Por: Hugo Guzmán. Periodista

La derecha orgánica vive momentos tensos y de pugnas intrasector, graficado en continuos reveses de las posiciones ultraconservadoras en temas gravitantes, la fragmentación del oficialismo, los efectos de acciones de los desordenados -sobre todo en votaciones en el Parlamento-, y desmarques respecto a las posiciones doctrinarias y de defensa de legados y líneas programáticas históricas del sector.

La última derrota para el alma más dura de la derecha, que de táctica podría pasar a estratégica, fueron los votos de 13 de sus parlamentarios a favor del retiro del 10% desde los fondos de pensiones, y las 30 abstenciones, permitiendo que esa reforma constitucional avanzara en la Cámara Baja.

Eso significó una fisura en uno de los pilares construidos por la derecha económica y la derecha política y uno de los elementos fundacionales y prioritarios del modelo económico neoliberal y de hegemonía del sector financiero privado.

La derecha orgánica se vio fragmentada y con duras polémicas, cuando varias y varios de sus personeros se sumaron a la iniciativa, dando la espalda a una tradicional postura doctrinaria y a un lineamiento ideológico respecto a la materia. De paso, en los debates un segmento de la derecha -minoritario en todo caso- dio luces respecto a comenzar a discutir la continuidad del actual sistema previsional privado y se expresaron voces de respaldar, por ejemplo, alguna fórmula de sistema mixto.

Por eso le dolió tanto al Presidente Sebastián Piñera, a los directivos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a los representantes de los gremios empresariales, a los dirigentes ultraconservadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), y a los economistas neoliberales. Junto al hecho político de incapacidades y derrota de los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia y Desarrollo Social al no poder contener/convencer a los diputados desordenados que rompieron en esta ocasión con los doctrinarios, lo que acarreó críticas desde la derecha a los miembros del gabinete.

Este puede ser el revés más contundente después del que vivieron los ultraconservadores el año pasado cuando se tocó otro pilar fundamental de su proyecto/país: la luz verde al plebiscito para iniciar un proceso hacia el cambio de la Constitución establecida por la dictadura, texto vital para los propósitos de la derecha económica y política y matriz ideológica para el sistema económico e institucional hegemónico.

Durante décadas, la derecha puso un muro a la posibilidad de cambio de la Carta Magna y en el pasado gobierno de Michelle Bachelet desataron una ofensiva en contra del proceso constituyente para terminar en esta administración de Sebastián Piñera por desechar ese camino. Sin embargo, la revuelta social y ciudadana de 2019 re-instaló con mucha fuerza la demanda de nueva Constitución y los doctrinarios terminaron aceptando a regañadientes la concreción del plebiscito y la apertura de puerta hacia el cambio del texto constitucional.

Es así que hoy parte de los reveses y debates dentro de la derecha tienen que ver con dos temas estratégicos y cruciales: la Constitución y el sistema previsional privado.

En ello, aparecieron las fisuras y pugnas de alta calibre en el sector. Porque surgieron dirigentes, parlamentarios, intelectuales del mundo de la derecha que respaldaron el plebiscito, se mostraron dispuestos a discutir un nuevo contenido constitucional, apoyaron el retiro de fondos desde las AFP y no se cierran a la posibilidad de terminar con la hegemonía y el monopolio de consorcios financieros en el sistema de pensiones y establecer, al menos, un sistema mixto.

Las molestias, confrontaciones y polémicas se avivaron con situaciones -algunas enrarecidas- como que el antiguo discípulo del ideólogo del sector, Jaime Guzmán, estrecho colaborador de “Los Coroneles” de la UDI, y ex candidato presidencial de la derecha, Joaquín Lavín, anunciara su respaldo al Apruebo una nueva Constitución, a contrapelo de su partido y sectores duros/tradicionales que están por el Rechazo. O que el presidente de RN, Mario Desbordes, estableciera su abstención y no el voto en contra, respecto a la reforma para posibilitar el retiro de fondos de las AFP.

La derecha trastocada

Todo eso puso en jaque a los sectores doctrinarios de la derecha orgánica que ven reveses importantes, primero, en la contención de ciertas reformas y medidas, y segundo, en flancos que se abren en el modelo económico y el sistema institucional.

