Por: Miguel Silva  

(Artículo actualizado, con observaciones por Mónica Baltadano: MB)

 

   Introducción – El Neoliberalismo y después.  

Las últimas dos décadas del siglo pasado eran años perdidos en muchos de los países de América Latina, oscuros, de retroceso social neoliberal y control total por parte de los ricos –  cada vez más ricos – y poderosos de América.  

Desapareció la gran mayoría de los amplios movimientos sociales en las ciudades y los campos que nacieron durante los años ’50-70 y en su ausencia nacieron  organizaciones territoriales, muy locales.  

Por su parte, los años dos mil se caracterizan por el regreso de fuerzas sociopolíticas partidarias y por una creciente unificación de movimientos. Recordemos las elecciones de Evo Morales,  Rafael Correa, de Hugo Chávez, de Lula y Daniel Ortega (aunque Ortega se distanció mucho de las propuestas de izquierda antes de las elecciones, al trabajar muy de cerca con la derecha neoliberal), quienes representaron una nueva generación de gobiernos “posneoliberales”, pero que tuvieron que convivir con las consecuencias de aquel período de austeridad.  

Los nuevos gobiernos progresistas crecieron sin las grandes empresas estatales que habían destruido la época neoliberal, en un mundo mucho más globalizado, con nuevas divisiones globales de trabajo que dejaron entrar – o dejaron afuera – a las economías de América.  

Pero luego, la bonanza del auge de los precios de las materias primas creó nuevas posibilidades para el crecimiento de la región y los nuevos gobiernos negociaban – en condiciones menos desiguales que antes – con los principales actores en el capitalismo extractivista, que eran y todavía son, las corporaciones multinacionales y los estados que las apoyan.  

 

Desigualdad y Competencia.  

La competencia (en un mercado libre o no tan libre) entre economías desiguales, no es competencia, sino una masacre. Entre David y Goliat, gana casi siempre Goliat. Pero durante la época de la bonanza de las materias primas, parecía que las condiciones de competencia en el sistema mundial habían cambiado. En otras palabras, parecía que «había suficiente para todos».  

En fin, se ocuparon los recursos del gas (en Bolivia), de la soja, maíz y hierro (en Brasil) y del café, carne, oro y últimamente la caña de azúcar y la palma africana (en Nicaragua)  para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en esos países. 

Y a cierto grado, se compartió la bonanza entre países americanos… desde su llegada al gobierno Ortega tuvo como principal fuente de recursos para sus políticas clientelares la ayuda venezolana, que en un momento era casi el 50% de las exportaciones. Esa ayuda le permitió hacer planes sociales sin tener que hacer ninguna modificación fiscal al detrimento del gran capital (comentario MB). 

 En otras palabras, hubo una redistribución de recursos durante el período de  abundancia de recursos.  

Sin embargo, al terminar la bonanza, los gobiernos intentaron crear condiciones que pudieran resucitar sus economías, pero en el intento, perdieron parte de sus bases sociales y entraron en crisis.    

El propósito de estas páginas no es describir en detalle los éxitos de los gobiernos progresistas, ni describir en detalle sus fracasos y relaciones con las grandes empresas nacionales y multinacionales.  El propósito es explicar cómo las relaciones entre estos gobiernos y la bonanza de las materias primas los separó de las luchas de sus bases sociales y así abrieron las puertas para el avance de la derecha.  

El periodo que describimos, termina con la crisis en Nicaragua en 2018, es decir, no toca el golpe contra Evo Morales en 2019, ni la reelección de Lula, o los años posteriores de 2018 en Nicaragua. Quizás en otro artículo vamos a hablar de esos años.  

 

Los años de la bonanza de las materias primas  

El éxito de los gobiernos progresistas de este siglo ha sido posible gracias a la bonanza de las materias primas entre 2003-2011  

En los años de auge, América del Sur logró tasas agregadas anuales de crecimiento real del ingreso per cápita relativamente altas: entre 2003 y 2011, 4.1%, bastante más alta que la tasa de 2.3% durante la época neoliberal (1990-2002). 70 millones de personas salieron de la pobreza en una década.   

Mientras que, en 1990, el 22.6% de los latinoamericanos eran considerados indigentes y 48.4% como pobres, en 2014 “sólo” eran el 12% y el 28% respectivamente.  

Mientras la región sufrió una caída de ingreso per cápita durante los cuatro años (1998-2002), luego comenzó un período de crecimiento. Entre 2002 y 2012, la parte del ingreso total del quintil más pobre de la población creció del 4.8 al 6.2 por ciento, mientras que el del quintil más rico cayó del 50.7 al 45 por ciento.   

Por su parte, el flujo de las inversiones extranjeras (IED) en América Latina y el Caribe alcanzó su máximo en el 2011, en el apogeo de las materias primas. El rol que jugó la economía China en el auge ha sido muy importante… con fusiones y adquisiciones incluidas, China se convierte en el cuarto inversor más grande de la región, a la cola de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.  

Y de verdad, en el período 2005-2020, las uniones y adquisiciones chinas recibieron 70% de todo sus inversiones IED.
El sector eléctrico brasileño fue el mayor destinatario de aquellas inversiones chinas (45,5% del total). En 2017, la compañía china State Grid adquirió un interés de control en CPFL Energia, una empresa estatal en el estado de São Paulo, y en 2021, CPFL Energia compró el control de CEEE-Transmissão, una empresa estatal en el estado de Rio Grande do Sul.
En 2021, Brasil percibió el mayor número de inversiones chinas del mundo, alcanzando los 5,9 mil millones de dólares (13,6% del total global).

En fin, durante la bonanza de las materias primas, hubo un auge de inversiones desde los países que son grandes centros de capital, y también aumentó el estándar de vida de las poblaciones de América.   

Aquellos flujos de capital, antes y después de la crisis mundial de 2008-9, reflejaban en uno u otro sentido los cambios sufridos por el capitalismo «occidente»… la caída de la tasa de ganancias antes del comienzo de la era neoliberal y su aumento, consecuencia del gran contrataque del capitalismo durante ese período.

Se exportó parte de las nuevas masas de capital que los trabajadores y trabajadoras generaban en ese período, consecuencia de la austeridad, la destrucción de sectores de su industria y el aumento de la productividad en gran escala en los EE.UU. y Europa. Nuevas masas de capital buscaban producción a gran escala (y sueldos bajos) en el Sur  

Pero hay otra manera de ver la bonanza de las materias primas…  

El aumento en la producción de las materias base de tantos bienes de consumo en los países del Sur, se ha convertido en un factor del aumento de la plusvalía relativa en los países imperialistas.  

Y no es la primera vez que esto ha pasado en la historia del sistema. Por ejemplo, durante la vida del propio Carlitos Marx, las importaciones de alimentos baratos de las colonias británicas redujeron el valor de la fuerza de trabajo en Inglaterra (es decir el tiempo de trabajo necesario para la producción y mantención de esa fuerza de trabajo) sin reducir los niveles de consumo de los trabajadores de Gran Bretaña.  

Claramente, el valor de la fuerza de trabajo (el trabajo socialmente necesario para su producción) es menor en los países del Sur que en los países centrales del sistema, porque el estándar de vida de la clase trabajadora es menor. El total de las horas de tiempo, que son el valor de la fuerza de trabajo en el «Occidente», paso por paso incluía más horas de trabajo de trabajadores del Sur, a un precio más bajo.

 Por lo tanto, aunque los trabajadores en esos países sufrían bajo los ataques de la austeridad durante la época neoliberal, igual podían comprar bienes de consumo baratos importados de, por ejemplo China, con lo que quedaba de sus sueldos. 

Bueno, durante la bonanza de las materias primas, veremos que las poblaciones del Sur vivían mejor.  

 

 Crecimiento en Brasil 

Brasil disfrutó un crecimiento económico promedió de  5.4% entre 2004 y 2013. De esto, el crecimiento de las exportaciones constituyó el 43.5% del aumento en la demanda agregada entre 2001 y 2005 y fue el catalizador clave del cambio en el crecimiento del PIB de 1.1% en 2003 a 5.8% en 2004 (un año después de la elección de Lula) 

 El sector de la soja ampliamente concebido, ascendió a 32% de las exportaciones totales. 

Sobre la base de este crecimiento económico, entre 2006 y 2012, el salario mínimo se incrementó un 27% en términos reales y entre los años 1995-2011, el gasto social agregado aumentó de 11.0% a 16.2% del PIB durante el mismo periodo. 

