Por Mike Leod

Reportero para MINT-PRESS

 

La Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, señaló en una declaración de prensa que «bajo los criterios legales del Estatuto de Roma, se ha iniciado una investigación» para los hechos que revistan el carácter de crímenes de guerra ocurridos bajo la actual ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel.

 

La decisión va en contra de cualquiera que todavía crea la afirmación israelí de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son el «ejército más moral del mundo» o que Israel no comete crímenes de guerra.

 

Cuestiones de jurisdicción

 

Según el Estatuto de Roma , el documento fundacional que estableció la Corte Penal Internacional, se determina que los casos pueden ser escuchados por el tribunal solo si una de las partes afectadas es signataria. El estado de Palestina ha sido signatario desde 2015.

 

Israel, que al igual que Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, afirma que Palestina no es un estado soberano y, por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para investigar cuestiones relacionadas con él. Sin embargo, de acuerdo con la resolución 67/19 de la Asamblea General de la ONU , adoptada el 29 de noviembre de 2012, Palestina asumió el estatus de un «estado observador no miembro» de la ONU, lo que le permite acceder a tratados internacionales como el Estatuto de Roma, y ​​de hecho no pasó mucho tiempo para que Palestina se convirtiera en el 123 ° estado parte en el estatuto que otorga a la CPI el derecho legal de ejercer jurisdicción en su territorio.

 

Anticipando claramente que la jurisdicción de la CPI sobre Palestina sería cuestionada por Israel, dijo la Fiscal Bensouda en su declaración , cuya versión completa se puede encontrar en el sitio web de la CPI, que había presentado una solicitud de resolución jurisdiccional sobre el tema.

«Específicamente, he buscado confirmación de que el ‘territorio’ sobre el cual el tribunal puede ejercer su jurisdicción, y que puedo someter a investigación, comprende Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y Gaza», dijo Bensouda.

 

Continuó diciendo que reconoce que «Palestina no tiene control total sobre el territorio palestino ocupado y sus fronteras están en disputa». Cisjordania y la Franja de Gaza están fuertemente controladas por el gobierno israelí y Jerusalén Oriental ha sido efectivamente anexionada por Israel.

 

Bensouda agrega de manera bastante extraña que «la Autoridad Palestina no gobierna Gaza». Sin embargo, Hamas es el partido que actualmente gobierna Gaza, en la medida en que Israel lo permite, ya que es el partido que ganó el parlamento de la Autoridad Palestina de 2006 elecciones.»

 

Así mismo, la jefa de la CPI señaló que, aunque considera que «la Corte puede ejercer su jurisdicción a pesar de estos asuntos», es consciente de opiniones contrarias y, por lo tanto, «solicita que una Sala de Cuestiones Preliminares («la Cámara «) se pronuncie sobre el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte en la situación en Palestina «.

 

Específicamente, Bensouda afirmó que está buscando confirmación de que el «territorio» sobre el cual la CPI puede ejercer jurisdicción comprende el «Territorio Palestino Ocupado, que es Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza».

 

También dejó en claro que quiere que se determine el problema antes de comenzar una investigación en lugar de ser resuelto más tarde por los jueces después de que se completen sus investigaciones. No está claro cuándo se tomará una decisión sobre esto, pero Bensouda dijo que le había pedido al tribunal que «dictaminen de manera expedita» y permita que las posibles víctimas participen en los procedimientos.

 

Israel responde

 

A pesar de los desafíos legales, la decisión del fiscal es alentadora. En Israel, las reacciones a su decisión fueron previsiblemente rápidas, y no sorprendentemente, feroces. La respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a la decisión de Bensouda fue que es «infundada e indignante». Como era de esperar, dijo que «el tribunal no tiene jurisdicción» porque solo los estados soberanos pueden presentar una petición al tribunal, y «nunca ha habido una Estado palestino soberano ”. Agregó que la decisión de la CPI significa que los judíos que viven en su patria histórica, la tierra de la Biblia, es un crimen de guerra.

