Por Paulina Feres y Miguel Fauré

Este 2 de enero se retomará la discusión sobre el proyecto de Ley de Migración elaborado por el actual gobierno. En este contexto, diversas agrupaciones que defienden los derechos de los migrantes han convocado a una movilización en el centro de la capital. Para conocer las demandas de fondo de quienes rechazan esta propuesta legislativa, conversamos con el sociólogo Eduardo Thayer, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones y militante del Movimiento Autonomista.

#DeFrente: ¿Cuáles son las demandas que impulsan las organizaciones que convocan a la movilización de este 2 de enero?

Son básicamente dos. La primera es una reivindicación histórica de las organizaciones de migrantes, que tiene que ver con que se deje amarrado, en este Gobierno, un proceso de regularización extraordinario de la gente extranjera que está sin papeles. Existe un problema muy grave con las personas que pierden sus papeles en el transcurso de su proceso de incorporación. Eso ocurre porque se vencen los papeles, la renovación demora mucho y no pueden conseguir los contratos de trabajo que les permiten renovar el permiso de residencia temporal. Para conseguir este último te piden un contrato de trabajo y si no lo tienes, no te contratan los empleadores.  Los migrantes quedan en ese cuello de botella que les resulta muy difícil de regularizar.

Otro problema afecta especialmente a los dominicanos y colombianos, que han ingresado por pasos no habilitados porque «rebotan» en la frontera. La PDI controla la frontera de manera arbitraria porque la ley les da facultades para determinar ahí mismo quién ingresa y quién no. Si tú entras por un paso no habilitado, después no te puedes regularizar, salvo que haya un proceso de regularización extraordinario. El punto es que el Estado produce la irregularidad en los inmigrantes. Es el Estado quien debe hacerse cargo de esa situación irregular que hoy afecta a cerca de 100.000 personas.

La segunda demanda es más específica y tiene que ver con la Ley de Migración. Hay un consenso generalizado en cuanto a que tiene que haber una ley de migraciones, pero quienes estamos defendiendo una con enfoque de Derechos Humanos somos los menos. El proyecto que presentó Piñera no lo tenía y el que presenta ahora Bachelet tampoco. Esta demanda se da un contexto de batalla perdida en el corto plazo, porque en el proyecto el enfoque de DDHH no es prioridad y Piñera ya dijo que iba a reponer el suyo, un proyecto vulnerador de derechos, que va a aumentar la irregularidad, con un enfoque muy instrumental centrado en el control de la frontera.

#DeFrente: Has señalado que el proyecto de migración impulsado por el actual Gobierno se centra más en el control y la seguridad interna, ¿en qué aspectos de la ley se refleja esto?

Normalmente, los proyectos de esta naturaleza tienen dos dimensiones. Una se relaciona con la regulación y el control de la frontera, centrado en las condiciones para dar el acceso o no. Y la otra dimensión es el acceso a derechos. El actual proyecto está centrado en lo primero y muy poco en lo relativo a la integración. No es una ley de inmigraciones, sino una ley de extranjería. Los puntos donde se menciona la temática de derechos, lo hacen desde un ángulo muy restrictivo.

Existen dos elementos claves para identificar el enfoque de control y seguridad interna. El primero es que mantiene las causales facultativas de la Policía de Investigaciones para permitir el ingreso. De hecho, deja estas facultades muy poco definidas, abiertas a la interpretación de la PDI. Por ejemplo, alguien que “vulnere o amenace el orden público” no podría ingresar por esta causal. Qué significa que vulnere el orden público es algo que va a definir el oficial de frontera, la PDI o el Ministerio de Interior. Esto genera una importante vulneración de derechos. Recordemos el caso de los jóvenes anarquistas peruanos  a quienes no dejaron ingresar o el periodista italiano que expulsaron por el mismo motivo, pese a que sólo estaba haciendo un documental sobre el movimiento sindical de los trabajadores del SENAME. Esa vez se presentó un recurso ante la Corte Suprema y ésta revocó la orden de expulsión del periodista porque no había una definición jurídica objetiva de las causales de expulsión.

#DeFrente: Desde muchos sectores políticos se sostiene el discurso de que migración es sinónimo de delincuencia, ¿el proyecto de ley cambia esa tesis o la refuerza?

Lo refuerza, porque el Registro Nacional de Migrantes presume que los migrantes cometen faltas y delitos. Los datos que maneja la Defensoría Penal Pública sobre delitos cometidos por migrantes son bajísimos. Es más, en más de un 70% de las causas figuran más como víctimas de delitos como robos, hurtos, homicidios y agresiones sexuales. Hay toda una mitología sobre el vínculo entre migración y delincuencia que no tiene ningún asidero en la realidad. Otro dato interesante es que en la Región Metropolitana reside el 70% de los migrantes y del total de faltas y delitos que se cometen ellos, sólo un 14% son en esta región. La mayoría  de esos delitos están asociados no a la migración, sino que se producen cerca de la frontera, relacionados a las redes internacionales de narcotráfico y al contrabando. Allí están involucrados extranjeros, pero no gente con proyectos migratorios. Los migrantes que tienen permiso de residencia permanente, delinquen en una tasa mucho menor que los chilenos. En la relación entre migración y delito o en la relación entre migración y saturación de los servicios públicos, aún más en el vínculo entre migración y competencia en el mercado de trabajo, hay que dar una disputa por el sentido común. Porque en esos tres ámbitos operan a partir de prejuicios.