 Como consecuencia, y para el 2010, el programa Bolsa Familia durante el segundo gobierno de Lula, se había extendido a 12.7 millones de familias, o el 25% de la población total del país y entre el 2002 y el 2012, la matrícula universitaria como proporción de adultos aumentó de 16.6% a 28.7%. 

 

Crecimiento en Bolivia  

 Después de décadas de austeridad neoliberal, Bolivia era un país muy pobre. En 2003, 67,3% de la población vivía en condiciones de extrema pobreza y en el campo la situación era peor: 79,5% vivía en esas condiciones.   

 Los niños asistían a los colegios, en promedio, durante solamente 7,4 años. Por otro lado, Bolivia, como en el resto del Sur, experimentó una rápida urbanización durante el periodo neoliberal, dejando peor las condiciones en el campo y en la ciudad. En 2003, el 69% de la población estaba urbanizada.  

 Sin embargo, al llegar la bonanza, el PIB de Bolivia aumentó de $8 mil millones en 2002 a $30 mil millones en 2013.  

  Este crecimiento se basó en la producción del gas natural. De cinco millones de metros cúbicos en 1995, la producción aumentó a más de 40 millones de metros cúbicos al año en 2016, lo que produjo un auge en el tesoro nacional que llegó a su punto máximo de 5,5 mil millones en 2014.   

 Y esto, a pesar de la renegociación en 2007, de los contratos entre el estado boliviano y las multinacionales del gas de Brasil (Petrobras), Argentina y España. Los nuevos contratos garantizaron el derecho de las multinacionales de seguir con la explotación de «sus» recursos de gas, pero pagaban un impuesto del 50 a 70% de sus ganancias como condición de seguir en el negocio.  

 De hecho, el primero de mayo de 2006, Evo Morales, recientemente electo como presidente, anunció la nacionalización de los hidrocarburos, como una señal al mundo: “Bolivia ya no tiene dueños, sino socios”. Sin embargo, lo que el gobierno hizo fue renegociar los contratos con las multinacionales del gas.  

 En fin, desde 2006, la economía se triplicó en tamaño, la extrema pobreza bajó a la mitad y el sueldo mínimo triplicó.  

 

La elección de Evo Morales.  

 Durante el período neoliberal, los campesinos de la coca se organizaban en el MAS, que se originó como brazo político de un movimiento indígena-campesino en el departamento de Cochabamba a mediados de la década de 1990. Era una organización antiimperialista y antineoliberal, se estructuró sobre la base de la democracia asamblearia de base de los sindicatos campesinos que luchaban contra las maquinaciones de la «guerra contra la droga» militarizada y dirigida por Estados Unidos contra sus medios de vida.   

 La organización «sindical» era la única puerta de entrada al partido Movimiento al Socialismo (MAS) durante el periodo 1995-2006. El activismo extraparlamentario fue la estrategia esencial del partido durante ese período, sin embargo, luego el MAS sirvió como fuente de recursos y financiamientos. Desde 2002, el MAS ha destacado la política electoral.  

   Sin embargo, mientras tanto, los años 2000 y 2005 eran de la movilización de masas desde abajo en una lucha de liberación. En 2000, los movimientos populares de Cochabamba organizaron la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida y se movilizaron contra el espectacular aumento del precio del agua luego de la concesión otorgada por el gobierno por 40 años a la multinacional estadounidense Bechtel.   

 Después de seis meses de lucha y una represión feroz, el movimiento ganó la Guerra del Agua y expulsó a la empresa trasnacional. En enero del 2005, una segunda Guerra del Agua iniciada en El Alto expulsó también a la filial de Suez, Aguas del Illimani y obligó al nuevo gobierno boliviano a desmercantilizar el agua.   

 Sin embargo, después de mayo-junio de 2005, el foco de la política popular se desplazó de las calles y el campo a la arena electoral en el período previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 18 de diciembre de 2005.   

 El desplazamiento al terreno de la política electoral y la victoria de Evo Morales del MAS en las elecciones de diciembre, conllevó la caída de la autoorganización porque parecía representar sus intereses y había derrotado a la coalición que había gobernado el país desde 1985.   

 En fin, Evo Morales, del MAS, fue elegido Presidente de Bolivia el 18 de diciembre de 2005, con un histórico 53,7% de los votos populares, luego de cinco años de lucha popular de base por el agua y el gas y la derrota de dos presidentes, en 2003 y 2005.  

 Con la victoria de Evo Morales, los derechos indígenas entraron de lleno en la agenda política nacional de una forma sin precedentes tras décadas de lucha del movimiento indígena.  

 El ascenso de un partido con una base social mayoritariamente indígena y una agenda que da prioridad a las cuestiones indígenas fue un paso importante para poner fin al control del Estado por parte de la minoría blanco-mestiza y a una cultura de relaciones raciales similar al apartheid en el país.   

 Y parecía que todo andaba bien y que el sistema mundial estaba a su lado, cuando la gran mayoría de los 243,8 millones de dólares adeudados al FMI fue cancelada en 2006 y se inició un proceso para cancelar la mayoría de los 1.620 millones que Bolivia debía al Banco Mundial.  

 Sin embargo, había nubles en el horizonte. «Cuando Morales llegó al poder», ha sugerido Forrest Hylton, uno de los historiadores más eminentes de la Bolivia moderna, «la derecha de las tierras bajas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija era débil, estaba dividida y desorganizada. Si Morales hubiera aprovechado al máximo su peso político movilizando a los movimientos que le llevaron al poder, podría haber tenido el campo para él solo, como lo ha tenido Chávez [en Venezuela]».  

  Y, de hecho, la política adoptada por el gobierno de Evo Morales fue limitar los enfrentamientos con el poder económico de las tierras bajas orientales, proporcionando así el oxígeno para la lenta rearticulación política de la derecha y, finalmente, su capacidad para desestabilizar su gobierno.   

  Mientras el gobierno estaba en plena consolidación de la nueva hegemonía campesino-indígena, confirmada por la victoria en el referéndum revocatorio de agosto del 2008 (con un 67% de los votos para Evo), la burguesía de los grandes terratenientes y agroindustriales, con los prefectos de la oposición a su lado, desafió al gobierno con un “paro cívico” racista, clasista y pro-imperialist apoyados por el embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg.   

 Pero fueron derrotados por una nueva movilización colectiva.  

 Pero al final, la Asamblea Constituyente que iba a incluir la participación orgánica de las principales organizaciones del movimiento social, bajo presión de la derecha se asemeja a la política tradicional del Congreso.  

 Sin embargo, el impacto del crecimiento económico y el rechazo a la racista derecha, llevaron Evo Morales a ganar la reelección el 6 de diciembre de 2009, con 64% del voto popular. La participación se acercó al 90 por ciento.  

 

El crecimiento en Nicaragua 

 En Nicaragua, durante la bonanza  de materias primas, la inflación bajó de 9.45% en 2006 a 3.05% en 2015. Se incrementaron los empleos formales, pasando –en ese periodo– de 439.000 puestos a 783.000, se acrecentaron las exportaciones, las inversiones y se redujo la pobreza. Según el Banco Central de Nicaragua, entre 2012 y 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) real creció en promedio un 4.7% 

 Por su parte, la inversión extranjera directa (IED) creció en un 135 por ciento: pasó de 381,7 millones de dólares en 2007 a 896,6 millones de dólares en 2017 (Banco Central de Nicaragua,2018). 

 El Banco Mundial, entre otras instituciones internacionales, reconoció que la pobreza en el país, antes de la revuelta de 2018, se había reducido hasta el 26% en los últimos diez años. 

Entonces, el índice de Gini (es decir la desigualdad) pasó de 0,49 a 0,44 en 2005 y 2009, respectivamente.  La pobreza general se redujo mesuradamente, del 42,0 % en 2009 al 30,0 % en 2014, mientras que la pobreza extrema decreció notablemente, casi la mitad: pasó del 15,0 % en 2009 al 8,0 % en 2014 (Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2016) 

 

La época neoliberal en América Latina. 

 Los gobiernos progresistas de América eran consecuencia de la época neoliberal, pero también tuvieron que sobrevivir en economías que habían cambiado durante esa época. 

Por ejemplo, de 120 millones de personas que vivían en la pobreza en 1980, se pasó a 225 millones (el 43% de la población) en 2005. 

 Como bien dice Franck Gaudichaud 

¿Qué significado tenía, a principios del siglo XXI, hablar de “gobernabilidad democrática” para un habitante de las favelas de Río de Janeiro, para un haitiano con un ingreso oficial promedio de 300 dólares anuales, para un sintierra del nordeste de Brasil, para un indígena Mapuche, para el obrero mexicano de una maquiladora, para el jornalero de una plantación en Centroamérica o para un niño de la calle en Bolivia? 