Más allá de las naturales pugnas y polémicas intrasector que todo esto produce, incluidas las ácidas críticas al manejo del gobierno y de ministros del Comité Político, los ultraconservadores saben que hay peligro de desmantelamiento -aunque sea parcial- de la estructura montada durante el período dictatorial, y de debates que vayan a modificar líneas programáticas, conceptos del modelo de mercado y lineamientos políticos institucionales.

No es menor que mientras la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselbergh, llama a no “ceder ante la izquierda” y rechace que se esté buscando “el aplauso de la oposición”, y personajes como Andrés Allamand, Pablo Longueria y Marcela Cubillos apelen al respeto a las líneas doctrinarias e históricas de la derecha y no caer “en populismos” e incoherencias, el timonel de RN, Marios Desbordes, junto a dirigentes como Manuel José Ossandón, salgan con frases como que se debe mirar a cierta “derecha europea”, adviertan que no le “temen a los poderes fáticos” (en referencia a los poderes económicos y grupos ultraconservadores), indiquen que hay que “sensibilizarse con la realidad” de la población y rompan de algún modo con ortodoxias de su sector.

Esto, por lo demás, tiene que ver con debates de la derecha a nivel mundial, inclusive potenciados por la pandemia del nuevo coronavirus, donde algunas colectividades y líderes conservadores plantearon revisar el papel del Estado, ciertas doctrinas económicas y el curso de demandas sociales y laborales.

Es un hecho que temas como el plebiscito, cambio constitucional, derechos de los pensionados y fin de las AFP, mayor democratización y promoción de derechos sociales, fueron potenciados de manera determinante por la revuelta social del año pasado, y la crisis sanitaria y social de este año reforzó la colocación sobre la mesa de las deficiencias estructurales del país, sobre todo en relación a la desigualdad.

Todo eso trastocó y penetró a la derecha, incluido el gobierno, que no pudo evitar encarar esas realidades y esas demandas, dar cuenta de la realidad/país y tener que, al menos, revisar algunas de sus líneas políticas y programáticas. En eso se acentúo la disputada entre los doctrinarios y los desordenados.

Otros reveses

En este cuadro hay otros reveses de la derecha y particularmente de las corrientes ultraconservadoras y doctrinarias.

La UDI y gran número de parlamentarios y personeros de RN, se opusieron con fuerza a la paridad de género en la Convención Constitucional y Convención Mixta porque, según ellos, distorsionaba la preferencia del voto. La pelea legislativa y política duró semanas y al final la perdieron. Con votos a favor de gente de su sector.

Otra derrota puntual fue la aprobación en el Senado de los escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención, algo que veía con malos ojos la gran mayoría de la derecha.

Finalmente tomó su curso el proyecto postnatal de emergencia al que se oponían los ultraconservadores y que incluso el gobierno declaró inconstitucional. Pero votos de parlamentarias y parlamentarios de la derecha dieron una mayoría consistente en el Congreso y el gobierno tuvo que ceder.

Asimismo, se materializó el proyecto de no relección indefinida de parlamentarios, alcaldes y concejales, una materia muy sensible para la UDI y varios sectores internos de RN. Les dolió la decisión del gobierno de no recurrir al veto presidencial. Este fue un golpe no solo a la línea política de los más duros dentro del sector, sino a las pretensiones electorales que se pueden ver afectadas en algún nivel.

Otro punto de cuestionamiento intrasector se produjo con críticas al plan para la clase media que no fue recibido con aplausos en varios segmentos del oficialismo, donde los grupos ultraconservadores abogaron por no aumentar gastos, lo que al final el gobierno tuvo que hacer, contradictoriamente, para dejar contentos a personeros de su propio nicho político, que tenían una postura crítica. Hubo varios personeros de la UDI y RN que siempre respaldaron al Ministerio de Hacienda en no elevar los montos del Ingreso Familiar de Emergencia y el bono Covid-19, pelea que también perdieron.

Puntos de tope

En el último tiempo no todo fueron reveses o problemas dentro de la derecha. Por ejemplo, lograron un triunfo al dejar establecido que se requerirá de 2/3 para aprobar las materias de la nueva Constitución, lo que, como dijeron representantes de la oposición, puede llevar a que el nuevo texto sea anodino y no se logre una real transformación institucional ni establecer los derechos ciudadanos a los que se aspira.

