Castillo. Esta es la realidad del caso.

NR: ¿Qué rol ha jugado el fujimorismo en la persecución a Pedro Castillo?

Wilfredo Robles: El fujimorismo ha sido un actor central en la persecución de Pedro Castillo. A pesar de que no ganaron las elecciones, han logrado controlar el gobierno a través de Dina Boluarte, quien, aunque no fue electa para este propósito, se ha convertido en la figura decorativa que implementa el programa político de esta corriente. Desde el principio, el fujimorismo y sus aliados han utilizado al Congreso como el cuartel general de la dictadura, imponiendo sus estrategias de manera indirecta.

Uno de los mayores engaños ha sido la promesa de elecciones anticipadas, una promesa que nunca tuvieron la intención de cumplir. Esto ha sido una cortina de humo para distraer a la población, mientras consolidan su poder. Su plan, ahora, es mantenerse en el poder hasta el 28 de julio de 2026, pero es evidente que están preparando un fraude electoral monumental para prolongar su permanencia más allá de esa fecha.

El fujimorismo no necesitó ganar las elecciones para estar en el poder. Han logrado lo que buscaban por medios indirectos, y ahora controlan el país, aplicando sus planes y perpetuando un régimen ilegítimo. La movilización social es la única respuesta viable ante esta situación, pues aunque la dictadura ha logrado imponerse por la fuerza, carece de legitimidad popular. El rechazo generalizado hacia el gobierno de Dina Boluarte y hacia el Congreso es indiscutible, con niveles de desaprobación superiores al 95%. El fujimorismo, en resumen, ha encontrado en este golpe la manera de gobernar sin necesidad de haberse ganado el respaldo popular en las urnas.

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NR: ¿Qué vías están siguiendo para conseguir la libertad de Pedro Castillo?

Wilfredo Robles: Desde un inicio, hemos explorado todas las vías legales para liberar a Pedro Castillo y demostrar la ilegalidad de su detención y juicio. En el ámbito nacional, estamos enfrentando un proceso judicial sumamente politizado, en el cual los derechos del presidente Castillo han sido vulnerados desde el primer momento. A nivel internacional, también estamos denunciando las violaciones a sus derechos fundamentales, pues este caso tiene todos los elementos de una persecución política.

Uno de los principales objetivos del proceso es la inhabilitación política de Castillo. Quieren asegurarse de que nunca más pueda postularse a un cargo de elección popular. Esto se debe a que, a diferencia de otros líderes de izquierda en el Perú, Castillo logró movilizar y unir a las clases populares detrás de una propuesta de cambio real. El objetivo de las élites es evitar que eso vuelva a suceder.

Además, la respuesta social frente a este golpe ha sido contundente, especialmente en el sur andino, donde las comunidades campesinas se han movilizado masivamente en rechazo a la dictadura. Sin embargo, estas protestas han sido reprimidas con una brutalidad inédita, utilizando métodos contrainsurgentes que recuerdan a los años más oscuros de la guerra interna en el Perú. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han perpetrado ejecuciones extrajudiciales contra multitudes desarmadas, y esto también forma parte de las denuncias que estamos llevando a instancias internacionales.

Aunque las movilizaciones han disminuido en número, sigue habiendo un sector de la población que permanece en pie de lucha. Cada vez que Dina Boluarte o algún congresista de la dictadura hacen acto de presencia en cualquier región, las protestas espontáneas no se hacen esperar. El nivel de repudio hacia el régimen es tan profundo que ni siquiera pueden salir a la calle sin enfrentar la desaprobación masiva.

NR: ¿Qué garantías procesales y derechos han sido vulnerados en el caso de Pedro Castillo?

Wilfredo Robles: Las garantías procesales y los derechos fundamentales del presidente Pedro Castillo han sido vulnerados desde el inicio. Su detención fue ilegal, basada en una supuesta flagrancia delictiva que no tiene respaldo legal. Además, el delito de rebelión del que se le acusa no tiene sustento en hechos verificables. Es un proceso judicial que ha sido montado con el único propósito de despojarlo del poder y evitar su regreso a la política.