 

El período neoliberal «ortodoxo» en la región se extendió desde la crisis de la deuda de principios de la década de los ochenta hasta la fuerte recesión de finales de la década de los noventa y principios de la del dos mil.  

Si entre 1933 y 1980 la tasa anual promedio de crecimiento económico de Brasil, por ejemplo, era 6.3%, entre 1981 y 2000 estas cifras cayeron a 2.1%. El crecimiento promedio en la  década 1990-2001 fue de tan solo 1.6%, poco más que el 0.8% de la década perdida  entre 1980 y 1990. 

 Durante estas décadas de los ochenta y noventa, los intereses extranjeros estadounidenses en América Latina eran  asegurar la transición y consolidación del neoliberalismo en la región a través de políticas de ajuste estructural aplicadas por el FMI, el Banco Mundial, y el BID. También lanzaron una “promoción de la democracia”, con el propósito de contener a las nuevas democracias latinoamericanas dentro del perímetro del liberalismo y sin olvidar la “Guerra contra las drogas”, un pretexto para intervenir en cualquier país. 

 A inicios de este siglo, la principal iniciativa económica de Estados Unidos en la región fue la promoción del Área de Libre Comercio de América (ALCA),y luego, al fracasar esa estrategia por la oposición de Venezuela y Brasil, Estados Unidos cambió a una estrategia de acuerdos comerciales bilaterales con países aliados 

 Estos acuerdos forjaron la base para la llamada Alanza del Pacífico, luego del TTP y así enfrentar la ALBA, el MercoSur y en particular a Brasil como poder local. 

 Con estas intervenciones imperialistas, querían proteger sus recursos financieros en la región. Los flujos de deuda neta, Inversión Extranjera Directa (IED), bonos y capital accionario– que llegaron a América Latina entre 1990 y 2001 alcanzaron US$1.0 trillones. Sin embargo, las salidas –servicio de la deuda, pagos de intereses y remesas de utilidades– incrementaron de manera simultánea, lo que significó que las entradas netas finalmente ascendieron a sólo US$108.3 billones.  

 Esta cifra no pudo cubrir el déficit de inversión catalizado por la aguda disminución en gasto público e inversiones estatales, ambos prescritos por los defensores de la política de ajuste estructural neoliberal a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa. 

 En fin, invirtieron mucha plata, pero sacaron las ganancias afuera, dejando muy débiles los estados de la región.  

 

El caso del neoliberalismo en Bolivia. 

Antes de la destrucción de la economía estatal de Boliva durnte el período neoliberal, desde el populismo nacionalista de los años 1952 en adelante, el Estado controlaba y dirigía el proceso productivo mediante la creación de diversas empresas estatales.  

Las más importantes fueron la empresa minera estatal, COMIBOL y la empresa de petróleo y gas, YPFB. El modelo de desarrollo capitalista dirigido por el Estado establecido en ese periodo se caracterizó por una administración estatal centralizada, la propiedad estatal de los recursos naturales, un amplio empleo estatal, una considerable dirección estatal del desarrollo económico y la producción y una serie de derechos de ciudadanía y bienestar social limitados, pero reales. 

Como parte de ese «capitalismo del estado», se subvencionó a los agrocapitalistas de Santa Cruz con créditos baratos y sobre esa base económica, posteriormente ellos se expandieron al sector financiero, industrial y de servicios. 

Sin embargo, el régimen de acumulación nacionalista-populista fue desplazado por el «oligárquico neoliberal» a partir de 1985,  con la introducción de un programa neoliberal ortodoxo de ajuste estructural denominado Nueva Política Económica (NEP), que instaló la drástica liberalización del comercio, la penetración del capital extranjero en la economía boliviana y la privatización al por mayor de los recursos naturales, las empresas estatales estratégicas y los servicios públicos del país.  

Paralelamente al inicio del neoliberalismo, el precio internacional del estaño se desplomó a mediados de la década de 1980, las minas de estaño fueron privatizadas y unos 30.000 mineros perdieron sus puestos de trabajo. Además de los despidos en el sector minero estatal, entre 1985-7, se despidió a cientos de miles de trabajadores, incluidos 6.000 del sector minero privado, 10.000 de la administración pública y 2.000 de la banca. Además, en ese periodo se cerraron más de 110 fábricas. 

Por debajo de las principales empresas estatales privatizadas y de las 100 empresas principales (que se encargaban de la subcontratación y la informalización) del siguiente nivel, se calcula que a finales de los noventa había unas 500.000 microempresas dedicadas a la agricultura, el comercio y las actividades artesanales. Es decir, de una economía con un gran sector estatal de producción a gran escala, Bolivia pasó a una economía de producción a pequeña escala. 

En la década comprendida entre 1985 y 1995, el empleo en el sector público en las zonas urbanas se redujo drásticamente, pasando del 25% de la población activa al 13%. La teoría neoliberal sostenía que estas pérdidas de empleo se compensarían con nuevos puestos de trabajo formales en empresas privadas en expansión. Sin embargo, eso no es lo que pasó porque el sector privado formal representaba sólo el 18,4% de la población activa en 1995, apenas dos puntos más que el 16% de 1985. 

Oscar Olivera, dirigente durante las luchas por el Agua, describe el proceso así: «Las formas de contratación y subcontratación son muy variadas, pero todas tienen los mismos objetivos: atomizar a los trabajadores y dividirnos contra nosotros mismos, domesticar nuestra resistencia y unidad, incitar a la competencia entre nosotros y forzar una mayor productividad por trabajador con salarios más bajos. El problema de la fragmentación de la clase obrera boliviana, nuestra dispersión, y la variedad de condiciones de trabajo que soportamos es el principal problema que los trabajadores bolivianos debemos enfrentar si realmente queremos resistir, desafiar y superar el neoliberalismo.» 

 

El fin del neoliberalismo y las luchas por el Agua 

En la década de 1990, se privatizó el agua en varias ciudades y el gobierno vendió las empresas estatales de petróleo y gas, telecomunicaciones, líneas aéreas, fundiciones, generación de energía y ferrocarriles a una serie de multinacionales 

Los segmentos financieros y mineros de la clase capitalista nacional dominaron la Confederation of Private Entrepreneurs of Bolivia (CBEP) y desempeñaron un papel decisivo en la aplicación del modelo neoliberal. Por ejemplo, Juan Cariaga, ejecutivo del Banco de Santa Cruz y Gonzalo Sánchez de Lozada, millonario y gran accionista de una de las empresas mineras bolivianas más importantes, COMSUR, fueron los ministros (de finanzas y planificación) más importantes del gabinete del primer gobierno neoliberal a mediados de los años ochenta. 

En fin, en esos años, la burguesía de Santa Cruz en particular, mantuvo su base en la agricultura (sobre todo en la soja), los hidrocarburos y las finanzas, con íntimos lazos con el capital extranjero. El departamento atraía más inversión extranjera directa (IED) que ningún otro departamento del país y lideraba todas las demás regiones en exportación e ingresos fiscales. 

 

La conexión entre Bolivia, Brasil y China 

Los dos períodos, el neoliberal y la bonanza de las materias primas, tienen una conexión: la época neoliberal destruyó recursos estatales y creó empresas privadas, mientras durante la bonanza esas empresas «tomaron vuelo». 

Ese éxito económico hizo posible alianzas entre los nuevos gobiernos de reforma y las empresas nacionales y multinacionales formadas bajo el impacto neoliberal. Aquellas, una vez terminada la época neoliberal y comenzada la bonanza, crecieron bajo el alero de los gobiernos progresistas. 

El crecimiento  de la economía China amplificó la nueva ola de capitalismo extractivista. 

Durante el transcurso del comienzo de este siglo, China se ha convertido en el principal mercado para las exportaciones de materiales primarios de América Latina, absorbiendo el 40% de  dichas ventas. Ya en 2015, China era el principal punto de destino para exportaciones brasileñas y chilenas.  

Pero mientras que el 84% de exportaciones de los países de América Latina a China son materias primas, el  63.4% de exportaciones chinas que fluyen a la región son productos manufacturados. 

 China también se ha transformado en una línea de crédito para los países de América Latina. Entre 2005 y 2011, prestó más de US$75 billones a América Latina, superando la suma adelantada por los Estados Unidos y el Banco Mundial.  

 Si bien las condiciones de los préstamos chinos son mejores que las ofrecidas por Estados Unidos y el Banco Mundial, también es cierto que están vinculadas a proyectos de minería, energía y otras provisiones de materias primas. Sin embargo, más de la mitad de los préstamos chinos en la región están vinculados a proyectos de infraestructura, porque sin infraestructura la exportación de materias primas es difícil.
 

