Por: Hugo Fazio.

Economista.

Sebastián Piñera anunció, esperando detener la convulsión social del país, un paquete de medidas que resultan absolutamente insuficientes y lo hizo sin eliminar proyectos de reformas, como la tributaria y previsional, que son profundamente regresivos. “En el oficialismo (…) afirman –informó La Tercera- que tanto el Presidente como Larroulet (jefe de asesores del segundo piso) y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, han sido los más duros en ceder a cambios estructurales, lo que se vería reflejado en el paquete de medidas (…)” (27/10/19). La respuesta fue entregada al día siguiente por la ciudadanía con las movilizaciones de protestas más grandes desde que se iniciaron una semana antes. Incluso al dar pasos necesarios, como los incrementos de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, los cuales envió al Congreso el 25 de octubre, el mismo día de la histórica marcha que remeció al país, incluyéndolos en el proyecto de reforma de pensiones en discusión parlamentaria, como una forma de aumentar la presión para que la iniciativa se apruebe. Más aún, propuso aumentar a 5% el aumento de las cotizaciones, siempre con la afirmación falsa que sería aportada por los empleadores, cuando en el sector privado terminarán afectando en lo fundamental a las remuneraciones. “(…) en esta coyuntura reiteramos al gobierno con claridad –manifestaron en una declaración senadores de oposición- que no estamos disponibles para su burdo intento de intentar aprovechar la actual crisis para aprobar ‘su agenda legislativa original’ sobre la que ha sido incapaz de construir acuerdos mínimos que le den viabilidad” (26/10/19).

Ambos beneficios en las pensiones se incrementarán en un 20%. Este aumento se pudo efectuar ya hace mucho tiempo proponiéndolo como un proyecto aparte. Ello condujo a no establecer el aumento durante todo el año. La demanda existente exige proceder a su aumento inmediato desligándolo de la reforma propuesta, es decir transformándolo en un proyecto aparte. La iniciativa general, por lo demás, significa un gravamen aún mayor para los trabajadores, mientras existe una gran cantidad de recursos acumulados en un fondo no destinado al motivo por el cual se cotiza: beneficiar a los pensionados. Sin embargo, el tema de las bajas pensiones abarca a muchas más personas, no se reduce a los sectores que perciben la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Es una consecuencia de como funciona el sistema de las Afp. La pensión promedio financiada por el sistema es de $207.000, muy por debajo incluso del salario mínimo, que a su vez debe elevarse. Ello fundamente la exigencia nacional de No +AFP.

Al mismo tiempo, el paquete contempla que el ingreso mínimo de las personas con contrato suba a $350.000, garantizando el Estado la diferencia con lo que se perciba. El salario mínimo actual está en $301.000 porque el gobierno durante su proceso de aprobación se negó a un incremento superior y en marzo del 2020 está establecido ya su reajuste en la variación experimentada por el IPC más un 2,5%. El salario mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 años que se reajustaría en la misma proporción, es a la fecha de $224.000. El camino a recorrerse debería ser una política de alzas progresivas en el salario mínimo que lo saque del nivel de pobreza, estableciéndose inmediatamente su nivel en $350.000. El mecanismo que todavía no se precisa como operaría puede dar lugar a una serie de maniobras para cargar al Estado costos empresariales. Como interrogó editorialmente el Diario Financiero con el anuncio realizado “¿no hay ahí un incentivo para que en ciertos casos se congelen sueldos bajos, sabiendo que el Estado aportaría la diferencia (…)?” (25/10/19).

Debe tenerse presente que a través de la regresividad del IVA prácticamente un 19% de los ingresos de las personas que destinan el total de ellos a consumo se va por esta vía. De ahí que adquiere plena validez el planteamiento efectuado por Jaime Ruiz Tagle, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, para establecer un impuesto “negativo”, como se hace en otros países. “Cuando tienes un ingreso suficientemente bajo –explicó-, el Estado te devuelve los impuestos que pagaste, por ejemplo, el IVA” (27/10/19).

Lo limitado de la agenda social es fácil visualizarse si se recuerda que el país se encuentra, de acuerdo al Banco Mundial, entre los diez países más desiguales del mundo y ello se debe corregir actuando sobre los dos extremos. De una parte, la población afectada por la pobreza y bajos ingresos, un porcentaje muy elevado de ellos se encuentra entre los trabajadores denominados de cuenta propia que no tiene contratos ni beneficios sociales; y de la otra el 1% más rico que cada año se apodera de más de un 30% del producto, para los cuales –entre los cuales se encuentra el propio presidente- no se establece ningún gravamen.

