En una nueva acusación con alto impacto mediático, mediante una nota replicada por cientos de medios de comunicación siempre ávidos de presentar noticias que denigren y satanicen la imagen pública del Gobierno Bolivariano de Venezuela, se está haciendo creer que «el Gobierno de Maduro está mintiendo sobre la cantidad de contagios y muertos por Coronavirus». ¿Las fuentes, esta vez? La ONG Human Rights Watch (HRW), e investigadores de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos.

La «noticia» no sólo es «informada» por medios nítidamente de derechas, si no que permea a medios «progresistas» de cada país, como, para citar un ejemplo chileno, El Mostrador, que lo presenta como si fuera una verdad indiscutible y ya probada:

Que Human Rights Watch haga acusaciones contra gobiernos como el de Venezuela no es ninguna novedad, y ya hemos tratado en extenso el carácter de esta «ONG de derechos humanos», que más bien ha operado y opera, como brazo «humanitario» del Imperio de Estados Unidos, validando con sus informes y acusaciones una serie de intervenciones injerencistas y hasta operaciones militares estadounidenses (Ver Las falsas «ONGs de Derechos Humanos» como arma imperial. El caso de «Human Rights Watch»).

Así, esta vez, la «novedad» estaría en la participación de investigadores, científicos y médicos de la «prestigiosa» Universidad Johns Hopkins. Pero no es tan nuevo, ni tan sorprendente. Veamos.

En esta ocasión, la vocera de la acusación es Kathleen Page, médica y profesora asociada de la escuela de medicina de Johns Hopkins. Nada muy nuevo. Ya en abril del año del 2019, Kathleen Page compareció ante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, llevada por la oposición venezolana y por Human Rights Watch, con el fin de avalar una «intervención humanitaria» en Venezuela. Y es sabido en qué terminan esas «intervenciones humanitarias» impulsadas por ONGs como Human Right Watch y ejecutadas por el Gobierno de Estados Unidos. Por cierto, difícilmente sea una «casualidad» que tanto entonces, hace un año, como ahora, aparezca esta dupla: Kathleen Page de la Universidad John Hopkins, y Human Right Watch.

Según Page, Venezuela se convierte en un riesgo para los países vecinos por la cantidad de venezolanos que estarían saliendo en este momento del país. Al respecto añade: “la imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de covid-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”. Lo cierto es que, es todo lo contrario: en los últimos dos meses, a Venezuela han re ingresado más de 50 mil venezolanas y venezolanos, que huyen de la grave situación económica y sanitaria que se ha desatado en Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Peor aún. El citado informe, que por venir de una «prestigiosa institución» como al Universidad John Hopkins, debiera estar fundad en estadísticas y datos procesados con algún rigor científico, pero la realidad es que está plagado de frases como «una doctora dijo» o «un enfermero relató», sin hacer precisiones en la mayoría de los casos, de lugares, nombres, fechas o cualquier otra información que se pueda verificar.

Pero la fijación hacia Venezuela en la Universidad Johns Hopkins no es sólo de la doctora Page. Hace un mes, una acusación similar había sido realizada por Steve Hanke, profesor de Economía, quien tuiteó la acusación de que el Gobierno de Venezuela estaría alterando la cifra de tests del Covid-19, halagando, de pasada, al sistema de «libre mercado» de Chile:

Population-adjusted #’s show #Chile leading the pack for #COVID19 testing in #LatinAmerica. Chile & its #FreeMarket system ranks 15 of 162 countries in @FraserInstitute‘s Economic Freedom of the World rankings. A healthy #Economy is crucial to mitigating the spread of the virus. pic.twitter.com/rLKU4sYqfc

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) April 15, 2020

¿El problema? Pues el «prestigioso» economista de la Uniersidad Johns Hopkins omite totalmente el que, según el organismo que cita de fuente, worldometer.info:

Es decir, cuando este profesor de Economía de la Universidad Johns Hopkins afirmó en declaraciones que replicaron cientos de medios en abril pasado, que «la data reportada por el Gobierno de Venezuela es altamente sospechosa», estaba usando como única fuente a un estudio que afirmaba precisamente lo contrario: Que Venezuela encabeza la cantidad de tests en la región.

Pero claro, como bien apuntó alguien mirando la línea ideológica de este economista y profesor de la Johns Hopkins, no era de extrañarse el interés por atacar a Venezuela. Tuits anteriores mostraban alabanzas a los muy derechistas presidentes republicanos Ronald Reagan yDwight Eisenhower, y ataques a China y a la OMS:

Viendo su TL se puede entender que el «profesor» @Steve_Hanke no es simplemente un profesor, sino un político muy de derecha encargado, en este momento tan delicado para la humanidad, de interpretar y graficar una data con supuestos criterios científicos y empíricos constatables. pic.twitter.com/nWLWZA6NcY

— Jorge Recio 😷 (@jorgeluisrecio) April 18, 2020

En abril del año pasado también, la BBC titulaba una nota: «Cuáles son los países más «desdichados» del mundo (y de América Latina), según el índice del economista Steve Hanke», donde se incorporaba este cuadro:

Pero se puede ir más atrás. En enero de 2017, la muy derechista y pro estadounidense cadena de prensa «Infobae», publicaba una nota: «Venezuela encabeza otra vez el Índice de Miseria mundial». ¿La fuente de tan categórica afirmación? El Informe elaborado por un equipo encabezado por Steve Hanke, y que publica el Instituto Cato, que se define a sí mismo como «Una organización de investigación de políticas públicas dedicada a la libertad individual, el gobierno limitado, los mercados libres y la paz».