Tan solo hace una década, las exportaciones de inversión (IED) de China que fluía al extranjero representaba sólo 1.3% del total de flujos globales, comparado con el 16.5% de Estados Unidos, el mayor inversor en el mundo.  

Al llegar al año 2016, la participación de China en la IED total creció a 12.6%, y el país se ubicó en segundo lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos, que representó un 20.6% del total de flujos de IED ese año.  

Sin embargo, entre 2005 y 2017, el 55% de toda la IED china en América Latina y el Caribe fluyó hacia Brasil. Y, entre 2005 y 2021, Brasil fue el cuarto mayor receptor de ied chinas (después de los EE.UU., Australia y Reino Unido) 

 Bajo el impacto del auge de las exportaciones, Brasil se ha convertido en un poder económico regional. Los datos económicos regionales para el período 1985-2009 demuestran que cerca del 80% de las exportaciones de Brasil a otros países sudamericanos son productos industrializados de alta tecnología o (principalmente) de grado medio y su Banco de Desarrollo Masivo, el BNDES, ha servido para proyectar empresas brasileñas como «conquistadores» regionales. 

Por ejemplo, en el año 2000, Bolivia envió 11% de sus exportaciones a Brasil, pero 34% cuatro años más tarde. Y de las importaciones, Bolivia importaba 15% del total de Brasil en 2000 pero 28% cuatro años más tarde. 

 

Gas, Brasil y Bolivia.  

 La producción del gas natural en Bolivia está bajo el control de multinacionales como Petrobras (de Brasil) y Repsol (de España). Aunque los gobiernos de Evo Morales han hecho grandes progresos para ampliar el acceso al gas en las zonas urbanas y a bajo precio, solamente el 10% de la producción nacional va al consumo local. La gran mayoría va a Brasil.  

 A su vez, las inversiones de capitales en gas proceden en gran medida de Brasil, a través de Petrobras y sus inversores estatales y mundiales. Petrobras, controlada por el Estado, pero que también cotiza en Wall Street, opera como una extensión de la industria brasileña del gas, distribuye y vende gas boliviano a su propia cadena de suministro, formada por empresas públicas y privadas, procesadoras y plantas industriales. De este modo, el gas del Chaco boliviano se ha convertido en un campo de suministro energético para la mayor economía de Sudamérica.  

 En otras palabras, Bolivia ha optado por mantener una estrategia de capitalización del país y fomentar el crecimiento basado en la producción del gas natural. En esos campos de producción, los técnicos e ingenieros de Santa Cruz realizan la mayor parte del trabajo bien remunerado mientras la mayoría del trabajo de limpieza del terreno para las exploraciones sísmicas, son para obreros de la construcción a sueldos bajos.  

 Y mientras se ocupan los ríos y arroyos para abastecer de agua las actividades de perforación y se aumentan los residuos tóxicos, las comunidades rurales como los guaraníes, están convencidos que la sequía, las charcas secas y los arroyos menguantes se deben a los impactos de la actividad de exploración.  

 

El caso de Nicaragua. 

 Las políticas neoliberales de los tres últimos gobiernos antes de Ortega: Conservador-liberal (Violeta Barrios de Chamorro, 1990-1996) y liberales (Arnoldo Alemán 1997-2001, Enrique Bolaño 2002-2006), crearon un país donde, según un informe de 2006, casi ocho de cada diez nicaragüenses sobrevivían con dos dólares diarios y que 45,1 por ciento de la población sobrevivía con apenas un dólar.  

En cuanto a la desigualdad, el 20 por ciento de la población nicaragüense más rica participaba en el 49,3 por ciento de los ingresos o consumo, frente al 5,6 del 20 por ciento más pobre. La desigualdad en los ingresos percibidos entre mujeres y hombres era de 2.018 dólares frente a 4.512. 

 

2013 – 2018: La crisis de la revolución bolivariana – límites e impacto social del extractivismo  

 Mientras que en 2011 el crecimiento agregado en América Latina y el Caribe alcanzó el 4.7%, esto fue seguido por un descenso a 2.9% en 2012 y 2013, con una fuerte caída a 1.1% en 2014. Por último, en 2015 y 2016, la subregión de Sudamérica se contrajo en 1.2% y 2.9%  

 Enorme fue el impacto de la caída del crecimiento anual promedio en China en los periodos entre 2003-2008 y 2010-2016, de 9.4% a 6.6% (una disminución total de 29.8%).  

 La desaceleración de los precios de las materias primas se hizo evidente para el año 2012 en el retraso regional diferido de la peor crisis global del capitalismo desde la Gran Depresión. Lo que impactó al Occidente en 2008-9 llegó a América en 2012.   

 El fin de la bonanza trajo cambios políticos casi inmediatos. La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 fue seguido por la derrota del kirchnerismo en la elección presidencial de Argentina en noviembre de 2015 un mes más tarde; la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de Venezuela; el «golpe de Estado institucional» contra Dilma Rousseff en Brasil en agosto del 2016,  seguida por la derrota del PT en las elecciones municipales de octubre y finalmente la derrota de Evo en el referéndum sobre su posible reelección en Bolivia (febrero del 2016).   

 Es decir, que la caída de los precios de las materias primas y la crisis del modelo económico extractivista “redistribuidor”, impactaron profundamente a los gobiernos progresistas, pero el impacto social del extractivismo nacionalista instalado por esos gobiernos y el crecimiento de la agroindustria que ha traído, han sido profundos en las vidas de los campesinos y pueblos indígenas.  

 Ya hemos visto que los gobiernos progresistas han sido beneficiarios de la bonanza, pero frente al término de ese período, veremos que los gobiernos reaccionan con una política reaccionaria, en el intento de «resucitar» el crecimiento de los años anteriores. Lo que siguió fue la ruptura entre los gobiernos bolivarianos y parte de los sectores populares que ha crecido con la crisis económica.  

 Ya había surgido en Bolivia, una burguesía de comerciantes indígenas y de pequeños patrones mineros cooperativistas. 

Y en Brasil, antes y después de la crisis de 2014, aparecían nuevas castas en el poder, nuevos dirigentes con base en el capitalismo de Estado reconstruido, que competían con sectores antiguos de la burguesía nacional. 

El partido de Lula, junto con la CUT, su aliada principal, había forjado una verdadera casta sindical que co-administraba con los empresarios, los fondos de pensiones (estatales y privados) de todo el país, en una de las entidades financieras más importantes de América Latina, generando varias decenas de miles de millones de dólares anuales y presentados por el PT como una excelente herramienta para “complementar” las exiguas pensiones de los trabajadores. 

Y en Nicaragua, el FSLN se había convertido en un aparato con una retórica anti-imperialista pero una práctica netamente neoliberal.

 

El caso de Brasil.  

En el año 2011, el precio en el mercado mundial de las exportaciones de materias primas brasileñas se disparó hacia abajo, con el mineral de hierro cayendo de US$180 a US$55 la tonelada, la soya de US$18 a US$8 el bushel y el petróleo crudo de US$140 a US$50 el barril.  

Por ende, el crecimiento económico brasileño alcanzó tan solo 0.5% en 2014, antes de contraerse a un 3.8% y 3.6% en 2015 y 2016.   

La reacción del gobierno de Dilma fue reducir los impuestos para grandes capitales en los sectores industrial y de construcción, entre otros. Al mismo tiempo, se mantuvieron las tasas de interés muy altas, garantizando el continuo apoyo del sector financiero.  

Si las exportaciones habían impulsado el crecimiento durante el primer mandato de Lula, el crédito personal lo impulsó en el segundo, a la par del gasto público dirigido a los pobres que dependía de la expansión de las rentas agrícolas, mineras y petroleras en un contexto de alza en los precios de las materias primas.   

Pero ninguno de estos frágiles propulsores de la expansión perduró. El patrón de deuda personal se extendió por un tiempo a los mandatos de Rousseff de tal forma, que entre 2005 y 2015, “la deuda total del sector privado se incrementó de un 43% a un 93% del PIB”.   

Cuando Dilma fue reelegida a finales del 2014, los pagos de intereses sobre crédito familiar absorbían más de un quinto del ingreso promedio disponible.  

Pero ella comenzó a ajustar las medidas de austeridad fiscal en un intento por ganar “credibilidad” ante los inversionistas privados. El Banco Central elevó las tasas de interés en 2013, liberalizó los flujos de capital e impuso la austeridad fiscal. Simultáneamente, el Ministerio de Finanzas introdujo reducciones en el gasto público, lo que intensificó la crisis económica.   