The New York Times editorializó sobre la crisis desatada en el país titulando “Chile aprende el precio de la desigualdad”. “Lo que hace que Chile sea un caso atípico entre esas 36 naciones (los países integrantes de la OCDE) –especificó- es que el gobierno hace menos que casi cualquier otra nación desarrollada para reducir la desigualdad económica a través de impuestos y transferencias de las riquezas. Como resultado -recalcó- Chile tiene el nivel más alto después de impuestos entre los miembros de la OCDE” (23/10/19).

“A menudo -continúa el editorial- se elogia a Chile como un oasis capitalista, una nación prospera y estable (…)”. El calificativo de oasis lo utilizó Sebastián Piñera, al cual define como “el multimillonario presidente electo en 2017”, pocos días antes que estallase la multitudinaria movilización a partir de acciones estudiantiles de evasión en el metro como acto de protesta por el aumento de sus tarifas. A los pocos días, el mismo Piñera hablaba de una situación de “guerra”, de la cual posteriormente intentó dar explicaciones, sin embargo se ofrecieron disposiciones represivas propias de un país en estado de sitio.

Desde luego, los mayores gastos conducen a considerarlo en el presupuesto 2020, lo cual exige poner fin al objetivo del Ejecutivo –en oposición también con el proceso de desaceleración de la economía- de reducir los déficits fiscales. El proyecto enviado establece un incremento del gasto de 3%, con un déficit fiscal efectivo del 2% del PIB y el estructural de 1,4% del PIB, que queda desfasado con los anuncios efectuados.

Para financiar el mayor gasto, que se calculó para el año 2020 en US$1.200 millones, la única medida dada a conocer que produce aumentos en los ingresos fiscales es subir el tramo más alto del impuesto a la renta de las personas de 40%, a quienes tengan ingresos superiores a los ocho millones de pesos mensuales, medidas que afectaría de acuerdo a estimaciones oficiales a $42.000 contribuyentes. En lo fundamental gravará a quienes reciben un sueldo elevado sin que afecte a los ingresos generados por la renta de capital. En la reforma tributaria de 2014 contradictorio con el propósito perseguido de hacer más progresiva la estructura tributaria se redujo el tramo de 40% a 35%. La modificación generaría ingresos extras por US$160 millones. La mitad del mayor gasto se financiaría a través de deuda pública y los restantes US$440 millones recurriendo una vez más al mecanismo de reasignar gastos. No se hizo mención a la reducción de ingresos que produce la reintegración de la reforma tributaria. Larraín cifró el incremento del déficit en US$600 millones. El aumento presupuestario es muy reducido, el mayor gasto estimado por Larraín es similar a la reasignación presupuestaria efectuada en 2018, cuyo efecto en la actividad económica fue muy escaso.

El país requiere para enfrentar los mayores gastos sociales que deberán producirse, e impulsar un plan de incremento del gasto público exigido por la desaceleración que vive la economía, en un contexto que este es también el proceso en curso a nivel global, se utilicen los fondos soberanos depositados en el exterior. El Fondo Monetario Internacional en sus perspectivas económicas dadas a conocer durante octubre habló de la existencia de una “desaceleración sincronizada”.

Obviamente que las necesidades planteadas entran en contradicción con el proyecto de reforma tributaria en discusión, ante todo con lo denominado como su “corazón”, la reintegración del sistema que reduce fuertemente los gravámenes a sectores de altos ingresos. Al contrario, la demanda es cada vez más fuerte para gravar directamente al 1% de la población de más riqueza, lo cual puede hacerse a través por ejemplo de volver a implementar gravámenes a los patrimonios o gravar directamente al 1% de la población de mayores ingresos.
Piñera, junto con pedir perdón por su “falta de visión”, en su alocución dando a conocer el paquete anunciado, señaló: El financiamiento de esta Agenda se hará con responsabilidad, haciendo todos los esfuerzos para evitar impactos negativos sobre el crecimiento (…) y los equilibrios fiscales” (23/10/19). Desde luego, mejoramientos salariales y previsionales tienden a repercutir positivamente en el consumo, por lo tanto no afectan negativamente al crecimiento. Pero, además, la coyuntura exige medidas anticíclicas fiscales efectivas, dado que está demostrado el escaso efecto de las monetarias basadas en el descenso de las tasas de interés, que fueron reducidas a 1,75% nominal anual, haciéndola aún más negativa en términos reales.