Durante todo este tiempo, se le ha negado el debido proceso, y su defensa ha enfrentado numerosas trabas. Esto no es más que un juicio político disfrazado de proceso penal. una verdadera Lo que buscan es dar un escarmiento a las clases populares, utilizando a Castillo como chivo expiatorio. Quieren dejar un mensaje claro: cualquier líder que intente desafiar el statu quo y movilizar al pueblo será perseguido, encarcelado y neutralizado políticamente.

Además de las violaciones a los derechos de Castillo, también hemos visto una violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos que han salido a protestar. La represión ha sido brutal, con más de ochenta muertos y más de mil trescientos heridos de bala, muchos de ellos con armamento de guerra. Esta violencia estatal ha sido perpetrada con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, que han invisibilizado las protestas y las violaciones a los derechos humanos.

En resumen, lo que vemos aquí es la criminalización de la protesta y la consolidación de una dictadura que no solo persigue a un líder político, sino que también busca amedrentar a toda una población que se atreve a desafiar a las élites dominantes. Este juicio contra Castillo es, en última instancia, un ataque contra la democracia y los derechos del pueblo peruano.

Sobre el golpe de Estado a Pedro Castillo

El golpe de Estado contra el presidente peruano Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022, fue un evento que culminó meses de crisis política en el país. Castillo, un maestro rural y líder sindical, había asumido el poder en julio de 2021 tras una elección polarizada, representando a sectores populares y prometiendo reformas en áreas sensibles como la minería, la educación y la redistribución de la riqueza. Sin embargo, su gobierno enfrentó una constante oposición por parte del Congreso, dominado por partidos conservadores, entre ellos el fujimorismo.

El Parlamento, liderado por Fuerza Popular, partido fundado por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, jugó un papel central en la desestabilización del gobierno de Castillo. Desde el inicio de su mandato, la oposición buscó bloquear sus reformas y presentó repetidos intentos de vacancia presidencial (destitución), alegando incompetencia moral y corrupción. Si bien es cierto que el gobierno de Castillo enfrentó dificultades en la gestión y denuncias, muchos analistas interpretan estos movimientos como parte de una estrategia para proteger los intereses de las élites económicas y evitar cambios estructurales, especialmente en sectores como la minería.

Uno de los temas clave en el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso fue la explotación de los recursos minerales, una fuente vital para la economía peruana. Castillo había propuesto revisar los contratos de concesión minera y aumentar la carga fiscal a las grandes empresas del sector, con el objetivo de redistribuir parte de los beneficios hacia las regiones más afectadas por la pobreza y los impactos ambientales de la minería. Este enfoque generó resistencia en el Congreso, donde muchos parlamentarios, vinculados a intereses empresariales, veían en esas políticas una amenaza a la estabilidad de las inversiones.

El 7 de diciembre, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia, argumentando que el Parlamento estaba saboteando su gestión y que era necesario reformar el sistema político. Este intento fue rápidamente calificado como un «golpe de Estado» por sus oponentes, incluyendo el propio Congreso, que respondió con celeridad, destituyendo a Castillo en una votación fulminante y acusándolo de quebrar el orden constitucional. Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió la presidencia tras la destitución.

Un verdadero golpe parlamentario, en el que fuerzas conservadoras, encabezadas por el fujimorismo, utilizaron sus mayorías en el Congreso para bloquear el programa reformista de Castillo y proteger los intereses de las grandes empresas, especialmente las mineras. Así, el desenlace no solo reflejó la fragilidad institucional de Perú, sino también las tensiones de fondo en torno a quién controla los recursos naturales y cómo se distribuyen sus beneficios en un país marcado por profundas desigualdades.

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