Como reacción a la austeridad impuesta por el gobierno, en junio del 2013 millones de brasileños, en su mayoría trabajadores y jóvenes, tomaron las calles para protestar contra las alzas de tarifas de tránsito en cientos de ciudades a lo largo del país,  

En contraste, la campaña presidencial de Rousseff en el 2014 se destacó por su carácter antineoliberal. Sin embargo, se asignó a Joaquim Levy, economista neoclásico formado en la Universidad de Chicago, uno de los bancos más grandes del país, como ministro de Finanzas y llevó a cabo un paquete de austeridad de gran alcance.  

Por su parte, las multinacionales de la agroindustria, frente a la caída de sus precios, se convirtieron en los impulsores de la contrarreforma agraria, bajando sus costos y sueldos.   

Ya en 2010, durante los gobiernos de Dilma Rousseff, la política agraria se centró en el desarrollo de los agronegocios, pero aún antes, Lula repartió menos hectáreas que el gobierno anterior de la centroderecha de Cardoso. Y esto en un país en el que el 1% de la población posee el 46% de las tierras cultivables.  

 

El caso de Bolivia – la Distribución de la tierra y la contrarreforma agraria neoliberal.  

El movimiento de reforma agraria en Bolivia aumentó décadas antes de las movilización de los ’90. A medida que se desarrollaba el proceso revolucionario nacionalista-populista de 1952, las ocupaciones independientes de tierras orquestadas por campesinos radicalizados desafiaron profundamente la estructura de clase rural.   

El nuevo gobierno revolucionario del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se vio obligado a promulgar la Ley de Reforma Agraria de 1953 en respuesta a la presión ejercida desde abajo. Se declaró ilegal el trabajo forzoso y se dividieron las haciendas del altiplano y de los valles, redistribuyendo las tierras y creando un nuevo campesinado minifundista en amplias zonas de estos departamentos.  

Santa Cruz estaba relativamente deshabitada en aquella época, no se vio afectada en gran medida por la reforma agraria de 1953 y en las décadas siguientes, se convirtió en el centro más dinámico de la agricultura capitalista del país, produciendo algodón, café, azúcar y madera para la exportación.   

El departamento también encabezó la reconcentración de la tierra en manos de unos pocos, que con el tiempo volvió a extenderse por gran parte del resto del país, revirtiendo muchas de las reformas logradas en la Revolución Nacional.  

Con la llegada del neoliberalismo a mediados de la década de 1980, el dominio agroindustrial de Santa Cruz se consolidó. El neoliberalismo boliviano enfatizó la orientación de la agricultura hacia la exportación para mercados externos, liderada por las empresas transnacionales y las grandes empresas agrícolas nacionales con sede en Santa Cruz.  

Mientras tanto, en 1986, el 77% de la superficie total cultivada se dedicaba a la producción de cereales, frutas, hortalizas y tubérculos, en la que predominaba la pequeña producción campesina. Pero en 2004, esta superficie se había reducido al 48,2%. y entre 1976 y 1996, la proporción de población rural con respecto a la población total descendió del 59% al 39%.  

Este éxodo tiene que ver con dos acontecimientos interrelacionados en el sector agrícola. Por un lado, la producción campesina atraviesa una crisis prolongada y segundo, la agroindustria crecía.   

Las familias campesinas eran cada vez más incapaces de reproducirse y debían complementar sus ingresos agrícolas con la venta de su fuerza de trabajo, ya sea en el campo o en las ciudades. En el altiplano, los pequeños productores campesinos y las comunidades indígenas experimentaban la disminución de la capacidad productiva de sus suelos, la división de la tierra en parcelas cada vez más pequeñas [minifundios] a medida que las familias aumentaban de tamaño de generación en generación, la migración de los jóvenes a las ciudades y una aguda ausencia de nuevas tecnologías, lo que hacía imposible la competencia con los proveedores extranjeros en los mercados nacionales bolivianos.  

Sin embargo, bajo el gobierno de Evo Morales, de los 106 millones de hectáreas que tiene Bolivia, se titularizaron 32 millones en propiedad colectiva, un gran avance comparado con el periodo anterior.   

Pero, y aquí es donde radica la contradicción entre el discurso y la práctica, Bolivia es un país en el que el 87% de las tierras cultivables está en manos del 7% de los grandes propietarios.   

Y en sus tierras, en el dinámico centro del agro capitalismo de las tierras bajas orientales, la innovación técnica y la modernización han dado lugar a formas de producción agrícola más intensivas en capital y, en consecuencia, a una escasez de empleo incluso a pesar de la expansión de las industrias.   

Por un lado, entonces la agroindustria eficiente y por el otro, la producción agrícola a pequeña escala.   

 

SANTA CRUZ, la Agroindustria y el MAS.  

En la década de 1990, se privatizó el agua en varias ciudades y el gobierno vendió las empresas estatales de petróleo y gas, telecomunicaciones, líneas aéreas, fundiciones, generación de energía y ferrocarriles a una serie de multinacionales. Los capitalistas de Santa Cruz se aprovecharon de las «ofertas especiales».  

Santa Cruz, que concentra el 60% de la producción nacional de soja de Bolivia, representa el poderoso epicentro de la industria sojera del país. La producción de soja, que está predominantemente subvencionada por el Estado boliviano, se exporta en su mayoría a Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.  

La subvención al diésel -aún importado y aún suscrito por el gobierno- ha sido crucial para la industria. Además, desde 2012, el MAS  llegó a acuerdos de trastienda con la élite agraria oriental que prácticamente anulan cualquier reforma agraria radical que pudiera limitar los latifundios a gran escala. Las élites brasileñas y cruceñas del agronegocio controlan gran parte de la producción de soja, pero la riqueza de la soja sale del país y no se reinvierte en el tesoro nacional.   

Como revelan los Panama Papers, el mayor rey de la soja de Bolivia, Branko Marinkovic, ahora en el exilio por su presunta participación en un complot para derrocar a Morales en 2010 (Ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Jeanine Añez), almacenó gran parte de su riqueza fuera del país.   

Debido a la creciente demanda de soja como alimento animal y en la producción de biocombustibles, sobre todo en China y la Unión Europea, Morales anunció en 2012 planes para aumentar la superficie cultivada de 2,7 millones de hectáreas en 2015 a 4,5 millones de hectáreas en 2020. Además, en julio de 2013, el gobierno boliviano firmó un acuerdo con empresarios agroindustriales de Santa Cruz en el cual se comprometió a aumentar el área cultivable en un millón de hectáreas por año hasta 2025.  

Las invasiones de tierras por parte de campesinos y pequeños agricultores y las reclamaciones de ocupación legítima de tierras privadas sin utilizar recibieron un fuerte apoyo del MAS en su camino al poder…. no ha sido el caso durante los gobiernos de Evo Morales porque estas ocupaciones de tierras eran prácticamente inexistentes.  

Acto seguido, antiguos críticos virulentos del gobierno de Morales, como Gabriel Dabdoub, jefe de la Cámara de Comercio de Agroindustriales de Bolivia, promocionaban la política del gobierno como portadora de «buenas perspectivas».  

Hoy en día, en Santa Cruz existe una élite agroindustrial brasileña-boliviana consolidada que ostenta una gran cantidad de poder dentro de las estructuras gubernamentales a nivel local, regional e incluso nacional.   

El «complejo de la soja», integra la producción de semillas modificadas genéticamente, los insumos químicos, la maquinaria agrícola, las instalaciones de almacenamiento, el transporte y el financiamiento del sistema agroalimentario.  

Por otro lado, el avance tecnológico, la mecanización y la concentración de capital están presionando a la mano de obra. Mientras los pequeños propietarios se dedican a actividades laborales asalariadas y a otras actividades y empleos rurales no agrícolas, alquilan sus parcelas de tierra a agricultores de mediana y gran escala. En fin, el complejo sojero de Santa Cruz no está generando tantos puestos de trabajo así como está eliminando.  

El cambio en el uso de la tierra en las últimas tres décadas, incluida la deforestación de gran parte de la región amazónica, ha provocado la pérdida de biodiversidad y el agotamiento del suelo. El suelo no puede rejuvenecerse tras la producción de monocultivos de soja, lo que limita la posibilidad de una agricultura a menor escala y en última instancia, la soberanía alimentaria nacional.  

En fin, ni siquiera el Estado boliviano está en condiciones de desafiar el poder político de los miembros de la élite agraria.  

Los brasileños, junto con las élites locales cruceñas, también han abogado por la eliminación de las restricciones a las exportaciones, porque los exportadores han sido obligados a vender en el mercado local a precios «socialmente responsables», que suelen ser inferiores al costo de producción, hasta que se satisfaga la demanda interna.  

