Por Movimiento Solidario Vida Digna

#OpiniónDeFrente

Con el fin de incentivar la industria inmobiliaria para que los miles de subsidios habitacionales asignados pudieran ser usados, la burocracia neoliberal creó la política de Integración Social, que en un primer momento se expresó en el DS 19 de “Integración Social y Territorial” de 2016 (Bachelet), el cual permitió transferir a las inmobiliarias el control de todo el proceso de la producción habitacional, y que hoy (Piñera), busca expandir su alcance a través del proyecto de ley de “Integración Social y Urbana”, orientado a entregar suelo público a las inmobiliarias vía concesión y a desregular la planificación de la ciudad.

Tanto el DS19 como éste proyecto que modifica la ley de Urbanismo y Construcción, se sostienen sobre un discurso de “integración” que a primeras suena bien, pero que si nos detenemos a revisarlo se desmorona:pensar que la cercanía física entre las clases sociales(integración social) y que vivir en zonas con acceso a mejores servicios (integración territorial o urbana) rompe con la segregación de nuestra ciudad, es a lo menos cuestionable, porque el problema que vivimos no es de distancias físicas a los bienes de consumo, sino de concentración de la riqueza en pocas manos, lo que se reproduce a través de un Estado que subsidia a los más ricos.

Aún cuando un número determinado de familias llegue a vivir a una zona con mejor acceso a ciertos servicios, como Las Condes, el problema no cambia mucho: su tiempo de espera para recibir una atención de especialidad en un hospital no se agilizará, como tampoco mejorará su proyección educacional, ya que esa cercanía física a una Clínica Alemana o a un Verbo Divino no le permitirá atenderse ni estudiar en esos lugares. En otras palabras, para que exista verdadera integración social, primero debemos terminar con un modelo de servicios para ricos y otro para pobres,porque la cercanía física a los bienes de mercado no mejora la calidad de vida, solo endeuda.

A través del proyecto de ley, esta integración de mercado busca profundizar la ciudad neoliberal inaugurada en 1979, proponiendo un sistema de concesión para privatizar la poca reserva de suelo público que queda y así achicar aún más las opción de acceder a la vivienda de forma colectiva. Junto con eso, a través de las Zonas de Integración Urbana (ZIU) permitirá saltarse las normas urbanísticas de los planes reguladores comunales, lo que de paso abrirá el apetito inmobiliario a desplazar vía mercado a quienes viven alrededor de los ejes estructurantes de la ciudad (renovación urbana). O sea, un anillo al dedo para la Cámara Chilena de la Construcción que podrá aumentar su oferta en zonas consolidadas.

Esto último es grave, porque al establecerse dichas ZIU alrededor de un metro, por ejemplo, lo que se está promoviendo es que esos suelos aumenten nuevamente su precio al poder construir por sobre la norma, y esa diferencia será absorbida por las inmobiliarias. Es a esa ganancia a la que el Estado pide entregar una cuota para destinarla a un cierto número de viviendas sociales, costo que por supuesto es asumido por el Estado a través de los subsidios. En otras palabras, el discurso integrador solo apunta a privatizar y desregular en pro de la ganancia inmobiliaria.

Frente a este escenario, creemos que no solo debemos rechazar cualquier mecanismo que disfrazado de integrador busca profundizar la ciudad neoliberal, sino que por sobre todo debemos defender el protagonismo de nuestras familias pobladoras en la producción de su hábitat, y no solo de aquellas que se organizan por la vivienda digna, sino de toda la comunidad, apuntando a que el suelo debe tener un fin social, y no mercantil. Por eso es necesario que desde abajo comencemos a pensar y a preparar un horizonte de superación del neoliberalismo, el que debemos caminar de acuerdo a nuestras necesidades y ritmos, y no a los de un parlamento ni a los de una elección.

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