#DeFrente: ¿Cómo debería ser una política estatal que propicie una verdadera integración de quienes vienen a Chile en búsqueda de mejores perspectivas de vida?

Acá citaré principios del Movimiento de Acción Migrante, en el sentido de que exista una política de reconocimiento en igualdad de condiciones con los chilenos y que el acceso a derechos no dependa de la situación administrativa de las personas. Esto es clave en un enfoque de DDHH, en el sentido de que la situación burocrática no se anteponga al reconocimiento de derechos. Otro punto importante, es que en Chile una política restrictiva de frontera lo único que ha generado es dificultar y precarizar el acceso en igualdad de condiciones a los derechos. La migración que recibe Chile es fundamentalmente latinoamericana y fronteriza. Tenemos una situación de frontera que, en la práctica, se mostrado como ingobernable. Por ejemplo, Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, cuenta hoy con 16 millones de inmigrantes irregulares. Es decir, han ingresado saltando la frontera. Que las políticas de control fronterizo son efectivas es un mito. Reproduce dinámicas de violencia y violaciones graves de los derechos humanos.

Las condiciones que generan los flujos migraciones no los puede detener un Estado. Tienen que ver con las expectativas de encontrar empleos, las desigualdades regionales y la existencia de redes sociales. Mientras que en Chile las condiciones de sobrevivencia sigan siendo mejores que la de sus lugares de origen, va a seguir produciéndose  migración. Hoy los migrantes poseen casi pleno empleo en Chile, el desempleo está por debajo del 5%. Tenemos el ejemplo de España y la migración latinoamericana, que tras la crisis que vivieron el 2008 cambiaron los flujos migratorios. Estos flujos demuestran que las fronteras no se pueden cerrar. Hoy en día la reproducción de la sociedad chilena requiere de migrantes.

#DeFrente: ¿En qué consiste la propuesta del Registro Nacional de Migrantes y por qué ustedes la rechazan?

Esta propuesta es una “hoja de vida” de los inmigrantes en cuanto a las faltas que van cometiendo. Hablamos de faltas administrativas, como no alcanzar a renovar los papeles porque la fila era muy larga y se te pasó el día ya que tuviste que ir a trabajar (que es lo que normalmente pasa), o estuviste trabajando sin contrato un tiempo porque no te daban el permiso. Todo eso se va a ir anotando, como si fuese un registro de antecedentes. Lo va a manejar la PDI y Carabineros. Hay allí un instrumento de control de las trayectorias migratorias que estigmatiza. Hoy existe una base de datos, que maneja Extranjería, de cada migrante que renueva sus papeles, que saca un permiso temporal u obtiene la permanencia definitiva. Además, cuando la gente va a sacar su carnet de identidad, queda apuntado en el Registro Civil. Por lo tanto existe información sobre los migrantes. Este Registro Nacional de Migrantes, al ser manejado por Carabineros y la PDI, es una herramienta de control que crea la figura irreal de que los migrantes son delincuentes.

#DeFrente: ¿Existe alguna política estatal operando en el mundo en torno al tema de la inmigración que ustedes consideren ejemplar?

Hubo avances en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero se está borrando hoy con el mandato de Macri. Existen también algunas experiencias positivas a partir de acuerdos internacionales. Pero si hablamos de modelos ideales, piensa en Europa para los europeos. Allí no hay fronteras nacionales, hay una integración regional y flujos migratorios abiertos. En el caso de Latinoamérica está el MERCOSUR, que implementó un Acuerdo de Residencia que permite una libre circulación de las personas entre los países miembros y asociados.  Chile ratificó ese Acuerdo Residencial. Sin embargo, la Contraloría lo tiene retenido porque dice que eso debe ser aprobado por el Congreso. Hay otra tesis que sostiene que ese acuerdo no debe pasar por el Congreso y basta con la firma –que ya está- de la Presidencia de la República. No se está aplicando más que para los ciudadanos bolivianos en base a un acuerdo bilateral. Una reivindicación, entonces, es que se implemente el Acuerdo residencial del MERCOSUR.

#DeFrente: ¿Qué rol debiese jugar el Frente Amplio en el abordaje de esta temática?

Con la militancia hay que hacer un trabajo de formación importante, para ir avanzando de la mano con las organizaciones. Nosotros hemos compartido el enfoque de estas agrupaciones, porque esto es una lucha contra el nacionalismo y contra el racismo. Diría también que es una lucha contra el fascismo, que asienta los derechos en la condición nacional y la herencia sanguínea. Tenemos una mirada que pone en jaque eso. La disputa de fondo es esa: derrotar al Estado nacional como referente del acceso a los derechos.

Fuente de imagen: http://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2017/05/eduardo-thayer-para-el-frente-amplio-es-prioritaria-una-nueva-ley-de-migraciones/