EL NACIMIENTO DE UNA OPERACIÓN PSICOLÓGICA: CÓMO SE SEMBRÓ EL “NARCOTERRORISMO” EN RÍO DE JANEIRO

Drones sobrevolando el complejo Penha, granadas lanzadas sobre una zona densamente poblada, decenas de muertos, escuelas cerradas, miedo generalizado. Las imágenes circularon por todo el mundo incluso antes de que se investigaran los hechos, y una sola frase del gobernador Cláudio Castro bastó para establecer el enfoque deseado: «es narcoterrorismo». Esta palabra, lanzada al espacio informativo con la frialdad de quien sabe de lo que habla, no es un simple error semántico. Es un arma.

Los sucesos del martes 28 de octubre de 2025 marcan la culminación de una operación psicológica meticulosamente calibrada para generar la sensación de un colapso en la seguridad pública y, por ende, legitimar una agenda geopolítica ajena a Brasil. El término «narcoterrorismo» —inexistente en la legislación brasileña— sirve como clave simbólica para importar el vocabulario estratégico de Washington y desplazar el eje del discurso nacional: lo que era crimen organizado se transforma repentinamente en una «amenaza hemisférica».

Esta manipulación discursiva persigue objetivos precisos. Internamente, consolida el proyecto de poder de la extrema derecha, que necesita del miedo como combustible político; externamente, reabre la puerta a la doctrina de seguridad de Estados Unidos, que vuelve a considerar a Sudamérica como un campo de «riesgo híbrido» que debe ser contenido. El gobierno de Río, al adoptar este léxico, actúa como vector de una operación psicológica de alcance internacional: genera inestabilidad, debilita al gobierno federal y proporciona a la prensa extranjera el argumento perfecto de que Brasil ha perdido el control de su territorio.

En el ámbito informativo, no hay lugar para la improvisación. La sincronización entre la operación militar, el uso del término «narcoterrorismo» y su inmediata reproducción por parte de organismos internacionales conforma un guion bien conocido de la guerra híbrida contemporánea: crear caos, atribuirlo al enemigo global y exigir intervención con el pretexto de restablecer el orden. Lo que ocurre hoy en Río de Janeiro tiene menos que ver con la seguridad y más con la soberanía. Es el ensayo de una nueva ofensiva cognitiva contra Brasil.

EL ESPECTÁCULO OPERACIONAL: LA GUERRA QUE DEBE SER VISTA

En una operación psicológica, nada ocurre por casualidad: ni el momento de la operación, ni el enfoque, ni el sonido de las explosiones. Lo que se vio en las calles de Río de Janeiro la mañana del 28 de octubre de 2025 no fue simplemente una operación policial a gran escala: fue la puesta en escena de una guerra meticulosamente coreografiada para las cámaras. Vehículos blindados, helicópteros, drones y ráfagas de disparos conformaron la puesta en escena perfecta para la creación de una narrativa de colapso.

La Operación «Contención», que movilizó a más de 2.500 agentes en una sola mañana, se presentó como una respuesta al avance de las facciones criminales, pero su resultado real fue muy distinto: generar imágenes de caos controlado, capaces de circular instantáneamente en redes sociales, televisión y portales internacionales. Al fin y al cabo, la guerra híbrida depende de la visibilidad: sin imágenes, no hay miedo; sin miedo, no hay consenso.

El impacto simbólico fue inmediato. Las imágenes de granadas lanzadas por drones y favelas envueltas en humo no solo generaron pánico, sino que también legitimaron el discurso de las medidas excepcionales. En cuestión de horas, las escuelas cerraron, los autobuses dejaron de circular y la ciudad se sumió en un estado de parálisis emocional. Este es el objetivo de la operación psicológica: generar una percepción de pérdida de control, incluso cuando el control —militar y narrativo— está en manos de quienes manipulan la situación.

Al convertir la seguridad pública en un espectáculo bélico, el gobierno de Río recreó la estética del miedo, fundamento esencial de las democracias asediadas. Las cámaras de prensa, estratégicamente ubicadas, captaron no solo la confrontación, sino también el argumento: «el Estado se enfrenta a los terroristas». Sin embargo, lo que se transmite al mundo es una narrativa distinta: la de un país en colapso, incapaz de gobernar su propio territorio.