 

Cambios en el negocio del gas.  

El acuerdo entre el Estado boliviano y las multinacionales productoras funcionaba todo bien mientras hubo grandes reservas de gas y su precio estaba aumentando, pero una vez que se gastaban las reservas y los precios comenzaban a bajar, las multinacionales comenzaban a cambiar su política.  

Antes, aceptaban el nacionalismo de Morales como parte del «precio» que había que pagar para el buen funcionamiento de sus negocios, pero bajo las nuevas condiciones más difíciles , exigían más productividad, menos gastos y burocracia. (En otras palabras, menos control ambiental y social). Es decir, las reglas definidas en la nueva Constitución de 2009 que garantizaron el derecho a la consulta previa de las comunidades originarias ante cualquier proyecto en sus territorios se convirtieron en puras palabras en papel.  

 

El caso de Nicaragua. 

La pregunta por qué es la democracia, es también la pregunta ¿Qué tipo de sociedad se pretende construir…?  ¿Prima la satisfacción de las necesidades básicas por sobre la toma de decisiones? 

 La economía de ese país centroamericano se basa en tres pilares: el 35% del PIB corresponde a su actividad exportadora, de la que dos terceras partes se envían a los Estados Unidos; una porción similar corresponde a la economía informal, mientras que alrededor del 20% (y hasta 60% en algunos años) de la economía se alimenta de las remesas enviadas desde afuera  a familias residentes. 

 Ya hemos visto que las políticas neoliberales de los tres últimos gobiernos antes de Ortega: Conservador-liberal (Violeta Barrios de Chamorro, 1990-1996) y liberales (Arnoldo Alemán 1997-2001; Enrique Bolaño (2002-2006), habían creado un país dónde, según un informe de 2006, casi ocho de cada diez nicaragüenses sobrevivían con dos dólares diarios, y que 45,1 por ciento de la población sobrevivía con apenas un dólar.  

 Pero ANTES de ganar las elecciones en 2006, Daniel Ortega hizo una serie de pactos con estos gobiernos neoliberales: 

  – Tras un pacto con el presidente Arnoldo Alemán en el año 2000, Daniel Ortega consiguió reformar la constitución política para que el número de votos para ganar las elecciones en primera vuelta fuera reducido a 35%. ¡Y qué sorpresa!… Ortega ganó las elecciones de 2006 con apenas el 38%. 

  – Las reformas electorales del 2000 establecieron un sistema binomial en el sentido que se estableció alternativamente como Presidente y primer miembro de estos consejos electorales, a los representantes de los dos partidos que hubieren obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales (es decir el PLC y el FSLN).  

 Y para lograr su triunfo a fines de 2006, Daniel Ortega logró el apoyo de un grupo de ex contras y de empresarios –algunos vinculados al Consejo Superior de la Empresa Privada/COSEP– que fueron viendo que sus intereses eran viables con un nuevo gobierno. Por su parte, se dividió la votación de los liberales (derecha). Esta división se produjo cuando el Presidente Bolaños enjuició al expresidente  Alemán, una parte de los liberales crearon otra fuerza (Comentario MB)   

 

2006, año de crisis social: El precio del petroleo, el transoporte publico y el costo de la luz. 

 La coyuntura social nicaragüense se vio muy afectada durante el año 2006 por el fuerte incremento internacional de los precios del petróleo, que fue una cara de la bonanza de los precios de las materias primas.  

En abril de 2006 el crudo sobrepasó los 72 dólares por barril en el mercado internacional, casi duplicando los 40 dólares de agosto de 2004. El precio empezó a bajar hasta octubre de 2006, cuando llegó a menos de 60 dólares por barril. 

 De manera general, este incremento en el precio del petróleo afectó a la población por el encarecimiento de la vida, pero los efectos más notorios se expresaron en el agravamiento de la crisis energética y en el incremento del precio del servicio del transporte público. 

Así, el año inició con paros de transporte que afectaron a más de 850 mil usuarios de Managua. Los transportistas reclamaban un subsidio gubernamental de 20 millones de córdobas para compensar los altos precios del combustible o que les autorizaran un alza de 14 centavos de dólar en el precio del pasaje. 

 Luego de una semana de paro no había aún una solución, pero el 14 de febrero de 2006, los transportistas y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo. El Gobierno concedió al sector un nuevo subsidio de 4.7 millones de dólares, los cuales se iban a obtener de un impuesto temporal sobre las utilidades mensuales de las empresas petroleras.  

La propuesta fue avalada por la Asamblea Nacional, pero la medida no prosperó dadas las protestas y resistencia de las compañías petroleras que obligaron al Estado nicaragüense a echarse para atrás. 

 La crisis no se superó hasta finales del año con la reducción de las tarifas del transporte negociada por el alcalde de Managua (Dionisio Marenco Alcalde ) y los transportistas. Ortega ni siquiera se interesaba por el ALBA y la Revolución Bolivariana hasta las elecciones en que Nicho (Dionisio Marenco) pidió apoyo material a Chávez para esas elecciones y Ortega se interesó (Comentario MB). 

 En ese sentido, no es ninguna sorpresa que Nicaragua bajo Ortega entró plenamente al ALBA y la plena cooperación e intercambio con Venezuela, porque allí estaba la plata. 

 Bueno, el incremento en los precios del petróleo, sumado a las deficiencias en el sector energético, provocó constantes racionamientos de energía durante todo el año 2006, llegando a producirse apagones de hasta 15 horas en algunas regiones del país. 

 El gobierno de Enrique Bolaño apoyó a la transnacional española UNIÓN FENOSA, empresa distribuidora de energía, ofreciéndole subsidios monetarios (9 millones de dólares) y energía subsidiada de la empresa estatal Hidrogesa, mientras subía la tarifa a los consumidores. 

 

La huelga de los médicos. 

 Los salarios bajos del sector salud fue otro elemento sumamente tensionado durante 2006. Los médicos nicaragüenses han tenido un salario básico en el sistema de salud pública de entre 200 y 350 dólares. Desde hace algunos años, la lucha por mejoras salariales los llevaron a organizarse en una federación llamada Médicos Pro Salarios.  

La intransigencia del gobierno a las demandas llevó a que los médicos decretaran una huelga que se inició el 17 de noviembre del año 2005 y paralizó 32 hospitales y unos 100 centros de salud de todo el país.  

La huelga duró seis meses y finalizó el 15 de mayo de 2006. El objetivo de la huelga era que el salario les fuera nivelado al de sus colegas centroamericanos, es decir, a un mínimo de 1.000 dólares mensuales, pero al final, el gremio médico aceptó un 16,25% de aumento salarial a partir de mayo, lo que completaba un 30% para el año 2006 con el aumento que había recibido en diciembre de 2005.  

Los médicos obtuvieron además el compromiso del gobierno de darles acceso a viviendas, seguro colectivo, plan de retiro y capacitación médica, pero sobre todo, de introducir en la Asamblea Nacional en el mes de septiembre una iniciativa de ley que regulara la carrera sanitaria y la política salarial para el gremio médico.  

Este acuerdo se cumplió el 13 de diciembre de 2006, cuando el Legislativo aprobó la Ley de Equiparación Salarial, en beneficio de las y los médicos y odontólogos que laboran para el sector público de Nicaragua. Por medio de dicha ley, el Estado asumió el compromiso de equiparar gradualmente los salarios de este sector a los de sus homólogos de otros países de Centroamérica en un período de cinco años. 

 

La prohibición del aborto terapéutico. 

 Uno de los temas que más controversia generó durante el año 2006 fue el tema del aborto terapéutico. La Iglesia Católica utilizó las fiestas patronales de Managua a inicios del mes de agosto para impulsar una fuerte campaña contra el aborto terapéutico. El tema rápidamente se convirtió en un tópico electoral y salvo el candidato Edmundo Jarquín, del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que rechazó su abolición, el resto de los candidatos se convirtió en defensores e impulsores de esta campaña.  

Destacó la defensa a esta posición conservadora de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, la que luego se convirtió en posición oficial de su partido. Ya el 13 de septiembre Daniel Ortega había firmado, durante una reunión con 500 líderes evangélicos de las Asambleas de Dios, el documento elaborado por esta denominación, que proponía penalizar el aborto terapéutico hasta con 20 o más años de cárcel.  

Ortega prometió los votos de los 38 diputados del FSLN para eliminar del Código Penal la figura del aborto terapéutico, vigente en Nicaragua desde hace más de cien años. 

