Por Gonzalo Silva Brunetti

En el ciclo histórico que va desde 1973 hasta hoy existe un segmento muy amplio de la población, que nunca y de ningún modo ha accedido a ninguna cuota de poder. En el periodo dictatorial fueron directamente eliminados y exiliados y luego en “democracia” han sido sistemáticamente precarizados, criminalizados, tramposamente representados, engañados, en definitiva, la política y sus instituciones los ha puesto siempre en el lugar de perdedores absolutos.

Es esta trayectoria vital de exclusión la que ha generado una racionalidad popular que descree de la disputa del poder, poniendo a todo ejercicio del este como el enemigo. Sectores muy amplios de la población que han vivido siempre el poder como dominación, no se platean la posibilidad su conquista y una perspectiva de ejercerlo, por el contrario, se platean como objetivo primario neutralizarlo, hacerlo desaparecer.
Una expresión directa se ha dejado ver en el estallido social actual, en principio, las personas movilizadas lo que han mostrado es una claridad muy precisa y radical de lo que no quieren, y esto no corresponde a espontaneidad o pulsión sino que una voluntad racional destituyente.

Es en este escenario que las expresiones orgánicas de la política disputan la posibilidad de ser expresión legítima del movimiento popular. Existe por tanto una tensión estructurante y constitutiva, entre la necesidad de constituirse en poder capaz de disputar la mediación de la contradicción social y la fuerza destituyente que rechaza esta misma constitución.

Puestas las cosas de este modo, los elementos simbólicos de la política adquieren una relevancia fundamental, pueden ser de hecho contradictorios con los elementos prácticos de esta. Y en esa ponderación el movimiento social ha dado más valor a lo primero que a lo segundo.
Esto se pude visualizar con claridad si examinamos dos iniciativas llevadas adelante por la política institucional, por una parte la acusación constitucional promovida por la diputada Pamela Jiles, que en el plano práctico no tiene ningún rendimiento (requiere en última instancia la aprobación de 2/3 del senado, condición que por su composición actual es en los hechos imposible). No obstante, ha tenido un respaldo del movimiento social muy contundente, en cuanto se hace cargo de la voluntad de impugnación al símbolo del sistema, al símbolo de la represión, en última instancia al símbolo de la dominación.

Por otra parte el acurdo por “la paz y la nueva constitución”, si bien ha sido cuestionado por elementos de su contenido práctico (la forma en que se elige a los constituyentes, el quórum de los 2/3, la “comisión de expertos” etc), antes que eso y de forma mucho más radical ha sido criticado por el modo en que se produjo, el contenido de la categoría “cocina” tiene que ver con que la gente percibe en ese acto principalmente el ejercicio del poder que toda la vida los ha excluido y que como ya vimos aparece como su principal enemigo.
La fuerza que abrió la posibilidad real de un reordenamiento profundo del modo en el cual producimos y reproducimos nuestras vidas, la fuerza que ha hecho posible hoy un cambio sustantivo en nuestros modos de vida, la fuerza que en definitiva puede escribir una historia distinta. Requiere de manera necesaria borrar todo lo que requiere ser borrado y escribir con su propia pluma.

La expresión política del movimiento popular solo podrá surgir de una síntesis entre los elementos prácticos y los elementos simbólicos, cualquier apuesta por priorizar los unos por sobre los otros será inmediatamente y de forma radical arrasado por la misma fuerza que lo constituye, al mismo tiempo, solo podrá existir en la medida que calibre de forma muy fina la relación entre ser poder capaz de modificar la realidad y no aparecer como parte de ese poder que ha excluido históricamente a las grande mayorías.