Invento

Pablo Monroy Marambio

Trabajo hace ya demasiados años (sustantivo que quiere denotar aquí el cansancio) en el sistema de justicia penal adolescente, RPA. No podría enumerar hoy, la cantidad de causas que se «resuelven», porque finalmente y mucho después de lo que la ley misma define como plazos legales dentro de las garantías del debido proceso, los jóvenes terminan aceptando las «rebajas» de la condena que presupone el aceptar las opciones que ofrecen tanto el procedimiento abreviado como el procedimiento simplificado.

Esta aceptación de la responsabilidad, de los hechos por los que se investiga a quien hasta ese momento es solo imputado en una causa, no necesariamente quiere decir que ese imputado que está aceptando la salida que se le ha ofrecido, es necesariamente el responsable de dichos hechos.

Me explico.

Las Garantías del debido proceso en la justicia penal señalan, entre otras cosas, que todo proceso judicial debe resolverse en un plazo máximo de 6 meses, ampliable a 8 meses de manera extraordinaria, si es que las condiciones particulares de la investigación lo requieren. Durante su duración, él o los imputados en la causa, pueden quedar sujetos a cumplimiento de una o varias medidas cautelares de manera simultánea, las que incluyen desde la firma en unidades policiales por los plazos que el tribunal en cuestión determine, hasta la internación provisoria. Esta “provisoria” es eufemismo de privación de libertad, que por sucederse en una etapa anterior a la dictación de sentencia, tiene otra consideración jurídica en su uso, en donde se entiende como “privación por tiempo indefinido de libertad de una persona a la que se le imputa la comisión de un delito, dirigida a asegurar en última instancia la efectividad de la eventual sentencia condenatoria con que pueda finalizar el proceso penal”, de acuerdo a lo que señala el Doctor en derecho y profesor de Derecho Procesal, Juan Carlos Marín González.

Es común en RPA, que del abanico de medidas cautelares que se dictan a los jóvenes que son investigados por estar acusados de la comisión de algún ilícito, se elija la de acompañamiento de una institución prestadora del Servicio Nacional de Menores, las OCAS (Organismos Colaboradores de Sename) a una de las cuales este servidor entrega sus horas hombre a cambio de un sueldo, que es posible pagar gracias a que hay delincuencia, literal.

Debo advertirle que de lo que expondré a continuación, no encontrará usted cifras oficiales en lugar alguno, por más que usted las busque. En consecuencia, yo tampoco se las ofreceré. Es usted libre por lo tanto, de abandonar la lectura de este texto en esta precisa coma, si es que considera que el mismo no es lo suficientemente riguroso o responsable, al ejercerse el mismo como opinión “informada” en una tribuna como esta, que tan amablemente me acoge.

No son pocos los “usuarios”, mis cabros, que me han confiado en más de una oportunidad, el que terminaron finalmente presos solo porque los pacos “se descargaron” con ellos. No hay traición alguna a esa confianza por el hecho de que yo les cuente a ustedes hoy estas cosas, porque mi mismo relato se tendrá por igual de irrelevante que el de esos jóvenes, sobre todo por la inexistencia de cifras que lo respalden.

Esas cifras no existen, por más que existan los hechos que siguen engrosándolas.

Ahora mismo, cualquiera puede hacer el ejercicio de googlear noticias relativas a delitos cometidos por carabineros, que van desde lo más ordinario, como motoristas robando a mujeres en la vía pública, hasta las estratosféricas cifras que se han robado los altos mandos de la institución, o sus mandos medios en sus corrales de automóviles, o la Dipreca asaltando a sus propios “beneficiarios”. Lo que no se puede hacer, es encontrar datos relativos a sobre cómo los pacos “se descargan” con algún incauto. Eso solo se sabe.

Usted podrá cuestionar, con todo derecho, que creerles a mis cabros es ciertamente cándido, pues “si están siendo investigados, por algo será”, como suele repetir con toda irresponsabilidad la opinión pública, más aún cuando de quien se habla pertenece a los estratos menos favorecidos de la sociedad.

Yo por mi parte, puedo contarle que nuestro sujeto de atención cambió radicalmente desde el estallido social hasta acá, y que hoy, como nunca antes desde que existe la RPA, nuestros usuarios han sido menos delincuentes a la vez que más escolarizados que antes.

¿Qué pasó? Nada, un montón de detenciones arbitrarias cuyo único fin era tratar de sostener algo de la legitimidad que ya en ese entonces no tenía una institución absolutamente insalvable, como es Carabineros de Chile.

Antes, por ejemplo, cada cierto tiempo un nuevo caso derivado a nuestro programa, me contaba que simplemente “iba pasando”, y que de pronto era detenido y luego se enteraba (cuando uno le explicaba al conocerlo, porque el lenguaje judicial técnico casi nunca se habla en fácil en las audiencias, para que pueda ser entendido por quienes deben padecerlo) que ahora era investigado por “porte” o “microtráfico”, dos de los delitos más habituales en los partes de detención de la policía, hace un par de años.

