Por Marcos Muñoz

 #DeFrente

 

 

Entrevistamos a Ana María Gazmuri, actriz chilena y directora de la Fundación Daya, quien hoy es considerada una de las principales referentes de la reforma a las políticas de drogas en nuestro país. Durante el año 2017, la militante de Revolución Democrática, junto a un equipo de especialistas, estuvo a cargo de formular el Programa de Nueva Política de Drogas del Frente Amplio y durante los últimos cuatro años ha participado en distintas instancias en el parlamento y la comisión de salud por la ley 20.000 y el nuevo reglamento del cannabis medicinal.

 

Ana María nos abrió las puertas de Fundación Daya para conversar sobre las luchas por el cannabis medicinal y su autocultivo, las políticas de salud alternativas y sobre cómo esto ha derivado en la reciente creación de un nuevo fitofármaco en base a cannabis, de elaboración nacional, llamado Cannabiol, aprobado por el Instituto de Salud Pública para su distribución y comercialización, no sin dificultades y producido por farmacias Knop, con apoyo de Fundación Daya.

 

Esta entrevista es una invitación a la reflexión sobre el cannabis medicinal y la autodeterminación de la sociedad a partir de la crítica a las políticas de drogas, hegemonizada por una visión conversadora cruzada por intereses políticos, económicos y biomédico-prohibicionistas.

 

 

“El compromiso de Fundación Daya y su búsqueda es democratizar el acceso al cannabis medicinal, a todas sus vías de acceso, partiendo por el derecho al autocultivo, dentro del ámbito de la soberanía personal”.

 

 

Marcos Muñoz (MM): Cuéntanos sobre la visión de Fundación Daya, su origen y su propósito con el cannabis medicinal, en el marco del actual paradigma prohibicionista de drogas.

 

Ana María Gazmuri (AG): Fundación Daya es un impulso de la sociedad civil organizada y una respuesta frente a tanto sufrimiento y necesidad de la población, sabiendo que existe una alternativa como el cannabis medicinal, que, de manera económica, fácil, segura y eficaz, puede mejorar la calidad de vida de los chilenos, sobre todo considerando las precarias condiciones de la salud pública en Chile. El compromiso de Fundación Daya y su búsqueda es democratizar el acceso al cannabis medicinal, a todas sus vías de acceso, partiendo por el derecho al autocultivo, dentro del ámbito de la soberanía personal. Eso para nosotros es muy importante, la libertad y que creo que a veces se olvida eso entremedio, entre tanto reglamento.

 

Aquí nos asiste en nuestra condición de seres humanos la absoluta libertad para poder cultivar la planta que queramos en nuestro beneficio. Y eso está dado incluso en la Constitución, en los Derechos Humanos. Se trata de mi derecho a la salud y a la vida, a la autodeterminación, mi derechos a buscar los mejores medios posibles para la realización personal, etc. Esos valores orientan la mirada de Fundación Daya.

 

Buscamos empoderar a los ciudadanos, informándolos y capacitándolos en el conocimiento del cannabis medicinal, pero también de sus derechos fundamentales. De alguna forma, intentamos hacer «contracultura», porque toda la información oficial que se recibe del cannabis es negativa, nefasta, basada en la mirada prohibicionista de la guerra contra las drogas, obviando la realidad de esta planta maestra, sagrada, con miles de años de relación con los seres humanos.

 

Surge inicialmente como una respuesta a la necesidad de los pacientes de acceder a cannabis medicinal. Por su puesto que los análisis e implicancias abarcan todos los aspectos de la política de drogas, pero en lo concreto, en la práctica, el trabajo con la cannabis medicinal nos lleva a realizar un trabajo super político, para contrarrestar la cultura patriarcal que lo permea todo, hasta la práctica médica. Por ello buscamos poner al paciente en el centro, como el tomador de decisiones y gestor de su propio proceso. Eso creo que yo, es lo revolucionario que hacemos en Fundación Daya, tratamos de cambiar el paradigma, no sólo en el uso de la plantas para fines medicinales, sino también en el rol que le corresponde al propio paciente en su proceso y toma de decisiones, en su propio tratamiento. Potenciamos el “bichito” de la libertad, la autodeterminación, volviendo al “paciente” en protagonistas, y entendiendo que todos los demás somos actores que acompañamos su proceso.

