«La puerta giratoria que el Frente Amplio juró cerrar: el caso Aylwin y el falso ambientalismo del globalismo verde» Por: Nicolás Romero Reeves
Cuando Sebastián Aylwin salió del Ministerio del Medio Ambiente el 10 de marzo de 2026, dejó tras de sí dos reformas al reglamento del SEIA que definirán por años cómo se evalúan los proyectos de inversión en Chile. Cuatro meses después, apareció asesorando a CleanTech Lithium, la minera británica que necesita precisamente esas reglas —las que él mismo escribió— para tramitar su proyecto de litio en el salar de Laguna Verde. No es una coincidencia. Es un mecanismo.
Por: Nicolás Romero Reeves
El Frente Amplio construyó buena parte de su identidad política denunciando la puerta giratoria entre el Estado y el mundo empresarial. No era un tema secundario: era un caballito de batalla. La idea era simple y potente: cuando un funcionario público pasa directamente a asesorar a las empresas que reguló, lo que se privatiza no es solo su conocimiento, sino la capacidad misma del Estado para actuar en favor del interés general. Se cooptan decisiones, se captura la política pública, se vacía la democracia por dentro.
En agosto de 2026, la presidenta del FA, Constanza Martínez, criticaba con dureza que el exministro Luis Cordero representara a la industria del salmón ante el Tribunal Constitucional. Ese mismo mes, la diputada Gael Yeomans —candidata presidencial en su momento— presentaba una reforma legal para ampliar de seis meses a dos años la prohibición de que exfuncionarios trabajen en sectores relacionados, con multas para quienes incumplan y prohibición permanente de volver al Estado. «La regulación de la puerta giratoria en Chile es incompleta», decía. «La inhabilidad actual solo dura seis meses, solo cubre a organismos fiscalizadores y solo aplica si hay contrato de trabajo».
Tenía razón. Pero mientras hacía esa crítica, su propio sector político ya había protagonizado un caso que encajaba perfectamente en el diagnóstico: Sebastián Aylwin, exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, había sido contratado como asesor por CleanTech Lithium el 1 de julio de 2026. Cuatro meses antes había dejado el cargo. Sin contrato de trabajo. Como asesor. Justo el tipo de vínculo que la propia Yeomans señalaba como uno de los vacíos de la ley.
El silencio del FA ante el caso Aylwin —en contraste con su estridencia ante el caso Cordero— no es un detalle. Es la prueba de que la crítica a la puerta giratoria nunca fue un principio, sino un arma. Se usa contra los adversarios; se ignora cuando toca a los propios.
Qué hizo Aylwin: las reglas y el negocio
Para entender la gravedad del caso hay que mirar lo que Aylwin hizo mientras estuvo en el cargo.
Como jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, lideró dos modificaciones al reglamento del SEIA. La primera, en febrero de 2024, incorporó el cambio climático y el Acuerdo de Escazú al marco de evaluación. La segunda, publicada el 21 de enero de 2026, es la que importa aquí: elevó los umbrales para que un proyecto deba someterse a evaluación ambiental. Por ejemplo, antes un proyecto que almacenara más de 200 mil litros de combustible debía pasar por el SEIA; con la modificación, ese límite subió a 850 mil litros. El efecto práctico: menos proyectos evaluados, trámites más rápidos, menos escrutinio.
Aylwin lo dijo con todas sus letras en LinkedIn: se trataba de que el SEIA «concentre mejor sus esfuerzos en la evaluación de proyectos de mayor envergadura y relevancia ambiental». En el contexto de la agenda de «permisología» del gobierno de Boric —que presentaba la regulación ambiental como un obstáculo al crecimiento—, la dirección era clara: aligerar la carga regulatoria sobre la inversión.
Cuatro meses después de dejar el cargo, Aylwin fue contratado por CleanTech Lithium para «liderar la elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental» del proyecto Laguna Verde. Es decir: fue contratado para gestionar, desde el sector privado, la tramitación de un proyecto bajo las reglas que él mismo reformó. La empresa lo justificó diciendo que su incorporación «responde al compromiso de la compañía de contar con profesionales de primer nivel para asegurar que el desarrollo y futura evaluación ambiental de Laguna Verde se realicen con estricto apego a la normativa».
Nadie está diciendo que Aylwin haya cometido un delito. La ley actual no lo impide. Pero eso es precisamente lo que el FA denunciaba cuando estaba en la vereda del frente: que la ley es insuficiente, que el vacío legal permite que se privaticen las decisiones públicas, que el conocimiento y los contactos acumulados en el Estado se convierten en mercancía al servicio de quien pueda pagarlos.
