Por Pablo Parry

#DeFrente

El ingreso al Senado del proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo «estado de excepción de seguridad pública» ha encendido las alarmas no solo en la oposición, sino también al interior del propio oficialismo. La iniciativa, que otorga amplias facultades al Ejecutivo por hasta 240 días sin control del Congreso, ha destapado tensiones y ha puesto a prueba la cohesión de los socios legislativos del Gobierno de José Antonio Kast.

LA PROPUESTA: UN ESTADO DE EXCEPCIÓN CON PODER PRESIDENCIAL EXTREMO

El proyecto, parte de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), fue firmado por el Presidente el pasado 10 de agosto y enviado al Senado con suma urgencia. La pieza central de la reforma es la creación de un quinto estado de excepción, diseñado para enfrentar «amenazas graves e inminentes a la seguridad pública».

Sin embargo, el diseño institucional ha generado fuertes críticas. A diferencia de otros estados de excepción vigentes, esta nueva figura concentra un poder inusitado en La Moneda: el Presidente podría declararlo y prorrogarlo por hasta 240 días (ocho meses) sin necesidad de autorización del Congreso. Recién después de ese período, el Parlamento podría intervenir para autorizar futuras extensiones. Como lo describe un análisis, la propuesta implica «el empoderamiento del poder presidencial con un control muy débil del Congreso Nacional».

Además, el estado de excepción permitiría restringir derechos fundamentales como la libertad personal, de locomoción, de reunión y de asociación, además de autorizar la interceptación de comunicaciones y requisiciones de bienes, en un nivel similar a un estado de guerra externa.

EL PRECIO DE GOBERNAR: LA FRAGMENTACIÓN EN LA DERECHA

Más allá del contenido de la reforma, su tramitación ha evidenciado la compleja arquitectura política que sostiene al Gobierno de Kast. Sin mayoría propia en el Congreso, el Ejecutivo ha debido negociar con tres partidos de la derecha no tradicional: el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y el Partido de la Gente. El costo de esos acuerdos, sin embargo, está resultando alto.

Según un análisis publicado en El País, estos tres partidos, que fueron clave para destrabar la megareforma económica del Gobierno, ahora están «cobrando en su propia moneda». La dinámica es descrita como un «peaje» legislativo: a cambio de su apoyo, cada colectividad impone su propia agenda, fragmentando el mensaje y la capacidad de acción del Ejecutivo.

El escenario es el siguiente:

• El Partido Republicano, con Arturo Squella a la cabeza, ha instalado el debate sobre la privatización de Codelco.

• El Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, ha empujado el proyecto «Escucha tu corazón» sobre el aborto, forzando al Gobierno a pronunciarse sobre un tema valórico que buscaba evitar.

• El Partido de la Gente, cercano a Franco Parisi, presiona por compensaciones directas en pañales y medicamentos, con un alto costo fiscal.

La situación ha llegado a tal punto que el propio Johannes Kaiser declaró que su partido tiene al Gobierno de Kast «bailando la música» que ellos ponen, refrendando su rol como marcador de la agenda política de la derecha.

UNA REFORMA BAJO LA LUPA

El proyecto no solo enfrenta el desafío político de la fragmentación, sino también profundas dudas sobre su eficacia. Expertos consultados advierten que la propuesta podría no ser la solución más adecuada para un fenómeno tan complejo como el crimen organizado.

La evidencia comparada sugiere que el despliegue militar en la lucha contra el narcotráfico, una de las posibilidades que abre la reforma, ha tendido a incrementar la violencia y la corrupción, con efectos temporales limitados. Además, persisten interrogantes prácticas sobre la implementación: ¿cómo se delimitarán las zonas? ¿Cómo se aplicarán las restricciones a las comunicaciones y libertades en áreas urbanas densamente pobladas sin afectar a la población civil?.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha defendido la medida, argumentando que está pensada para «intervenciones profundas, temporales y con rendición de cuentas» en zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado de «difícil penetración». No obstante, el Gobierno deberá sortear las críticas tanto de quienes ven en la reforma una deriva autoritaria, como de aquellos socios que, en el corto plazo, parecen más interesados en cobrar su peaje que en construir una agenda común.