 

MM: ¿Fundación Daya ha contado con apoyo público para el desarrollo de su trabajo?

 

AG: En 16 ciudades de Chile, la Fundación cuenta con un trabajo voluntario muy fuerte. En Santiago estamos más sólidamente instalados, tenemos más médicos, pero también todo esto se ha hecho con una ausencia absoluta del Estado, cuando de alguna forma estamos subsidiando al Estado en sus labores de salud.  El trabajo ha sido difícil, porque en general el destino de organizaciones como éstas, que no tienen un amparo estatal, implica que conseguir auspicios sea súper difícil,  considerando además que la temática es complicada.  Ello nos deja en un escenario donde debemos ser muy creativos para ir saliendo adelante. Para los estudios clínicos sobre cannabis medicinal que estamos haciendo, se requieren laboratorios establecidos. En Argentina, por ejemplo, se está haciendo en la cadena de laboratorios estatales ¡en Chile no tenemos siquiera uno! Nosotros lo dijimos muchas veces, todo lo que estamos trabajando tenemos la intención de dejárselo al Estado chileno. Al Estado no le ha interesado, esa es la realidad.

 

MM: ¿Cómo llegamos a Cannabiol, primer fármaco chileno en base a cannabis?

 

AG: En nuestro compromiso por abrir todas las vías de acceso al cannabis medicinal hemos impulsado los cultivos de cannabis medicinal para investigación científica y uso médico. En el marco de un convenio de colaboración con quince municipios y Knop Laboratorios, hemos impulsado por parte de dicho laboratorio nacional la formulación del primer fármaco nacional en base a cannabis, que hoy está llegando de manera gratuita a 2.500 pacientes de los municipios en convenio, los que podrán acceder a éste al tratamiento sin costo por doce meses. También logramos abrir el camino para los pacientes que no sean de los municipios en convenio, mediante autorización, caso a caso, por parte del ISP. Más de 400 pacientes ya han accedido por esta vía, siendo su costo 20 veces menor que las alternativas importadas que han estado disponibles en nuestro país. Sin duda este era un paso necesario para los muchos pacientes que, por una u otra razón, no estén en condiciones de autocultivar, particularmente pacientes institucionalizados.

 

 “…si vemos que el narcotráfico penetra la política, creo que hay que prender todas las luces de alarma y creo que la mejor herramienta contra esto es la regulación. En un escenario regulado tu restas el espacio de acción a los narcos, y más aún de la política.”

 

MM: En la última elección presidencial, el ex candidato de la Nueva Mayoría Alejandro Guiller, estuvo implicado en una denuncia por vínculos con narcotraficantes que estaban al interior del Partido Socialista. ¿En general, qué percepción tienes del vínculo entre política y narcotráfico en Chile? ¿Crees que este caso está suficientemente aclarado?

 

AG: Todos nos impactamos con esa noticia, es tremendo… Yo recordé las declaraciones de Mariano Montenegro, ex director de SENDA y también socialista, diciendo que en Chile el problema es el consumo de drogas y no las bandas de traficantes. Eso es sin duda un diagnóstico totalmente errado. Sí, en Chile tenemos altas tasas de consumo, pero el problema no es esto, ¡el problema es el tráfico! Son las nueve macrozonas tomadas por el narcotráfico. Y si vemos que el narcotráfico penetra la política, creo que hay que prender todas las luces de alarma y creo que la mejor herramienta contra esto es la regulación. En un escenario regulado tú restas el espacio de acción a los narcos, y más aún de la política. Ahora por supuesto, esto es de la máxima gravedad y debe investigarse hasta el fondo. Somos los ciudadanos nuevamente quienes tenemos un rol importante, denunciando, fiscalizando y de no dejar pasar este hecho normalizándolo.

 

Me parece escandaloso que esto estuviera vinculado a un alcalde que estuvo juntando firmas para el ex candidato Alejandro Guiller. Ahora, también tengo que ser sincera, y personalmente no creo, que Guiller estuviera enterado de esto. Lo digo bien sinceramente, conociéndolo, yo creo que Guiller es una persona honesta, buena persona, incluso medio ingenuo, por lo cual no creo que él estuviera enterado de esta situación. Pero eso no lo exime de responsabilidad, porque debiera haber prendido las alarmas, o sus asesores, de lo que ahí ocurría. Dicho esto, creo que no se puede dejar que muera así no más.