La guerra híbrida se nutre de esta paradoja: cuanto más fuerte parece el Estado, más vulnerable se revela; cuanto más seguridad promete, más inseguridad genera. Esta es la lógica del espectáculo operacional: una guerra que necesita ser vista para cumplir su función simbólica.

Ingeniería Discursiva: Cómo Fabricar un Enemigo Interno

Ninguna guerra híbrida puede sostenerse sin una narrativa, y ninguna narrativa puede imponerse sin manipulación discursiva. En el caso del «narcoterrorismo», el proceso fue meticulosamente orquestado: primero la imagen, luego la etiqueta, seguida de la difusión viral y, finalmente, la legitimación política.

El ciclo comienza con imágenes. Drones, explosiones, caos, humo: todo grabado, editado y difundido en tiempo real a través de canales oficiales y perfiles afines al gobierno de Río. El objetivo: crear un clima de guerra. A continuación, surge la palabra clave: «narcoterrorismo», pronunciada por una autoridad e inmediatamente reproducida por toda la maquinaria comunicativa de Bolsonaro. El término carece de fundamento jurídico, pero posee un valor simbólico. Transforma a los delincuentes en «enemigos del Estado» y al Estado en un «bastión de la civilización», invirtiendo por completo la lógica jurídica y democrática.

Esta retórica se ve amplificada por un ecosistema predecible: portales de extrema derecha, influencers que orbitan el bolsonarismo digital y medios internacionales predispuestos a presentar a Brasil como un «país en colapso». La palabra es el vector. Cuando la etiqueta llega a Reuters, CNN en Español y El País, ya ha cumplido su función: legitimar el miedo como verdad global y desplazar el foco del debate del ámbito policial al geopolítico.

La ingeniería discursiva transforma la excepción en regla y el territorio periférico en un laboratorio de consensos. Al catalogar el crimen como terrorismo, el poder local fabrica al enemigo perfecto: invisible, interno y conveniente. Así se sostiene la guerra híbrida: no mediante el control de armas, sino mediante el control de las palabras.

El objetivo político interno: El caos como estrategia de poder

Fabricar caos es una vieja técnica política y, en Brasil en 2025, se ha convertido una vez más en una baza electoral. El gobierno de Río de Janeiro, al convertir la seguridad pública en un espectáculo, recrea la atmósfera de miedo que alimenta el movimiento de Bolsonaro y proporciona a la extrema derecha el combustible que necesita para seguir siendo relevante. Cada granada lanzada, cada cuerpo exhibido, cada titular sobre «narcoterrorismo» refuerza la narrativa de que solo el autoritarismo puede restaurar el orden.

El cálculo es cínico. Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y el movimiento de Bolsonaro debilitado a nivel nacional, la extrema derecha busca un nuevo eje de movilización y ha encontrado el terreno ideal en la «guerra contra el crimen». Al exagerar la inseguridad, crean la percepción de que el gobierno federal ha perdido el control, obligando al presidente Lula a reaccionar bajo la agenda discursiva del adversario. Es el mismo método utilizado en Estados Unidos durante la «guerra contra las drogas» y en Colombia bajo el pretexto del «narcoterrorismo»: la política del miedo como arma electoral e instrumento de subordinación internacional.

Internamente, el habla cumple tres funciones:

– Para encubrir la incompetencia administrativa del estado de Río de Janeiro, desviando la atención de las crisis fiscal y social.

El caos, por lo tanto, no es un efecto secundario, sino el resultado. La sensación de desorden es terreno fértil para la extrema derecha, y Río de Janeiro, una vez más, ha sido elegida como laboratorio. Bajo la apariencia de combatir el narcotráfico, lo que se está ensayando es una guerra política por las narrativas: una disputa sobre la percepción de quién ostenta la autoridad moral para usar la violencia.

La puerta de entrada a la injerencia externa: El regreso de la doctrina Monroe

Detrás del discurso del «narcoterrorismo» subyace un viejo proyecto de subordinación hemisférica: la Doctrina Monroe, reciclada en el siglo XXI bajo el pretexto de «cooperación antiterrorista». El término no es inocente. Cuando una autoridad brasileña califica a grupos criminales de «narcoterroristas», abre una laguna legal y diplomática que permite a Estados Unidos intervenir directa o indirectamente con el argumento de la seguridad regional.