 Con estos apoyos de los partidos mayoritarios del país, las iglesias católica y evangélica convocaron a una marcha conjunta que se realizó el 6 de octubre y concluyó con la entrega a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de firmas en contra del aborto terapéutico. El Presidente sandinista de la Asamblea Nacional, René Núñez, y los legisladores que recibieron a los altos jerarcas católicos y evangélicos que encabezaban la marcha, ofrecieron derogar el artículo 165 del Código Penal que establece la figura jurídica de aborto terapéutico y así lo hicieron el 26 de octubre.  

 

El FSLN, los pactos sociales y las elecciones. 

 En fin, Ortega no llegó al poder con una propuesta progresista. Todo lo contrario, desde mucho antes puso de manifiesto su deriva conservadora promoviendo la penalización del aborto terapéutico, votando por el TLC con Estados Unidos en 2005, volviéndose claramente confesional, y realizando lo que Celia Hart catalogó como Campaña Rosa (pues hasta la bandera de Sandino ocultaron) y prácticamente pidieron perdón por la revolución.  

Y de inmediato al llegar al poder iniciaron un evidente maridaje con el gran capital, que fue el signo mas evidente hasta la crisis del 2018.  

Claro, es entendible que se confunda a Ortega entre esa maraña de progresismos por dos factores a) la manipulación y utilización de legado y símbolos de la revolución, b) la conveniente RETÓRICA antiimperialista que ha caracterizado a Ortega en particular después del 2018 tratando de inscribirse en la lógica de la existencia dos campos enfrentados a muerte. (Coemntario MB) 

 

Los que apoyan la política de Ortega se han hecho la pregunta…  

«¿hubiera el FSLN logrado la amplia alianza alcanzada con movimientos y partidos políticos heterogéneos e intereses disimiles, y optado al poder alentando las protestas sociales con grandes posibilidades de tornarse violentas?» 

 Claramente piensan que NO, NO  hubiera logrado ganar las elecciones después de apoyar  protestas sociales de sus bases. 

De hecho, el gobierno de Ortega citaba  la estrategia de otros gobiernos progresistsas como apoyo a la suya… en el sentido que, para la llegada al poder y/o lograr las políticas de gobierno aplicadas durante el ejercicio del mismo, no significaran una ruptura completa con el neoliberalismo dentro de sus países (en los casos del PT y del MAS, por ejemplo ), sopesando en estas estrategias razones diversas de orden global, histórico, estructural y/o coyuntural para la puesta en marcha del modelo progresista de gobierno. 

  No menos importante para las elecciones fueron las enormes expectativas que generó entre sus seguidores el discurso de campaña del candidato Ortega, sobre la realización de una «revolución espiritual» cuyos resultados iban a ser la erradicación total de la pobreza, con «cero desempleo, cero hambre, cero analfabetismo», emulando el discurso del Presidente brasileño Lula Da Silva. Además de inversiones sustantivas en infraestructura que incluiría hasta un canal interoceánico por Nicaragua. 

 Por un lado, entonces, no crear olas con su apoyo a grandes movilizaciones, pero por el otro, «crear expectativas». 

 

Miguel Ayerdis, uno de los voceros del gobierno de Ortega,  describe esta política del gobierno (en el marco de una correlación de fuerzas desfavorable) con estas palabras: 

 «Con la llegada de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa encabezada por el FSLN se le da continuidad a la política económica de los gobiernos anteriores al 2007, lo que significó la apertura de negociaciones y búsqueda de acuerdos o “alianzas” con grandes empresarios de capital nacional y extranjero.» (TÓpicos,manipulaciones e impunidad en el discurso justificador del fallido golpe de estado del 18 de abril en Nicaragua, por Miguel Ayerdis) 

  

En otras palabras, el gobierno responde a la pregunta:  

«¿Cómo hacer que los sectores populares empobrecidos, en poco tiempo sientan que su vida está mejorando, sabiendo que el país cuenta con una economía frágil, dependiente de los organismos financieros internacionales y de la ayuda externa para completar su presupuesto de gastos anuales?», con la respuesta:  

– «A través de alianzas con los empresasarios locales y multinacionales como COSEP» 

 

En la práctica, esta «alianza estratégica» con las empresas nacionales y mulltinacionales ha sido una alianza con un capitalismo extractivista, productor de materias primas para el mercado mundial, que tiene raíces en ambos lados de Nicaragua.  

Por un lado, el capitalismo agroexportador predominante en el Pacífico-Centro-Norte del país se ha caracterizado por producir alimentos para el consumo interno y para la exportación (y recientemente, por la producción industrial de la caña de azúcar y la palma africana) mediante la combinación de un capital privado doméstico y extranjero. 

 Mientras tanto, un sector del campesinado expropiado por ese negocio ha sido compensado con parte de las propiedades colectivas expropiadas de los indígenas y las denominadas tierras nacionales de la Costa Caribe de Nicaragua. 

 Por otro lado, el capitalismo de enclave preponderante en la Costa Caribe del país desde la neo colonización estadounidense hasta el día de hoy, extrae recursos naturales con las plantaciones, la actividad maderera y pesquera para la exportación hacia los países metropolitanos.  

 En este contexto, a partir del año 2007, el gobierno aumentó las tierras que han sido ocupadas por las empresas agrocombustibles de la caña de azúcar, la ganadería a gran escala y  las plantaciones de la agroindustria de la palma africana, extracción minera y forestal. 

 Una gran consecuencia de esta industria ha sido que los pequeños y medianos productores de alimentos — sin acceso a crédito y formación tecnológica para competir en el mercado neoliberal–, han vendido o concesionado sus tierras a favor de los ingenios azucareros (Monterrosa, San Antonio, Montelimar y Benjamín Zeledón); pasaron de 39.200 hectáreas en 1990 a 54.428 en el 2010.  

 Acto seguido, gran número de campesinos se han convertido en minifundistas (con explotaciones agropecuarias menores de cinco manzanas), en migrantes temporales (a El Salvador y Costa Rica), a migrantes permanentes (hacia los Estados Unidos y Costa Rica) o bien, en colonizadores de la nueva frontera  agrícola y de las reservas forestales donde habitan las comunidades indígenas.  

Paralelamente, campesinos pobres que producen granos básicos en la Costa Caribe han vendido sus tierras a las empresas de la ganadería extensiva. 

 Es decir, por un lado el nuevo gobierno de Ortega ayudó a dar fuerza a la agroindustria y el crecimiento sacó muchas familias de sus condiciones de pobreza (pero sin modificar las condiciones estructurales de la pobreza. Comentario MB). Pero por el otro, gran cantidad de campesinos se han convertio en migrantes, campesinos sin tierra o invasores de las tierras colectivas indígenas 

 Sin embargo, la concentración del ingreso en una pequeña parte superior de la población, provocó que la desigualdad volviera a subir hasta 0,47 en 2014. Así, en 2014, el 10 por ciento de las personas más ricas en Nicaragua tenía el 37,5 por ciento del total de ingresos en el país (The World Bank, 2019). 

 Según el Banco Mundial, el promedio de crecimiento entre 2000 y 2017 fue de 3.9%, gracias a la demanda interna, impulsada por las remesas ( que, en 2021 llegaron a ser equivalentes al 66% de las exportaciones) y por la Inversión Extranjera Directa (IED), favorecida por concesiones para la explotación de recursos naturales (pesqueros, forestales, mineros), y las exoneraciones (Comentario MB) 

 En otras palabras, el gobierno sandinista y la élite empresarial concertaron la «discipina» fiscal, una política financiera que atrajo la tan codiciada inversión extranjera y una política laboral que permitió la fuerza de trabajo barata,el rígido control de las organizaciones sindicales y la desregulación del mercado laboral que ubicó a la mayoría de los trabajadores (80,0 %) en la economía informal. 

 Sin embargo, y a pesar del impacto positivo y negativo de su política económica, Ortega fue reelegido en 2011 con el 62% de los votos y otra vez en 2016 con el 72%, y seguía manteniendo –como en su gobierno anterior– la mayoría en la Asamblea Nacional. (Ortega triunfa en 2016 con más del 72% de los votos y logra 71 de los 92 diputados en la Asamblea Nacional). Mónica Baltadano comenta que todas esas elecciones han sido fraudulentas y que el tema de los fraudes esta totalmente demostrado. 

Esto sin el apoyo económico de Venezuela después de su colapso económico y una vez terminada la bonanza de las materias primas. 

 Puedes decir que el impacto  de la bonanza fue  contradictorio. Se reeligió un gobierno que ayudó mucho a los grandes empresarios. 

 

La crisis de las pensiones de 2018. 

Antes de describir algo de la crisis de abril 2018, sería mejor hablar un poco sobre la escisión del sandinismo entre 1994 y 1995, tras el impacto de la derrota electoral de 1990.  