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La advertencia que se ignoró
Hay un dato que agrava todo. En mayo de 2025, el Ministerio del Medio Ambiente recibió un informe de la Universidad de Antofagasta que advertía que un proyecto de extracción de salmuera como el de CleanTech en Laguna Verde «podría acelerar significativamente la pérdida de agua» y «comprometer la estabilidad ecológica del salar». El mismo informe señalaba que Laguna Verde había estado en una nómina inicial para ser considerada área protegida, pero que en la lista final de 27 salares que el Consejo de Ministros entregó al Ministerio del Medio Ambiente, ya no estaba.
El contrato de CleanTech con el Estado —un CEOL firmado por trato directo bajo el gobierno de Boric— fue enviado a Contraloría el 10 de marzo de 2026. Dos meses después, el organismo lo paralizó por observaciones al mecanismo de trato directo y a la falta de sustentabilidad económica de la empresa. El proyecto está detenido. Pero la puerta giratoria ya se había activado.
La secuencia es elocuente: se recibe una advertencia científica sobre el riesgo hídrico; se excluye el salar de la lista de protección; se firma un contrato por trato directo con una empresa de capitales británicos; se reforma el reglamento para aligerar la evaluación ambiental; y el funcionario que lideró esa reforma pasa a asesorar a la empresa beneficiada. Cada paso, por separado, puede tener una explicación. En conjunto, dibujan un patrón.
El falso ambientalismo del globalismo verde
El caso Aylwin no es una anomalía. Es la expresión concreta de una contradicción más profunda: la de un progresismo que, en el poder, se convierte en el mejor gestor de los intereses del capital extractivo, cubriéndolos con un manto de retórica ambientalista.
Pensemos en el litio. La Estrategia Nacional del Litio, presentada por Boric en cadena nacional en abril de 2023, prometía «promover la investigación en los salares para saber cómo cuidarlos mejor» y establecer una «red de protección de salares» para cumplir con el compromiso de proteger el 30% de los ecosistemas al 2030. Suena impecable. Pero la práctica ha sido otra: los CEOL se otorgan por trato directo, con criterios poco transparentes, y el énfasis está puesto en la velocidad de la explotación, no en la protección efectiva. Organizaciones como OLCA han señalado que el Instituto Nacional del Litio opera bajo la lógica de «conocer para explotar», no de «conocer para proteger». Y la alianza con SQM —empresa con uno de los historiales más oscuros de financiamiento irregular de la política chilena— desmiente cualquier pretensión de pureza.
Pensemos también en el hidrógeno verde. El proyecto INNA de AES Andes en Antofagasta fue presentado como un emblema de la «transición energética». Pero su ubicación, a pocos kilómetros del observatorio Paranal, amenazaba con arruinar los cielos más oscuros y limpios del planeta, un patrimonio científico irremplazable. La comunidad astronómica internacional se levantó en contra. El proyecto finalmente se retiró, pero no por razones ambientales: se habló de «revisión estratégica del portafolio». Otra vez: el envoltorio verde, el contenido extractivo.
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Este es el globalismo verde en su versión latinoamericana: un discurso que habla de cambio climático, participación ciudadana y derechos de la naturaleza, mientras en la práctica desregula, acelera permisos, firma contratos por trato directo y coloca a sus cuadros en los directorios de las empresas beneficiadas. No es una traición accidental a los principios. Es la función misma de ese progresismo dentro del orden global: legitimar la expansión del capital sobre los territorios, dándole una cara amable, joven y ambientalista.
Lo que realmente se privatiza
Cuando un funcionario como Aylwin pasa del Estado a una empresa que reguló, lo que se transfiere no es solo información técnica. Se transfieren redes de contacto, conocimiento de los tiempos y las sensibilidades del aparato público, comprensión íntima de las reglas que él mismo escribió. La empresa que lo contrata no compra solo un abogado: compra acceso, compra ventaja, compra la certeza de que su tramitación será conducida por alguien que conoce el sistema desde adentro.
Eso es lo que el Frente Amplio denunciaba cuando era oposición. Y eso es exactamente lo que practica cuando gobierna.
La diferencia entre el caso Cordero y el caso Aylwin no es de naturaleza, sino de bando. En ambos, un exfuncionario de alto nivel pasa a servir intereses privados que se relacionan directamente con el área que reguló. La condena del FA fue inmediata y pública en un caso; en el otro, silencio. Esa asimetría es la confesión más clara: la puerta giratoria no molesta por lo que es, sino por quién la usa.
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Por Revista De Frente.