Este guion ya se ha puesto a prueba. En la década de 1990, Colombia se convirtió en un laboratorio militar estadounidense bajo el pretexto del «Plan Colombia», una alianza que prometía combatir el narcotráfico pero que terminó militarizando el país, expandiendo el poder de las agencias estadounidenses y subordinando la política de seguridad nacional a la lógica de la DEA y el Pentágono. Hoy, Río de Janeiro cumple una función similar: crear el pretexto narrativo para que Brasil vuelva a encajar en el mismo marco de la «amenaza hemisférica».

No es casualidad que la retórica de Cláudio Castro resonara casi de inmediato en los medios internacionales y las redes de seguridad vinculadas a Washington. El término «narcoterrorismo» permite asociar a Brasil con la lista de países que requieren vigilancia especial, preludio de sanciones, espionaje y cooperación forzada. Se trata de una operación lingüística que precede a la operación política: quien controla el nombre, controla el territorio.

Al importar el léxico de seguridad estadounidense, el gobierno de Río renuncia a su soberanía narrativa y estratégica. Cede el poder de definir qué es una amenaza y qué es orden; qué es seguridad y qué es guerra. Y cuando un Estado abre esa puerta, no es el Estado quien decide cuándo la cerrará.

Por lo tanto, el término «narcoterrorismo» no es simplemente un error semántico. Es el código de activación de un sistema de injerencia ya en funcionamiento: el brazo invisible de la guerra híbrida que transforma un discurso local en una justificación global para intervenir, vigilar y debilitar a Brasil en nombre de la seguridad.

CAPTURA TECNOLÓGICA: CUANDO LA SEGURIDAD SE CONVIERTE EN UNA DEPENDENCIA

Toda guerra híbrida tiene una capa silenciosa: el código. Tras los vehículos blindados y las granadas lanzadas desde drones, existe una red de sistemas, contratos y plataformas que definen quién ve, quién decide y quién se beneficia del control del territorio. El discurso del «narcoterrorismo» funciona aquí como una puerta de entrada para la transferencia tecnológica, disfrazada de «cooperación en materia de seguridad».

Actualmente, las fuerzas policiales estatales y federales brasileñas operan con software, bases de datos y herramientas de vigilancia proporcionadas por empresas extranjeras, muchas de ellas vinculadas directamente al complejo cívico-militar de Estados Unidos e Israel. Los sistemas de análisis forense, la monitorización de redes, el reconocimiento facial y la interceptación digital conforman un ecosistema híbrido de seguridad privatizada, en el que el Estado brasileño depende de infraestructura, código y mantenimiento extranjeros. Esta es la cara invisible de la soberanía capturada.

Cuando un gobierno local recurre al término «terrorismo», allana el camino para acuerdos directos con estas corporaciones, bajo el pretexto de urgencia y «cooperación internacional». Es el mismo modelo aplicado en Bogotá, Manila y Kiev: la tecnología entra como «ayuda», pero sigue siendo un instrumento de control. Cada nueva adquisición, cada integración de datos, reduce la autonomía operativa de las fuerzas brasileñas y aumenta la capacidad de vigilancia de actores externos sobre el territorio nacional.

La guerra híbrida no necesita tropas extranjeras; basta con controlar el software y el discurso. El discurso del miedo legitima la inversión extranjera en seguridad pública, y esta inversión consolida el miedo como política permanente. Es un ciclo de dependencia que se retroalimenta, en el que Brasil proporciona datos, abre infraestructura y paga por su propia subordinación.

En última instancia, el «narcoterrorismo» es el caballo de Troya que convierte la soberanía informativa en moneda de cambio, transformando al país en un campo de pruebas para tecnologías de vigilancia de doble uso: civiles y militares. El enemigo no está en las favelas, sino en los servidores que procesan los datos sobre ellas.

EL MARCO JURÍDICO: MENTIRAS LEGALES Y EL DISCURSO DE LA EXCEPCIÓN

Ningún país soberano puede aceptar que el idioma del enemigo determine su propia ley. Brasil cuenta con una legislación clara sobre terrorismo, que excluye el narcotráfico, el crimen organizado y las facciones locales. La Ley 13.260/2016, promulgada tras un intenso debate en el Congreso, define el terrorismo como «actos motivados por el extremismo político, religioso, racial o ideológico que provocan terror social generalizado». Nada de esto se aplica al contexto de Río de Janeiro. Aun así, el gobernador Cláudio Castro y sectores de la extrema derecha insisten en importar la categoría extranjera de «narcoterrorismo», un concepto sin valor jurídico pero con gran valor geopolítico.