 

 

 

MM: En general, ¿cuál es tu evaluación de la aplicación de la ley 20.000 de drogas en Chile?

 

AG: Es muy paradójico lo que pasa en Chile en cuanto a políticas de drogas, pues si vamos a la ley 20.000, esta dice con claridad que el autocultivo personal (lo que incluye el autocultivo para un tratamiento médico) constituye un acto lícito, ya que dicha ley persigue es el tráfico y todas las conductas a él asociadas. Desgraciadamente en la práctica esta ley se aplicó de manera errada, criminalizando a los usuarios personales. La única explicación que he recibido de quienes generaron esa legislación, fue del ex presidente Ricardo Lagos. Según él, la ley 20.000 buscaba proteger de mejor manera a los usuarios, y al mismo tiempo, separar a los ‘micro traficantes’ de los ‘grandes traficantes’ para que no fueran penalizados de una manera tan dura.  Hablando con él hace unos tres años, él nunca pensó que la ley se iba terminar aplicando de la manera como se terminó aplicando, esto es tratando como microtraficantes a los usuarios.

 

Esta figura del microtráfico que se creó para no penalizar a los usuarios de drogas como a los grandes traficantes, terminó siendo la figura con la que se castigó al usuario, al ciudadano y la ciudadana chilena, aunque no tuvieran nada que ver con el narcotráfico.

 

La ley 20.000 es una mala ley, con muchos espacios en blanco, con muchas cosas sin definir. Sin embargo, lo que sí está claro es que lo que no está prohibido está permitido, y, por lo tanto, según esta misma ley, están permitidas todas las acciones o los verbos rectores que tienen que ver con el uso personal, además teniendo en cuenta las garantías constitucionales.

 

 

MM: ¿Cuál es la razón de fondo de la penalización del usuario de drogas en nuestro país?

 

La penalización responde a la instalación de unos determinados contenidos que se dan por ciertos, que emanan de elites vinculadas a sociedades médicas. Estos son grupos que tienen intereses creados en estos temas porque tienen nichos de negocios como la rehabilitación. Entonces, profundizan la imagen del usuarios de drogas como conflictivos, problemáticos y que requieren ser intervenidos, que no existe tal cosa como ‘uso responsable’.

 

Jaime Orpis [ex senador desaforado] es el caso más claro. Hoy por suerte lo vemos caer, pero no por este caso. Recordemos que el Estado le cedió 7 casas para su centro de rehabilitación a través de bienes nacionales, lo que finalmente terminó armando un perfecto «modelo de negocio» con el Estado chileno. Ello como consecuencia de los tribunales de drogas. En consecuencia, si una persona comete delito, pero se determina que estaba bajo los efectos de las drogas, esa persona no va a la cárcel sino a rehabilitación. A ese centro de rehabilitación el Estado le paga, y de ese modo se arma un verdadero circuito para mandarle la plata a los privados, por un función que muchas veces es innecesaria, porque surge muchas veces de una patologización.

 

 

MM: ¿Habría una relación entre las sociedades médicas y poder político-estatal que se expresaría en una patologización del usuario de drogas, sobre el cual recae la terapia como sanción?

 

Exacto, se trata de patologizar a la población inventando fármacos o tratamientos, y al lado ¡armemos el negocio con ellos! ¿No? Porque esa es la mirada. Aquí ha habido un intento de patologizar a todos los usuarios de sustancias, sin entender que aquellos que tienen un «consumo problemático» son un porcentaje muy menor, que requiere de toda la comprensión, ayuda y en ningún caso la estigmatización ni la criminalización. Para el resto de los ciudadanos hay que incorporar la perspectiva del uso responsable de sustancias.

 

 

MM: En ese contexto ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado SENDA en la aplicación de las política de drogas hacia la población general?