Por lo demás, está en curso una operación de la derecha orgánica para suspender e inclusive echar por tierra el plebiscito y llevar la discusión de un nuevo texto constitucional solo al marco del Parlamento, lo que se constató en la tesis del Plan B del “coronel” y ex  ministro del Interior, Andrés Chadwick, y las declaraciones de Andrés Allamand y Pablo Longueira.

Claro que, al mismo tiempo, en los equipos electorales de los partidos de derecha y en sus centros de estudios e institutos, se está trabajando desde fines del año pasado en un diseño que les permita obtener el mayor porcentaje posible de integrantes de la Convención Constitucional o Convención Mixta; además de dar una batalla para que gane esta segunda opción en la votación sobre la instancia que se debería conformar para redactar la nueva Carta Magna. En eso los equipos de la derecha orgánica saben trabajar y cuentan con recursos financieros.

También lograron imponer un acuerdo con tres partidos de la oposición y luego los votos en el Parlamento para el “plan de emergencia” por 12 mil millones de dólares que estableció el gobierno, sin los montos y las prioridades que plantearon sectores progresistas y de izquierda y desde el mundo sindical y social.

Apelando al veto presidencial, que los sectores duros de la derecha exigen continuamente al Presidente Piñera, lograron frenar iniciativas legislativas de apoyo social y tienen un plan para frenar proyectos como la aplicación de un impuesto del 2.5% a las mayores fortunas del país para recaudar seis mil millones de dólares para atender necesidades originadas en la pandemia.

Al mismo tiempo, los ultraconservadores avanzan en reformas y medidas para dotar de mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en cuanto al orden público, sacar adelante una reforma al sistema de Inteligencia, lograr la protección de sitios estratégicos con presencia de militares, no abrir la puerta a condonaciones del CAE (Crédito con Aval del Estado) ni aumentar la gratuidad en educación, impedir reformas en el sector Salud que quiten la hegemonía de los privados, no elevar los presupuestos municipales e impedir políticas hacendarias que posibiliten el uso de recursos del Estado (como el fondo de reserva de las FFAA) y un endeudamiento razonable para enfrentar problemas originados en la crisis sanitaria y social.

Pese a las pugnas y fisuras, hay una estrategia definida de concretar un acuerdo para las elecciones municipales y de gobernadores, en la idea de propinar una derrota electoral y política a la oposición, sobre todo si ésta va desunida.

La derecha no deja de trabajar y avanzar en el perfilamiento de sus candidaturas presidenciales, teniendo a varios de sus personajes en los primeros lugares de diversos sondeos. Donde, por cierto, hay una confrontación entre los ultraconservadores y los desordenados, pero que en un momento se resolverá y los partidos del sector se alinearán.

En términos más estratégicos y en cuanto a temas sensibles, hay otros puntos de tope en las diferenciaciones dentro de la derecha. No apuntará a desarticular el actual modelo económico neoliberal y la doctrina de mercado, ni a dejar de lado el Estado subsidiario, no le quitará atribuciones -y buscará ampliarlas- a las Fuerzas Armadas y Carabineros, seguirá con su discurso de criminalización de las expresiones del movimiento social y ciudadano y de categorizar como violenta la protesta popular, no sumará a un auténtico cambio y transformación democratizadora de la Constitución y no suprimirá el rol hegemónico del poder económico en el manejo de la salud, la educación, los medios de comunicación, y el sentido extractivista de la economía, y apoyará medidas y condiciones restrictivas en el ámbito laboral.

Lo anterior, junto a mantener -y en esto sí no hay grandes diferencias entre los distintos segmentos de la derecha orgánica- una política represiva frente al pueblo mapuche, restrictiva de derechos de las mujeres y la diversidad sexual, no ampliación de la gratuidad en educación, discriminación en las políticas públicas referidas a los migrantes, reforzamiento de iniciativa autoritarias del sistema de Inteligencia con énfasis en el control/represión del movimiento social, entre otros temas.

Lo que aparece claro, es que la derecha orgánica y económica no pudo escapar a las nuevas realidades, desafíos y demandas que pusieron sobre la mesa la revuelta social y la pandemia del coronavirus.

Tiene además el factor de que está en el gobierno y debe asumir las políticas públicas. Y como sea, vuelven a surgir disputas políticas y programáticas que siempre han estado en el escenario del sector, como cuando en los primeros años pos dictadura, se peleaba la Patrulla Juvenil de RN, con “Los Coroneles” de la UDI, sin afectar el orden estratégico y sistémico.