La operación semántica es simple, pero letal: al clasificar a los delincuentes como «terroristas», el Estado obtiene carta blanca para suspender derechos, aumentar la letalidad y excluir el control civil sobre las fuerzas de seguridad. Esta es la esencia del discurso de la excepción: legitima la violencia preventiva, autoriza el error y naturaliza los daños colaterales. El efecto psicológico es devastador: transforma a la población pobre, negra y marginada en un potencial enemigo interno.

Detrás de esta distorsión legal subyace un propósito estratégico: acercar a Brasil a la arquitectura normativa de Estados Unidos, que permite acciones extraterritoriales, sanciones y vigilancia bajo el pretexto de «combatir el terrorismo». Es la misma táctica utilizada para justificar intervenciones en Centroamérica, Oriente Medio y los Balcanes, siempre en nombre de la seguridad global

En el ámbito nacional, el «narcoterrorismo» crea un estado de excepción permanente disfrazado de política pública. Bajo este pretexto, todo se justifica: operaciones opacas, detenciones masivas, ejecuciones sumarias y acuerdos directos con agencias extranjeras. Se trata de un atajo discursivo para eludir la Constitución y reintroducir el paradigma del enemigo: aquel que puede ser eliminado sin juicio porque «no forma parte de la sociedad».

Las mentiras legales son la base de las operaciones psicológicas: al hacer creer a la población que el país se enfrenta a «terroristas», el Estado se autoriza a sí mismo a actuar como potencia ocupante en su propio territorio. Y es precisamente ahí donde la democracia comienza a morir, no mediante un golpe militar, sino a través de un consentimiento tácito.

Las consecuencias inmediatas: guerra interna y riesgo de intervención externa

La consecuencia más inmediata de la farsa del «narcoterrorismo» es el retorno de una vieja patología brasileña: la normalización de la guerra interna contra su propio pueblo. Cuando el Estado empieza a ver a los ciudadanos como enemigos potenciales, la política de seguridad se transforma en una política de exterminio. El resultado se refleja en estadísticas que nunca aparecen en los titulares: cadáveres sin identificar, viviendas destruidas, escuelas clausuradas y territorios ocupados permanentemente bajo el pretexto del orden.

Pero el efecto no se limita a la tragedia local. Cada vez que un gobernador habla de «terrorismo», el término queda registrado por organismos internacionales, indexado en bases de datos de riesgo y analizado por plataformas de monitoreo financiero y diplomático. En términos técnicos, esto se denomina «securitización de la imagen nacional»: el proceso que transforma los problemas internos en amenazas globales. El precio es alto: encarece el crédito, ahuyenta las inversiones, desestabiliza el tipo de cambio y alimenta la percepción de fragilidad institucional.

En términos geopolíticos, este discurso abre la puerta a nuevas formas de injerencia, especialmente bajo la doctrina estadounidense de «combatir las amenazas híbridas y narcoterroristas». Una sola palabra de una autoridad estatal puede servir de base para sanciones, cooperación forzada o espionaje disfrazado de asistencia técnica. Esto es lo que estamos viendo ahora: en Washington, centros de estudios y comisiones parlamentarias ya señalan a Brasil como un «nuevo foco de inestabilidad», precisamente el tipo de narrativa que precede a la infiltración institucional.

Internamente, la operación persigue otro propósito: poner a prueba los límites de la democracia brasileña. El aumento de la letalidad, el uso de drones, la ausencia de expertos independientes y el silencio de las autoridades federales revelan un país en estado de insensibilización. El miedo se vuelve rutina, y la rutina anestesia el escándalo. Así es como una operación policial se convierte en un ensayo para la guerra híbrida: mediante el control de la emoción colectiva y la normalización de la violencia como método de gobierno.

En el plano simbólico, el daño es aún más profundo. La idea de que Brasil se enfrenta a «terroristas» legitima la militarización de las favelas, la vigilancia de los movimientos sociales y el debilitamiento de cualquier resistencia popular. Lo que comienza como una excepción en un territorio periférico termina convirtiéndose en la norma nacional. Esta es la arquitectura del autoritarismo moderno: no necesita tanques en las calles, solo miedo en las pantallas.