En el paquete se consideró además un mecanismo de estabilización en las tarifas eléctricas que permite anular el alza de 9,2%, devolviéndolas al nivel que ya tenían en el primer semestre. El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, precisó que el mecanismo a utilizar sería similar al empleado en el de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), utilizado para impedir las fluctuaciones en los precios de las bencinas, teniéndose presente eso sí que en las tarifas eléctricas se establecen semestralmente. La estabilización a la baja se efectuaría hasta cuando los contratos de energía comienzan a descender el año 2021 por las licitaciones efectuadas durante el gobierno anterior. En concreto, se postula que las generadoras postergarían sus beneficios, los cuales se les reintegrarían cuando bajen las tarifas.

La generación eléctrica del país sigue estando concentrado en unas pocas empresas, tres de ellas transnacionales (Enel, Engie y AES Gener) y una cuarta del grupo económico Matte (Colbún). El 87% de la energía cuyos precios serían congelados con el proyecto propuesto están en poder ellas. La italiana Enel, la mayor de todas en el sector, posee el 41% de la electricidad a producirse con las licitaciones, la francesa Engie el 16,7%, la estadounidense AES Gener el 15,5% y Colbún el 15,4%, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Energía. El proyecto establece que si antes del término del proceso estimado se concluye que no se producirían los montos suficientes para culminar el proceso de devolución de los beneficios congelados el pago podría concluir a fines de 2027.

Igualmente anunció la modificación de la estructura del Fondo Común Municipal (FCM), de manera que las comunas percibidoras de mayores ingresos aumenten los porcentajes a redistribuir a las de menores recursos. En forma prácticamente unánime los alcaldes interrogados por la prensa afirmaron que la medida no enfrenta los temas de fondo que se producen. Ella “no se hizo cargo -expresó Claudio Castro, alcalde de Renca- de los temas estructurales que son los que movilizan a la población hoy. El Estado de Chile –subrayó- valoran a sus ciudadanos de una manera distinta dependiendo de dónde viven” (24/10/19). La composición actual del FCM se descompone en un 59,9% proporcionado por las contribuciones de bienes raíces, 23,7% de los permisos de circulación, 12,2% de patentes comerciales, 3,1% de transferencia de vehículos, 1,0% de multas por fotorradares y 0,1% de bienes fiscales. La propuesta, como en otros temas, busca efectuarse sin tocar fondos estatales.

Al día siguiente de darse a conocer la agenda social de Piñera, la paralización de actividades y manifestaciones a iniciativa de la Mesa de Unidad Sindical (MUS), demandando la derogación del Estado de Emergencia y el regreso de las fuerzas armadas a sus respectivas unidades, alcanzó grandes expresiones. La demanda de la MUS exige el retiro de todos los proyectos de ley del Parlamento “que conculcan los derechos sociales, económicos y culturales del pueblo chileno: Pensiones, Reforma Tributaria, Ley del Sence y la no aprobación del TPP11”. Demandando al mismo tiempo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente “para que elabore participativamente un nuevo marco estructural de la sociedad chilena, y que abra paso a un nuevo modelo de desarrollo nacional, que ponga término al actual modelo neoliberal injusto y abusivo”.

Ante la dimensión alcanzada por las jornadas de movilizaciones, Piñera informó que había pedido a todos los ministros que pusiesen los cargos a su disposición. La profundidad de la crisis exige que el nuevo gabinete exprese una política distinta. En lo económico lo más inmediato es retirar las reformas estructurales regresivas que se tiene presentadas al Congreso y aplicar efectivamente políticas anticíclicas. La desaceleración venía cursándose claramente al estallar la crisis y ella, a su vez, debe tener expresiones en el nivel de actividad en el corto y largo plazo. Un economista que fue un participante activo a favor de la elección y gestión de Piñera, como es Sebastián Edwards, manifestó que las consecuencias en la actividad económica “va a ser enorme. Yo soy –añadió- pesimista. No veo un PIB muy por encima de 1% o 1,5% durante los próximos dos años” (27/10/19). Es decir, el resto del periodo presidencial de Piñera. Ello es un contexto global lleno de sombras, en una economía extraordinariamente abierta. El factor más importante para hacer frente a este curso es la política fiscal. Todo justifica el uso decidido de los fondos soberanos.

Originalmente publicado en El Siglo