Lawfare en América// «El influjo psíquico de Rafael Correa» Por Nicolás Romero
«Tras dejar la presidencia en 2017, Correa fue objeto de una serie de investigaciones judiciales, siendo el «Caso Sobornos 2012-2016» el más representativo. En este proceso, fue condenado a ocho años de prisión por presunto cohecho agravado, bajo la acusación de haber liderado una red de financiación ilegal para su movimiento político. La evidencia central fueron correos electrónicos y el testimonio de una exasesora, quien tras acogerse a la cooperación eficaz, cambió su versión a cambio de beneficios judiciales.
Lo controvertido no fue solo la evidencia —una agenda cuya autenticidad nunca fue peritada— sino también la celeridad del juicio en plena pandemia y la singular fundamentación de la sentencia. El fallo se basó en la figura del «influjo psíquico», una categoría jurídica inédita en Ecuador, que atribuía a Correa la capacidad de inducir delitos sin necesidad de prueba directa. Esta noción ha sido ampliamente criticada por juristas y organismos internacionales como un atentado contra el debido proceso.»
Por: Nicolás Romero
El lawfare, término que fusiona las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra), describe una estrategia orientada a neutralizar adversarios políticos mediante la instrumentalización del sistema judicial y mediático. Aunque esta práctica no es nueva, en América Latina ha cobrado especial relevancia en los últimos años, afectando a líderes progresistas cuya persecución judicial parece responder menos a motivos jurídicos que a objetivos políticos. Entre los casos más notorios se encuentran los de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y, particularmente, Rafael Correa en Ecuador.
Un líder incómodo para el statu quo
Rafael Correa Delgado, economista guayaquileño nacido en 1963, se formó académicamente en Ecuador y Estados Unidos. Su llegada a la presidencia en 2007 marcó el inicio de la Revolución Ciudadana, un ambicioso proyecto político basado en la justicia social, la redistribución de la riqueza y la soberanía nacional. Bajo su liderazgo, Ecuador experimentó una década de estabilidad económica y progreso social: la pobreza disminuyó del 36% al 23%, se redujo la desigualdad y se invirtió masivamente en infraestructura pública.
Correa también desafió la injerencia de organismos internacionales, cerró la base militar estadounidense en Manta y reformó el sistema político ecuatoriano, acumulando tanto admiradores como detractores. Su estilo frontal y su rechazo al neoliberalismo lo convirtieron en blanco predilecto de sectores económicos, políticos y mediáticos nacionales e internacionales.
El Caso Sobornos: ¿justicia o persecución?
Tras dejar la presidencia en 2017, Correa fue objeto de una serie de investigaciones judiciales, siendo el «Caso Sobornos 2012-2016» el más representativo. En este proceso, fue condenado a ocho años de prisión por presunto cohecho agravado, bajo la acusación de haber liderado una red de financiación ilegal para su movimiento político. La evidencia central fueron correos electrónicos y el testimonio de una exasesora, quien tras acogerse a la cooperación eficaz, cambió su versión a cambio de beneficios judiciales.
Lo controvertido no fue solo la evidencia —una agenda cuya autenticidad nunca fue peritada— sino también la celeridad del juicio en plena pandemia y la singular fundamentación de la sentencia. El fallo se basó en la figura del «influjo psíquico», una categoría jurídica inédita en Ecuador, que atribuía a Correa la capacidad de inducir delitos sin necesidad de prueba directa. Esta noción ha sido ampliamente criticada por juristas y organismos internacionales como un atentado contra el debido proceso.
Intervención institucional y reconfiguración del poder
El proceso judicial contra Correa no puede entenderse sin el contexto político que lo rodeó. El gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, impulsó en 2018 una consulta popular sin el aval de la Corte Constitucional, mediante la cual se reestructuraron los principales órganos de control del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), presidido por figuras abiertamente opositoras al correísmo, destituyó y reemplazó a jueces, fiscales y autoridades clave, en un proceso que fue observado con preocupación por la comunidad internacional.
Esta reforma institucional fue denunciada por el Relator Especial de la ONU sobre la independencia judicial, quien en varios informes (2019, 2020, 2021 y 2022) advirtió que las decisiones del CPCCS-T atentaban contra la imparcialidad de la justicia y podían utilizarse como mecanismo de persecución política. INTERPOL, por su parte, rechazó las órdenes de captura emitidas contra Correa, reconociendo el carácter político del proceso, mientras que Bélgica le concedió asilo político.
Lawfare como herramienta regional
El caso de Rafael Correa es emblemático de una tendencia más amplia en la región. Según el jurista argentino Raúl Zaffaroni, el lawfare en América Latina se lleva a cabo en sintonía con intereses corporativos transnacionales, grandes medios de comunicación y sectores judiciales cooptados por el poder político. El proceso contra Correa comenzó, como muchos otros, con un artículo de prensa —“Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador”— y fue amplificado por medios hostiles al correísmo. A partir de allí, se desplegó un entramado judicial que lo marginó de la vida política.
Zaffaroni advierte que, si se invirtiera la lógica de la sentencia contra Correa, sería posible imputar a jueces, fiscales y medios por formar parte de una estructura delictiva orientada a eliminar a un adversario político. Este tipo de manipulación jurídica, sostiene, representa un serio peligro para las democracias, donde la justicia debe ser un contrapeso al poder, no su brazo ejecutor.
Un desenlace abierto
Actualmente, Correa reside en Bélgica en calidad de exiliado político. Sin embargo, su movimiento, la Revolución Ciudadana, mantiene una presencia significativa en el escenario político ecuatoriano. En las elecciones de 2023, su candidato alcanzó la segunda vuelta presidencial, lo que confirma la vigencia de su proyecto político a pesar del intento sistemático de proscripción.
El caso de Correa expone con crudeza cómo el lawfare puede desdibujar la frontera entre justicia y venganza política. En una región históricamente marcada por golpes de Estado y desestabilización institucional, la judicialización de la política emerge como una nueva forma de disciplinamiento. Las elecciones en Ecuador no solo definirán el futuro del correísmo, sino también el alcance de la democracia frente al uso indebido de los tribunales como armas de guerra.
Fuentes:
EL CASO “SOBORNOS”: UN EJEMPLO ECUATORIANO DE“LAWFARE” Eugenio Raúl Zaffaroni
“Lawfare” en América Latina: el paradigmático caso de Ecuador por Aitor Martínez Jiménez, Jueves 19 de enero de 2023
