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«En Chile, Kast ha promovido una política de terror y criminalización hacia las personas migrantes, vulnerando abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular su artículo 13, consagrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que garantiza el derecho a la libre circulación y residencia, así como el derecho a salir de cualquier país y regresar al propio.»

Por: Juan Fran Torres

José Antonio Kast impulsa un discurso de odio de clase y racial que convierte a la migración en chivo expiatorio. No es error ni exceso: es estrategia política. En Chile, esa retórica se traduce en criminalización de personas trabajadoras, vulnerando principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular el derecho a la libre circulación y residencia. La derecha dura usa el miedo para dividir y justificar políticas represivas que erosionan el Estado de derecho.

Organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes han advertido que estas propuestas abren la puerta a detenciones arbitrarias por infracciones administrativas, con largos encierros producto de procesos lentos y precarios. No solo es una vulneración grave de derechos; también es ineficiente y costosa. El propio SJM llevó al Estado de Chile ante la CIDH por negar el derecho a buscar y recibir asilo, un estándar vinculante en el sistema interamericano.

La regularización no es concesión ideológica: es obligación ética y decisión inteligente. Estudios de la OIM muestran que integrar a la población migrante aumenta la recaudación y fortalece la cohesión social. Experiencias internacionales lo confirman: cuando se garantiza igualdad de derechos, la migración aporta liderazgo, trabajo y democracia. El problema no es la migración; es la política del odio.

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El odio de clase y racial que promueve José Antonio Kast resulta absolutamente intolerable, especialmente cuando se dirige contra las y los trabajadores y contra la población migrante. La xenofobia y el discurso de odio no son hechos aislados, sino parte de una estrategia histórica que la derecha ha impulsado en distintas partes del mundo para dividir a los pueblos y justificar políticas represivas.

En Chile, Kast ha promovido una política de terror y criminalización hacia las personas migrantes, vulnerando abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular su artículo 13, consagrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que garantiza el derecho a la libre circulación y residencia, así como el derecho a salir de cualquier país y regresar al propio.

Una de las principales organizaciones en condenar estas propuestas ha sido el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que ha denunciado que dichas iniciativas constituyen una clara criminalización de la migración y abren la puerta a la creación de centros de detención arbitraria para personas migrantes. En estos espacios, las personas podrían permanecer privadas de libertad durante largos períodos, producto de la lentitud y precariedad de los procesos administrativos y judiciales.

Esta política no solo implica un costo económico altísimo para el Estado, sino que representa una vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales de personas que no han cometido delito alguno, más allá de una infracción administrativa de carácter migratorio.

Cabe recordar que el Servicio Jesuita a Migrantes ya denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las múltiples vulneraciones al derecho humano a buscar y recibir asilo, derecho consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este contexto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien se ha autodefinido como un “defensor de los derechos humanos más allá de las ideologías”, tiene una responsabilidad histórica ineludible, avanzar decididamente en un proceso de regularización para más de 600 mil hombres, mujeres, niños y niñas migrantes que hoy viven bajo amenaza constante de la extrema derecha y de sus diversas expresiones neofascistas.

Además, este proceso de regularización e integración efectiva de la población migrante no solo es un imperativo ético y humanitario, sino también una decisión económicamente inteligente. Según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una política de regularización podría incrementar los ingresos fiscales del país en hasta un 1,28%, demostrando que los derechos humanos y el desarrollo económico no solo son compatibles, sino profundamente complementarios.

En las grandes ciudades del mundo hemos visto cómo se han levantado con fuerza nuevos liderazgos políticos y sociales de origen migrante, demostrando que la migración no es una amenaza, sino una fuente de renovación democrática, diversidad y compromiso social. Un ejemplo de ello es Zohran Mamdani, nacido en Uganda y de origen musulmán, quien se ha consolidado como uno de los referentes progresistas más influyentes de la ciudad de Nueva York, destacando por su defensa de los derechos sociales, de los migrantes y de las comunidades trabajadoras.

En Canadá, destaca la trayectoria de la chilena, Soraya Martínez Ferrada, figura política de origen migrante con un rol relevante como alcaldesa en la ciudad de Montreal, cuyo liderazgo expresa el aporte de la diáspora latinoamericana a la vida pública y democrática del país norteamericano. En Europa, el caso del refugiado sirio Ryyan Alshebl, elegido alcalde de la ciudad alemana de Ostelsheim, se ha transformado en un símbolo potente de integración, dignidad y participación política plena, incluso en contextos donde la extrema derecha intenta instalar el miedo y la exclusión.

Y en la importante ciudad de Barcelona en España, emerge con fuerza la figura del argentino, Gerardo Pisarello, reconocido por su defensa irrestricta de los derechos hunanos, de las personas migrantes, su apoyo al movimiento por el derecho a la vivienda y a las familias afectadas por la hipoteca. Su liderazgo representa una alternativa clara frente al avance de discursos xenófobos y excluyentes en España. Pisarello aspira a ser el primer alcalde de origen migrante en la ciudad de Barcelona.

Estos ejemplos internacionales desmienten de forma categórica el relato del odio, las personas migrantes no solo trabajan, aportan y construyen comunidad, sino que también lideran, gobiernan y fortalecen la democracia allí donde se les permite participar en igualdad de condiciones.

Juan Fran Torres es periodista chileno-venezolano especializado en DDHH.

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