Sobran más comentarios.

¿Es de verdad un ejemplo para la Salud Pública la Universidad Johns Hopkins?

La Universidad Johns Hopkins se ha instalado con éxito por parte de la prensa estadounidense y occidental como una de las instituciones validadas para hablar sobre Salud Pública y en particular en esta planetaria contingencia de la pandemia del Coronavirus. ¿Debiera ser tan así?

Veamos. En Octubre de 2019, el supuestamente tan prestigioso «Centro para la Seguridad Sanitaria» de la Universidad de Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) emitió su informe ‘Seguridad Sanitaria Global’ (‘Global Health Security Index’, que puede verse acá), en el que evaluaba un conjunto de variables en los sistemas de salud de los países del mundo, clasificándolos en función de su preparación para una eventual pandemia mundial.

A medida que la pandemia del Coronavirus se extendía a fines de febrero y principios de marzo, cientos de medios de la prensa dominante replicaban la información sobre los países supuestamente más o menos preparados para la pandemia en curso (se puede googlear con el nombre del informe y corroborarlo por sí mismo).

Algunas menciones especiales: Mientras a Italia lo ponían en la posición 31°, y a España en la 15°, Venezuela lo ponían casi al final de la escala, en el lugar 176° de 195 países. A Cuba, en el lugar 110°.

El Hospital de la Universidad Johns Hopkins

Pero vamos más allá. Supuestamente, una institución tan reputada a nivel internacional en el ámbito de la Salud Pública, debiera tener un Hospital que cumpliese con un fin público y que cumpliera con estándares aceptables en el sentido de otorgar un servicio público a la comunidad. ¿Es tan así en este caso?

Pues no. Como parte de u sistema de salud altamente privatizado y mercantilizado como es el de Estados Unidos, el Hospital de la Universidad Johns Hopkins no es la excepción. De muestra un botón: Un reportaje de «The Guardian» mostró con claridad y pruebas en la mano, que este Hospital había entablado nada menos que más de 2.400 demandas contra pacientes pobres y afroamericanos, por deudas impagas (Ver «Johns Hopkins hospital sued poor and African American patients, study shows», The Guardian). Este tipo de acciones, que son comunes entre los establecimientos de salud estadounidense, no son para nada extraños, y han suscitado en numerosas ocasiones duras críticas, entre otros motivos, pues son instituciones que cuentan con el beneficio de exenciones tributarias considerables. Además, como se ha documentado, la mayor parte de los demandados son personas pobres. Gran «vocación de servicio público» la del Hospital de la Universidad Johns Hopkins.

Y pareciera no ser algo nuevo de esta institución, que tiene una multimillonaria demanda en contra ella, por haber sido parte central, junto al Gobierno de Estados Unidos, el consorcio farmacéutico Bristol-Myers Squibb, y la Fundación Rockefeller, de un plan de experimentación médica del que fue objeto un significativo número de personas de Guatemala sin su consentimiento, y con el que se lo infectó de enfermedades como la sífilis y la gonorrea, en territorio guatemalteco. De esos hechos, aún la institución no se hace cargo y ha continuado el litigio judicial frente a la tan fundada demanda, cuya veracidad fue incluso reconocida por el ex Presidente Barack Obama (Ver Demanda a entes de EE.UU. por experimentos médicos en Guatemala, teleSUR). Ver la nota de la cadena «Univisión», que generalmente es también parte del círculo de medios muy pro Estados Unidos y contrario al Gobierno Bolivariano:

Como se ve, basta con escarbar un poco para ver qué tipo de acusadores son quienes ponen su «prestigio» mal ganado, en función de manipular y mentir sobre Venezuela, que por estos tiempos viene teniendo un considerable triunfo sanitario en su control y manejo de la crisis del Coronavirus, siendo uno de los países con menores tasas de contagio y de muertes en América Latina y el Caribe.

Mientras tanto, ni la Universidad John Hopkins ni Human Right Watch dicen nada sobre la desastrosa gestión de gobiernos neoliberales como los de Brasil, Perú, o Ecuador… ¿No tienen nada que decirle, por ejemplo, al Gobierno de Lenin Moreno, que se vio forzado a reconocer que subvaloró los miles de muertos que ya cuenta en su país por causa de la pandemia?

José Miguel Vivanco, Director para América Latina de HRW, y el Presidente de Ecuador, Lenin Moreno.