 

El presidente de la Unión Nacional y Ministro de Transporte, Bezalel Smotrich, tuiteó su respuesta a la decisión del fiscal de la CPI diciendo que el Primer Ministro debería darle a la Autoridad Palestina 48 horas para presentar su petición a la CPI o de lo contrario enfrentarse a una «derribo». Agregó que esto debería haberse hecho hace mucho tiempo, cuando los palestinos solicitaron por primera vez a la ONU un estado.

 

Yair Lapid, cofundador del partido Azul y Blanco de Israel, tuiteó: “El fiscal de la CPI ha cedido ante las mentiras y el odio palestinos. Como ex miembro del Gabinete de Seguridad y miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, puedo testificar que las FDI hacen más que cualquier otro ejército en la historia para evitar bajas civiles ”. A pesar de la evidencia, esta es una afirmación que a menudo se repite Políticos israelíes.

 

El presidente de Blue and White, Benny Gantz, también atacó la decisión del tribunal. Habiendo servido como Jefe de Gabinete de las FDI, es probable que sea un objetivo importante de cualquier investigación sobre crímenes de guerra. En su respuesta a la decisión, mencionó sus décadas de servicio militar, incluyendo «servir como el 20 ° Jefe de Estado Mayor de las FDI». Declaró que «las FDI son uno de los ejércitos más morales del mundo» y afirmó que «el Las FDI y el Estado de Israel no cometen crímenes de guerra ”. Gantz supervisó más de un asalto israelí en la asediada franja de Gaza, asaltos que registraron decenas de bajas civiles.

 

Temores israelíes

 

Israel tiene buenas razones para temer la decisión de la Corte Penal Internacional. Seguir adelante con una investigación de los crímenes cometidos en los territorios palestinos expondrá a los funcionarios gubernamentales y militares actuales y anteriores a ser procesados ​​cuando viajen al extranjero. Ese miedo no es del todo irracional y no tiene  precedentes.

 

En 2011, se informó que el general israelí retirado Danny Rothschild se vio obligado a interrumpir una visita programada a Londres y cancelar dos conferencias planificadas allí. Esto después de que la Embajada de Israel le advirtió que estaba en peligro de ser arrestado si permanecía en el país. El evento se produjo un día después de que el miembro de la Knesset y el ex ministro de Defensa Amir Peretz se viera obligado a interrumpir una visita a Londres por la misma razón.

 

Trial International , una ONG que lucha contra la impunidad por crímenes internacionales y apoya a las víctimas en su búsqueda de justicia, informa que el 30 de junio de 2016, el ex canciller israelí Tzipi Livni estaba en Londres para una conferencia y fue convocado a la policía por denuncias de guerra. delitos cometidos entre 2008 y 2009. A Livni finalmente se le otorgó inmunidad diplomática. Luego, el 23 de enero de 2017, Livni fue invitada a asistir a una conferencia en el Parlamento Europeo en Bruselas cuando la fiscalía de Bélgica anunció su intención de arrestarla y interrogarla sobre su presunta participación en la Operación Plomo Fundido, el sangriento asalto militar de 22 días de Israel. en la Franja de Gaza en 2008. Livini decidió cancelar su viaje a Bélgica.

 

 

Sin embargo, estos «esfuerzos» de los que hablan Kahana y otros funcionarios israelíes parecen fallar una y otra vez. La cantidad de víctimas civiles de los ataques israelíes es asombrosa y ha llegado al punto en que uno debe cuestionar la intención de las FDI y de quienes la envían en estas llamadas misiones. Si bien una investigación exhaustiva sin duda precederá a cualquier decisión de la Corte Penal Internacional, no hace falta ser un gran estudioso del derecho para comprender que arrojar toneladas de bombas desde aviones de combate a una población civil indefensa constituye un crimen de guerra.

 

El informe completo del fiscal indica que el alcance de cualquier procedimiento formal también puede incluir una investigación sobre el «uso por parte de miembros de las FDI de medios no letales y letales contra personas que participan en manifestaciones a partir de marzo de 2018». La CPI se refiere a las protestas conocidas como «La Gran Marcha del Regreso». Esto significa que los enormes esfuerzos que Israel hace para justificar sus ataques contra los palestinos, y para afirmar que se llevan a cabo solo en defensa propia, finalmente pueden comenzar a fallar.

 

 

Imagen extraída de jstor.com