Por supuesto, esta no es una apología del delito, pero uno ya cuenta con la experiencia suficiente para distinguir con cierta facilidad los “discursos adecuados” de las vivencias traumáticas legítimas, y créame, el paso por el sistema judicial penal es una de esas vivencias, y esas últimas vaya si se vieron multiplicadas desde 2019 hasta acá.

Uno de los grandes temas de la semana recién pasada, fue justamente el cómo la Convención Constituyente inició sus actividades, en cuyo inicio todos fuimos testigos de los bochornosos hechos por los cuales este gobierno obligó a pasar al estamento. Sin que faltasen los escándalos que le son habituales a esta administración, como asignación directa de licitaciones que no se cumplen, sueldos injustificados a quienes no hacen un ápice de lo que se les encomendó, y, para colmo, el uso del cupo disponible para pagar deudas políticas pendientes con operadores dispuestos a fracasar en campañas electorales de diversa índole.

Pero, más allá de esas vergüenzas, afortunadamente también pudimos ser testigos de la maravillosa manera en que la Convención se apoderó de la agenda política, haciendo presión en el urgente tema de la situación de quienes fueron privados de libertad, con motivo de su participación de las manifestaciones de 2019 y 2020, y aún, de los presos políticos Mapuche desde 2001 a la fecha, cuestión que obviamente ha valido la airada reacción de prácticamente todo el oficialismo, quienes acusan que estos temas se “escapan a las atribuciones” de un organismo que fue elegido “para un fin distinto”.

No corresponde entorpecer, dicen, a esa justicia que no se ha movido si han exhibido pruebas en no pocos casos.

El 28 de mayo de este año, La Tercera publicó un reportaje sobre los presos del Estallido Social, poniendo el énfasis sobre a quiénes beneficiaría un indulto general. En el artículo se señala que no existe registro alguno respecto de las “800 personas privadas de libertad” con las cuales se da sustento al proyecto de ley de indulto, propulsado por Provoste, Allende y Navarro, entre otros. La cifra que sí se afirma es la de la fiscalía, que señala que, a la fecha, apenas 25 personas estarían privadas de libertad por hechos asociados a las manifestaciones. La otra cifra, en tanto, sería un invento. De este último argumento se han colgado quienes señalan que dicho proyecto carece de toda relevancia (como si el número de presos de la revuelta le restara urgencia a la resolución de sus causas). Pero lo que no señalan estos opositores a la iniciativa, es que el mismo artículo afirma que, hoy por hoy, no existe claridad en cuanto a quiénes estuvieron o están privados de libertad por hechos asociados al estallido, y que no hay concordancia entre las cifras ni del Ministerio Público, ni de la Corte Suprema, ni de la Defensoría ni del Ministerio del Interior.

Entonces, aunque la cantidad de personas en tal condición pueda diferir en cientos, el hecho concreto es que dichas personas existen, y que están presas por algo más que los delitos en contra de la propiedad de los cuales se les acusa. Además, me disculpará usted, pero me arrogo absolutamente el derecho a cuestionar ese número “oficial”, sobre todo cuando proviene del Estado de Chile, que por su actuar resultó condenado de parte de la Corte Interamericana de DDHH, por la persecución hecha al juez Daniel Urrutia desde 2004 hasta 2020, fecha en que se le suspendió justamente por no aplicar la medida cautelar de internación provisoria a 13 jóvenes supuestamente pertenecientes a la primera línea.

“Los presos políticos son un invento de algunos miembros de la Constituyente”, dijo Iván Moreira en CNN la semana pasada y más allá de lo expuesto en más de una oportunidad por abogados como Claudio Nash (también doctor en Derecho, como Marín), desbarata absolutamente declaraciones como las del senador UDI, que yo pienso es exactamente lo mismo que declaraba Augusto Pinochet. Pienso en declaraciones como esas que por esa misma época se podía leer en El Mercurio, en donde se señalaba que los detenidos desaparecidos también eran un invento, o en cuando un presentador televisivo que se supone que alguna vez fue humorista, señalaba que “la estabilidad económica chilena es gracias al gobierno militar”. O incluso, cuando una periodista de iniciales C.S.M. declaró que los daños oculares provocados por la policía “no eran tema”. Pienso en todo eso, cuando escucho que declaran que en este país, en este momento, no existen los presos políticos.

Pienso en el Principio de proporcionalidad de la justicia, con el cual se deben regular las medidas cautelares que se aplican respecto de la condena que finalmente podría darse al delito perseguido, y con ello pienso en los meses de cárcel que pasó el profesor Roberto Campos por el supuesto delito del que se le acusa. Pienso en mis cabros cuando me cuentan que los cargaron, y después de todos estos años, igual que la primera vez que uno me contó cómo lo detuvieron, les creo todo.

Les doy toda mi confianza porque su verdad no es en absoluto un invento y yo mismo he sido testigo de ella en más de una oportunidad. Porque hay una estadística cuya cifra somos nosotros mismos, que por algún motivo no parece digna de análisis si no es mediante las variables de una matemática mañosa, que es la misma con la que se atreven a llamarnos tiranos, aun cuando seamos la mayoría.