 

Si miramos lo que ha sido la postura del SENDA, que se ha negado sistemáticamente a incorporar de manera frontal la perspectiva de reducción y gestión de daños, por ejemplo. La implementación de la política de drogas básicamente ha estado involucrada el Ministerio del Interior a través del SENDA; hemos tenido una mirada totalmente alineada con lo más conservador, con una postura que se aleja de la idea de la idea de penalizar al usuario, pero que lo hace tramposa e hipócritamente. Son capaces de decirte, «¡oye, pero si la ley no penaliza el uso!… pero, dificulta el acceso» Lo que es un absurdo.  En consecuencia, tenemos un Estado capturado por los conservadores transversalmente. Hemos tenidos directores de SENDA socialistas, pero que, en su praxis, en su manera de operar el cargo, parecen más bien de la UDI. Ese conservadurismo, esa mirada retrógrada, que ¡ojo!, no tiene asiento en la evidencia, sino que se basa en la ideología, y en un acomodo de ciertas evidencias para mostrarlas como les conviene.»

 

Hoy día tenemos una política de drogas clasista, totalmente estigmatizadora y diferenciadora. De ciertos barrios hacia arriba la gente no tiene miedo a ser perseguida y criminalizada, pero en otros, la realidad es muy distinta, incluso entre usuarios de cannabis medicinal. Ellos saben que pueden ser tratados como delincuentes, humillados públicamente, ser detenidos y condenados.

 

 

MM: ¿Cuál es el camino que debemos recorrer para materializar una nueva política de drogas?

 

Hay que seguir trabajando para ir fortaleciendo una postura en políticas de drogas estrictamente basada en los derechos humanos, que es lo que nuestros tiempos exigen, incorporando la perspectiva de salud pública, y sin perder de vista el horizonte que debe cruzarlo todo que es la justicia social. Para mí eso es una política de drogas,

 

Esta misma postura que nuestros parlamentarios mayoritariamente han manifestado mediante un compromiso con una nueva política de drogas, y particularmente de vínculo con una regulación integral del cannabis, sea algo que se profundice y que ojalá se lleve a cabo y se levante como una propuesta parlamentaria frenteamplista. Convocando por su puesto las voluntades de un sector importante de la Nueva Mayoría que también han propiciado estos cambios, pero que durante estos cuatro años no llegaron a puerto, como fue la modificación de la ley 20.000.

 

Una de las cuestiones importantes, y me gustaría alertar a la bancada del Frente Amplio, es que aquellos que llevan la voz y la representación de Chile en las conversaciones internacionales en políticas de drogas, están siendo de un sesgo increíble. Yo creo que eso es algo que hay que denunciar. No puede ser que todavía siga yendo Álvaro Ahumada, que lleva 20 años en SENDA y que encarna lo más retrógrado y hace la voz chilena ante la OEA. No puede ser. Creo que es algo que hay que cuestionar, puede parecer un detalle, pero no podemos permitirnos un embajador en el tema que no tiene nada que ver con la cara de los chilenos me parece muy grave. Eso es algo que me gustaría alertar a la bancada del Frente Amplio, para que empecemos a poner atención en eso y a cuestionarlo.

 

Por otro lado, el desafío es tener parlamentarios educados en este tema, pero educados de verdad, con todas las implicancias, dejando de lado los prejuicios, entender que no pueden seguir siendo manipulados y capturados por las visiones de las sociedades médicas sesgadas, que, de nuevo, en esta cultura patriarcal, les concedemos una autoridad como si fueran dioses. Cuando ellos quieren negar la complejidad del fenómeno, que no es sólo biomédico, y que exige, por lo tanto, una comprensión interdisciplinaria e intersectorial, pues cuenta con muchos matices, y que finalmente, siempre tiene que ver con la libertad. Eso hay que ponerlo muy en claro.

 

Debemos avanzar desde una perspectiva científica, no sólo científica biomédica, sino más amplia, que incluya a las ciencias sociales y perspectiva de los actores y las comunidades. Así vamos dando solidez a esta mirada de manera e ir desbancando esto que han instalado durante tantos años de prohibición.

 

No nos podemos confundir, por un lado, tenemos que abogar por una política integral, por una nueva política de drogas, y ojalá surja de la bancada frenteamplista. Pero, por otro lado, también los parlamentarios, siento que debieran abogar por que la «mala ley que tenemos ahora» que «sí permite los usos personales» sea respetada.

 

Entonces, como desafío, deberíamos poder resguardar lo ganado hasta el momento, que básicamente, es el cannabis medicinal y un reconocimiento del ámbito de las libertades individuales en un cierto aspecto.