UNA CONTRA-NARRATIVA ESTRATÉGICA: CÓMO RECONSTRUIR LA SOBERANÍA DEL DISCURSO

Toda guerra híbrida se gana primero en el ámbito del lenguaje. Antes de las sanciones, las armas y las urnas, se libra la batalla por el significado de las palabras. Por eso, ante la ofensiva del “narcoterrorismo”, la reacción democrática debe comenzar con una reconstrucción semántica. La palabra “terrorismo” no puede cederse a la extrema derecha ni a las estrategias de Washington. Debe ser restituida al derecho, la verdad y la soberanía nacional.

El primer paso es reafirmar el ordenamiento jurídico brasileño: Brasil no se enfrenta a terroristas, sino a delincuentes; y esta diferencia es lo que distingue al Estado de derecho de un Estado de excepción. Las facciones no tienen ideología política ni intención de generar pánico social por motivos extremistas. Llamarlas «terroristas» es mentir para obtener réditos geopolíticos. Es necesario insistir en esta distinción hasta que se convierta en sentido común, porque define la frontera entre gobernar y ocupar.

El segundo objetivo es reconstruir el vocabulario de la seguridad pública basado en la soberanía informativa. En lugar de importar doctrinas preestablecidas, Brasil necesita formular su propia estrategia de defensa digital y territorial, centrada en la inteligencia pública, el control de datos y la transparencia. La seguridad no es un espectáculo: es política de Estado. Cada contrato de software, cada alianza tecnológica y cada cooperación internacional debe responder a la lógica de la autonomía, no de la dependencia.

El tercer objetivo es romper el monopolio narrativo de los medios de comunicación tradicionales y de los portavoces de la excepción. La guerra híbrida es una guerra de percepción; por lo tanto, exige una comunicación soberana. Esto implica cuestionar las redes, crear nuevos repertorios simbólicos y revelar los aspectos ocultos del discurso. El antídoto contra las operaciones psicológicas es la verdad organizada: una contrainformación estratégica capaz de neutralizar el miedo.

Finalmente, es necesario reafirmar el principio político fundamental: la seguridad no puede ser un instrumento de dominación, sino de emancipación. Combatir el crimen sin sacrificar derechos es el verdadero desafío civilizatorio. Mientras Brasil se vea obligado a luchar en guerras ajenas, seguirá perdiendo su propia paz. La contranarrativa comienza cuando el país empieza a redefinirse con sus propias palabras.

CONCLUSIÓN: BRASIL COMO OBJETIVO DE LA GUERRA HÍBRIDA GLOBAL

Lo ocurrido en Río de Janeiro no fue solo una operación policial: fue un ensayo de guerra híbrida, puesto a prueba a escala real, con todos los elementos clásicos de una operación psicológica moderna: el espectáculo mediático, el pánico social, la manipulación del discurso y la adhesión automática al lenguaje de Washington. Bajo el pretexto de seguridad, el Estado de Río de Janeiro ejecutó una operación de desestabilización política, cuyo verdadero objetivo no es el crimen, sino el gobierno federal y la soberanía del país.

Cuando Brasil acepta la etiqueta de «narcoterrorismo», entrega en bandeja de plata el poder de narrar su propia historia. Las autoridades locales transforman el territorio nacional en un escenario de guerra para justificar la dependencia tecnológica, las alianzas asimétricas y, en última instancia, la injerencia extranjera. Es la misma vieja estrategia: primero el discurso, luego la doctrina, finalmente la intervención. La historia de América Latina se escribe en este ciclo.

Lo que está en juego ahora va más allá de una disputa partidista: se trata de la autonomía cognitiva misma del Estado brasileño, la capacidad de definir quiénes somos, quiénes nos amenazan y quiénes nos defienden. Esta batalla no se gana con fusiles ni con declaraciones oficiales, sino con conciencia y soberanía informativa. Brasil necesita recuperar el control de la palabra antes de perder el control del territorio.

La respuesta democrática debe ser clara: ninguna narrativa impuesta puede definir el futuro de un país que aún lucha por ser dueño de su propio destino. Reaccionar ante la guerra psicológica no es solo un gesto de resistencia, sino un acto de independencia.

En los próximos capítulos, la disputa continuará: en las redes sociales, en las instituciones y en el imaginario colectivo. Pero cada vez que Brasil rechaza el miedo impuesto, recupera una parte de su soberanía. Y precisamente por eso quieren mantenernos en guerra: porque la paz es revolucionaria.

Extraído y traducido desde el portugués de Código Aberto