Nació el MRS (o UNAMOS, como se llama hoy), los “renovadores” (la mayoría de ellos miembros del sandinismo histórico) que argumentaron que fueron las estrategias de Ortega y sus aliados (a través del pacto con el Partido Liberal Constitucionalista del ex Presidente Arnoldo Alemán, así como las reformas internas del FSLN, entre otros hechos) lo que alejó a Ortega de los principios sandinistas.  

 Entonces, los renovadores acusaron a Ortega y su «gente» de ser conservadores porque habían hecho pactos con partidos y empresarios conservadores. 

 Pero la revuelta de abril 2018 no fue apenas una disputa de los jóvenes contra las prácticas autoritarias del gobierno, sino también una confrontación entre el legado del sandinismo que lideró la última revolución popular del siglo XX, contra las estrategias de Ortega por controlar la economía capitalista extractivista y su estado. 

 Lo que se ha intentado explicar en estas páginas, es la manera en que su alianza con la agroindustria y el extractivismo ha creado presiones sociales, condiciones sociales, que terminaron en una revuelta contra su gobierno. 

 La crisis de 2018 comenzó con una marcha del 13 de abril de 2018 por el incendio de la Reserva Indio Maíz. Los jóvenes, en su mayoría estudiantes de la UCA y ambientalistas, organizaron a través de las redes sociales una protesta por el negligente actuar gubernamental para detener el incendio en las aproximadamente 6,300 hectáreas destruidas. 

 Un día después, el sector de los estudiantes que habían protestado antes por el incendio en la reserva forestal ocupó algunas universidades estatales y una privada, pero con subvención estatal en Managua y se manifestó en las calles. Luego comenzó la crisis de 18 de abril. 

 

 Crisis 18 abril 2018 – Crisis de trabajo.  

Ya hemos visto algo sobre el impacto de la agroindustria en la vida de los campesinos y pueblos indígenas del país. El saqueo de los recursos naturales y la asociada desregulación financiera (que abandonó el crédito otorgado para los pequeños productores en el campo) terminó en la disminución de la población económicamente activa (PEA). Esto a pesar del hecho que, durante la bonanza, cientos de miles de trabajadores lograron tener un trabajo «formal».  

Como consecuencia, la gran mayoría de los y las trabajadores  (entre el 76.0% y el 80.0%) no estaba afiliada a la seguridad social en el período 2009-2013 (Banco Central Nicaragua, 2013).  

En otras palabras, una tasa de crecimiento económica de 5% durante los gobiernos de Ortega, no significó más seguridad de trabajo, sino menos. Pero el sistema de seguridad social (INSS) ha sido usado como fuente de recursos por otros sectores del estado (y sus burócratas).   

Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) en 2008, los gastos administrativos del INSS han aumentado en 4.2 veces desde el 2002. Este aumento ha sido causado por las pensiones recibidas aprobadas para las personas que no han cotizado el mínimo de meses. Así aumentaron los gastos, sin embargo, los ingresos solo se incrementaban en 3.2 veces.  

También se postergó el adelanto de la deuda estatal al INSS que era de 500 millones de dólares. Bajo estas condiciones, la situación precaria del INSS puso en la cuerda floja el pago de pensiones y el futuro de los afiliados.  

Es decir, aunque la INSS tenía más gastos, pagaba pensiones pobres y prestaba sus recursos al Estado y sus burócratas.  

Así, el sistema de seguridad social pasó de un superávit a un déficit en tan sólo 8 años.   

Como solución, en mayo del 2017, el FMI recomendó aumentar la cantidad de cotizaciones mínimas de 750 a 1500, es decir, el doble de cotizaciones  y aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años. También propugnó por eliminar pensiones a las víctimas de la guerra de la década de 1980.  

Pero el gobierno decidió, el día 16 de abril de 2018, implementar una reforma diferente a la propuesta por el FMI. Su fórmula fue mantener las semanas de cotización, las pensiones a víctimas y los programas médicos, pero aumentar desde 19 a 22,5 por ciento (en tres años), el aporte al régimen de seguridad social integral de las empresas y desde 6,25 a 7 por ciento el de los trabajadores.  

También propuso que los pensionados debiesen aportar un 5 por ciento de sus pensiones para destinarlo a los costos de su atención de salud.  

Con esta reforma serían perjudicados más de 900 mil cotizantes y unos 250 mil pensionados.  

 

Frente a este «aumento de costos» para las empresas, el presidente del COSEP, Adán Aguerri, dijo que la aprobación de la reforma representaba “una señal política sobre temas económicos que provocan desconfianza y cuestionan la continuidad del modelo de diálogo y consenso constitucional vigente, enviando señales inciertas sobre las decisiones futuras que como país se deben adoptar para preservar el clima de negocios”.   

En tanto, el sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) reiteró su apoyo a la reforma y señaló que los gobiernos neoliberales que gobernaron entre 1990 y 2006 saquearon el INSS, eliminaron beneficios a los pensionados e impulsaron una fallida privatización de todo el sistema de seguridad social, que redundó en pérdidas millonarias para la institución estatal. El gremio de ex empleados jubilados también expresó su apoyo a la reforma.  

Pese a ser un duro golpe para los y las jubilados, en los medios del gobierno la llamaban: “una victoria del pueblo”.  

Los enfrentamientos han terminado en más de 300 muertos y más de mil detenidos. No son, para robar una frase de Chile, «el cinco por ciento sino quince años».  

 

Unas conclusiones.  

En fin, el intento de integrar el movimiento popular al sistema global capitalista ha traído consecuencias profundas y dañinas en América. Ha sido la base del éxito de gobiernos «progresistas», y también de sus fracasos.  

El crecimiento de la agroindustria y el extractivismo ha echado campesinos y pueblos indígenas de sus tierras, pero ha integrado solamente una parte de ellos a la industria moderna.  

Pero los gobiernos progresistas que crecieron durante la bonanza de las materias primas, al terminar esa época, intentaron a resucitar sus economías con más alianzas, más negociaciones con los empresarios, más de lo mismo. Sus estados ya estaban integrados con las multinacionales de las materias primas y la agro-industria, entonces difícilmente podían (y no querían) desvincularse de ese camino de desarrollo económico y social.  

Incluso, e el caso de Nicaragua, la integración del equipo de Ortega con las multinacionales y sus fuerzas políticas comenzó una década ANTES de su elección.

Mientras tanto, sus bases han vivido los cambios profundos económicos que marcaron el término de la bonanza y algunos han perdido su paciencia con sus gobiernos.   

Cómo van a reaccionar durante los próximos años, está por verse.  

Fuerzas tan distintas como evangélicos de derecha, neoliberales ortodoxos y socialistas revolucionarios,  pueden ganar el apoyo de sectores de estas bases y convencerlas que sería mejor tomar su camino de liberación en vez de otro. 

El futuro no está escrito, está por verse. 

 

Unas Referencias, para seguir estudiando 

 – Nicaragua en Crisis – Entre la revolución y la sublevación. https://www.clacso.org/nicaragua-en-crisis-entre-la-revolucion-y-la-sublevacion/ 

-The Political Economy of Gas, Soy and Lithium in Morales’s Bolivia. Nicole Fabricant and Bret Gustafson; Towson University / Washington University in St. Louis  Vol. 25 • 2019 • doi: 10.5195/bsj.2019.220    Revista de Estudios Bolivianos  

 – Rebellion to Reform in Bolivia. Part I: Domestic Class Structure, Latin-American Trends, and Capitalist Imperialism; Jeffery R. Webber, University of Toronto;  jeffreyrogerwebber@hotmail.com 

 – Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder por Manuel Ortega Hegg; Universidad Centroamericana-UCA (E-mail: mortega@ns.uca.edu.ni)Revista de ciencia política (Santiago). Versión On-line ISSN 0718-090X; Rev. cienc. polít. (Santiago) v.27 n.Esp Santiago  2007; http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2007000100012 

– Crítica y crisis en Nicaragua: la tensión entre democracia y capitalismo; Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 46, 2020; Universidad de Costa Rica. Hloreley Osorio Mercado Y  Rony Rodríguez-Ramírez;  

https://www.redalyc.org/journal/152/15264516019/html/  DOI:https://doi.org/10.15517/AECA.V46I0.45081 

 – Revolution against “progress”: the TIPNIS struggle and class contradictions in Bolivia; Jeffery R Webber, http://isj.org.uk/the-tipnis-struggle-and-class-contradictions-in-bolivia/#133webber33 

– Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI; Franck Gaudichaud. Jeffery Webber etc., Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2019